ONG locales denuncian la situación de explotación y maltrato de las empleadas del hogar etíopes en este país árabe.
“Cada dos semanas tenemos que repatriar el cuerpo de una mujer etíope. La mayoría se han precipitado al vacío desde el balcón del hogar donde trabajaban como sirvientas o se han suicidado. Las menos han muerto en un accidente de tráfico”. Este es el balance que hace en Beirut el cónsul de Etiopía en Líbano, Wahide Belay Abitew. El diplomático asegura que esta semana se han intensificado las negociaciones bilaterales con el fin de alcanzar un acuerdo que proteja los derechos de al menos 80.000 compatriotas suyas en el país árabe y que representan un tercio de las migrantes empleadas en Líbano.
El optimismo de Abitew respecto a las negociaciones contrasta con el pesimismo que expresaba una década atrás su predecesor Asaminew Bonssa. “No podemos hacer nada para proteger a nuestras nacionales, así que hemos impuesto una prohibición de viaje a Líbano”, lamentaba el entonces cónsul en Beirut. En 2008, Bonssa cifraba en dos las etíopes muertas a la semana en Líbano. Si bien la situación legal de estas mujeres ha cambiado poco o nada, sí ha disminuido drásticamente la cifra de fallecidas. El mérito es de la amplia red de apoyo creada por las propias migrantes, muchas sin papeles, que gracias al apoyo de ONG locales y a la incalculable ayuda que representan las redes sociales ofrecen un escape a las maltratadas por sus jefes.
“El caso de Meriem es uno de libro”, dice Inu conforme recorre las calles de una modesta barriada de Beirut. Esta veinteañera llegó a la capital libanesa hace dos años para trabajar como empleada del hogar. Ahora tiene un empleo de trabajadora social (sin papeles) en el Centro para la Comunidad de Migrantes en Líbano. Esta ONG fue fundada por feministas y activistas contra el racismo en 2011, en plena vorágine de la Primavera árabe. Su objetivo: ayudar a las inmigrantes irregulares que trabajan en empleos domésticos. Mujeres como Meriem, que ha cumplido 19 años y desde hace dos meses es una fugitiva. Sin lágrimas ni dramas, relata los seis meses de abusos y maltratos que sufrió desde que dejó los suburbios de Addis Abeba, la capital etíope, para aterrizar en el seno de una familia libanesa con tres niños en la norteña ciudad de Trípoli.
Su cuerpo se antoja un mapa de maltratos. Se señala la cabeza para rememorar el día en que su madame ─como comúnmente se refieren a las empleadoras libanesas─ le abrió una brecha golpeándola con una silla “porque la pequeña no se terminó el puré”. Luego se remanga el jersey para descubrir una oscura cicatriz en la espalda, legado del míster (señor) que un día decidió morderle la espalda hasta hacerla sangrar. Llegó al Líbano como llegan todas: con la mediación de las agencias. “El dalala [intermediario local] cobra a las chicas (en Etiopía) y a las agencias libanesas por reclutar jóvenes en los pueblos etíopes”, explica en Beirut Samaya Mattouk, de la ONG libanesa Kafa.
Sin pasaporte y sin contrato
Nada más aterrizar en Beirut, un empleado de la agencia le confiscó el pasaporte con la connivencia de los servicios de inmigración libaneses, como le ocurre al 85% de las mujeres que llegan con los mismos planes, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Meriem firmó un contrato por 218 euros mensuales por seis días de trabajo a la semana. No le dieron copia. La mitad de las empleadas domésticas migrantes en Líbano no tienen un solo día libre, según el citado informe.
“Es muy complicado proteger los derechos de estas trabajadoras porque están excluidas del código laboral libanés por el artículo 7”, advierte también en Beirut Mariela Acuña, coordinadora para Oriente Próximo de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar. En caso de litigio con la empleadora libanesa, pueden recurrir a los tribunales civiles, pero emiten decisiones temporales. Su segunda opción es el Código Penal libanés, aunque la resolución del veredicto lleva años y muy pocas migrantes se embarcan en el proceso.
En el plano internacional, Líbano tampoco ha ratificado la convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo. El único marco regulatorio del que disponen es el modelo único de contrato que Líbano adoptó en 2009 tras intensas presiones ejercidas por las ONG. “Sigue siendo insuficiente y ambiguo por lo que permite que los empleadores libaneses mantengan las malas prácticas y los abusos”, resume Lala Arabian, gerente de la ONG Insan. A falta de regulación, las empleadas del hogar migrantes quedan sujetas al sistema de kafala (apadrinamiento) y vinculadas legalmente a su espónsor libanesa. Los abusos e incluso crímenes son cometidos en un 85% por mujeres libanesas, cristianas y musulmanas por igual. De la gran mayoría de los casos, las madames salen legalmente impunes y socialmente se consideran dueñas de sus sirvientas.
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