La violencia doméstica en Nueva Zelanda es de las más elevadas de los países en desarrollo, y por eso la nueva ley que da a las víctimas 10 días de licencia pagada, sin tener que presentar ninguna documentación probatoria, fue muy elogiada en el mundo.
La Ley de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, aprobada a finales de julio con 63 votos a favor y 57 en contra, fue presentada por una legisladora del partido Verde, Jan Logie.
“Nos alegró mucho la aprobación de la ley en Nueva Zelanda que da a las víctimas 10 días de licencia paga y flexibilidad horaria para dejar a sus parejas, encontrar un nuevo hogar y protegerse a sí misma y a sus hijos”, explicó Kristine Lizdas, directora de política legal del Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas, en diálogo con IPS.
Datos de ONU Mujeres revelan que 70 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física de una pareja íntima.
“Esa política puede contribuir y facilitar el ejercicio del derecho de las mujeres que sufrieron violencia doméstica en Nueva Zelanda a recibir apoyo, servicios sociales y protección para ellas y para sus hijos”, coincidió Juncal Plazaola, especialista en políticas contra la violencia de género de ONU Mujeres, al ser consultada por IPS.
En 2004, en Filipinas, también se aprobó la Ley para luchar contra la Violencia contra Mujeres y sus Hijos, que también ofrecía 10 días de licencia paga a las víctimas.
Tanto la sociedad civil como numerosos juristas analizaron los beneficios de la nueva política, considerando que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un bajo rendimiento laboral.
En Estados Unidos, las víctimas de violencia doméstica pierden alrededor de 10 días de trabajo remunerado al año y trabajan 10 por ciento menos de horas que quienes no sufren esa situación en el hogar.
“Las mujeres pueden llegar a sufrir un acoso constante en el trabajo, que las retenga alló o que les impidan ir a trabajar. Eso puede llevarlas a renunciar o a que las echen”, explicó Plazaola.
Teniendo en cuenta esas situaciones, es fundamental que sector empresarial contemple esa realidad.
“Las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un elevado grado de ausentismo al trabajo, y con ese tipo de medidas se las puede ayudar a conservar el empleo. La nueva política puede contribuir a lograr una mayor seguridad laboral, oportunidades económicas e independencia y mayores posibilidades de que las víctimas de abuso abandonen relaciones abusivas”, añadió.
El abogado laboral Mark I. Shickman, del estudio Freeland Cooper & Foreman LLP, también aplaudió la nueva legislación de Nueva Zelanda: “Los empleadores pueden dar días libres para hacer lo que sea necesario desde el punto de vista legal y médico sin temor a que haya consecuencias negativas en el trabajo o falta de confidencialidad”.
Pero tampoco idealizó el alcance de la nueva norma.
“La adaptación laboral no va a resolver cada problema, pero es una gran ayuda”, observó.
“Las sobrevivientes vulnerables no quieren arriesgar la situación laboral, que suele ser su ambiente más seguro, así que saber que no habrá represalias ni las van a echar mientras necesiten hablar con la policía, psicólogos o agencias de familia o infantil es una gran ayuda”, explicó Schickman.
Con respecto a los riesgos de la nueva norma, teniendo en cuenta que no requiere que la víctima justifique de ninguna manera el abuso, los especialistas parecen optimistas, pues el riesgo de que los empleados cometan fraude contra la compañía es bajo.
“Los beneficios de la ley superan ampliamente los riesgos. La prevalencia de falsos testimonios se ve históricamente hiperbolizada en muchos contextos”, observó Lizdas, de BWJP.
“Muy pocas personas engañarán diciendo que son víctimas de violencia doméstica solo para tener licencia paga”, apuntó.
La norma “probablemente contribuya a tener un personal más empoderado y satisfecho y con mayor productividad”, coincidió Plazaola. La cuestión, precisó, no es el fraude, pues muchos casos ni se denuncian. Menos de 40 por ciento de las mujeres que sufren abusos no buscan ayuda.
“Las razones de ello tienen que ver con la vergüenza, así como la culpa, con respecto a uno mismo y a los otros. No es de esperar que ese tipo de medidas lleven a un uso excesivo o abusivo de las mismas”, concluyó.
Por su parte, Lizdas, explicó: “Si la conciencia sobre la violencia de una pareja íntima se propaga por el sector privado y empresarial y entre los empleadores en general, y si se los incentiva a identificar y a asistir a trabajadoras víctimas de abuso, se estará contribuyendo a reducir el aislamiento de las víctimas”.
Y precisamente, el aislamiento, una relación abusiva y la falta de ayuda externa elevan el riesgo de violencia doméstica. Por lo menos la mitad de las víctimas de homicidio que hay al año, mueren a manos de una pareja íntima. El homicidio es la última etapa de una relación violenta.
“Una relación abusiva no empieza por el asesinato, sino que el abuso escala y sin una intervención y un apoyo oportuno, la mujer puede terminar asesinada”, puntualizó Plazaola.
Para terminar con el desenlace fatal, la especialista aseguró: “Necesitamos leyes y políticas contra el feminicidio, así como herramientas para investigar de forma adecuada y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas el feminicidio. Es fundamental terminar con la impunidad”, subrayó.
“Reducir el homicidio de una pareja íntima requiere compromiso de una amplia variedad de sectores sociales, legal, médico, salud pública, educación, servicios sociales, ejército, entre otros”, coincidió Lizdas.
En Estados Unidos, hay otro factor que explica el elevado número de feminicidios, y es el fácil acceso a las armas.
En 2015, 55 por ciento de los homicidios a manos de parejas íntimas en ese país, murieron de un disparo. “El primer gran tema es sacar las armas de las casas”, puntualizó Shickman.
“Las mujeres víctimas de abuso tienen cinco veces más probabilidades de morir asesinadas si el abusador tiene un arma”, añadió.
Plazaola considera que para disminuir y terminar con el número de víctimas fatales en los casos de feminicidio es necesario la participación de toda la sociedad.
“Comprender que el feminicidio es el último acto de una serie de actos de violencia contra las mujeres significa comprender que el sector de la salud, de servicios sociales, la policía y la justicia deben trabajar de forma conjunta”, explicó.
“Tener políticas que reconozcan el derecho a la protección de las mujeres víctimas de abuso, así como a otras medidas para ayudarlas a hacer frente a las consecuencias y al daño que significa la violencia, puede ayudarnos a todos a comprender sus realidades y contribuir a cuestionar el reproche y la vergüenza que a menudo se asocian a ella”, añadió.
Por Carmen Arroyo
Traducción: Verónica Firme
http://www.ipsnoticias.net/2018/08/licencia-paga-victimas-violencia-domestica-nueva-zelanda/
