29 de mayo de 2015

80 por ciento de mujeres migrantes son víctimas de violación sexual




Las normas y políticas migratorias de Estados Unidos no fortalecen la protección para las mujeres migrantes, que son sobrevivientes de violencia en el hogar, violencia sexual y trata de personas.
 En esto coincidieron organizaciones civiles por los derechos de las mujeres migrantes –entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)–, que elaboraron el informe “Al corazón del asunto. Mujeres, menores de edad y el camino a seguir en la política migratoria”.
 En el documento –en el que participaron organismos internacionales que conforman la alianza We Belong Together (Nos Mantenemos Unidas)– se informa que 80 por ciento de las mujeres migrantes (en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual durante su tránsito por México hacia EU sin que se castigue a los agresores.
 Además, cuando las mujeres logran cruzar al país del norte son vulnerables al abuso en el lugar de trabajo y a la explotación por parte de sus empleadores.
 A lo que se suma que –de acuerdo con las activistas– las mujeres migrantes son más propensas que las estadounidenses a sufrir violencia en el hogar, ya que sus parejas usan su estatus migratorio (que carecen de documentos de estancia legal) como herramienta de control para obligarlas a permanecer en relaciones violentas.
 Como botón de muestra, los grupos civiles revelaron que 48 por ciento de las mujeres latinoamericanas y filipinas dijeron que la violencia que sufrían por parte de sus parejas aumentó desde que llegaron a EU.
 De acuerdo con las organizaciones, si bien en ese país se han implementado mecanismos legales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, las normas están “debilitadas” por las políticas de control migratorio que fomentan el trabajo entre autoridades de migración con el sistema penal para efectuar deportaciones.
 La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) de EU establece mecanismos de protección para motivar a las sobrevivientes de violencia a buscar seguridad y justicia.
 Sin embargo, acudir al sistema judicial estadounidense con las actuales políticas de control migratorio podría dar como resultado las deportaciones de las denunciantes, según el informe.
 Las activistas criticaron que durante el gobierno de Barak Obama ha prosperado la cooperación entre autoridades migratorias y agencias policiales, lo que derivó en que las comunidades de inmigrantes sientan gran desconfianza y temor hacia la policía.
 Agregaron que aún desconocen cómo el Programa de Prioridades en el Control Migratorio (PEP, por sus siglas en inglés), recién anunciado por el presidente de EU, va a afectar la capacidad de las sobrevivientes para buscar ayuda policial.
 Además de este temor, las migrantes sobrevivientes de violencia enfrentan obstáculos para conseguir un estatus regular que les permita vivir y trabajar legalmente en ese país.
 Por ejemplo, para obtener un amparo migratorio ellas tienen que presentar documentos que prueben la violencia; sin embargo, el temor que sienten hacia la policía les impide presentar denuncias formales que comprueben el abuso.
 La problemática se extiende hasta México, ya que de acuerdo con el reporte, las policías mexicanas se niegan a recibir las denuncias de violencia y hasta se burlan de las declaraciones, lo que deriva en que las migrantes no tengan cómo comprobar que están huyendo de sus países de origen.
 Según el documento, las mujeres migrantes también enfrentan barreras para acceder a los recursos de asistencia social apropiados, ya que en términos culturales y de idioma son escasos; así como acceder a programas de salud preventiva, reproductiva y de fortalecimiento económico.
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69690