Las olvidadas por el Estado…

Como salida de una película surrealista de Luis Buñuel, las mujeres indígenas viven en un mundo olvidado; y ahora el Estado las deja a su suerte, eliminando y disminuyendo programas presupuestales que  impulsaban su desarrollo y el de sus familias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su propuesta de Proyecto de Presupuestos (PPEF) para 2017, emitida en el mes de septiembre, y la Cámara de Diputados, al aprobarla prácticamente sin cambios, han consumado un brutal recorte al Anexo 10 de “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, que asciende a más de 10 mil millones de pesos, además de eliminar 8 programas presupuestarios que beneficiaban a mujeres indígenas y sus familias. 

En el periodo comprendido del 2013 al 2016, el presupuesto indígena pasó de 74 mil 102 millones a 85 mil 260  millones de pesos; lo que representaba un  progresivo aumento para la atención de la población.

Infortunada sorpresa tuvimos, cuando conocimos el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2017, revisado y  aprobado en lo general por los legisladores, pues éste propone que el presupuesto transversal para población indígena disminuya a 74 mil 895 millones de pesos, lo que representa una reducción de 12.16 por ciento, en comparación a lo aprobado por la Cámara en 2016. 

Campo, pequeños productores, desarrollo de carreteras, apoyos para microempresarios y la mujer rural, educación, cultura indígena, sustentabilidad ambiental, estudios de preinversión, y fomento de los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas son los programas que desaparecerán en 2017, aunado al recorte presupuestal que limitará las acciones de 7 dependencias que tienen a su cargo financiamientos transversales para pueblos indígenas.

Otros programas que se verán alcanzados por la ola de recortes transversales para pueblos indígenas son: Salud materna, sexual y reproductiva (-18.70 por ciento); Fortalecimiento de la atención médica (-14.17) y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres (-13.30 por ciento).

De la misma manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo encargado del seguimiento de toda la política pública indígena del país, tendrá una reducción de su presupuesto (-51.21) de más de la mitad de sus recursos, comparado con los que operó este año. 

Ante este panorama, resulta paradójico que el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del actual gobierno contemple entre sus metas, “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades” y como  estrategia transversal “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres”; mientras que la Secretaría de Hacienda paulatinamente disminuye, fusiona y en algunos casos, elimina, financiamientos que impactan directamente en la vida de las mujeres indígenas y sus comunidades y pueblos.

Ahora más que nunca es imperioso recordarles a nuestros gobernantes que existe todo un marco internacional y nacional que obliga a los Estados a integrar  acciones a favor de los pueblos indígenas y sus mujeres.

La Constitución Política Mexicana, Artículo 2°, apartado B  mandata responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena y sus mujeres y garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos.

La carta magna hace énfasis en que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas y sus mujeres, la Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de:


Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la inclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, (…) aprovechando debidamente la medicina tradicional.
Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación. 
Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.
Extender la red de comunicaciones.
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable.
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Sin embargo las decisiones tomadas por la Secretaría de Hacienda y las y los legisladores al disminuir el presupuesto destinado a la política social indígena, violan e incumplen este artículo constitucional. 

Ciertamente el año venidero, dejará a su suerte a más de 12 millones de indígenas de diversos grupos culturales por la aprobación de un presupuesto mezquino, que limitará su desarrollo y perpetuará la deuda histórica que nuestros gobiernos tienen con los pueblos indígenas. 

Por: María Sarai Fabián Villa*

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/las-olvidadas-por-el-estado

Usuarias de taxis privados sin protección, por casos de violencia sexual.

Los servicios de transporte controlados a través de dispositivos móviles se convirtieron, desde hace 5 años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”, sin embargo, a un lustro de su instalación en la capital, no existe ningún protocolo de denuncia ni seguimiento en caso de acoso o agresiones sexuales cometidas por sus conductores dentro de sus unidades, ni con las empresas que tienen concesión para operarlos, ni con ninguna instancia del gobierno capitalino.
Servicios como Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive, Yaxi y UBER, que llegaron a la capital hace 5 años, fueron la alternativa “segura” para las mujeres que utilizan taxi como medio de transporte ante el incremento de agresiones sexuales cometidas contra éstas en los públicos (los que se abordan en la calle). Tan sólo durante 2015 y 2016, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 73 de las 79 violaciones denunciadas ante esta instancia, cometidas en transporte público, fueron en taxis.
En los últimos meses dos casos salieron a la luz pública. En Puebla, el de la estudiante de 19 años de edad Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify; y el de Marimar Cosío, una usuaria de UBER en la Ciudad de México, que difundió en sus redes sociales un video en el que narró que fue víctima de acoso sexual por el conductor.
De éstos, no hay un seguimiento por parte de ninguna instancia capitalina, ni de las propias empresas. Entrevistada por Cimacnoticias para conocer qué protocolos o acciones se están llevando a cabo para dar seguimiento a estos y futuros casos, la coordinadora del área Movilidad Segura para mujeres y niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Margarita Argott Cisneros, afirmó que únicamente han llevado a cabo pláticas con UBER para ver las posibles acciones a seguir por este tema.
Pero son 5 empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento. Ni el Inmujeres, ni la Secretaría de Movilidad (Semovi) tienen acuerdos formales para garantizar la seguridad de las pasajeras, dijo Argott Cisneros.
De acuerdo con un diagnóstico realizado por ONU Mujeres y El Colegio de México sobre violencia hacia las mujeres en el transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres, han sido violentadas en estos espacios.
Hasta ahora, lo único que se ha hecho con estas empresas es vigilar que cumplan con las normativas viales y tener capacitaciones sobre reglamento por parte de Semovi, pero de prevención de la violencia contra mujeres, todo es incipiente.
Así lo dijo Argott Cisneros, quien precisó que apenas en 2015 (tres años después de que UBER empezó a operar en la Ciudad) el gobierno local y el Inmujeres plantearon con la empresa capacitar a sus conductores  en temas de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia en el transporte.
Pero la capacitación no se llevó a cabo por el Inmujeres porque el acuerdo con UBER fue que una empresa externa, la diera. A la fecha, no se sabe cuántas personas fueron capacitadas porque no hubo seguimiento por parte del Inmujeres, reconoció Argott Cisneros.
SIN COORDINACIÓN
Desde 2008, a través del programa “Viajemos Seguras”, el Inmujeres CDMX planteó brindar  asesorías jurídicas y acompañamiento psicológico a las víctimas de agresiones sexuales en el transporte público para hacer frente a esta violencia.
En 2017 amplió sus acciones con el programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” en el área “Viaja Segura”, que contempla entre otras cosas la creación de políticas públicas enfocadas en mecanismos de vigilancia y atención en los transportes para garantizar una movilidad segura.
Sin embargo, aún son sólo propuestas las acciones para garantizar la seguridad de las usuarias de empresas de transporte privado.
Al cuestionar a Argott Cisneros sobre las medidas pensadas para hacer frente a los casos de agresiones sexuales contra las usuarias de estos servicios, la funcionaria afirmó, sin precisar fechas, que próximamente se realizarán mesas de trabajo con la Semovi y las instancias coordinadoras del programa vigente del Inmujeres donde discutirán la necesidad de que todas las unidades tengan botones de auxilio e incluso cámaras de vigilancia, como ya sucede con algunos autobuses, porque dijo, los transportistas “deben contar con las medidas de seguridad suficientes”.
Cuestionada si existe algún registro de casos sobre violencia ejercida por los choferes de estas empresas a usuarias, la funcionaria explicó que las empresas de transporte privado “no están exentas de seguir las leyes vigentes” por lo que además de dar de baja a los conductores que sean denunciados deben informarle a la PGJDF sobre los casos, aun cuando las usuarias decidan no denunciar, posteriormente a la instancia de justicia le corresponde instar a la víctima a proceder legalmente.
Pero en la realidad esto no sucede. Cimacnoticias consultó sobre el mismo tema a la ejecutiva de cuenta de la agencia de relaciones públicas de UBER Fabiola Martínez, quien dijo que comunican a la PGJDF y le otorgan los datos acerca de algún conductor señalado como agresor, únicamente cuando las víctimas interponen una denuncia, de otra forma, no lo hacen.
Los casos recientes de agresiones a usuarias de estas aplicaciones propiciaron que la opinión pública cuestionara la operación de estos servicios en el país. El pasado 24 de octubre, el senador panista por Aguascalientes José de Jesús Santana García, presentó en San Lázaro una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual busca crear un registro de las plataformas digitales de las empresas, así como de cada uno de los operadores y que estos transparenten su domicilio, teléfonos de contacto y una carta de antecedentes laborales y no penales.
De aprobarse por el pleno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría que coordinar dicho registro. La iniciativa también plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México, toda vez que las personas usuarias no tienen un contacto directo en caso de denunciar algún incidente con los choferes pues la comunicación la realizan a través de correos electrónicos.
Actualmente las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y la de Estudios Legislativos analizan la iniciativa.

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/usuarias-de-taxis-privados-sin-protecci-n-por-casos-de-violencia-sexual

Mujeres En La Cárcel: Abandonadas E Invisibles.

De las 100 mujeres detenidas en un centro federal que entrevistaron, 72 afirmaban haber sufrido violencia sexual; más allá de un error metodológico, la falta de perspectiva de género en las estadísticas es una falla grave de parte del Estado Mexicano.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó los resultados de la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (ENPOL), que tiene el fin de generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria, y sus condiciones de procesamiento e internamiento.
Esta primera encuesta nos brinda información muy valiosa sobre temas tales como características socioeconómicas de la población, la corrupción del sistema de justicia penal y del sistema penitenciario, o las condiciones de vulnerabilidad, sufre de una carencia mayor: la perspectiva de género.
A pesar de solo representar el 5% de la población penitenciaria, las mujeres sufren condiciones especiales de vulnerabilidad: víctimas de violencia familiar y/o institucional, abandono familiar.
Sin embargo, la información presentada por el INEGI no se encuentra desglosada por sexo, esta ausencia tiene por consecuencia directa el desparecerlas de la primera encuesta gubernamental sobre las condiciones de vida carcelarias.
Un ejemplo impactante es el tema de la violencia sexual: la encuesta menciona que 4.5% de las personas mencionan haber sufrido violencia sexual en el momento de la detención y 5% dentro del centro penitenciario. Sin embargo, una investigación de Amnistía Internacional, mostró que de las 100 mujeres detenidas en un centro federal que entrevistaron, 72 afirmaban haber sufrido violencia sexual al momento de su detención.
Otro ejemplo, en la Ciudad de México la encuesta resalta que el 80% de las personas privadas de libertad habían recibido visita, cuando cifras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario citados por Animal Político da un panorama totalmente diferente para las mujeres: 70% no reciben visitas y 20% no tienen a nadie autorizado para el mismo fin.
Las estadísticas no son un instrumento neutro. El transversalizar la perspectiva de género en la producción estadística del INEGI, en específico en el caso del sistema penitenciario, implicaba analizar el impacto diferenciado que tiene la privación de la libertad sobre las mujeres y los hombres. En la manera presentada en su sitio, el INEGI dejó que las mujeres desaparecieran en la mayoría varonil al no presentar la información desglosada.
Más allá de un error metodológico, es una falla grave de parte del Estado Mexicano. En efecto, en la duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México se comprometió a “fortalecer la implementación efectiva de sistemas de producción de información estadística para el diseño de las políticas para la igualdad de género, con especial atención en los medios de recolección, clasificaciones y procesamiento de datos nacionales”.
Sobre los temas específicos de violencia, la Convención de Belem Do Para así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo obligan a fortalecer la “recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer.”
Tal como fue presentada, la ENPOL presentó resultados de la población varonil privada de la libertad, y corre el riesgo de perpetuar el ciclo de la violencia institucional que viven las mujeres encarcelas, cuando pudiera visibilizarlo.

Por Maissa Hubert. Publicado orginalmente en Observatorio de Prisiones.