Noviembre es un mes que convoca a centenares de organizaciones y a miles de mujeres en torno a uno de las peores expresiones de la cultura machista y patriarcal que persiste en nuestro país, la violencia contra las mujeres y que impregna a instituciones como la justicia.
Deberían avergonzarnos las cifras que entrega la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, según las cuales, la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida de las mujeres entre los 15 y 59 años, ejercida por su pareja, ex pareja o algún familiar, se elevó de 35,1% en 2012 a 38,8% en 2017; violencia física, psicológica y/o sexual.
Es una verdadera epidemia que cobra víctimas día a día: con 97 mil 972 casos de mujeres víctimas ingresados a la Fiscalía Nacional y 79 mil 259 mujeres denunciantes en Carabineros por violencia intrafamiliar, violaciones y abusos sexuales; ambos datos para 2017. Con 44 femicidios consumados en 2017 y 35 a la fecha, 115 femicidios frustrados en 2017 y 105 a la fecha, medidos con la ley vigente que restringe los casos a aquellos en que ha existido convivencia. La Red Chilena contra la Violencia cifra en 50 los femicidios durante 2018. La tasa de femicidios por cien mil mujeres en Chile duplica con creces la tasa de España: 0,47 contra 0,2.
La violencia de género hacia las mujeres difiere de otras formas de agresión y coerción porque en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer. Da cuenta de la asimetría de la distribución de poder que se encuentra en las relaciones de género en nuestra sociedad.
Pero no es una epidemia por “infección”, puesto que la violencia de género es un acto voluntario que tiene, o puede tener, como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, y para la ONU incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
La Organización Mundial de la Salud declaró que se trata de un grave problema de salud pública por su extensión: una de cada 3 mujeres la sufre a lo largo de su vida, porque produce directamente lesiones y defunciones; porque quienes la viven tienen peores resultados en salud que quienes no la sufren, porque es prevenible y es posible cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas: resulta de un “acto voluntario”.
Las consecuencias físicas, mentales y conductuales pueden persistir mucho tiempo después de que haya cesado la violencia. Tiene consecuencias de largo plazo y causa daños tanto a la mujer como a su entorno, con consecuencias intergeneracionales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Se señala que las agresiones por violencia intrafamiliar están entre las cinco primeras causas de AVISA (años productivos de vida perdidas) para las mujeres chilenas.
La cultura machista sustenta la violencia contra las mujeres en todas sus formas y más allá de una creciente conciencia de la necesidad de erradicarla, persiste en las instituciones, en los órganos del Estado, incluso entre quienes deben garantizar los derechos que exigen las propias leyes y las Convenciones Internacionales ratificadas por Chile. Así ha quedado demostrado con la reciente sentencia contra Francisca Díaz, egresada de Derecho, que denunció a un ex fiscal por una agresión sexual, marcada por estereotipos machistas.
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