31 de julio de 2018

Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Deudas de igualdad.


I. Las mujeres negras y afrodescendientes, el largo camino para ser reconocidas como sujetos de derecho.

La historia de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe carga las marcas y las consecuencias de la colonización europea, incluso en la actualidad, después de terminadas las administraciones coloniales e instituidos los Estados nacionales en la región. En el siglo XVI, el colonialismo construye e integra a su estructura ideológica y funcional un sistema jerárquico basado en la idea de raza, luego codificada en el color de piel y en los rasgos fenotípicos de los sujetos colonizados, que sirvió para otorgar legitimidad a la dominación impuesta por la conquista (Quijano, 2005). Este esquema mental, que significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes, fue fundamental en el proceso de conquistas territoriales y sometimiento de pueblos enteros para beneficio de las metrópolis europeas (Quijano, 2005).
Según el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005), la idea de raza ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, habiéndose convertido en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad que se forma a partir del expansionismo europeo sobre los territorios americanos y caribeños.
La introducción en estos territorios de los grupos humanos esclavizados, provenientes de África, trajo consecuencias específicas para las mujeres. Estas llegaron en cantidades menores que los hombres, fueron explotadas sexualmente por sus congéneres y por los conquistadores, lo que las convirtió en objetos sexuales y de reproducción de mano de obra. Con el pasar de los siglos, las opresiones de género, raza y clase que fundamentan la dinámica de las relaciones de poder se sofisticaron y naturalizaron (Stolcke, 1991), dando lugar en América Latina y el Caribe a la imposición de una perspectiva de mundo eurocéntrica y androcéntrica, persistente hasta la fecha, en donde los hombres blancos ocupan una condición privilegiada en la estructura económica, política y social, por sobre las mujeres en general y, en particular, sobre las mujeres negras y afrodescendientes.
Esta perspectiva ubica la especificidad histórico-cultural europea, blanca y masculina como estándar de referencia del humano, clasificado como superior y universal (Monteiro, 1997).
De esta forma, se instituye una universalidad radicalmente excluyente, que clasifica y jerarquiza a todos los pueblos, continentes y experiencias históricas a partir de este modelo. Las otras formas de ser, las otras formas de organización de la sociedad, las otras formas de conocimiento, se transforman no solo en diferentes, sino en carentes, arcaicas, primitivas, tradicionales y premodernas, lo que, en el imaginario social sobre el progreso, enfatiza su inferioridad (Monteiro, 1997). Esta perspectiva cumple la función de mantener la ideología del grupo dominante y puede servir como ideológicamente legitimadora de políticas intergrupales, justificando rechazos o aceptaciones, así como sistemas de explotación tales como la esclavitud (Bento, 1992).

A. La interseccionalidad

Las múltiples formas de discriminación que se interconectan a la discriminación de género y la profundizan provocan hondas marcas en las vidas de las mujeres afrodescendientes en los distintos contextos de América Latina y el Caribe. Por eso, al analizar las condiciones materiales y simbólicas a las que está actualmente sometido este grupo social, es preciso partir desde una perspectiva interseccional, que incluya la multiplicidad de categorías que conforman su identidad y las consecuencias derivadas de la intersección del género con otras identidades construidas históricamente como inferiores, como la identidad “negra” o “afrodescendiente”.
La historiografía feminista generalmente indica los debates del siglo XIX, inmersos en las luchas contra la esclavitud y las campañas sobre el sufragio femenino, como la base de los discursos sobre la interseccionalidad. Sojouner Truth, una mujer negra libre que asistió en diciembre de 1851 a una convención por los derechos de las mujeres en Ohio, al presentar el cuestionamiento “¿Acaso no soy una mujer?”, confronta la concepción burguesa de feminidad (Viveros, 2016) y pone de relieve las interrelaciones entre discriminación racial y de género. Desafiando a los hombres presentes que defendían la idea de fragilidad femenina para impedirles ingresar en la vida pública, Truth argumenta que, dada su posición en la sociedad, trabajaba arduamente y soportaba pesadas cargas, lo que no la hacía menos mujer o menos madre que las mujeres blancas que eran vistas como débiles y con necesidad constante de ayuda y protección (Yuval-Davis, 2013). Con eso, evidencia que la comprensión sobre los sentidos del sujeto “mujeres” estaba construida bajo un universalismo estrecho que no consideraba a las “otras” mujeres, las no blancas, como parte de esta colectividad.
A este respecto, la teórica descolonial María Lugones (2008) afirma que, históricamente, en Occidente, solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas como mujeres: las hembras excluidas por y en esa descripción no eran solamente sus subordinadas sino también eran vistas y tratadas como animales, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la femineidad. Eso fue posible, según plantea, debido a la existencia de una lógica de separación categorial que distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección. En la medida en que seleccionan al dominante, en su grupo, como norma, las categorías se vuelven homogéneas; es así que “mujer” sería sinónimo de “mujer burguesa blanca heterosexual” y “negro” significaría “macho heterosexual negro”. En este sentido, la separación categorial llevaría a que la situación de subordinación que enfrentan las mujeres negras pudiera ser ignorada o, cuando mucho, vista como una adición de lo que les pasa a las mujeres (blancas: suprimido) y a los negros (hombres: suprimido) (Lugones, 2008). La interseccionalidad mostraría lo que se pierde cuando categorías como género y raza se conceptualizan separadas unas de otras.
Este concepto, acuñado por la académica afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989 en el marco del debate del caso judicial DeGraffenreid contra General Motors, buscaba evidenciar la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por trabajadoras negras de la compañía General Motors en los Estados Unidos (Viveros, 2016; Zota-Bernal, 2015). Si bien
Crenshaw no tenía la intención de crear una teoría general sobre la opresión, sino que un concepto de uso práctico para analizar desigualdades concretas, este terminó convirtiéndose en una herramienta analítica y conceptual ampliamente utilizada en los estudios feministas y sobre mujeres.
La amplia aceptación del concepto lleva a que, al interior del debate feminista, la categoría “mujeres” se vuelva mucho más compleja, tanto como la lectura sobre las desigualdades que les afecta. De esta forma, gana espacio la idea de que, si bien es cierto que todas las mujeres son de alguna manera sujetas a la discriminación de género, también es cierto que otros factores relacionados con las identidades sociales de las mujeres, tales como la clase, la casta, el color, el origen étnico, la religión, el origen nacional, la orientación sexual son “diferencias que marcan la diferencia” en la manera en que los distintos grupos de mujeres experimentan la discriminación (Crenshaw, 2002, pág. 173). Como bien plantea Kimberlé Crenshaw (2002), estos elementos diferenciales pueden crear problemas y vulnerabilidades que son exclusivos de grupos particulares de mujeres, o que afectan de manera desproporcionada a algunas mujeres con respecto a las demás.
Uno de los principales aportes entregados por la conceptualización de la interseccionalidad es la superación de una perspectiva aritmética, que clasifica a ciertos grupos de mujeres como doble o triplemente discriminados. Desde una perspectiva interseccional, se entiende que las propiedades de los agentes sociales no pueden ser comprendidas en términos de ventajas o desventajas, desde una lógica aritmética de la dominación. Así, la posición más “desventajosa” en una sociedad clasista, racista y sexista no es necesariamente la de una mujer negra pobre, si se la compara con la situación de los hombres jóvenes de su mismo grupo social, más expuestos que ellas a ciertas formas de arbitrariedad, como las asociadas a los controles policiales (Viveros, 2016).
Asimismo, hay que considerar que la construcción de un abordaje interseccional a los fenómenos sociales supone pensar diferentes niveles de análisis. En un nivel microsociológico, se considera la articulación de opresiones y sus efectos en las estructuras de desigualdad social observadas en las vidas individuales. A su vez, el nivel macrosociológico interroga la intersección de los sistemas de poder en la producción, organización, y mantenimiento de las desigualdades (Hill Collins, 2000; Viveros, 2016). Ambos son fundamentales para comprender y crear capacidades de intervención no solo sobre las condiciones de vida en que se encuentran determinados grupos sociales, sino que también sobre las estructuras y sistemas de poder que las generan. Para este estudio, se considerará más ampliamente el nivel macrosociológico.
Hablar de interseccionalidad es, por lo tanto, hablar de los complejos, irreductibles, variados y variables efectos que resultan cuando múltiples ejes de diferencia —económica, social, política, cultural, psíquica, subjetiva y experiencial— se intersectan en contextos históricos específicos, generando modalidades de exclusión, jerarquización y desigualdad (Brah, 2013). Conforme plantea Nira Yuval-Davis (2013), el análisis interseccional no debiera estar limitado al análisis de desigualdades o discriminaciones, sino ser considerado un marco teórico que debe abarcar a todos los miembros de la sociedad, ya que es un instrumento adecuado para analizar la estratificación social.
En este sentido, la intersección de los sistemas combinados de opresión penaliza a las mujeres afrodescendientes, las discrimina y subordina al poder racista, clasista y patriarcal. Esta explotación racial, económica y de género es estructural, histórica y fuertemente institucionalizada en toda América Latina y el Caribe. En consecuencia, se manifiesta en sistemas de desigualdades estructurales construidos a lo largo de procesos históricos, que se crean y recrean a través de prácticas rutinarias (Bento, 1992).
La explotación de los grupos considerados “inferiores” por el poder hegemónico, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, se advierte en la precarización de sus condiciones objetivas de vida, como las de salud, educación, trabajo y vivienda, entre otras. La intersección de los sistemas combinados de opresión (Crenshaw, 2002) también muestra que la explotación no es solo en el ámbito de la producción o el trabajo remunerado, sino que está referida igualmente a la explotación sexual y a la violencia material y simbólica dirigida al cuerpo de las mujeres, en particular el de las afrodescendientes (Carneiro, 2003), interfiriendo en su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

B. Identidad y autonomía.

La identidad, como proceso histórico y relacional, posee significados simbólicos capaces de movilizar poderosamente a los grupos que define, combinando intereses y pertenencias y operando sobre una gama de identificaciones reconocibles —religiosidad, cultura, tradiciones, comidas, lengua, música, vestuario—, que en conjunto producen lealtades afectivas y personalizadas. Estas lealtades son la base de la lucha por los derechos y del espacio social y político. En la identificación étnica de grupos ausentes de su territorio de origen, estas lealtades se manifiestan en la formación de una “cultura de la diáspora”, como fenómeno político (Cunha, 1985).
La identidad étnico-racial no es, por lo tanto, solo condición de pertenencia, sino un proceso relacional con los cambios históricos y sociales que la construyen. No es fija y esencial, sino que es construida, se forma y modifica en relación a cómo los sistemas culturales que rodean y representan a los sujetos los interpelan (Hall, 1992).
Vinculada a la cultura de la diáspora, la identidad étnico-racial para las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe es más que condición de pertenencia: es un proceso relacional que sella la conciencia de ser parte, por un lado, de procesos sociales marcados por estructuras de poder en que subsisten distinciones de género y étnico-raciales que fortalecen las diferencias y hacen que persistan las discriminaciones en su contra y, por otro, de la resistencia histórica a estos en nombre de la libertad y la dignidad del pueblo negro y afrodescendiente.
Aunque heterogéneas, las condiciones de violencia y violación de derechos que marcan histórica y estructuralmente la vida de las mujeres afrodescendientes en los países latinoamericanos y caribeños son, como contenido simbólico y concreto, el punto de partida para evidenciar el carácter
diferenciado de su condición de género, étnico-racial y de clase. A partir de la desigualdad y la exclusión estructural que marcan esta pertenencia, y de la resistencia histórica que estas han engendrado, definen su pauta de lucha por sus derechos y su búsqueda de autonomía económica, física y en la toma de decisiones.
Es necesario tener presente que la realidad de las mujeres afrodescendientes de América Latina está caracterizada por situaciones que la diferencian de las mujeres del Caribe, empezando por el hecho de que la población afrodescendiente en la subregión caribeña es mayoritaria, a diferencia de los países de América Latina, con la excepción del Brasil.
También, en términos culturales, sociales e históricos, las diferencias son relevantes, lo que obliga a adoptar un abordaje diferenciado en el análisis situacional de la población afrodescendiente y, especialmente, de las mujeres afrodescendientes, reconociendo, sinembargo, que la falta de información dificulta en gran medida este cometido.
Asimismo, es interesante notar que la conceptualización de la categoría “afrodescendiente”emerge en el contexto de la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, celebrada en Santiago en 20004
Esta Conferencia, como instancia preparatoria para la Cumbre Mundial contra el Racismo de Durban (2001), ha sido clave en el proceso de articulación del movimiento afrodescendiente en la región (Campoalegre Septien, 2017). Según plantea Rosa Campoalegre Septien (2017), la categoría “afrodescendiente” deconstruye el término colonial de negro(a), por un sujeto político en resistencia, sujeto pleno de derechos y no solo victimizado; como una comunidad afrodiaspórica, más allá de fronteras nacionales.
A su vez, pese a que en las últimas décadas se haya dado a conocer que el concepto de “raza”en lo humano carece de base científica, las categorías mentales que lo sostienen siguen teniendo profundas implicaciones en la realidad social (Munanga, 2004). Así, el reconocimiento de “la raza” como construcción social y política también permite considerarla como una categoría móvil en el tiempo y en el espacio, haciendo posible recuperarla desde el valor de la identidad y, como tal, convertirla en una plataforma de combate al racismo (Rivera Lassén, 2010).
La identidad política de las mujeres a las que se refiere este estudio suele expresarse dedistintas maneras, ya sea movilizando la categoría raza y reivindicándose como mujeres negras, o bien abrazando categorías como “afroargentinas”, “afrouruguayas”, afrocaribeñas, entre otras, o simplemente afrodescendientes. Las especificidades de cada contexto también hacen posible la reivindicación de la identidad desde lo cultural, como es el caso de las mujeres raizales y palenqueras en Colombia; o desde lo étnico, como puede ser el caso de las mujeres garífunas en Centroamérica
(Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Con esta mirada, se opta por hacer referencia a ambos términos: mujeres negras y afrodescendientes, por entender que son abarcadores de los diferentes procesos de construcción identitaria de estas mujeres en la región.
Vincular el combate al racismo con la búsqueda de autonomía de las mujeres afrodescendientes nos lleva a pensar que, para estas, la autonomía representa la posibilidad de sobrevivencia en un mundo racializado y clasista, donde las oportunidades de crecimiento y desarrollo son escasas y sesgadas y, en algunos casos, prácticamente inexistentes. Considerando los desafíos mayores que enfrentan ciertos grupos de mujeres, y en especial las mujeres afrodescendientes, en lo que se refiere a los temas de redistribución, reconocimiento y representación, se entiende que el logro de la autonomía no es un asunto de mujeres iguales.
Como concepto político, la autonomía de las mujeres se refiere a “la capacidad de laspersonas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011). Esta es, por ende, un factor fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un contexto de plena igualdad.
Los tres pilares de la autonomía de las mujeres, económica, física y en la toma de decisiones,deben ser comprendidos en conjunto, de manera interrelacionada, dado que poseen un carácter multidimensional, o sea, la autonomía económica se fortalece al tiempo que las mujeres conquistan más autonomía física o en la toma de decisiones, y viceversa. Así, por ejemplo, al superar los límites del poder de elección sobre su vida sexual y reproductiva, tal como la subordinación en el campo del trabajo, las mujeres están más cerca de una vida libre de violencia y de una actuación más plena en la política (CEPAL, 2012; Lupica, 2015).
En este sentido, alcanzar la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres afrodescendientes es un gran avance para el colectivo de mujeres de la región, ya que significará romper uno de los principales ejes que componen la matriz de la desigualdad en América Latina y del Caribe.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf

19 de julio de 2018

GUETOS Y “REEDUCACIÓN” OBLIGATORIA PARA NIÑOS: LA NUEVA REALIDAD DE DINAMARCA



Nacer en un barrio u otro podría determinar toda tu vida si eres de Dinamarca.

Cuando una familia de un vecindario de inmigrantes da a luz a un nuevo miembro, tanto la madre como el bebé ingresarán en una nueva categoría a los ojos de la ley danesa. Esto es debido a su procedencia, inmigrante, de bajos ingresos, y que vive en un barrio descrito por el gobierno como un “gueto”. Todo ello inmediatamente convertirá al bebé en un “niño del gueto”.
Las nuevas medidas educativas en Dinamarca
A partir de un año de edad, los “niños del gueto” deben separarse de sus familias durante al menos 25 horas a la semana, sin incluir la hora de la siesta, para la instrucción obligatoria en los llamados “valores daneses”. Estos incluyen las tradiciones de Navidad y Pascua, y el idioma. El incumplimiento de esta medida supondría la revocación de las ayudas a la asistencia social.

El resto de los daneses no están obligados a escolarizarse hasta los 6 años. Estas nuevas leyes las está introduciendo el gobierno de Dinamarca para regular la vida en 25 enclaves y barrios de bajos ingresos y de fuertes creencias musulmanas. Se escudan en que las familias que residen allí no se integran voluntariamente en la corriente principal del país, por lo que deberían ser obligadas.

Integración de inmigrantes en Dinamarca

Esta es la asignatura pendiente del modelo danés. Un problema que se viene repitiendo durante décadas y que ha representado un desafío espinoso para un país destinado a servir a una población pequeña y homogénea. Los políticos están centrando su ira en los barrios urbanos donde los inmigrantes, algunos de ellos colocados allí por el gobierno, viven en densas concentraciones con altas tasas de desempleo y violencia de pandillas.
La descripción de los guetos por parte de los políticos se ha vuelto cada vez más siniestra. En su discurso anual de Año Nuevo, el primer ministro Lars Lokke Rasmussen advirtió de que los guetos podían “extender sus tentáculos a las calles” al diseminar la violencia y que debido a ellos “aparecieron grietas en el mapa de Dinamarca”. Los políticos que una vez usaron la palabra “integración”, ahora llaman francamente a la “asimilación”. Este nuevo enfoque forma parte del “paquete del gueto” junto con otras 22 propuestas presentadas por el gobierno a principios de marzo. La mayor parte ya han sido aprobadas por el Parlamento.
Medidas especiales para los musulmanes
Algunas de las nuevas leyes son punitivas. Una de las medidas que está en consideración permitiría a los tribunales duplicar el castigo por ciertos delitos si se cometen en uno de los 25 vecindarios clasificados como guetos. Otra impondría una sentencia de prisión de cuatro años a los padres inmigrantes que obligan a sus hijos a realizar visitas prolongadas a su país de origen, descrito en Dinamarca como “viajes de reeducación”, que supuestamente perjudican su escolaridad, idioma y bienestar.

Esto no es todo: otra ley permitiría a las autoridades locales aumentar su vigilancia de las familias del gueto. Algunas propuestas han sido rechazadas por ser demasiado radicales, como la de Martin Henriksen, presidente del Comité de Integración del Parlamento, quien sugirió que los jóvenes de estas áreas debían portar  pulseras electrónicas en el tobillo.
Adaptarte o salir
Muchos residentes de los “guetos” daneses dicen que se mudarían si pudieran permitirse vivir en otro lugar.

En el complejo de viviendas de ladrillo rojo de cuatro pisos que, según los números, es uno de los peores guetos de Dinamarca: el 43% de sus residentes están desempleados, el 82% no tiene antecedentes occidentales, el 53% tiene una educación escasa y el 51% tiene ingresos relativamente bajos. Allí se preguntan por qué tienen que cumplir estas nuevas medidas.

Los hijos de refugiados libaneses hablan danés sin acento y conversan con sus hijos en danés. Sus hijos se quejan, hablan tan poco árabe que apenas pueden comunicarse con sus abuelos. Hace años, cuando crecían en Jutlandia, en el oeste de Dinamarca, rara vez encontraban sentimientos antimusulmanes. Aunque, quién sabe, quizás antes se pensaba, pero no se manifestaba. Ahora toda la política está centrada en los musulmanes, de los que esperan que renieguen de sus raíces y se adapten a la cultura danesa o se vayan. Quién sabe que será lo próximo que les pidan.

“Duele que no nos vean como personas iguales”, dice uno de estos hijos de migrantes. “Realmente vivimos en la sociedad danesa. Seguimos las reglas, vamos a la escuela. Lo único que no hacemos es comer cerdo”.

¿Qué opina el resto de población danesa de estas medidas?

A unos 12 kilómetros al sur de la ciudad, en el suburbio de clase media de Greve, los votantes se mostraron entusiasmados con las nuevas leyes. Muchos defienden estas medidas porque piensan, erróneamente, que los inmigrantes se llevan mucho dinero en ayudas sociales. Sienten que deberían estar agradecidos por la oportunidad que se les está dando a la hora de acogerlos en Dinamarca y que deben de adaptarse a los tiempos actuales, dejando atrás todo el legado cultural que les precede.

Derechos y obligaciones

Al centrarse en gran medida en el costo colectivo de apoyar a las familias de refugiados e inmigrantes, el Partido Popular Danés ha ganado a muchos votantes lejos de los socialdemócratas de centroizquierda, que durante mucho tiempo habían sido vistos como los defensores del estado de bienestar. Con una elección general que se acerca el próximo año, el partido socialdemócrata se ha desplazado a la derecha en la inmigración, diciendo que se necesitan medidas más estrictas para proteger el estado de bienestar.

Casi el 87% de los 5,7 millones de habitantes de Dinamarca son de ascendencia danesa, y los inmigrantes y sus descendientes representan el resto. Dos tercios de los inmigrantes, alrededor de medio millón, son de origen musulmán, un grupo que creció tras las oleadas de refugiados afganos, iraquíes y sirios que cruzaban Europa.

También hay críticos con estas nuevas leyes, como el editor jefe de Dagbladet Information, un periódico liberal de izquierda, quien recalcó que el estado no puede obligar a los niños a alejarse de sus padres durante el día, es un uso desproporcionado de la fuerza. Pero los socialdemócratas sostienen que si le dan dinero a la gente, quieren algo por este dinero, ya que vivimos en un sistema de derechos y obligaciones. A pesar de que siempre ha salido a relucir el tema de la inmigración antes de las alecciones, este año está siendo más duro que nunca, a la espera del desenlace del próximo otoño.

Valeria Hiraldo
https://muhimu.es/diversidad/guetos-reeducacion-dinamarca/

9 de julio de 2018

Planeta Verde: cooperativa colombiana revoluciona la recolección de residuos



En celebración del Día Internacional de las Cooperativas, hablamos con Martha Elena Iglesias, recicladora y líder de Planeta Verde, una cooperativa de recicladores en Rionegro, Colombia. Con sus 86 miembros, Planeta Verde se ha convertido en una importante organización de base en la región colombiana de Antioquia.
En esta entrevista, Martha Elena explica cómo pasaron de ser un grupo dispar de personas desplazadas que huían del conflicto armado colombiano a una cooperativa cohesionada que se ha ganado el respeto y obtenido pago adecuado por los importantes servicios de reciclaje que brindan a su nueva comunidad.

Hemos pensado que tenemos que formarnos primero que todo para poder incidir en la política pública.

El viaje ha sido difícil pero con avances significativos, incluyendo el hecho de ser parte de un movimiento nacional de recicladores para obtener el reconocimiento formal, que se desarrolló a través de una serie de fallos de la Corte Constitucional. Y, en 2016, el Decreto 596 del Ministerio de Vivienda, Ciudades y Territorio estableció un proceso de formalización para que las organizaciones de recicladores y recicladoras se convirtieran en proveedores de servicios de reciclaje.
En Colombia, como en cualquier otro lugar, las personas recicladoras han batallado contra los estereotipos de que su trabajo es "sucio" y también para ganarse la vida mediante la recolección y el reciclaje de materiales reciclables, a pesar de las valiosas contribuciones de su trabajo. El decreto, sin embargo, reconoció su trabajo y a los recicladores como proveedores de un servicio público, lo cual constituye un momento crucial para los miembros de Planeta Verde, así como un modelo global para la integración.
Estas victorias legales, sin embargo, fueron solo el comienzo. El decreto estableció requisitos en cuanto a las capacidades organizacionales que debían establecerse para garantizar que los servicios fueran profesionales y que las organizaciones estuvieran listas para cumplir con los estándares del gobierno nacional. Las personas recicladoras organizadas en Planeta Verde trabajaron arduamente para cumplir con los requisitos técnicos y operativos a fin de recibir el pago por sus servicios de reciclaje, lo cual ha sido un importante avance.

¿Podría decirnos cómo se estableció Planeta Verde?

Martha Elena Iglesias: Nacimos hace 18 años en un momento coyuntural por el tema del conflicto armado. De muchos otros municipios de la región del oriente, llegaban [los desplazados] a Rionegro como cabecera municipal y el único oficio que encontraban por hacer fue el reciclaje porque era un oficio informal. Entonces ocurrió […] que los desplazados estaban desplazando a los recicladores de oficio porque era lo único que encontraban para hacer.
Planeta nació como una necesidad de primero generar empleo [para] esta población tan vulnerable.  Y ocurría otro fenómeno, y era que el relleno sanitario que servía a Medellín [la ciudad vecina y el capital de Antioquia] ya estaba en su etapa final y Rionegro no tenía un plan de contingencia en donde depositar los residuos. Entonces pensamos que allí había una oportunidad también.
Planeta Verde se ha convertido realmente en líder y modelo para otras organizaciones de recicladores en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. ¿Cómo ganaron esa fuerza y estrategia?
MEI: Desde que nacimos hemos tenido muy claro el tema de, primero, la formalización y, segundo, la formación. Hemos pensado que tenemos que formarnos primero que todo para poder incidir en la política pública. Fue un proceso, desde empezar, [en el] que muchos recicladores aprendieron a leer y escribir, porque su mayoría no sabían. Y, así, paulatinamente [hemos seguido con] todo el proceso de formación. Hoy tenemos recicladores que han terminado su primaria y su bachillerato. Eso nos ha dado más empoderamiento porque […] para poder conocer esos derechos, primero tenían que aprender básicamente a leer y a escribir.

Nosotros nos dimos a la tarea de empoderar [al reciclador] en su oficio.

Segundo, hemos creído mucho en los temas de asociatividad porque los recicladores hemos sido muy cerrados —muy [de] “mi calle”, “mi cartón”, “mi vidrio”, y no me importaba mucho lo de los demás—. Entonces nosotros dimos una pelea muy dura de que había que juntarnos, [de] que teníamos que estar muy unidos como grupo y empezar a conversar con los grupos de otros municipios.
Tercero, es porque hemos creído en esto. Hemos metido todo. Hemos luchado mucho; primero, [para que] los recicladores salgamos de esa autodiscriminación, [porque nosotros mismos nos excluíamos]. […] Es como empezar a empoderar: —“Eres importante; haces un oficio que es muy importante;— no solamente con el que [se]genera el sustento de la familia, sino que le haces a la sociedad un aporte importante”—. […] El reciclador no pensaba eso; el reciclador reciclaba para comer. Nosotros nos dimos a la tarea de empoderar [al reciclador] en su oficio y hacerlo sentir como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto.
Los recicladores en Planeta Verde se han caracterizado porque son muy comprometidos en lo que hacen y se sienten muy orgullosos de lo que hacen. Creo que eso ha marcado la diferencia.
¿Cómo puede Planeta Verde continuar fortaleciendo el movimiento de las organizaciones de recicladores en su región?

MEI: De alguna manera, nos hemos vuelto un referente para otras organizaciones más pequeñas y no con tantas posibilidades. Nosotros hemos sido muy afortunados de poder estar [acompañados por organizaciones fuertes como la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia], pero la tarea nuestra es replicar [nuestras victorias]. Y no solamente con organizaciones pequeñas, pues también a través de la regional que es la Asociación de Recicladores de Antioquia nosotros hemos sentado una posición muy fuerte respecto al tema de los recicladores.

Entonces también cuando uno es … no digo “radical” porque no escuchemos otras opciones, sino radical en lo que tiene que ver con el gremio y lo que tiene que ver con nuestros principios, con nuestros objetivos, con lo que no vamos a negociar. Planeta [lo] ha tenido muy claro: nosotros trabajamos para un gremio, nos debemos a ese gremio, y difícilmente nos vamos a ir por los lados.
Los pagos a los recicladores y las recicladoras por sus servicios han sido un logro importante. ¿Cómo ha afectado a sus miembros?

MEI: Hay recicladores que todavía nos dicen si esa plata [que reciben como pago por su servicio] se la pueden gastar porque nunca soñaban que además de lo que iban a vender, les iban a llegar un pago, porque estamos acostumbrados [a] que la ayudita; [estamos acostumbrados a la idea de] que nos van a dar el subsidio. Entonces es bonito decirles a los recicladores: —"Eso no es una ayuda; eso no es un subsidio, no es un regalo: es un pago"—.
Obviamente, fue un proceso en donde nos tuvimos que volver muy juiciosos, muy serios.  Entonces, si esta es mi calle en la que reciclo, tengo que salir a reciclar, porque esto es un servicio que estoy prestando. Esto ha costado un poquito. Pero nos hemos metido en la cabeza que cuando uno presta un servicio y recibe el pago por ese servicio, lo tiene que hacer muy bien.
El marco legal reconoce el derecho de los recicladores y las recicladoras a acceder a los materiales reciclables y avanzar en la cadena de valor del reciclaje. ¿Cuáles han sido los desafíos de la formalización?
MEI: Bueno, antes éramos o invisibles o si llegábamos a ser visibles, la gente se hacía [como] que no nos veían. Ahorita, ese oficio que hemos desempeñado en Colombia durante más de 50 años sin que nadie nos reconociera, como ahorita hay un pago de por medio, todo el mundo utiliza la palabra “reciclador” para apropiarse de ese beneficio.
En Rionegro, la amenaza está latente porque hay una empresa que se creó supuestamente con recicladores, pero no tienen en su base social ni un solo reciclador y está prestando el servicio [de reciclaje]. Y, lo peor de todo, es que tiene el visto bueno del gobierno local.
A nosotros nos ha tocado defender cada caja de cartón, cada botella de vidrio.
La pelea para nosotros ha sido muy dura porque no es solamente con esa empresa, sino con la alcaldía y con el municipio, porque ellos son los que están patrocinando a [la empresa, para] que vayan primero en las rutas, que tengan el acceso al material. Y a nosotros nos ha tocado defender cada caja de cartón, cada botella de vidrio. Nos ha tocado defenderla con uñas y con dientes, porque no la vamos a dejar quitar después de todo lo que nos ha costado.
También a través de denuncias ante las autoridades y los entes de vigilancia y control, estamos tratando de que eso se suspenda o de que haya una forma de limitar el acceso que [las empresas privadas] tienen a los residuos. Pero solo fue que empezáramos a recibir la tarifa para que empezara la competencia. Y es una competencia muy desigual, porque si bien nosotros hemos cumplido con todo lo que nos exige la norma, ellos tienen más infraestructura: tienen carros modernos; nosotros vamos a pie o con un carrito o una carreta. Es una competencia totalmente desigual, y ha sido difícil.

¿Cuál es su visión hacia el futuro como organización?

MEI: Pues primero, tenemos que fortalecernos mucho como organización porque en la parte económica somos débiles. Ahorita, tenemos que empezar con lo de [obtener y mantener el pago de] la tarifa, también a tecnificarnos.
Solo fue que empezáramos a recibir la tarifa para que empezara la competencia.
Entonces, el proyecto a más corto plazo es conseguirnos un camión —otro camión,  porque ya tenemos uno—, porque necesitamos estar a la altura de los otros para no decir —“Mire, nosotros no tenemos camión”—. Y más al largo plazo, la meta es obtener nuestra propia bodega, [para] no estar dependiendo del municipio**. Estas son las dos cosas en materia de infraestructura más inmediatas.

http://www.wiego.org/blog/planeta-verde-cooperativa-colombiana-revoluciona-la-recolecci%C3%B3n-de-residuos

5 de julio de 2018

Vías para el empoderamiento de las mujeres.


Gobernabilidad y empoderamiento

La gobernabilidad con sentido de género es muestra de que el género, es decir
las mujeres como categoría social, nos empoderamos. A través de infinidad de
movimientos feministas y de la participación de mujeres en movimientos sociales
y políticos de diversa índole, es decir, a través de una intensa lucha política,
hemos incidido en la gobernabilidad con equidad genérica. Hemos hecho que los
gobiernos asuman la responsabilidad política de relacionarse con las mujeres
como ciudadanas y, a pesar de múltiples resistencias, de desplegar acciones de
gobierno y políticas públicas a favor del desarrollo y la emancipación de las mujeres.
Hemos luchado por presupuestos con perspectiva de género y recursos de
inversión y financieros para eliminar la marginación económica y sustentar el desarrollo
de las mujeres.
El género avanza y se empodera cuando las mujeres participan, ocupan
las instituciones y, al hacerlo, transforman los espacios, las normas y la cultura
política. Desde luego, el empoderamiento se da cuando lideran, legislan,
procuran justicia y gobiernan; cuando la participación política de las mujeres deja de ser excepcional y se va convirtiendo en una presencia concatenada
desde las esferas sociales hasta las esferas políticas. Y todo lo
anterior se potencia cuando prevalece en las mujeres con cargos políticos
una conciencia de género y éstas usan su poder a favor del avance colectivo
de las mujeres.
Cuando en la cultura avanzan visiones del mundo que expresan la igualdad
entre las mujeres y los hombres y prevalecen en las mentalidades colectivas, el
género se empodera. En este proceso las ideologías y las filosofías con perspectiva
de equidad de género se tornan sentido común, maneras de pensar y
de sentir a través de representaciones e imágenes múltiples y diversas. Los lenguajes
ya no cargan la marca del sexismo y nuevas formas lingüísticas expresan
la igualdad y la diversidad.
El género se empodera cuando logramos incorporar en la cultura hegemónica
una ética de respeto a los derechos humanos y cuando la sociedad los promueve
y amplía y, en particular, cuando las personas y las instituciones consideran los
derechos de las mujeres normales e imprescindibles con un nuevo sentido civilizatorio.
Cuando la sociedad valora, respeta y protege la vida de las mujeres y procura
aumentar su bienvivir.

Del empoderamiento al poderío

Cuando el empoderamiento es habitual, cuando se ha asentado en cada
mujer, en colectivos de mujeres, en sus comunidades y sociedades específicas,
entonces el empoderamiento deviene en poderío. Así, el poderío es un conjunto
de poderes constitutivos que definen la condición de género de las mujeres como
una condición con poderes vitales inalienables, que se concretan en la ciudadanía
y se sustentan en la democracia y el desarrollo.
La dimensión del poderío que proviene de la emancipación tarde o temprano
incide en la esfera política, y las mujeres en pos de recursos y oportunidades
o de derechos y ciudadanía quedan colocadas en una situación de
compulsión política. Deben participar para mantener los poderes vitales que
se reproducen, en parte, políticamente. Algunas sienten una necesidad de trascender la dimensión personal de su experiencia y quieren comunicarla a
otras mujeres, a colegas y familiares, y hacerles copartícipes. Muchas mujeres
pasan por organizaciones o movimientos civiles, culturales, educativos,
artísticos, otras más por sindicatos y agrupaciones gremiales, partidos políticos
y grupos políticos institucionales. Cualquier desorden de género las
coloca frente a reconvenciones o frente a obstáculos que deben dirimirse
políticamente.
El poderío es el capital político vital generado en procesos de apropiación de
los bienes y recursos del mundo y de empoderamiento. Está formado por los
poderes vitales de cada mujer, constituye su subjetividad y su identidad, y se
manifiesta y actúa al vivir. Los grupos de mujeres, los movimientos y las instituciones
también generan y acumulan poderes vitales, tienen poderío que se concreta
en sus mentalidades y en su incidencia.

Desidentificación de género

Mujeres de distinta trayectoria y formación, con ideologías y posiciones
políticas distintas, confluyen en espacios, movimientos y actividades.
Muchas de ellas no han hecho el cambio radical en su conciencia ni han
desarrollado pensamiento crítico; ni siquiera han reflexionado sobre ellas
mismas y sobre el mundo posicionadas desde una visión de género. Un conjunto
de hechos hace que haya mujeres confrontadas por diferencias políticas
y sucede también que distancian a mujeres civiles de mujeres políticas
o a mujeres de base de las representantes, dirigentes o lideresas – educativas,
religiosas, espirituales, académicas, económicas, artísticas, culturales
y políticas –, y crean nuevas barreras de poder entre ellas. Educadas en la
desconfianza de género, cantidad de mujeres actúan desidentificadas entre
sí y, si no muestran un compromiso real con la causa de las mujeres, hablan
en nombre de las mujeres sin representarlas. Si además las ignoran y omiten
en su quehacer de gestión, al legislar o al gobernar, se produce un nuevo
malestar entre ellas.

Sororidad y empoderamiento

Al mismo tiempo, como nunca antes se desarrollan entre muchas mujeres
nuevas formas de relación no mediadas por la misoginia, entendida como rechazo,
repudio, y descalificación entre mujeres que justifican agresiones, traiciones
y enemistad.
La eliminación de la misoginia es un proceso subjetivo, es un cambio de conciencia
que consiste en desmontar sus fundamentos en las mentalidades colectivas
y en la subjetividad personal, tales como prejuicios, argumentos, valores,
interpretaciones, actitudes, formas de trato, lenguajes, afectividad. Es un proceso
objetivo de eliminación de la enemistad en las relaciones y las prácticas sociales
y políticas. Al ir cambiando, la admiración por la otra, por las otras, desempeña
un papel central como estímulo de la credibilidad y contribuye a aumentar
la estima de género.
Mirar a mujeres empoderadas permite sentir que es posible y hace suponer a
quien observa que ella también puede. Así, la prueba de la eficacia de la emancipación
de género está en las mujeres empoderadas. Por simpatía, sus logros y
los signos de los poderes vitales implícitos en su identidad convocan a otras a
mujeres a intentarlo. El aprecio por los avances logrados por movimientos de
mujeres contribuye también a fortalecernos.
Dado que en estos procesos se compromete la autoestima de género, cuando
fluye la afinidad entre las mujeres el empoderamiento de unas produce en otras
mujeres orgullo de sí misma, de las otras, y se va creando una nueva dimensión
de identidad y de vínculo: nosotras.
Es evidente que el género se empodera cuando más mujeres se miran en el
espejo de las otras, se reconocen entre sí, asumen la semejanza de su condición
genérica y afirman la diversidad en su identificación.
El género se empodera cuando se pasa de la discrepancia a la alianza política
entre mujeres diversas entre sí, para abatir el sexismo en cualquiera de sus
expresiones – misoginia, machismo, homofobia, heterofobia. Esta alianza genérica,
funciona como el soporte de un nuevo pluralismo ideológico y existencial,
Vías para el empoderamiento de las mujeres
como base de la sororidad, la alianza política, paritaria y colectiva entre mujeres
mutuamente reconocidas y autorizadas, cuyo encuentro busca sumar esfuerzos,
potenciar la fuerza y las acciones de las mujeres para eliminar la opresión y lograr
nuestro bienestar.
Cada mujer se convierte en defensora de sí misma y de las otras por identificación
de género y empatía. Así, el empoderamiento contribuye a disminuir la
vulnerabilidad de género y la violencia contra las mujeres, al hacer que las mujeres
se no se expongan a situaciones de riesgo, violentas y destructivas, y a protegerse
mutuamente. Contribuye, asimismo, a impulsar el desarrollo social, ya que
cada mujer actúa en pos del propio desarrollo y apoya los procesos sociales colectivos
que lo involucran y que benefician a las demás.
El empoderamiento incide en la construcción de nuevas formas de democracia
social y política ya que, para conseguir sus objetivos prioritarios, cada
mujer requiere participar en procesos sociales para avanzar. Al hacerlo, las
mujeres van innovando la política con su sola presencia, que elimina el principio
patriarcal de exclusión, y con el establecimiento de nuevas reglas, propósitos
y sentido de lo público, lo estatal, lo civil y lo personal, es decir, de
lo político.
Avanzar a través del empoderamiento nos permite a las mujeres derribar
muros y obstáculos que nos impiden progresar en el desarrollo y asegura la eliminación
de desigualdades, pues cada mujer empoderada busca condiciones
equitativas. Así, las mujeres contribuimos a construir la equidad como un principio
del pacto social, tanto en las políticas públicas civiles y estatales como en las
relaciones personales.
El empoderamiento de las mujeres es, de hecho, un constante ejercicio
de libertades. Tanto en la esfera social como en la cultura, hace de las libertades
de las mujeres un elemento desmontador de represión y oprobio y
creador de modos de ser y de existir en libertad de manera constante y cotidiana.
Con ello, se va logrando la liberación de las mujeres y, además, se
liberalizan espacios sociales, se eliminan usos y costumbres conservadores y
patriarcales y se establecen nuevas prácticas sociales basadas en el respeto
y el despliegue de las libertades.
El empoderamiento de las mujeres trastoca la política ya que, al participar en
la esfera de la política, buscamos ampliar los espacios políticos para otras mujeres
y romper el principio de exclusión política de género. Además, al participar
políticamente con posiciones y acciones a favor del avance de las mujeres, llevamos
a dicha esfera, convencionalmente patriarcal, los intereses políticos de las
mujeres que se van abriendo paso a la par que desarticulan los contenidos
patriarcales de la política.
El empoderamiento de las mujeres mejora la situación y la condición de las
mujeres y promueve nuevos valores democráticos de género. Mejora también la
sociedad al eliminar opresiones y construir alternativas basadas en el respeto y la
vigencia de los derechos humanos de las mujeres como estructura de la vida
social y la convivencia.

http://yosoyjoven.com/assets/biblioteca/empoderamiento%20lagarde.pdf