22 de marzo de 2017

El efecto boomerang de llevar a juicio el discurso del odio.



El hate speech o discurso del odio es un término que los organismos internacionales todavía no han logrado consensuar y que se proyecta sobre  diversos ámbitos legales. La sociedad civil y los tribunales suelen desconocer de dónde proviene, qué busca impedir y con qué herramientas. Ante su vertiginoso avance y el peligro que representa, la Administración está pasando de la impunidad total al extremo opuesto: la judicialización en clave penal.

Todos los convenios internacionales prevén la existencia de la libertad de expresión como un derecho limitado que puede ser sometido a restricciones cuando atente contra la dignidad de los demás. Su limitación debe ser excepcional y debe obedecer a una "necesidad social democrática", justificación que va más allá de la lesión a derechos individuales. El discurso del odio es una catalogación pensada para los mensajes que o bien incitan a la violencia o bien atentan muy gravemente contra la dignidad de una persona que ha sido seleccionada por su pertenencia a un colectivo tradicionalmente discriminado. El discurso del odio es un mecanismo de poder social que busca perpetuar la subordinación de determinadas personas por razón de su origen, color de piel, identidad de género, etc. El fenómeno es grave ya que causa un triple daño: a la persona, al colectivo al que pertenece y a los valores que fundamentan la organización social: dignidad, igualdad y libertad.
Cuando se disparan mensajes transfóbicos como el del autobús de HazteOir, es legítimo y comprensible que desde los colectivos trans* se demande una respuesta contundente a las instituciones, que hasta la fecha han permanecido inertes antes sus demandas de intervención y su dolor colectivo. Pero antes de reclamar cualquier restricción a la libertad de expresión, hay que pensar en términos estratégicos con un análisis a corto, medio y largo plazo. Cada restricción que se fija genera un precedente que afectará a toda la sociedad, incluido el colectivo reclamante.

Judicializar como delito un mensaje discriminatorio puede generar alivio a corto plazo pero puede acabar siendo contraproducente a la larga. Utilizar la artillería más pesada –la penal– tiene consecuencias: si al final del recorrido judicial se da la razón al emisor, por desproporcionalidad en los medios empleados para restringir la libertad de expresión, se acaba empoderando al emisor y generando aún más daño al colectivo agraviado. Europa nos muestra diversos ejemplo de cómo la extrema derecha ha ganado muchas batallas legales y ha logrado aún más difusión de sus mensajes intolerantes al erigirse en "mártires" de la libertad de expresión.

En un contexto de creciente desigualdad social en que los medios de comunicación, en su mayoría, responden a intereses económicos o partidistas, la herramienta de acción política más potente de la sociedad civil, para hacer oír sus reivindicaciones y fiscalizar las instituciones, es la libertad de expresión. Por eso es tan importante reivindicarla, aún sabiendo que se cometen muchos excesos. Algunos de ellos precisamente por los propios colectivos sociales en situación de discriminación. La UNESCO planteaba en su último informe sobre odio e Internet que no se puede exigir a la crítica política que sea amable y educada en medio de tanto dolor social. La incisividad, el humor negro, la sátira y la producción artística transgresora siempre han sido patrimonio del sector social crítico. Y aún más importante es tener en cuenta que  quienes dictan las Leyes y quienes las aplican siempre forman parte de los grupos dominantes, que nunca convergerán con las reivindicaciones de los colectivos en situación de discriminación.

Si vamos bajando el listón de lo que se puede decir y dejamos en manos del legislador y del poder judicial su fijación, acabarán sufriendo la mordaza precisamente quienes reivindicaban su restricción con contundencia. No es la primera vez que asistimos a la perversión del uso de herramientas legales previstas para proteger determinados valores, en su contra. Es necesario movilizar nuestra inteligencia colectiva para decidir cómo respondemos al creciente discurso del odio sin sepultar la libertad de expresión. De momento, los tribunales nos están adelantando por la derecha y  actuando con discutible criterio. A la vista está quienes están siendo condenados.

Los límites a la libertad de expresión se deben fijar caso por caso. Para ello, existen una serie de parámetros que nos proporcionan organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En síntesis, determinan que la restricción debe pasar un triple filtro: tiene que estar prevista por ley, tiene que ser proporcionada en sí misma y en la sanción que se le aplique y además, tiene que responder a una "necesidad social democrática". Si no se cumplen todos ellos, ante el riesgo derivado de las consecuencias adversas asociadas a cualquier restricción de la libertad de expresión, entienden preferible que el Estado no intervenga.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de ese filtro, tiene en cuenta factores como quién emite el mensaje: individuo, periodista, artista, líder político o religioso, colectivo social; el alcance de la difusión; la intencionalidad de la misma;  la persona o colectivo agraviado; el contexto social y político y las consecuencias de todo tipo  derivadas de la restricción. Por contra, a nuestros Tribunales parece importarles demasiado quién emite la crítica y a quién se critica y caen en peligrosas confusiones entre discurso del odio y apología del terrorismo.

La lucha contra el discurso del odio es una cuestión de bisturí, no de brochazo. Los organismos internacionales insisten en que para combatirlo hay que partir de la legitimidad de cada restricción, y esta depende de su adecuada graduación. Hay un primer nivel de mensajes que pueden inquietar, molestar o chocar pero que deben permanecer impunes porque así lo requiere el debate político que asegura el pluralismo. Hay un segundo nivel que avala la restricción, pero con medidas como las condenas civiles a una indemnización por daños y perjuicios o las sanciones administrativas de leyes anti discriminatorias sectoriales como las leyes LGTBI autonómicas o la ley de prevención de la violencia en el deporte. Y en el último peldaño, para los casos extremos, se sitúan los delitos penales.

Si erramos en la proporcionalidad de la herramienta usada para restringir, condenamos al fracaso la intervención protectora y, aún peor, podemos restar legitimidad al colectivo reclamante que puede pasar de agraviado a ser juzgado como represor de derechos fundamentales. Si se hace un uso extensivo del delito de odio "estrella", el recientemente reformado Articulo 510, se corre el riesgo de desnaturalizar esa herramienta y de acabar topando con la dolorosa impunidad al final del recorrido legal.

La estrategia de cómo responder al discurso del odio tiene que ser consensuada en primer lugar por los colectivos que lo sufren habitualmente. La pregunta a responder es doble: ¿existen herramientas legales adecuadas? Y en caso afirmativo, ¿la vía sancionadora, sea civil, administrativa o penal es la más efectiva? Todos los organismos internacionales que vienen estudiando la materia proponen medidas de actuación legales y otras no legales, puesto que estas últimas nunca son suficientes. El discurso del odio es un asunto político que no puede resolverse a golpe de sentencia. Ninguna red captura entera la mar.

El ejemplo de la respuesta al autobús de HazteOir, es muy ilustrativo. Ha sido muy positivo que la sociedad civil y las instituciones se posicionen al lado de los colectivos trans*. Por fin la transfobia se rechaza con unanimidad y se pone en el centro del debate público el derecho a la autodeterminación del género y el necesario fin de la patologización. Más allá de la sanción, el éxito se debe  probablemente a la respuesta colectiva. Los movimientos sociales acumulamos mucha inteligencia colectiva y una capacidad comunicativa muy potente como para delegar en el Estado todo el peso de la lucha contra el discurso del odio. Tenemos sobrada capacidad para responder y neutralizar los mensajes tóxicos con potentes campañas comunicativas. Murales en las escuelas, comunicados, tuits, artículos de opinión, memes, vídeos virales, autobuses violetas y muchas otras más, que han dejado en evidencia a quienes propugnan la discriminación y han evidenciado nuestra fuerza colectiva.

Hay que partir de la base de que siempre existirán quienes busquen expandir estos discursos intolerantes. La garantía del éxito quizás no esté tanto en que no puedan decir lo que piensan sino en potenciar la contra-narrativa de los colectivos en situación de discriminación, las alianzas estratégicas y el sentido crítico general –sobre todo el de la juventud– que asegure que el mensaje no llegue a intoxicar.

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Judicializacion-discurso-odio-efecto-boomerang-HazteOir_6_624747562.html

16 de marzo de 2017

Mujeres de América Latina enfrentan mayor pobreza y obesidad que varones.


Cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer , la FAO destacó la necesidad de empoderar a las mujeres para disminuir sus tasas de pobreza y obesidad, y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS destacan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres no sólo como una meta sino como parte de la solución a los grandes problemas de desarrollo que enfrenta el mundo, ya que ellas son una piedra angular de la economía rural y la seguridad alimentaria.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), si se potencia el papel de las mujeres rurales y se invierte en actividades que aumenten significativamente su productividad, se podría disminuir de forma significativa el hambre y la malnutrición.
“Para lograrlo todos los países deben incorporar el enfoque de igualdad de género en sus políticas públicas, garantizar su efectiva implementación y convertirlo en un tema del más alto nivel político”, señaló Claudia Brito, Oficial de Género de la FAO.
En enero de este año, América Latina y el Caribe dio un gran paso en este sentido, cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), adoptó la estrategia de género del mayor acuerdo regional de lucha contra el hambre, el Plan SAN CELAC.

Mayores tasas de malnutrición y pobreza

Según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional en ALC 2016, la obesidad impacta de forma desproporcionada a las mujeres de la región: un 26,8 por ciento en comparación con 18,5 por ciento de los hombres.
Existen múltiples factores detrás de esta tendencia regional, como la pobreza y la falta de acceso a recursos productivos, a servicios de salud integrales, su poco acceso a educación nutricional, sumados a una excesiva carga de trabajo, en especial en el caso de las mujeres rurales.
A pesar de que la pobreza general de la región ha disminuido, la pobreza de las mujeres, ha aumentado: según el índice de feminidad de la pobreza, por cada cien hombres indigentes en América Latina y el Caribe hay 121 mujeres indigentes.
En América Latina, 40 por ciento de las mujeres rurales mayores de 15 años no tiene ingresos propios, aunque trabaja a diario de forma no remunerada. Además, las mujeres rurales de la región sólo poseen una fracción de la tierra, el crédito, los insumos productivos y la educación en comparación a los hombres.

Garantizar el acceso a la propiedad

El ODS 5 reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.
Un estudio de seis países halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México (32,2 por ciento) y en Paraguay (29,7 por ciento), y solo 20 por ciento en Nicaragua y 14 por ciento en Honduras.
Para las mujeres indígenas -que representan cerca de 10 por ciento de las mujeres rurales en la región- los derechos a la tierra suelen tomar la forma de derechos de propiedad colectiva y son claves para su seguridad alimentaria.
“Se debe fortalecer el acceso a la tierra de las mujeres indígenas de la región, en línea con el mandato de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, que estableció el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas”, dijo Brito.

Inequidades en el mercado laboral rural

En América Latina y El Caribe, la población rural asciende a cerca de 121 millones de personas, quienes representan aproximadamente 20 por ciento de la población total. De ellas, 48 por ciento son mujeres, un total de 59 millones.
Aunque representan 20 por ciento de la mano de obra agrícola en América Latina y el Caribe, las mujeres enfrentan una serie de inequidades que afectan tanto su desarrollo económico como su seguridad alimentaria.
Los censos agrícolas indican que en América Latina y Caribe las mujeres a cargo de una explotación agrícola (mayoritariamente granjas para cultivo) van de ocho por ciento en Belice y Guatemala a no más de 30 por ciento en Chile, Jamaica y Santa Lucia.
Sin embargo, por lo general los predios encabezados por mujeres son más pequeños y en tierras de menor calidad.
Un estudio de la FAO ,que analizó las cadenas de valor de la yuca (Belice), quinua (Bolivia), maíz (Guatemala) y el cultivo del algodón a nivel regional desde una perspectiva de género, encontró que en el ámbito rural, el, pese a que realizan una gran parte de las actividades en la finca, además del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado en los hogares.
Según el estudio, la participación de las mujeres es más marcada en actividades que involucran tiempo y esfuerzo físico, como plantar, desmalezar y cosechar. Contrariamente, participan menos en los eslabones de la cadena productiva asociados a la generación de mayores ingresos.
El estudio “Mujeres de Algodón” identificó diversos factores de desigualdad en las cadenas de valor de dicho cultivo en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, como el limitado acceso a créditos y esquemas de apoyo financiero, su falta de control sobre las ganancias obtenidas, y su bajo poder de decisión sobre bienes productivos.

por Estrella Gutiérrez
http://www.ipsnoticias.net/2017/03/mujeres-de-america-latina-enfrentan-mayor-pobreza-y-obesidad-que-varones/

13 de marzo de 2017

Empleo informal en el Perú.


En 2011, los trabajadores en empleo informal en el Perú representaban arriba del 70% de la población económicamente activa. De ellos, los trabajadores autoempleados representan la categoría más grande dentro de la fuerza laboral peruana, y a pesar del crecimiento económico experimentado desde 2005 continúan representando el 33% del empleo total. En esta categoría de trabajadores se encuentran los vendedores de diarios, los comerciantes ambulantes y de mercado, los estibadores terrestres, los lustradores de calzado y los recicladores. A pesar de las diferencias que existen entre estas actividades, estos trabajadores tienen algo común: carecen de protección social y sus derechos no se encuentran amparados en las regulaciones.
Desde 2010 WIEGO ha trabajado en Lima bajo el enfoque de Ciudades Focales en la implementación de varias iniciativas temáticas sobre el empleo informal mediante actividades centradas en la generación de investigación, capacitación de organizaciones de trabajadores en empleo informal y la  creación de espacios de diálogos multisectoriales. La suma de una variedad de proyectos y actividades ha ayudado a difundir el tema, capacitar a trabajadores, generar nuevo conocimiento, crear puentes para el diálogo con autoridades gubernamentales, y lograr progreso en políticas públicas para los trabajadores de la economía informal en condiciones de pobreza. Sobre todo, ha servido para obtener importantes logros a nivel normativo y para cambiar algunas prácticas que han resultado en mejoras en las vidas de los trabajadores en empleo informal.
En Lima, el empleo informal es palpable en el día a día de la ciudad. Basta con salir y constatar la presencia de los vendedores de diarios que trabajan en las esquinas de las principales calles, de los estibadores en los mercados descargando productos frescos de los camiones para llevarlos a los mercados mayoristas de Lima y de los comerciantes ambulantes que se abastecen ahí para luego vender al por menor a las amas de casa. O bien con mirar a los lustradores de calzado cerca de la Plaza de Armas, a los comerciantes en los mercados que ofrecen productos frescos para los hogares y restaurantes, o a los recicladores que trabajan de noche llevándose los materiales reciclables desechados por las imprentas cercanas a las universidades  y separándolos de la basura de los residentes en el distrito, o ver a las trabajadoras del hogar que cuidan a niños pequeños para que los padres puedan salir a trabajar.
En el Perú, los trabajadores en empleo informal representan poco más del 70% de la población económicamente activa. Entre las personas que trabajan en empleo informal, los trabajadores autoempleados representan la categoría más grande dentro de la fuerza laboral peruana y, a pesar del crecimiento económico experimentado desde 2005, continúan representando el 33% del empleo total. En este grupo se encuentran, entre otros, las personas que han creado su propio trabajo o que trabajan como asalariados en micro y pequeñas empresas y/o ayudantes familiares no remunerados. A pesar de dedicarse a una diversidad de actividades económicas, estos trabajadores tienen algo en común: desempeñan su trabajo sin contar con protección social o con el amparo de regulaciones para hacer valer sus derechos. Existe una base grande de personas que vive en la pobreza dentro de la pirámide de trabajadores en empleo informal. Estos trabajadores no pueden contribuir a la seguridad social en salud, como el resto de los trabajadores, y no contarán con acceso a la pensión de vejez acumulada a través de años de ahorro.

A pesar de la magnitud del empleo informal, las políticas y prácticas de gobierno siguen sin tomar en cuenta la realidad y necesidades de las personas que trabajan bajo esta modalidad. Por ello, el trabajo de WIEGO en apoyo de las organizaciones con base de miembros (OBM) de trabajadores en empleo informal se articula en torno a la generación de conocimiento, el desarrollo de habilidades de los líderes de dichas organizaciones, y del establecimiento de diálogos con las partes interesadas. Son siete los grupos ocupacionales con los que se está trabajando actualmente: vendedores ambulantes, vendedores de mercados, recicladores, trabajadoras del hogar, vendedores de diarios y revistas, estibadores terrestres y lustradores de calzado.

Las actividades de los proyectos han creado procesos en Lima que han ido más allá del ámbito de los objetivos y resultados establecidos en los proyectos, generando oportunidades con las que el equipo WIEGO ha podido trabajar, como han sido el proceso para llegar a una nueva ordenanza que regula el comercio ambulatorio en el espacio público en Lima Metropolitana, y el trabajo en torno a las elecciones municipales para Alcalde de Lima.

El grupo de trabajadores autoempleados en las demás ciudades del país representa un 34% del empleo total. Por ello el equipo de WIEGO ha comenzado a trabajar también en ciudades como Arequipa y Chiclayo. Ahí, se inició un proceso de trabajo con OBM a partir de un mapeo de organizaciones realizado en 2013, se replicó el trabajo de fortalecimiento de capacidades ejecutado en Lima, se generaron espacios de diálogo a través de una mesa multisectorial y se trabajó en torno a las elecciones municipales y regionales durante 2014, particularmente en el desarrollo de plataformas colectivas de demandas y propuestas de todos los sectores de trabajadores organizados que fueron identificados.

 Generación de conocimiento

 A través de su trabajo de investigación, WIEGO  ha producido estadísticas sobre la magnitud del empleo informal y sobre las personas que trabajan bajo esta modalidad. También ha realizado un análisis del marco regulatorio que norma el trabajo de siete grupos ocupacionales e identificado los obstáculos que estos trabajadores enfrentan para tener acceso a servicios y seguridad laboral y social. WIEGO ha trabajado también en la investiagción de las acciones de las organizaciones de trabajadores en empleo informal y los beneficios que éstas les ofrecen a los trabajadores. Este conocimiento no sólo constituye un punto de partida para entender mejor los retos que enfrentan los trabajadores en empleo informal; es también muy útil en los esfuerzos de incidencia y de capacitación de trabajadores acerca de su importancia en el empleo y en la economía peruana.

 Mejores habilidades: capacitación

 A través de sus diferentes proyectos temáticos, WIEGO ha llevado a cabo programas de capacitación para los líderes de las principales organizaciones de trabajadores en empleo informal en Perú en siete sectores ocupacionales, trabajando principalmente con las federaciones nacionales. A demanda de los mismos trabajadores, y respetando sus tiempos de trabajo y vida familiar, se ha dado prioridad a la capacitación mediante aulas virtuales y el Internet, combinándola con modulos presenciales. Los principales temas de los programas de capacitación son: protección social, cabildeo, comunicaciones, marcos regulatorios y leyes, seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad y recaudación de fondos, y antecedentes e implicancias de participar en las discusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Diálogos multisectoriales para influir en políticas públicas

 Una contribución importante del trabajo de WIEGO en Lima ha sido el cooperar a la creación de espacios de diálogo multisectorial que eventualmente podrían hacerse permanentes. Estos espacios han sido fomentados a través de la creación de mesas de diálogo para discutir retos y soluciones entre las partes interesadas; de experiencias de sensibilización a través de un programa de Exposición y Diálogo, donde funcionarios del gobierno local y central han tenido oportunidad de constatar de manera directa la forma en la que las regulaciones y políticas afectan la vida y el trabajo de los trabajadores en empleo informal; y al interactuar con los candidatos locales y nacionales durante los procesos electorales para presentarles las plataformas colectivas de demandas y propuestas de todos los sectores de trabajadores. Dichas plataformas de demandas y propuestas fueron el principal foco de los debates electorales para Alcaldía de Lima organizados por WIEGO en 2010 y 2014. Un ejemplo del impacto de este trabajo con los candidatos fueron los cambios en la regulación y la promoción de los mercados minoristas de Lima en 2014 y el que nuevos programas de guarderías y pensión de vejez no contributiva se convirtieran en programas de bandera en la campaña electoral del presidente elegido.

http://espanol.wiego.org/ciudades/peru/

9 de marzo de 2017

Mujer y mundo laboral.


 A partir de la segunda mitad del siglo XIX se reforzó el ideal femenino de la mujer como reina del hogar, identificada con la virgen María, reina de los cielos y madre de Cristo. Esta «angelización» de la mujer le permitió ocupar el trono del hogar a cambio de practicar virtudes como la castidad, la abnegación y la sumisión. La maternidad era reivindicada como la función femenina por excelencia, pero dejando absolutamente claro que el acto reproductivo nada tenia que ver con el disfrute de la sexualidad. Este ideal femenino continuó, en lo fundamental, vigente durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, las necesidades de una sociedad burguesa en camino hacia la modernización, requerían que la mujer asumiera tareas prácticas y eficaces. La Iglesia le asignó la misión de disciplinar al esposo y educar a los hijos en valores católicos, pero al tiempo funcionales en el nuevo modelo capitalista. Virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar. así mismo, los discursos médicos e higiénicos, que se difundían en numerosos manuales de higiene, pedagogía doméstica, puericultura y urbanidad que circulaban en las primeras décadas del siglo XX, le asignan a la mujer el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud y productividad de todos sus miembros. En esos manuales se le adiestraba en el cuidado de los niños, la higiene del hogar, preparación de los alimentos y en la importancia de imponer hábitos de higiene y urbanidad sobre la prole. En síntesis, la economía del hogar, las tareas domésticas, la educación y disciplinamiento de los hijos, la integridad moral de todos los miembros de la familia, los cuidados de salud e higiene fueron todas tareas femeninas elevadas a la categoría de oficio bajo el título de «ama de hogar».

  Las mujeres de las élites urbanas no sólo debían cumplir estas tareas en sus propios hogares, sino que debían convertirse en una especie de misioneras sociales que se encargaran de moralizar a las mujeres y a los niños de los sectores pobres. Su acción debía dirigirse, principalmente, a las obreras que surgen como grupo social en las ciudades donde se inició la industrialización. Son estas señoras y señoritas quienes, en compañía de sacerdotes y comunidades religiosas, en particular los Jesuítas y las Hermanas de la Caridad o de la Presentación, se dedican a organizar en distintas ciudades patronatos para obreras, asociaciones católicas femeninas tales como las Hijas de María y las Madres Católicas, u obras de beneficencia como casas para jóvenes desamparadas, sala-cunas, hospicios, clínicas infantiles, talleres de trabajo y escuelas dominicales donde se preparaban los niños pobres para la primera comunión. Estas actividades permitieron a las mujeres de los sectores pudientes trascender el espacio doméstico y tener papel destacado en sus respectivas localidades.
 A medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó, cada vez con mayor insistencia, nuevos espacios. Su presencia se hizo habitual en el teatro, las salas de cine, los salones de té y aun en los clubes sociales, en los cuales, a principios del siglo, sólo se permitía la presencia masculina. Durante los años 20, y como consecuencia del impacto de la primera Guerra Mundial en los roles femeninos, sectores de mujeres de la sociedad local que tenían oportunidad de viajar al exterior o de leer y estar en contacto con publicaciones europeas adoptaron actitudes y comportamientos que se distanciaban del ideal femenino convencional. La moda se hizo mucho más sofisticada, se suprimió el uso del corset, permitiendo mayor libertad de movimiento en el cuerpo femenino, el largo de la falda se recortó de forma notable exponiendo a la vista las piernas, el cabello se llevó corto y se impuso el maquillaje. La coquetería reemplazó las actitudes de modestia y pudor, y entre los sectores femeninos de la élite se fue extendiendo la práctica de deportes como el patinaje, el básketbol y la natación. Numerosas publicaciones católicas que existían en las ciudades y que iban dirigidas ante todo a las amas del hogar, en particular La Familia Católica de Medellín, expresaron airadas protestas contra estas nuevas actitudes femeninas. Los puntos centrales de ataque fueron las «malas lecturas», el cine, la moda escandalosa, la práctica de deportes y los bailes. Todas estas actividades, según la Iglesia, alejaban a la mujer del hogar y de la misión que se le había asignado. Indudablemente la influencia del American way of life que se reflejaba en el cine, las revistas y la publicidad, tuvo un fuerte impacto en la vida femenina cuando las ideas de confort, libertad y gusto por lo moderno se fueron imponiendo.
 A partir de la segunda mitad del siglo XIX se reforzó el ideal femenino de la mujer como reina del hogar, identificada con la virgen María, reina de los cielos y madre de Cristo. Esta «angelización» de la mujer le permitió ocupar el trono del hogar a cambio de practicar virtudes como la castidad, la abnegación y la sumisión. La maternidad era reivindicada como la función femenina por excelencia, pero dejando absolutamente claro que el acto reproductivo nada tenia que ver con el disfrute de la sexualidad. Este ideal femenino continuó, en lo fundamental, vigente durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, las necesidades de una sociedad burguesa en camino hacia la modernización, requerían que la mujer asumiera tareas prácticas y eficaces. La Iglesia le asignó la misión de disciplinar al esposo y educar a los hijos en valores católicos, pero al tiempo funcionales en el nuevo modelo capitalista. Virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar. así mismo, los discursos médicos e higiénicos, que se difundían en numerosos manuales de higiene, pedagogía doméstica, puericultura y urbanidad que circulaban en las primeras décadas del siglo XX, le asignan a la mujer el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud y productividad de todos sus miembros. En esos manuales se le adiestraba en el cuidado de los niños, la higiene del hogar, preparación de los alimentos y en la importancia de imponer hábitos de higiene y urbanidad sobre la prole. En síntesis, la economía del hogar, las tareas domésticas, la educación y disciplinamiento de los hijos, la integridad moral de todos los miembros de la familia, los cuidados de salud e higiene fueron todas tareas femeninas elevadas a la categoría de oficio bajo el título de «ama de hogar».
Las mujeres de las élites urbanas no sólo debían cumplir estas tareas en sus propios hogares, sino que debían convertirse en una especie de misioneras sociales que se encargaran de moralizar a las mujeres y a los niños de los sectores pobres. Su acción debía dirigirse, principalmente, a las obreras que surgen como grupo social en las ciudades donde se inició la industrialización. Son estas señoras y señoritas quienes, en compañía de sacerdotes y comunidades religiosas, en particular los Jesuítas y las Hermanas de la Caridad o de la Presentación, se dedican a organizar en distintas ciudades patronatos para obreras, asociaciones católicas femeninas tales como las Hijas de María y las Madres Católicas, u obras de beneficencia como casas para jóvenes desamparadas, sala-cunas, hospicios, clínicas infantiles, talleres de trabajo y escuelas dominicales donde se preparaban los niños pobres para la primera comunión. Estas actividades permitieron a las mujeres de los sectores pudientes trascender el espacio doméstico y tener papel destacado en sus respectivas localidades.
A medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó, cada vez con mayor insistencia, nuevos espacios. Su presencia se hizo habitual en el teatro, las salas de cine, los salones de té y aun en los clubes sociales, en los cuales, a principios del siglo, sólo se permitía la presencia masculina. Durante los años 20, y como consecuencia del impacto de la primera Guerra Mundial en los roles femeninos, sectores de mujeres de la sociedad local que tenían oportunidad de viajar al exterior o de leer y estar en contacto con publicaciones europeas adoptaron actitudes y comportamientos que se distanciaban del ideal femenino convencional. La moda se hizo mucho más sofisticada, se suprimió el uso del corset, permitiendo mayor libertad de movimiento en el cuerpo femenino, el largo de la falda se recortó de forma notable exponiendo a la vista las piernas, el cabello se llevó corto y se impuso el maquillaje. La coquetería reemplazó las actitudes de modestia y pudor, y entre los sectores femeninos de la élite se fue extendiendo la práctica de deportes como el patinaje, el básketbol y la natación. Numerosas publicaciones católicas que existían en las ciudades y que iban dirigidas ante todo a las amas del hogar, en particular La Familia Católica de Medellín, expresaron airadas protestas contra estas nuevas actitudes femeninas. Los puntos centrales de ataque fueron las «malas lecturas», el cine, la moda escandalosa, la práctica de deportes y los bailes. Todas estas actividades, según la Iglesia, alejaban a la mujer del hogar y de la misión que se le había asignado. Indudablemente la influencia del American way of life que se reflejaba en el cine, las revistas y la publicidad, tuvo un fuerte impacto en la vida femenina cuando las ideas de confort, libertad y gusto por lo moderno se fueron imponiendo.

Libertad de unas, trabajo de otras 

La facilidad para los sectores femeninos de la élite y de la clase media para dedicarse a otras actividades por fuera del hogar radicaba en la facilidad de proveerse de servicio doméstico, como bien lo ilustra un manual educativo de 1938: «Hogares de clase media que sostienen costurera, lavandera, sirvienta y niñeras, mientras ¿qué hace la dueña del hogar? En el salón de belleza, en el juego, tomando té, en la casa de la amiga, en teatro. En una palabra cumpliendo sus deberes sociales». En efecto, al revisar los censos de ciudades como Medellín y Bogotá durante las tres primeras décadas del siglo XX, encontramos que la mayoría de la población femenina se ocupaba en oficios domésticos. Aun entre los sectores medios no era extraño contar con cocinera, «dentrodera», niñera y algunas veces hasta con una carguera, que tenía bajo su completa responsabilidad al recién nacido. Además semanalmente se contrataban los servicios de lavandera, aplanchadora y lavadora de pisos.

  El incremento significativo de la población urbana durante las primeras décadas del siglo XX se debió, en gran parte, a la migración campesina de las áreas más cercanas a las ciudades. Muchas de estas migrantes fueron mujeres solas que no encontraban ninguna actividad productiva dentro de la pequeña propiedad campesina o en las grandes haciendas, que privilegiaban el trabajo masculino. Algunas de estas mujeres, menos desafortunadas, encontraron empleo en los nuevos establecimientos fabriles o en talleres artesanales, pero la gran mayoría de ellas debió emplearse en el servicio doméstico. Muchos padres campesinos preferían entregar sus hijas como sirvientas, con tal de no verlas empleadas en fábricas, que asociaban a libertinaje y perdición. Pero poco se sabe sobre las vidas de este importante núcleo femenino tan determinante en la vida familiar. Sobre ellas recae la responsabilidad de la crianza de los niños, la higiene del hogar, y los hábitos alimenticios. En algunos sectores sociales y en varias regiones del país es también responsabilidad de la empleada doméstica la iniciación sexual de los Jóvenes de la casa y la satisfacción del señor, muchas veces frustrado ante la sexualidad fría de su esposa. La preferencia sexual por las domésticas radicaba, en parte, en que, a diferencia de las prostitutas, el temor a un posible contagio venéreo no existía. La vida de las empleadas domésticas fue dura. Muchas de ellas ni siquiera recibían salario por sus servicios y cuando se les pagaba, éste era el 50% más bajo que el de las obreras, el cual ya era bastante menguado.

  Sin mayor libertad ni tiempo propio, su mundo afectivo se reducía a la familia donde trabajaban. Solas y vulnerables, su sexualidad se limitaba a encuentros furtivos de los cuales, como consecuencia indeseada, podía resultar un embarazo. Esta situación las llevaba a perder el empleo y a sufrir las reacciones familiares que no pocas veces llegaban hasta la violencia física. Sin empleo, ni familia, les quedaban los caminos de la prostitución o la mendicidad. Ante estas disyuntivas, algunas de ellas, desafiando las normas morales y jurídicas llegaron a situaciones extremas como el aborto y aun el infanticidio. Como consta en los archivos judiciales de principios de siglo en la ciudad de Medellín, la mayoría de las implicadas en Juicios de este tipo eran empleadas domésticas.

Vida triste de mujeres alegres

  El crecimiento urbano, la migración de campesinas solas, la falta de empleo, los bajos salarios de obreras y otras trabajadoras urbanas contribuyeron a un incremento considerable de la prostitución en las ciudades. A más de estos factores, no debemos olvidar que la campesina joven y sola debe enfrentaren la ciudad la ausencia de controles tradicionales como el de la familia, al igual que el desarraigo cultural y afectivo. A tales problemas se suma una de las grandes dificultades que padecen todos los pobres de la ciudad: la carencia de vivienda. Algunas campesinas deben refugiarse en casas de inquilinato o pensiones donde el hacinamiento y la falta de privacidad allanan el camino hacia la prostitución. La prensa, tanto de Medellín como de Bogotá, denunció frecuentemente la existencia de inescrupulosos dedicados a la trata de blancas en la estación del tren, aprovechándose de la ingenuidad de campesinas recién llegadas a la ciudad. La prostitución fue notoriamente alta en Medellín. Para los años 30 se calculaba una prostituta por cada cuarenta hombres.

  El burdel se convirtió en sitio importante de sociabilidad masculina; en él no sólo se hacían tratos sexuales sino que era también el refugio de bohemios, intelectuales y marginales que buscaban nuevos espacios, libres del rígido control social que las costumbres y la moral católica trataban de imponer en los centros urbanos. El auge de la prostitución fue acompañado con un aumento significativo de las enfermedades venéreas, lo que preocupó seriamente a las autoridades municipales y médicas pues, según ellos, ponía en peligro al sector de mujeres inocentes de la sociedad, las esposas e hijas de familia. Como prevención se crearon institutos profilácticos encargados del control de venéreas. Estos expedían a las meretrices un certificado de sanidad que debían portar y renovar cada mes. Estas medidas no tuvieron mayores resultados. Ni la policía, ni los clientes exigían el certificado, y los tratamientos médicos de las enfermedades sexuales requerían de constancia y disciplina que ni prostitutas ni enfermos estaban dispuestos a seguir.

Mujer y mundo laboral

Además de las trabajadoras domésticas, las mujeres se desempeñaron en oficios artesanales que venían ejerciendo desde tiempos anteriores, tales como modistas, costureras, panaderas, sombrereras, zapateras y comadronas. Muchos de éstos eran extensión de sus actividades domésticas. Sin embargo, el hecho más significativo en la vida laboral de las mujeres en el siglo XX es su ingreso como fuerza laboral obrera. En Medellín, la ciudad en la que con mayor intensidad se dio el proceso de industrialización en 1923, el 73% de la fuerza laboral obrera eran mujeres, jóvenes y solteras. El 58% de ellas oscilaban entre los 15 y 24 años, y entre los años 1915-40, el 85% de las mujeres obreras eran solteras. La mujer casada tenia prácticamente vedado el ingreso al trabajo fabril, pues se consideraba, tanto por parte de la Iglesia como de los patrones, que el trabajo obrero era incompatible con la vida familiar. El frecuente discurso de la Iglesia sobre la inconveniencia del trabajo obrero femenino, si bien no fue el único factor, sí pudo haber pesado sobre los patrones antioqueños para ir suplantando a las mujeres. En 1951 el 61 % de la fuerza laboral eran hombres y sólo un 38% mujeres. Además de la posición de la Iglesia, hay que sumar a esta disminución de fuerza laboral fabril femenina factores como las escasas posibilidades de capacitación que se le ofrecieron a las obreras, en contraste con los centros de capacitación y escuelas nocturnas para obreros, la prohibición de trabajar tumos nocturnos y las actitudes de rebeldía que estas demostraron, contradiciendo las expectativas de patrones sobre su supuesta sumisión y docilidad.
Las mujeres obreras de las primeras generaciones estaban sometidas a largas jornadas de trabajo que podían prolongar hasta por diez horas en muchos establecimientos, al trabajo en locales oscuros, mal ventilados y sin servicios sanitarios adecuados y a salarios bajos y significativamente inferiores a los de los hombres. Muchas veces las obreras ganaban la mitad del salario masculino en la misma tarea y sector industrial. Los patronos tenían la idea de que el salario femenino era un ingreso familiar complementario y esto Justificaba que no fuera igual al del obrero. Además de estas difíciles condiciones, aun en fábricas presididas por la implacable imagen del Sagrado Corazón de Jesús, las obreras no se escapaban de las miradas lascivas de compañeros de trabajo, capataces y administradores. La denuncia de chantajes sexuales y de comportamientos masculinos irrespetuosos fue frecuente. La primera huelga textil en 1920, en la Compañía de Tejidos de Bello, dirigida por la obrera Betsabé Espinosa, tenía entre sus principales reclamos exigir el cese de abusos sexuales por parte de los capataces de la fábrica. Con la creciente masculinización del trabajo obrero, a las mujeres de los sectores pobres se les cerraron oportunidades de ascenso y movilidad social, quedando condenadas muchas de ellas al subempleo y al trabajo doméstico como alternativas para generar ingresos económicos.

http://www.banrepcultural.org/node/73271

Por: Reyes Cárdenas, Catalina



2 de marzo de 2017

¿Quién era Berta Cáceres, la dirigente indígena asesinada?


Conocida a nivel nacional e internacional por su lucha a favor de los pueblos indígenas y la protección del ambiente, Berta Cáceres logró la admiración y el reconocimiento de miles de personas.
Sus orígenes humildes le permitieron conocer las necesidades de su gente.
Cáceres era natural Lenca, principal etnia de Honduras, hija, madre y compañera ejemplar, según las personas que la conocieron.
Su compromiso con las luchas “justas” inició hace 20 años al formar parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Era madre de 4 hijos y principal promotora de la lucha en contra de la instalación de una hidroeléctrica en el noroccidente del país. Estuvo casado con el dirigente indígena, Salvador Zúniga.
Encabezar la campaña a favor del medio ambiente le permitió obtener el premio Goldman Environmental en abril del 2015.
La activista indígena creció en un ambiente difícil, su madre era una partera y activista social que dio amparo y cuidó a muchos refugiados de El Salvador.
En 1993 fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entidad encargada de velar por los derechos de la comunidad Lenca.
Desde esa fecha lidero importantes campañas, entre las que se destaca el movimiento en contra de la represa Agua Zarca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2013 denunció “una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos” en Honduras.
Además otorgó la solicitud de medidas cautelares a favor de Cáceres, quien denunció amenazas a muerte en su contra.
La dirigente detalló que las intimidaciones procedían por su lucha en la protección del pueblo Lenca y su territorio.
Ante las constantes amenazas dos de sus hijos decidieron abandonar el país y solicitaron protección internacional.
La noticia de la muerte de Berta Cáceres  en la residencial El Líbano, Intibucá, trascendió las fronteras nacionales.
Medios internacionales destacaron el lamentable hecho, mientras que importantes líderes han condenado el crimen.
En Honduras entre los años 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales.

http://www.latribuna.hn/2016/03/03/quien-berta-caceres-la-dirigente-indigena-asesinada/

1 de marzo de 2017

La eterna crisis de la mujer en el sector agrario e industrial.


Un 70% de todos los empleos femeninos creados en los sectores industrial, agrario y ganadero fueron a tiempo parcial. Un 9,6% de las mujeres ocupadas en España lo estaban en estos sectores, 811.000, mientras que la presencia masculina está por encima del 27%, 2,7 millones.

El informe que ha presentado la Secretaría de la Mujer y el Gabinete Técnico de CCOO Industria muestra cómo las mujeres se incorporan tarde al sector industrial (30-34 años). Esto se debe al tipo de puestos de trabajo que ocupan las mujeres, a la exigencia de una mayor formación y a que son ellas las que renuncian a sus empleos o reducen sus jornadas para realizar labores de cuidados familiares.

Los roles de género siguen siendo algo habitual en el sector industrial y en el campo. En 2016 se produjo una caída de la feminización de estos sectores causado por el incremento de la contratación de personal masculino y de la pérdida de empleo femenino. También se sigue manteniendo una tasa de segregación muy importante ya que la mayor parte de las empleadas ocupan puestos administrativos o de oficina y en puestos de gerencia o dirección hay una mujer por cada cinco hombres.
Un dato que llama la atención es el de la ocupación respecto a la formación. Un 30% de las mujeres sufre subempleo puesto que desarrollan su actividad laboral en grupos ocupacionales que precisan de un nivel de formación muy inferior al nivel que ellas aportan. Mientras que un 23% de las mujeres que trabajan en el sector industrial y en el campo tienen estudios universitarios, sólo un 11,9% de los hombres ha estudiado en la universidad ocupando mejores puestos de trabajo.

La semana pasada Diario16 informó acerca de las conclusiones de la brecha salarial tanto de CCOO como de UGT. En el informe publicado hoy por Comisiones se constata que en 2016 no se incrementaron las contrataciones indefinidas de las mujeres y los contratos a tiempo parcial se incrementaron en un 2,9%. En el caso de los hombres esta parcialidad se transformó en empleos a tiempo completo.

Respecto a la brecha salarial el informe de CCOO hace referencia al dato ofrecido por el Instituto de la Mujer, según el cual el salario/hora de los hombres era 3 euros superior al de las mujeres en el sector industrial.

http://diario16.com/la-eterna-crisis-de-la-mujer-en-el-sector-agrario-e-industrial/