Más de la mitad de la población rural en América Latina y el Caribe aún vive en la pobreza. Los importantes déficits de trabajo decente y la debilidad de las instituciones laborales explican en parte esta realidad, de la cual, uno de los sectores más afectados es el de las mujeres, quienes representan el 20% de la fuerza laboral agrícola en la región.
Esta proporción ha ido en aumento los últimos años, lo que ha permitido que muchas mujeres tengan por primera vez ingresos propios. Sin embargo, en la realidad, ellas muchas veces se encuentran con empleos intermitentes, precarios, mal remunerados y con escasa o nula protección social, de modo que para ellas este tipo de empleos no representa una salida a la situación de exclusión social en la que viven.
Se las considera como trabajadoras secundarias, cuya función es, en última instancia, complementar los ingresos del hogar, o se las invisibiliza como trabajadoras familiares no remuneradas o como productoras para autoconsumo.
Ante esta realidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han venido desarrollando un trabajo conjunto para analizar y dar una serie de propuestas entorno a políticas de mercado de trabajo y pobreza rural para los países de América Latina y el Caribe. Con este objetivo, se realizaron 7 estudios a diversos países de la región, que develaron los principales problemas que afectan a millones de trabajadoras del sector rural, entre los que están: la informalidad de los empleos, el incumplimiento del salario mínimo, la débil sindicalización y negociación colectiva, las brechas de cobertura de la protección social y las modalidades de contratación de mano de obra.
El análisis reveló además que el problema es aún más amplio, ya que está contribuyendo a que la pobreza rural descienda más lentamente que la urbana. En la última década, de 62,4% a 49.8% en las zonas rurales versus las zonas urbanas que bajaron de 38,3% a 24,2%. Teniendo – al menos en 7 países – a más de la mitad de la población rural viviendo en la pobreza.
Si a esto se suman las brechas de género, una condición étnica, de migrante y/o de desplazamiento interno, se tiene una realidad marcada por el signo de la precariedad y la vulnerabilidad que afecta a millones de mujeres en la región.
De los siete estudios realizados se extrae un conjunto de recomendaciones para una agenda laboral que mejore las condiciones de empleo y de vida de estas trabajadoras. Para lograr el objetivo del trabajo decente en este sector es necesario asumir el desafío y repensar el rol de las políticas laborales existentes. Se requiere el compromiso político de todos los actores involucrados, especialmente Gobiernos y Parlamentos, así como un reforzamiento de la institucionalidad que debe velar por el cumplimiento de los derechos laborales.
Se debe superar el riesgo de que temas centrales para las y los trabajadores de este sector caigan en "tierra de nadie" porque en la práctica vemos cómo a los ministerios de Trabajo se les dificulta una llegada efectiva a la realidad de las zonas rurales y a los ministerios de Agricultura, poder enfrentar los aspectos laborales de las actividades agrícolas. Superando estas barreras se podrá avanzar en la dirección correcta, hacia una sociedad más libre, igualitaria y con mejores condiciones de trabajo y vida para todos sus integrantes.
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