20 de febrero de 2014

Desigualdad de género es un problema estructural de América Latina.



Pese a la masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo en las últimas décadas en la región, las brechas de género persisten. Desigualdades de género son consecuencia directa de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones.
Diagnósticos sobre la participación laboral femenina y una serie de recomendaciones y propuestas para generar políticas que promuevan la equidad de género en el empleo en pos del desarrollo sostenible y equitativo, realizaron cinco organismos internacionales que elaboraron de manera conjunta el “Informe sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género. Políticas para mejorar el acceso y calidad del empleo de las mujeres en América Latina y El Caribe”
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostienen que la superación de las brechas entre hombres y mujeres -potenciadas por las desigualdades raciales y étnicas- requiere el desarrollo de políticas que permitan avanzar hacia la autonomía económica y la igualdad de género.
El Informe sobre “Trabajo Decente e Igualdad de Género” busca apoyar el diseño y la puesta en marcha de políticas de empleo para la igualdad de género, que contribuyan a los esfuerzos colectivos que se realizan en pos del desarrollo sostenible y equitativo, con trabajo decente y calidad de vida en los países de América Latina y el Caribe.
Los organismos internacionales que generaron el informe aseguran que las desigualdades de género son consecuencia directa de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones, que no sopesan los avances que ha experimentado la región y sus efectos en las sociedades.
Por ello, el informe sostiene que si América Latina y el Caribe quiere abordar eficazmente sus enormes desigualdades sociales, necesita concentrar esfuerzos, recursos y espacios en las políticas públicas orientadas hacia las mujeres, pues son ellas las más vulnerables a la pobreza, quienes reciben los salarios más bajos, a la vez que los destinan en mayor medida al bienestar familiar.
Asegura el informe que la situación que enfrentan las mujeres en el empleo requiere afectar los sistemas estructurales en los que se funda la desigualdad y que las políticas públicas hacia el trabajo deben concurrir a la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, fortaleciendo la inserción, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones de igualdad.

Persistencia de las brechas de género

Durante las últimas décadas en la región se produjo una masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo, especialmente de mujeres urbanas y con mayores niveles educativos, debido a los avances en su nivel de escolaridad. Sin embargo, la participación de la mujer es muy heterogénea en la región y cerca de la cuarta parte de la población económicamente activa –masculina y femenina– tiene bajos niveles de calificación.
A pesar de que la tasa de participación laboral femenina regional aumentó cerca de tres puntos porcentuales en la última década (de 49,2% en 2000 a 52,6% en 2010), la brecha de género en la participación en el mercado laboral continúa siendo relevante y las mujeres tienen mayores tasas de desempleo (9,1% las mujeres y 6,3% los hombres), constituyendo más de la mitad del total de personas desocupadas en la region.
Las mujeres enfrentan mayores niveles de precariedad laboral: tienen menos probabilidades de trabajar como asalariadas que los hombres (60,7% y 68,5%, respectivamente); una proporción alta sólo encuentra empleo en el servicio doméstico (15,3% en contraste con 0,8% de los hombres), que en su gran mayoría es informal o desprotegido; y duplican el porcentaje de quienes son trabajadores familiares no remunerados (2,7% de las mujeres versus 1,1% de los hombres).
Lo anterior incide en las diferencias en las remuneraciones de hombres y mujeres: en 2000 ellas ganaban en promedio 66% de lo percibido por los hombres, mientras que en 2010 ese porcentaje había aumentado a 68%. Asimismo, la actividad principal de un tercio de las mujeres mayores de 15 años en la región no es remunerada, concentrándose en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
Si bien la pobreza en América Latina presenta una tendencia a la baja, las brechas de pobreza entre hombres y mujeres se han incrementado, generando una “feminización de la pobreza”. Y más de la mitad de quienes emigran de la región son mujeres.

Desigualdad de género como problema estructural

El informe sostiene que la desigualdad social y de género en la región es un problema estructural que exige de la intervención de políticas públicas, con medidas de corto, mediano y largo plazo para que la desigualdad sea efectivamente erradicada de la región.
Agrega que la región todavía carece de políticas públicas bien estructuradas y con una perspectiva estratégica en relación al trabajo, donde se incluya la generación de empleos de calidad y la no discriminación en todas sus dimensiones.
Para avanzar hacia la autonomía económica y la igualdad de género, los cinco organismos internacionales proponen un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de políticas, que buscan apoyar a los gobiernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores, además de los movimientos de mujeres en la construcción de políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo en sus países.

http://radio.uchile.cl/2013/12/16/desigualdad-de-genero-es-un-problema-estructural-de-america-latina