29 de abril de 2015

Cómo saber si tu pareja es un abusador financiero.




Puede comenzar de forma inocente: quizás tu pareja te pide ver la boleta del supermercado o te asegura que vio el resumen de tu cuenta bancaria por accidente.
Pero este tipo de hábitos puede derivar en conductas tan controladoras que te produce temor y ansiedad cada vez que sacas tu billetera.
El llamado abuso financiero puede incluir muchas otras conductas opresivas: tu pareja gasta el dinero ganado entre ambos, pide préstamos en tu nombre, te hace pagar sólo a ti servicios como la electricidad y el teléfono que los dos utilizan, o bien vigila cada centavo que gastas.
Peor aún, todo esto puede conducir a otros tipos de abusos más severos: el emocional o el físico.
La gran mayoría de las víctimas son mujeres, si bien los hombres también pueden ser vulnerables, particularmente los ancianos o los que tienen discapacidades.
En EE.UU., la Red Nacional para Acabar con el Abuso Doméstico calcula que la opresión financiera ocurre en el 98% de los casos en los que hay violencia verbal y física en la pareja.
En América Latina hay pocos datos sobre el abuso financiero en sí, en gran medida porque como sucede con la violencia doméstica- las víctimas tienden a no denunciar su situación.
Tampoco abundan, a nivel global, las leyes que le hagan frente.
Algunos países, como Reino Unido, están trabajando en normas que pongan freno a este tipo de conductas coercitivas, pero nadie sabe con certeza cuán efectivas pueden ser.
Entre tanto, numerosas organizaciones internacionales tratan de dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo se puede detectar el abuso financiero tempranamente, antes de que se torne grave?

El caso de Jane
 
En un mundo donde la inestabilidad económica parece la regla, muchos viven cuidando su presupuesto. Pero para la británica Jane (no es su verdadero nombre), de 35 años, esto significó convertirse en víctima de un control financiero obsesivo.
Jane le cuenta a la BBC que, por ejemplo, su exesposo y su suegra- abrían siempre el refrigerador para verificar si la leche había sido comprada en una cadena de supermercados cara o barata.
"Me ha ocurrido de estar en un mercado y ver que el jabón costaba 70 centavos. De pronto recordaba que en otro negocio valía un poco menos, pero tenía que caminar varias cuadras.
"Lo lógico hubiera sido comprarlo donde ya me encontraba, sin hacerme mucho problema. Pero me mortificaba la idea de que mi esposo y mi suegra pudieran regañarme… y por tan poca cosa", recuerda.
Todas las decisiones financieras desde las vacaciones hasta la elección de muebles- eran tomadas por su marido.
"Él eligió el carro. Y en una ocasión, cuando salíamos de la casa de mis padres, mi pareja gritó por la ventanilla: 'Ella eligió el color'. Fue muy denigrante", cuenta.
Cuando su esposo comenzó a retirar grandes sumas de dinero de su cuenta conjunta para comprar motocicletas, Jane trató de advertirle al banco.
Su marido terminó dilapidando todos los ahorros y fue declarado en bancarrota. Ella heredó las duedas y tuvo que hacerse cargo de la hipoteca.
Hoy Jane vive con su hijo de 5 años en la casa de sus padres. Y debido a su historial financiero, durante seis años no estará en condiciones de alquilar una vivienda o tomar un préstamo para comprarla.

Señales de advertencia
 
ONU Mujer y numerosas ONG dedicadas al tema afirman que casos como este abundan en el mundo, aunque no hay cifras confiables que precisen la magnitud del fenómeno.
Según Naciones Unidas, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja.
Y en esta realidad incluye el factor económico: "Pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo".
En Reino Unido, un informe reciente de la organización Women's Aid titulado "Atrapada y controlada" confirma que el abuso financiero es frecuentemente uno de los primeros síntomas de la violencia doméstica.
Los autores del reporte, Marilyn Howard y Amy Skipp, le enumeran a la BBC las conductas de la pareja en las que hay que fijarse especialmente:
Toma importantes decisiones financieras sin tu participación
Usa tu tarjeta de débito/crédito sin preguntar
Controla tu acceso al dinero (tarjetas de crédito o cuenta bancaria)
Se apropia de tus ingresos
Se niega a contribuir para los gastos del hogar
Pone las cuentas a tu nombre, pero no ayuda a pagarlas
Toma créditos en representación tuya, pero no colabora con el pago de las cuotas
Saca dinero de tu cartera/cuenta bancaria
Te obliga a dejar de trabajar
Te utiliza como una fuente laboral gratuita

Polly Neate, directora de Women's Aid, cree que es necesario cambiar las leyes no sólo en Reino Unido, sino también en el resto del mundo para que las víctimas se atrevan a denunciar el abuso financiero.
"Sabemos que muchas mujeres no denuncian su situación porque saben que policía sólo actúa una vez que se produce un acto de violencia física, no antes", advierte.
Neate añade que, aparte de los cambios jurídicos, hay que promover un cambio cultural para combatir el abuso financiero en el hogar.

Buscar ayuda
 
Asimismo -coinciden los especialistas-, el sector financiero tienen mucho por hacer al respecto.
Para Jane, por ejemplo, tratar de cambiar su propia situación fue muy difícil porque tenía una cuenta bancaria conjunta. No lograba evitar que su marido retirara el dinero que quería.
Los bancos en general no tienen mecanismos establecidos para hacer frente a este tipo de disputas.
Entidades globales como el HSBC únicamente pueden imponer restricciones a las cuentas conjuntas sólo si la policía lo solicita.
Otros bancos sólo aceptan bloquear temporariamente una cuenta si son notificados formalmente en el caso de un disputa marital.
El sector bancario dice estar dispuesto a hacer cambios para combatir el abuso financiero en las parejas, pero reconoce que no será fácil establecer un procedimiento amplio para hacer frente a este tipo de casos.
La psicóloga británica Corinne Sweet, autora del libro "Basta de pelear por el dinero", afirma que mientras tanto hay estar alertas a un hecho fundamental en el hogar.
"Las parejas deben poder hablar de los asuntos monetarios sin tapujos, con amplia libertad. Es señal de confianza, de cercanía", asegura Sweet, quien además trabaja para el Servicio de Asesoría sobre Dinero de Reino Unido (Money Advice Service), una agencia gubernamental.
Y concluye que cuando eso no es posible es mejor buscar -sin demoras- asesoramiento en alguna de las organizaciones de ayuda contra el abuso doméstico que existe en cada país.


24 de abril de 2015

A dos años de tragedia textil, siguen los abusos en Bangladesh.



En la víspera del segundo aniversario de uno de los peores accidentes industriales en la historia moderna, un informe de Human Rights Watch (HRW) denuncia que el sector textil de Bangladesh sigue aquejado de la misma cultura de abusos y falta de garantías que causó la muerte a más de 1.100 personas hace dos años.
El Rana Plaza, un edificio de ocho pisos que alojaba a cinco fábricas textiles en Dacca, se desplomó el 24 de abril de 2013. Además de los numerosos muertos, el accidente dejó lesionadas a más de 2.500 personas en el país de Asia meridional de 156 millones de habitantes.
En su momento, los trabajadores tuvieron la esperanza de que la tragedia acabaría con los abusos laborales. Pero el informe de HRW, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, indica lo contrario.
Basado en entrevistas con unos 160 trabajadores de 44 fábricas, principalmente dedicadas a la confección de prendas vendidas por empresas minoristas en Australia, Europa y América del Norte, el informe publicado este jueves 23 concluye que las normas de seguridad en Bangladesh siguen siendo malas, que los abusos laborales son comunes y que el acoso sindical, incluidos los ataques violentos y la intimidación de los sindicalistas, son la norma.
Algunos de los entrevistados dicen que fueron golpeados con hierros. Otros denuncian que sus familias fueron amenazadas de muerte. Una embarazada habría sido agredida con barras de cortina metálicas. Para miles de que los cuatro millones de personas que trabajan en el sector textil, este tipo de brutalidad es parte de su vida cotidiana, según HRW.
Aunque no sufran agresiones físicas, las y los trabajadores de las aproximadamente 4.500 fábricas que componen la enorme industria de la vestimenta en Bangladesh casi seguramente padecen otras injusticias, como horas extras no remuneradas, abusos sexuales o verbales y condiciones de trabajo inseguras e insalubres.
Tras el accidente del Rana Plaza en 2013, los funcionarios gubernamentales, poderosas asociaciones comerciales y empresas extranjeras que compran la ropa confeccionada en Bangladesh se comprometieron a remediar las fallas del sector textil, que exporta 24.000 millones de dólares en mercancías por año.
A lo largo de la cadena de suministro se prometió que una tragedia de este tipo no volvería a repetirse jamás. Pero esas promesas no se cumplieron.

La violación de las leyes laborales
En diciembre de 2014, el gobierno de Bangladesh aumentó el salario mínimo de los obreros de 39 dólares a 68 dólares mensuales. Si bien fue un avance considerable, los trabajadores pretendían un mínimo de 100 dólares al mes.
Por otra parte, la aplicación ha sido lenta. Según Moshrefa Mishu, presidenta del Foro de la Unidad de los Trabajadores Textiles, que representa a 80.000 trabajadores, solo 40 por ciento de las empresas cumplen con la ley del salario mínimo.
Mishu señaló que las mujeres, que constituyen el grueso de la mano de obra del sector, son el "alma" de esta industria vital que produce 80 por ciento de los ingresos de exportación y aporta 10 por ciento del producto interno bruto anual del país. Sin embargo, son víctimas de "salarios de explotación" debido a que los minoristas exigen precios competitivos, añadió.
De hecho, muchos propietarios de fábricas concuerdan en que la presión de las empresas que hacen pedidos a granel para agilizar las líneas de producción y mejorar los márgenes de ganancia contribuyen con la mala situación laboral, ya que los minoristas de marca rara vez incluyen el factor del cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en su cálculo de costos.
Los "costos financieros son pesados para los propietarios de las fábricas", aseguró Meenakshi Ganguly, directora de HRW en Asia meridional. "Ellos argumentan que una pequeña transacción sobre el margen de ganancia puede hacer mucho para ayudar a las fábricas de Bangladesh a cumplir" las leyes, añadió en diálogo con IPS.
Dondequiera que esté la culpa del incumplimiento, son innegables las consecuencias negativas para los trabajadores, y especialmente para las obreras.
Una encuesta realizada en abril de 2014 por la organización internacional no gubernamental Democracia Internacional reveló que 37 por ciento de los trabajadores denunciaron que no se les pagaba la licencia por enfermedad, y 29 por ciento carecía de la licencia de maternidad remunerada.
A quienes no cumplan con las metas de producción se les descuentan los salarios, mientras que la investigación de HRW indica que "los obreros en casi todas las fábricas" investigadas se quejaron de no recibir los sueldos o beneficios en su totalidad o a tiempo.
Las horas extras sin el consentimiento de los trabajadores son sumamente comunes, así como las pésimas instalaciones de saneamiento y el agua potable contaminada.

La negociación colectiva, un negocio arriesgado
Ante esta situación, muchos trabajadores son conscientes de que su mejor oportunidad para obtener condiciones dignas de trabajo radica en su capacidad de negociación colectiva.
Pero el acoso sindical y otras actividades antisindicales son habituales en el sector textil, y muchos sindicalistas son golpeados hasta que se someten y decenas de personas aterrorizadas para mantenerlas dóciles.
Aunque Bangladesh ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva, quienes intenten ejercer esos derechos se enfrentan a duras represalias.
"Fui arrestada y encarcelada siete veces, pero me dejaron en libertad porque no encontraron pruebas contra mí", destacó Mishu, del Foro de Unidad de los Trabajadores Textiles.
"El único cargo del que me acusan es el de hablar a favor de los trabajadores. Cada vez que alzamos la voz contra los propietarios de las fábricas textiles, en lugar de negociar con nosotros aplican la fuerza para silenciarnos", sostuvo.
El testimonio de Mishu refleja numerosos incidentes similares registrados en el informe de HRW, que incluye un ataque en febrero de 2014 contra cuatro activistas de la Federación de Bangladesh por la Solidaridad Obrera, por el cual uno de ellos quedó herido de tal gravedad que debió pasar 100 días hospitalizado.
Su único "delito" fue ayudar a los empleados de la fábrica de propiedad coreana Chunji Knit a llenar formularios de inscripción al sindicato.
"Encontramos que los propietarios de las fábricas… emplean a matones locales para intimidar y atacar a los organizadores sindicales, a menudo fuera del predio de la fábrica", explicó Ganguly, de HRW. "Y entonces alegremente niegan su responsabilidad diciendo que los ataques no tuvieron nada que ver con la fábrica", añadió.
En uno de los peores ejemplos de actividad antisindical, HRW informó que el activista Aminul Islam fue "secuestrado, torturado y asesinado en abril de 2012, y hasta la fecha no se ha encontrado a sus asesinos".
Aunque las reformas, duramente conquistadas, elevaron el número de sindicatos registrados oficialmente en la Dirección de Trabajo de apenas dos en 2012 a 416 en 2015, la representación sindical sigue siendo escasa. Solo 10 por ciento de las fábricas textiles están sindicalizadas en Bangladesh.

Por Kanya D'Almeida y Naimul Haq
http://www.ipsnoticias.net/2015/04/a-dos-anos-de-tragedia-textil-siguen-los-abusos-en-bangladesh/

22 de abril de 2015

Feminismo en Latinoamerica .


El feminismo latinoamericano es sin duda uno de los movimientos socio políticos más importantes que ha conocido América Latina. Presenta marcadas diferencias en función de las especificidades de cada región (Andina, Cono Sur, Centroamérica y Caribe) que ponen de manifiesto la diversidad y las turbulencias políticas, sociales y económicas del continente. Pero al mismo tiempo, comparten el potencial transformador de la lucha histórica por la igualdad de derechos de las mujeres.
Según algunas autoras su origen puede remontarse a mediados del siglo XIX, cuando pequeños grupos de mujeres de clase alta comenzaron a reivindicar el acceso a las universidades, convirtiéndose años después en las primeras médicas y abogadas de la región. Otras, indican que los movimientos feministas latinoamericanos surgieron en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, desde principios de siglo existieron agrupaciones que sin declararse feministas consiguieron grandes avances para las mujeres latinoamericanas y se configuraron en un precedente importante para el posterior desarrollo del feminismo (PNUD, 2009).
En esta primera ola feminista aparecieron organizaciones de mujeres trabajadoras que organizaron las primeras huelgas de lavanderas, maestras y obreras textiles con el objeto de reivindicar condiciones laborales dignas, para ellas y sus familias. Otro hito importante en esta etapa, fue la lucha por el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres, protagonizado por las agrupaciones de sufragistas que fueron surgiendo a lo largo y ancho del continente entre 1900 y 1950. Tras la progresiva consecución del sufragio femenino y ante la constancia de que los partidos políticos existentes no incorporaban las demandas de las mujeres, se crearon en algunos países partidos políticos de mujeres, como el Partido Feminista Nacional (Argentina), el Partido Cívico Femenino (Chile) y Evolución Femenina (Perú).
Las reivindicaciones sindicales y ciudadanas de estos años dieron paso a lo que Julieta Kirkwood (1986) denominó el silencio feminista. Es decir la generalizada y poco estudiada inactividad pública de agrupaciones de mujeres en la región, entre 1950 y 1970 aproximadamente.
Como señala Virginia Vargas (2002) "los movimientos feministas de la segunda oleada han sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo del siglo XX, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos, culturales y sexuales en las que se desarrollaban". Surgieron en América Latina en la década de los 70 y se generalizaron en toda la región durante la década de los 80, a través de la expansión de un amplio y heterogéneo movimiento popular de mujeres que expresaron y denunciaron las formas específicas y diversas en que las mujeres construyen sus identidades, intereses y propuestas (Vargas, 2002).
La preocupación fundamental de los feminismos en los años 80 se orientó a "politizar lo privado", a través de la manifestación de las experiencias de opresión de las mujeres; el cuestionamiento del carácter político de la subordinación de las mujeres en el ámbito privado y sus efectos en la presencia y participación en el mundo público. Esto dio lugar a la generación de nuevas categorías de análisis para nombrar lo que hasta entonces no tenía nombre: la violencia doméstica, acoso sexual, violación en el matrimonio, etc.
El contexto de guerras civiles y regímenes autoritarios predominante en la región en estos años dio lugar a que los distintos movimientos feministas ligaran la lucha de las mujeres con la lucha por la recuperación democrática, vinculando la falta de democracia en lo público con la escasez de relaciones democráticas al interior de las familias. De este modo, el slogan de las feministas chilenas: "Democracia en el país y en la casa" fue adoptado como un lema para muchos grupos de mujeres en América Latina (PNUD, 2009).

http://intecianosenhistoria14.blogspot.com/2014/07/feminismo-en-latinoamerica.html
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article140

15 de abril de 2015

El legado de las indígenas kunas .



Pese a vivir en uno de los territorios más golpeados por la violencia y el abandono estatal, 16 indígenas del Urabá antioqueño luchan por su patrimonio cultural a través de una asociación de artesanas. Esta semana exponen en Expoartesanías.
Flores, animales y complejas figuras geométricas adornan los vistosos e impactantes trajes de las indígenas kunas. Cuentan las jóvenes de la comunidad de Caimán Nuevo, ubicada en Necoclí (Antioquia), que sus abuelas les enseñaron “a elaborar sus vestidos completamente a mano”. Por eso los cosen con telas floridas compradas en Apartadó y estampados traídos de Panamá, donde están los mayores asentamientos de esa etnia. Lino, gabardina y dacrón adquiridos en Turbo, además de agujas fabricadas en el vecino país, son usados por las indígenas para elaborar las complejas molas que adhieren a sus atuendos. Tradicionalmente concebidas para “proteger el cuerpo de malos espíritus”, las molas constituyen un milenario arte textil que consta de una superposición de telas en la cual se cosen recortes de popelina formando diseños figurativos y abstractos.
Sobre la carretera Panamericana, a 20 minutos del casco urbano de Necoclí, tiene su casa Jóvita González. En un conciso español, que aprendió en la escuela rural de su comunidad, relata que varios años atrás una comerciante de Cartagena llegó a Caimán Nuevo con el objetivo de proponerle coser molas sobre vestidos de baño. Así empezó una fluida relación comercial que llevó los diseños de las kunas a las vitrinas de la Heroica. El negocio resultó tan rentable que, viéndose limitada para cubrir la creciente demanda, Jóvita invitó a otras indígenas y creó la Asociación de Mujeres Artesanas Indígenas Tule, inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá. Bajo su dirección, las asociadas elaboran un promedio de 60 molas al mes, por las que reciben una remuneración acorde a la complejidad y el tamaño de sus diseños.
Para las 16 mujeres que integran la asociación, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 38 años, la venta de artesanías se ha convertido en una significativa fuente de ingresos. En una sociedad tradicionalmente marcada por los roles de género, en la que la provisión de los alimentos ha recaído sobre los hombres, la posibilidad de aportar recursos para el sostenimiento de las familias les ha traído reconocimiento y autonomía. Pero mantener el flujo de productos no es fácil. Varios kilómetros a través de ríos y remontando cuestas, por entre platanales cubiertos de hojarasca, deben caminar las kunas antes de llegar con sus obras hasta la carretera, desde donde las envían rumbo a Cartagena o Necoclí. Para la última mujer que se vinculó al grupo el viaje dura tres horas a pie por un árido y caluroso camino poblado por familias en extremo distantes entre sí.
Desde allí, donde deben encontrar espacio para diseñar mientras cuidan los niños y crían los animales, las indígenas han logrado proyectar su trabajo en distintas ferias nacionales. El próximo destino es Medellín, donde estarán en Expoartesanos, entre el 17 y el 26 de abril, vendiendo sus molas e intentando abrir nuevas líneas de comercialización. Según Álvaro Caro, profesional de Ferias y Eventos de Artesanías de Colombia, “el evento busca rescatar la memoria y coadyuvar a redescubrir las otras identidades escondidas en las selvas colombianas. Más que ser una simple venta de objetos, pretende generar una mayor comprensión sobre el significado y la funcionalidad que tienen las piezas artesanales en las comunidades en las que se originan. A la par, existe un fin comercial que representa beneficios económicos para los artesanos y sus familias”. Junto a la kuna, otras 19 etnias expondrán en la feria la riqueza del patrimonio cultural colombiano.
Pese a habitar uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, el abandono estatal y las luchas por la tierra, los indígenas del resguardo Caimán Nuevo han conseguido preservar sus tradiciones milenarias, caracterizadas por un profundo respeto por el equilibrio de la naturaleza, la verticalidad de las instituciones gubernamentales y un interés desmedido por blindar la cultura. Es quizá en las “casas grandes” o “casas de reunión” donde mejor se puede apreciar esa idiosincrasia, por estar dispuestos los objetos de manera tal que permiten compartir los momentos más significativos de la vida comunitaria, respetar las jerarquías y mantener la tradición. Una unidad que han sabido mantener los caciques a lo largo de las décadas y que les ha permitido a las mujeres recibir apoyo en proyectos como el de Jóvita, que buscan generar ingresos haciendo uso del patrimonio cultural de su etnia.
Con el ardiente sol urabeño calentando los sembradíos de plátano, que constituyen el principal sustento de la comunidad, las artesanas kunas aguzan sus sentidos con el fin de captar las imágenes e impresiones que más tarde volcarán sobre la tela. En su concepto, el comercio de las molas les ha permitido explotar su potencial creativo, a la par que mejorar la calidad de vida del resguardo mientras extienden su legado cultural.

Por: María Flórez
Del resguardo Caimán Nuevo

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-legado-de-indigenas-kunas-articulo-555079

9 de abril de 2015

La opresión de las mujeres es útil al sistema capitalista.



La opresión de las mujeres viene desde muy lejos, ya que preexiste al capitalismo, que es también un sistema opresivo, pero más global. Llamamos «patriarcado» a la opresión que la mujer, por el solo hecho de serlo, sufre por parte de los hombres. Esta opresión se reproduce de múltiples formas, más allá del aspecto estrictamente económico: por el lenguaje, la filiación, los estereotipos, las religiones, la cultura... Esta opresión adopta formas muy diferentes según el lugar donde se viva, sea en el Norte, sea en el Sur, en un medio urbano o en un medio rural.
La dominación masculina no se reduce a una suma de discriminaciones. En realidad es un sistema coherente que afecta a todos los ámbitos de la vida colectiva y cultural.
El capitalismo, al favorecer, en nombre del beneficio, cierta emancipación de las mujeres, se mantiene, a pesar de todo, muy apegado a la institución familiar tradicional. ¿Por qué?
En nuestras sociedades, la familia tiene un papel fundamental en la reproducción de las divisiones (y de la jerarquía) tanto entre las diferentes clases sociales así como entre los géneros a los que se les asigna funciones económicas y sociales diferentes. En nombre de su función «maternal», las mujeres deben asumir el conjunto de tareas ligadas al mantenimiento y a la reproducción de la fuerza de trabajo y de la familia, mientras se supone que los hombres son siempre los proveedores principales de la economía. Lo que permite, en nombre de la pretendida complementariedad de papeles, en el marco de la segregación profesional, mantener las discriminaciones salariales en detrimento de las mujeres.
La familia tiene además una función «reguladora» del mercado de trabajo. En períodos de expansión económica, como fue el caso durante unos treinta años, justo hasta mediados de los años setenta, las mujeres fueron masivamente solicitadas como mano de obra barata en toda una serie de ramas industriales, tales como la electrónica, etc., y luego como asalariadas en el sector terciario. Pero en una fase de recesión económica, como la que hemos conocido durante los últimos treinta años, los empleadores y el Estado no dejan de incitar a las mujeres a que se retiren parcialmente o totalmente del mercado de trabajo, para poder consagrase a «su» vocación maternal. Cuando hay rebrotes económicos (cualquiera sea su duración) se piensa en hacer algunas inversiones en los equipamientos colectivos, y no prioritariamente por una preocupación de igualdad, sino ante todo para «liberar» una fuerza de trabajo femenina, sumisa a la flexibilidad de los horarios.
Cualquiera sea el período, el trabajo doméstico de las mujeres permite al Estado hacer economías en materia de equipamientos colectivos y a la patronal pagar menos a sus asalariados y asalariadas. Si las mujeres no fueran las únicas responsables de este trabajo en el marco familiar, se debería prever una reducción general del tiempo de trabajo para toda la población y un desarrollo significativo de los equipamientos sociales.
La función de autoridad de la familia ha estado ampliamente modificada por la evolución reciente del estatus de las mujeres en la sociedad, en provecho de su función «afectiva». Sin embargo, los defensores del orden social capitalista no dudan en recurrir a la defensa del orden familiar fundado sobre la diferencia y la jerarquía de los sexos. Para los más fervientes defensores de la familia tradicional, la autoridad paterna rehabilitada debería, por ejemplo, servir de muro de contención al «desbordamiento» eventual de los jóvenes abandonados a su suerte, en la periferia de las grandes ciudades.
Finalmente, y esto puede parecer contradictorio a primera vista con el punto precedente, la familia tiene una enorme ventaja: es una institución relativamente poco rígida (sus formas se han diversificado en los últimos treinta años). Puede tener un papel de válvula de escape nada despreciable frente a los problemas sufridos por los asalariados y las asalariadas en su vida profesional. La mayor parte de la población no puede elegir su trabajo ni sus condiciones de trabajo. En período de desempleo, las opciones están restringidas al máximo. Pero al «elegir» a su compañero/a, al «optar» por tener hijos, comer esto o lo otro, comprar tal marca de automóvil en lugar de tal otra, salir de vacaciones para tal o cual destino (para los que puedan), cada individuo (hombre o mujer) puede tener el sentimiento de reencontrar su libertad perdida fuera del hogar familiar. Toda la publicidad mantiene esta ilusión. Este sentimiento de libertad está a pesar de todo limitado por dos elementos fundamentales: el nivel de los recursos financieros del que cada uno/a dispone, el sexo (más bien el género) al que se pertenece y la edad. A causa de las tareas domésticas de la que son «responsables» y de la violencia conyugal que todavía golpea a muchísimas mujeres, éstas conocen bien los límites de su libertad. Como así mismo, los niños, sometidos algunos (y en particular algunas) al autoritarismo de sus padres e incluso a malos tratos.
Estos son los diferentes elementos (tomados en su conjunto) que explican por qué la familia se mantiene como un «pilar» fundamental de la sociedad capitalista.
Contrariamente a lo que parece que piensan algunas feministas, no vemos cómo, dentro del régimen capitalista, se puede conseguir la liberación de las mujeres, de todas y no sólo de una pequeña minoría. Por ello, nos parece indispensable, aunque implique conflictos inevitables, hacer converger las luchas de las mujeres contra la opresión patriarcal y la lucha de los asalariados y asalariadas contra la explotación capitalista. Ponemos un ejemplo de la dificultad que tiene esta convergencia: los sindicalistas no encuentran «apropiado» que las mujeres trabajen en una fábrica o no están por la participación en una lucha feminista con el pretexto de que es a través de la lucha «global» (se entiende «de los hombres») que las mujeres conquistarán sus derechos. Más aún, algunos aprecian sentirse «dueños de su casa».

Texto completo: http://cadtm.org/Como-el-patriarcado-y-el

8 de abril de 2015

La violencia contra la mujer en la sociedad actual.


El modelo patriarcal ha influido sustancialmente en la percepción del hombre y de la mujer en la sociedad actual. Así, a la mujer se le han atribuido funciones como el cuidado familiar y la crianza, mientras que el hombre es el que mayor protagonismo ha tenido y tiene en la sociedad, hecho que ha justificado la mayor asunción de responsabilidades, pudiendo aspirar a puestos profesionales de mayor relevancia; son atribuciones y actitudes a las que no puede negarse el hombre. Desde esta estructura de sociedad las relaciones humanas que se establecen son de poder, de dominio-sumisión y no igualitarias.
Junto a este modelo hay que destacar el concepto de socialización que se desarrolla entre la cultura masculina y femenina, entendidas como modos de vivir el mundo; son culturas en las que influyen los roles de género, es decir, cómo se espera que socialmente actúen hombres y mujeres. Los procesos de socialización son diferentes para la cultura masculina y para la femenina. Sin embargo, desde la estructura patriarcal sólo existe un modo de ver el mundo que es el dominante. Y por eso, al hombre se le educa para la seguridad, la fortaleza, la autonomía, la agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía; y a la mujer para la debilidad, la dependencia, la ternura, la inseguridad, la pasividad y la cobardía. Además, a cada uno se le enseña a comportarse según los roles que deben desempeñar, de tal manera que de la mujer se espera que sea madre y esposa, mientras que del hombre se espera que sea el responsable del poder económico, social y sexual; de hecho cuando un hombre es poco valiente, poco agresivo y poco dominante, se dice que es poco varonil y lo mismo sucede con las mujeres que se comportan con valores masculinos. En definitiva, lo masculino y lo femenino construye la identidad del hombre y de la mujer respectivamente. Como consecuencia de esta construcción de género, el modelo de relación social se basa en la dominación en el caso del hombre y en la sumisión en el de la mujer. Y el valor expresado por el hombre se sustenta en relaciones de poder siempre con carácter violento mientras que el de la mujer se focaliza en el mundo las emociones y relaciones familiares.
Son estas diferencias presentes entre hombres y mujeres las que nos permiten concluir que se trata de un concepto construido socialmente y que por lo tanto puede y debe ser cambiado, de modo que:
"La violencia es aprendida socialmente, no es innata a la biología o genética del varón. Es una forma de ejercer poder mediante el empleo de la fuerza física, psíquica, económica o política. Necesariamente implica que existan dos pueblos o dos personas. Uno se encuentra en una posición superior a la otra".
Pero cuando aludimos a la construcción de género tenemos que considerar también la influencia de los estereotipos, entendidos como guiones de conducta que sirven para limitar los comportamientos diarios tanto de hombres como de mujeres, reforzando los adecuados y eliminando los inadecuados. Parte de la responsabilidad de las conductas violentas del hombre hacia la mujer se sustenta en los estereotipos tradicionales, ya que son los que mantienen las desigualdades y normalizan el dominio masculino sobre la mujer.
Así pues, un eje clave que justifica la violencia contra la mujer es la construcción del género al fomentar las desigualdades entre hombres y mujeres, y creer que el hombre es superior a la mujer. De manera que cuando se habla de violencia contra la mujer hay que tener en cuenta la construcción cultural por el cual hombres y mujeres se ven sometidos a desempeñar unos roles concretos. La asunción de estos roles permite un tipo u otro de socialización. Y por eso nos encontramos con el ideal femenino que caracteriza a las mujeres como emotivas, sensibles y dependientes, y a los hombres como autónomos, fuertes y racionales.
El modelo de masculinidad tradicional hegemónica construye la identidad desde el modelo de hombre, relegando a la mujer a un segundo plano. Es entonces cuando los hombres interiorizan valores como autoeficiencia, conflictividad en el modo de resolver conflictos, autoridad sobre mujeres y respeto a la jerarquía. Por eso, si pretendemos conocer las causas de la violencia debemos recurrir a la influencia de los modelos patriarcales de la sociedad, desde los que se han creado mitos y estereotipos que han degradado a la mujer a una situación de inferioridad. Simultáneamente lo que ha sucedido es que lo femenino ha sido desvalorizado tanto en hombres como en mujeres, mientras que se han sobrevalorado aptitudes y características masculinas. En todo este proceso parece que las mujeres han sido víctimas de la sociedad patriarcal y los hombres se han sentido presionados a desempeñar un rol estereotipado, alejado de la sensibilidad, el afecto y el compromiso. De este modo cabe señalar que:
"La cultura patriarcal ha establecido los roles esperados desde una perspectiva jerarquizada según el sexo. Esto dio origen a una repartición no equitativa del poder, el cual posibilita el acceso a la libertad, la cultura, la educación, la riqueza y la participación social activa."
La socialización del rol de género se realiza a través del aprendizaje, siendo éste el medio para transmitir valores, actitudes y reglas. En este sentido, ya desde la infancia se desarrollan los estereotipos de género y se cristalizan en el modo en que los padres consideran cómo debe comportarse un niño o una niña; aquí el proceso de aprendizaje juega un papel esencial. Desde la teoría cognitiva social se puede afirmar que mediante el procesamiento cognitivo de las experiencias se construye la identidad de género, se aprende sobre los papeles sociales de cada sexo y se extraen las normas para dominar el tipo de conductas propio de su sexo. Y es de este modo cómo se actúa según el esquema preestablecido socialmente. A lo largo del desarrollo evolutivo del niño se va desarrollando el rol de género y los niños comienzan a imitar y a elegir modelos, de manera que a los 5-6 años se ajustan a los tipos de masculinidad y feminidad; a los 8 años la postura es más liberal y a los 10 años las diferencias sexuales se acrecientan. Después, en la adolescencia establecen una identidad personal y se aceptan los estereotipos. Si diferenciamos por sexo podemos destacar, por una parte, que las niñas, al encontrarse cerca de la madre, aprenden los rasgos de personalidad, actitudes, valores y roles maternales relativos a lazos afectivos y personales. Así, el rol de género femenino está constituido por los siguientes estereotipos: pasivas, tiernas, sumisas, obedientes, vulnerables y dedicadas al cuidado de los demás. Las mujeres que se adaptan a estos estereotipos perciben a los hombres como signos de poder y autoridad, y el niño desde pequeño se identifica con el rol y los rasgos del padre. La masculinidad implica negar la relación con la madre y tener presente elementos universales del rol masculino. El resultado es desempeñar roles sociales abstractos y despersonalizados. Igualmente, los hombres se asocian con los siguientes comportamientos estereotipados: agresivos, competitivos, alto grado de exigencia de éxito, sabiduría, mando, valentía y conocimiento. Es entonces cuado el hombre bien adaptado al estereotipo de género percibe a la mujer como débil y hostil .Por lo tanto, podemos concluir que, en la construcción del género y en los procesos de socialización, la familia constituye el referente con el que los nuevos miembros se van a identificar. Los adultos pues influyen en los procesos de identidad tanto del niño como de la niña. Ya desde muy pequeños los padres transmiten los patrones de género y tratan a los niños de modo diferente a las niñas.
Sin embargo, no podemos ignorar que existe otro factor de interés en este proceso: los medios de comunicación que promueven la configuración de los estereotipos de género, exponiendo tanto imágenes que infravaloran socialmente a la mujer como imágenes que refuerzan las cualidades de poder, el trabajo productivo, la toma de decisiones y la autosuficiencia en los hombres.
En definitiva, socialmente a los hombres se les prepara para desempeñar un rol dominante y si no lo consiguen pretenden obtenerlo por la fuerza; para ellos, la violencia es un medio de control a la mujer. La socialización hace que los hombres tengan un papel basado en el poder, en la autoridad y en el dominio; y las mujeres en roles puramente femeninos como la dulzura y la expresión de las emociones. Como afirma Pierre Bourdieu: "todo lo que es valeroso, respetable, digno de admiración es de orden masculino, mientras que lo débil, despreciable o indigno pertenece al registro femenino".

 
Por Yolanda Ruiz
www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/18.
[PDF]La violencia contra la mujer en la sociedad actual
 
 

6 de abril de 2015

India sin igualdad de género en el mercado laboral.


Las últimas investigaciones en India muestran que solo 125 millones de mujeres en edad de trabajar están empleadas, aunque desde 2004 cada vez son menos las que están en esa situación.
Solo si este país de 1.200 millones de personas, con 380 millones de mujeres en edad de trabajar, se concentra en ofrecer a las mujeres las mismas oportunidades laborales que a los hombres, logrará alcanzar los objetivos de desarrollo y reducir la pobreza.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la participación femenina en la fuerza de trabajo está entre las más bajas de los mercados emergentes y de otros países de características similares.
La participación de la mujer en el mercado laboral (la proporción de mujeres en edad de trabajar que tienen o buscan empleo), es de 33 por ciento, casi la mitad del promedio de Asia Pacífico y muy por debajo del mundial, que es de 50 por ciento.
En India se instaló un debate sobre igualdad de género en las juntas directivas de las empresas, donde las mujeres apenas si constituyen cinco por ciento de los integrantes, la más baja de todos los países del grupo de economías emergentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Una nueva ley aprobada en 2013 exigía a todas las empresas registradas en la bolsa de valores a tener por lo menos una mujer en su junta directiva para agosto de 2014. Pero el plazo tuvo que ampliarse hasta este mes porque solo una pocas lo concretaron.
La falta de mujeres en el mercado laboral de India es una “enorme pérdida de oportunidades” para el crecimiento económico del país, se lamentó la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde.
La diversidad de género en el ámbito laboral no se trata de corrección política, sino de un imperativo económico, sostienen economistas.
Un estudio del FMI, publicado en 2013, concluye que el crecimiento de India sufrió el impacto de la exclusión laboral femenina.
“Suponiendo que la brecha de género se divide a la mitad para 2017 y se recorta a un cuarto del valor de 2008 para 2027, el ingreso por habitante de India podría ser de entre 10 y 13 por ciento superior a la línea de base si se mantiene incambiada la desigualdad de género para 2020 y 2030” respectivamente”, señala el informe.
Contar y reconocer el trabajo de las mujeres
Una explicación de la aparente “ausencia” de trabajadoras es la escasez de datos a escala nacional en el sector informal. Como la mayoría de las mujeres realizan tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico, no “cuenta” su contribución a la economía cuando se registran los datos del mercado laboral.
“El trabajo que realiza una mujer en su propia casa no se registra como actividad económica, y no se tiene en cuenta para las estadísticas nacionales de ingresos”, explicó Preet Rustagi, directora del Instituto para el Desarrollo Humano de Nueva Delhi.
“Su situación es peor que la de los servicios domésticos pagos, pues por lo menos se consideran una actividad económica y cuentan en los ingresos del país”, precisó.
Las mujeres asumen varias responsabilidades como cocinar, cuidar a las personas mayores y criar a los hijos, todos trabajos cruciales para la economía y la sociedad india, remarcó Rustagi.
En los pueblos rurales, las mujeres, además, realizan tareas vitales como criar ganado, los que también queda fuera de los registros, añadió.
Hay normas culturales que también sabotean el ingreso de las mujeres al mercado laboral formal.
“La cultura patriarcal arraigada idealiza a las mujeres en, y las limita a, los papeles de esposas y madres. Las nociones de superioridad socio-ritual de un grupo o familia pueden vincularse directamente a mayores restricciones sobre las mujeres, incluida su movilidad física y un empleo fuera de su casa”, explicó Bhim Reddy, editora adjunta del Diario de Desarrollo Humano, quien ha investigado mucho sobre las prácticas de reclutamiento de personal en el mercado laboral.
Reddy también observó que la matricula escolar desigual, en especial de jóvenes mujeres de entre 14 y 21 años, también contribuyó a la asimetría en la fuerza de trabajo.
“Una mayor proporción de mujeres en ese grupo etario, que solía formar parte de la fuerza laboral, ahora está en escuelas secundarias y facultades, y eso se refleja en la disminución de mujeres en el mercado laboral”, explicó Reddy.
Si bien el número de universitarias se multiplicó, esto no se tradujo en un aumento proporcional de profesionales en el mercado laboral, según una investigación de Everstone Capital, una empresa de inversiones.
Con 22 por ciento, la proporción de graduadas que ingresa al mercado laboral es más baja que las mujeres analfabetas que encuentran empleo.
La participación de las mujeres indias en la fuerza de trabajo cayó de 33,7 por ciento, en 1991, a 27 por ciento, en 2013, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas. Entre 2011 y 2012, había menos de 20 por ciento de mujeres entre los trabajadores de los sectores no agrícolas.
Es sorprendente que la participación laboral femenina resulte particularmente baja entre las profesionales de las ciudades, un sector que se presume encuentra menos barreras sociales.
Según datos oficiales, entre 2009 y 2010, la proporción de mujeres dedicadas a tareas domésticas no remuneradas trepó a 57 por ciento en las ciudades entre las que tenían título de grado o más, con respecto al 31 por ciento registrado entre sus pares rurales con educación primaria o media.
Los especialistas sostienen que la mecanización y la incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura y la construcción llevó a una “masculinización” del empleo para algunas tareas en esos sectores.
Además, la explotación y el acoso en el ámbito laboral empeoraron la situación. India aprobó una nueva ley para combatir el problema, según la cual las organizaciones con más de 10 empleados deben contar con un comité de protestas para investigar las denuncias.
Pero según un estudio de la Universidad de Jawaharlal Nehry, menos de 20 por ciento de los empleadores de la capital cumplen con la norma.
Además de las campañas de sensibilización, los activistas reclaman mayor inversión en infraestructura, seguridad en el transporte público, mejores centros para el cuidado infantil y recortes tributarios para atraer a las mujeres al mercado laboral.
“Tenemos que reconocer que tenemos una crisis para luego trabajar en el empoderamiento de las mujeres y así ayudar a India a desarrollar todo su potencial económico”, subrayó Rustagi.

Por Neeta Lal
http://www.ipsnoticias.net/2015/04/india-sin-igualdad-de-genero-en-el-mercado-laboral/

5 de abril de 2015

Baños sin agua, chinches y hasta prostitución: así viven mujeres en cárceles mexicanas.

En algunos penales de México no se permite a las internas vivir con sus hijos menores de edad. Foto: Cuartoscuro

Las mujeres que están internas en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, Coahuila, no tienen dónde dormir, ni dónde bañarse, lavarse o depositar agua para limpiar los sanitarios que usan.
Las que están recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social 14 El Amate, en Chiapas, tienen que soportar el mal olor que provoca la zanja con agua sucia que hay alrededor de la cocina, mientras que las que viven en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, no cuentan con agua corriente, algunos de los inodoros que usan no funcionan y tienen que soportar la presencia de chinches.
No muy lejos de ahí, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco, en el Estado de México, no sólo no tienen agua corriente sino drenaje, por lo que vierten sus desechos en fosas.
Ellas también tienen que lidiar con las chinches. En otros lugares, como el Centro de Reinserción Social Duport Ostión, en Coatzacoalcos, Veracruz, además de las malas condiciones de mantenimiento e higiene del lugar, hay instalaciones eléctricas improvisadas, lo que implica el riesgo de un corto circuito o un incendio.
En el Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa, en Tamaulipas, las internas se quejaron de que los alimentos además de insuficientes, son de mala calidad. Para los menores que viven con sus madres en espacios como el centro de Reinserciòn Social 1, en Durango, no hay alimentación especial.
En varios espacios hay hacinamientos, pero en algunos como el Centro de Reinserción Social "Lic. Jorge A. Duarte Castillo", en Baja California, las 495 internas rebasan por mucho el espacio disponible para 360, al grado de que en una estancia para seis personas es posible encontrar a 19 mujeres.
De forma simultánea a estas precarias condiciones, en varios centros penitenciarios grupos de internas gozan de privilegios o son las que controlan las actividades del resto.
Por ejemplo, en el Centro de Reinserción Social de La Paz, en Baja California Sur, hay cuatro celdas con inodoro, regadera y lavabo funcionales. Además tienen televisión, refrigerador y horno de microondas. Las afortunadas que gozan de tales espacios son sólo dos internas, es decir que cada una de ellas tiene para sí dos celdas con las comodidades descritas.
En el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, el grupo de reclusas que controla el penal tiene el mando para el ingreso a dormitorios, actividades escolares y deportivas, uso de teléfonos públicos, elaboración y distribución de alimentos, tareas de vigilancia, mientras que el personal de seguridad cobra por permitir el acceso a visitas, evitar las albores de limpieza y hasta para no sancionar a las internas.
En el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, el grupo de internas que controlan el lugar tienen su propio nombre: "Bastoneras". Ellas son las encargadas de cobrar por el ingreso de familiares y para la visita íntima, así como el uso de teléfonos y la ubicación en los dormitorios. Su poder es tal que incluso permiten el ingreso al penal de objetos no permitidos.
En el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa, quien ejerce el control es una reclusa. Pero no es ella la única privilegiada. El 70 por ciento de las celdas de ese lugar tienen cocineta, televisores de plasma, refrigeradores y hasta muebles, baños con canceles y paredes de azulejo. Incluso hay una celda con paredes de madera y una cámara de seguridad que las autoridades del penal no controlan.
Ahí también se usan los espacios de visita íntima y de tratamiento de adicciones como dormitorios, en donde se alojan una interna por celda o estancia. Cada espacio tiene pisos de azulejo, baños con cancel, sistema de airee acondicionado, ropero, televisor con plasma y sistema satelital, así como un servicio de cocina exclusivo. Algunas tienen perros como mascotas.
Por si fuera poco, las internas de ese centro tienen los candados de sus celdas.
También en Sinaloa, en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, algunas internas tienen perros como mascotas, así como videojuegos y teléfonos celulares, mientras que en el Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos, en Veracruz, hay gallos de pelea.

PROSTITUCIÓN TRAS LAS REJAS

En 20 centros penitenciarios existe prostitución y en 66 no existe separación por situación jurídica ni clasificación, lo que en algunas ocasiones ha derivado en casos donde cohabitan mujeres y hombres. Por ejemplo, en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, en el área de visita íntima viven una interna y un interno. En el Centro Regional de Reinserción Social Acapulco mujeres y hombres conviven en el área femenil, mientras que en el caso del Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, en Oaxaca, el pabellón psiquiátrico varonil está dentro del área de mujeres, apenas separado por una malla ciclónica, lo que impide una estricta separación entre ambos grupos. Según personal de seguridad, han habido casos de relaciones sexuales de internas con internos del pabellón psiquiátrico.
Las descripciones, tomadas del "Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en centros penitenciarios", son comunes a la mayoría de las cárceles donde hay mujeres, de acuerdo con el documento dado a conocer el pasado domingo 29 de marzo.
Una cosa sobresale de entre los listados de condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las internas: el hecho de que no sea una situación nueva, sino la más reciente comprobación de una condición que persiste desde hace al menos una década, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó a documentarla. La propia Comisión, máximo órgano autónomo de protección de los derechos humanos en México, señala en el informe que las condiciones descritas ya habían sido documentadas con anterioridad, pero que pese a los señalamientos y recomendaciones a diversas autoridades, nada o muy poco ha cambiado.
Para Ernesto Canales Santos, presidente de la Fundación Renace, que apoya procesos de reinserción social de personas en reclusión, lo que devela el informe de la CNDH es una "incongruencia" del gobierno mexicano, que por un lado llama a que prevalezca el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la vida pública, mientras que en un campo del que es responsable, como es el sistema penitenciario, no aplica ese Estado de Derecho.
"Es injustificable que cuando el gobierno ejerce su mayor poder de coerción, de fuerza, que es la privación de la libertad para aquellas personas que han cometido un delito, el cumplimiento de esta privación de libertad se realice en un estado de ilegalidad", expresó en entrevista.
La propia CNDH reconoce en su informe que la imposibilidad para satisfacer la demanda de servicios dentro de las cárceles "genera un ambiente propicio para la proliferación de actos de corrupción y violencia por la necesidad de acceder a ellos, convirtiéndose en un factor que incide en el aumento de violaciones a derechos humanos de las internas".
Aunque el documento aborda sólo el caso de las mujeres, Canales señaló que la situación es similar en las cárceles para varones y en los centros de internamiento para menores de edad.
Apenas el pasado 20 de febrero, la CNDH presentó un informe especial sobre centros de tratamiento interno para menores de edad, en el que documentó diversas irregularidades en la operación de los centros donde son internados para su tratamiento menores de edad en conflicto con la ley. Entre ellas, señalaba el documento, destacaban el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta, las inmovilizaciones en posturas forzadas o el aislamiento como formas de castigo.
Por la existencia de ese tipo de casos, Canales expuso que al hablar del sistema penitenciario el género no determina la existencia de las deplorables condiciones carcelarias. "Lo que determina las condiciones carcelarias es la negligencia de parte del gobierno", consideró.
El presidente de Renace subrayó la implicación que tiene la persistencia de estas condiciones de ilegalidad en las cárceles. Recordó que son personas que eventualmente van a regresar a las calles, "y si su experiencia ha sido vivir en un estado de puras ilegalidades, ¿con qué armas llegan afuera?". Canales hizo referencia a una estadística, según la cual en cuatro años el 80 por ciento de las personas que actualmente se encuentran en reclusión, van a estar libres.
De acuerdo con el informe de la CNDH, elaborado durante febrero y marzo de 2014, 46 por ciento de las internas tiene de 18 a 30 años y el 46 por ciento del total está por penas menores a los 5 años y 20 por ciento por penas de 6 a 10 años.
"¿Cómo van a salir? La sociedad va a recibir a estas personas y se va a agravar los índices de criminalidad precisamente porque el gobierno no ha sido cuidadoso con las prisiones", alertó.
No es un asunto menor si se considera que la CNDH documentó casos de maltrato físico, como golpes, y psicológico, como amenazas, humillaciones y conductas discriminatorias por parte de directivos, personal técnico y de custodia de los centros penitenciarios.
En la mayoría de las prisiones evaluadas, las internas denunciaron sufrir discriminación y humillaciones, aunque los golpes también fueron una situación denunciada. Incluso varias internas del Centro de Reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, dijeron haber sufrido abusos sexuales.
Además, la CNDH detectó que en 38 cárceles un grupo de internas, en algunos casos en connivencia con personal de seguridad, son quienes controlan los espacios y las actividades, e incluso llegan a imponer las sanciones a otras internas.
La Comisión se refiere a estas situaciones como " autogobierno", al que define como "un tipo de gobierno paralelo al régimen interior que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario…mediante el cual un grupo de internos o internas, impone métodos informales de control y realiza actividades ilícitas intramuros, lo que deriva en graves violaciones a los derechos humanos provocadas por omisión, complicidad connivencia de la autoridad penitenciaria".
Pero la alarma no es sólo por la existencia de gobiernos alternos dentro de los centros penitenciarios, sino por sus efectos negativos como el aumento de la violencia dentro de las cárceles, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la existencia de un sistema de privilegios y tratos especiales sólo para algunas internas.
Esto se agrava por el aumento de internos vinculados con el crimen organizado, quienes controla al resto de la población penitenciaria, usualmente mediante el pago de cuotas. Tal situación, apunta la CNDH, "es tolerada o incluso propiciada por algunas autoridades".
El problema de la prostitución dentro de los penales delinea una situación similar. De acuerdo con la CNDH, la saturación, la corrupción y las carencias en los centros penitenciarios la propician, pues en ocasiones la prostitución se usa como una forma de pago para acceder a servicios como un espacio y una cama para dormir o para recibir protección.
"Esta clase de abusos se pueden presentar, muchas veces gracias a la complicidad del personal o la anuencia de él, especialmente en aquellos centros mixtos en los que existen grupos de poder".
Internas de 20 centros penitenciarios refirieron a la CNDH que en esos espacios existe prostitución.
Se trata de dos centros en Coahuila (Centro Penitenciario de Piedras Negras y Centro Penitenciario Femenil de Saltillo), dos en Chihuahua (el Centro de Reinserción Social Estatal 3 en Ciudad Juárez y el 1 femenil), dos en el Distrito Federal (los Centros Femeniles de Readaptación Social Tepepan y Santa Martha Acatitla), dos en Guerrero (los centros regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y de Acapulco), dos en Sinaloa (los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán y Mazatlán), dos en Tamaulipas (los Centros de Ejecución de Sanciones de Matamoros y de Reynosa), y dos en Veracruz (los Centros de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacolacos y Zona I).
El resto están en Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sonora.
En 66 centros no existe separación por situación jurídica ni clasificación, lo que en algunos casos que son centros mixtos ha derivado en casos donde cohabitan mujeres y hombres.
La separación y clasificación no son cosas menores, apunta el informe de la CNDH, sino que ayudan a tener control y vigilancia sobre las internas, lo que reduce la posibilidad de conflictos y agresiones.

LOS CASTIGOS Y SUS CONSECUENCIAS

El personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones destinadas a las mujeres internas es insuficiente. Foto: Cuartoscuro© Proporcionado por Sin Embargo El personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones destinadas a las mujeres internas es insuficiente. Foto: Cuartoscuro
Otro aspecto que la CNDH destaco fue el aislamiento como forma de castigo. Al respecto, apuntó en su informe que de acuerdo con la Declaración de Estambul sobre la utilización y los efectos de la reclusión en régimen de aislamiento, el aislamiento físico puede generar problemas de salud porque reduce el contacto social, además de que se pueden manifestar síntomas como el insomnio, la confusión, alucinaciones y la psicosis, además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado al aislamiento prolongado en sí mismo como un trato cruel e inhumano.
Si bien la Comisión documentó varios casos en los que se recurre al aislamiento como castigo, destaca el caso del Centro Federal Femenil de Readaptación Social "Noroeste", en Nayarit, donde se castiga a las internas aislándolas hasta por 120 días, es decir cuatro meses. El asunto es aún más grave si se considera que en ese centro penitenciario sólo se les permite a las internas una llamada telefónica cada 10 días, con una duración de 10 minutos. Si no contestan, no se les permite volver a marcar.
Canales reconoció la aportación de la CNDH al elaborar los informes, pero considera que la sola publicación de este tipo de documentos es insuficiente. "Se requiere primero que las propias autoridades tomen conciencia y estén dispuestas a cambiar sus conductas, y también se requiere una sociedad que esté pendiente o actuando en esos campos y señalando las condiciones que existen", manifestó.
Asimismo dijo que existe una correlación entre cárceles donde no existe Estado de Derecho y el índice de criminalidad de la comunidad donde se encuentra. La relación es directa: a más ilegalidad en la cárcel mayor es la criminalidad en la comunidad. Y viceversa. Por ello consideró como un elemento fundamental de la seguridad pública el que el país cuente con cárceles "limpias", en alusión al cumplimiento de las leyes.

Por
http://www.sinembargo.mx/03-04-2015/1300519