Como salida de una película surrealista de Luis Buñuel, las mujeres indígenas viven en un mundo olvidado; y ahora el Estado las deja a su suerte, eliminando y disminuyendo programas presupuestales que impulsaban su desarrollo y el de sus familias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su propuesta de Proyecto de Presupuestos (PPEF) para 2017, emitida en el mes de septiembre, y la Cámara de Diputados, al aprobarla prácticamente sin cambios, han consumado un brutal recorte al Anexo 10 de “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, que asciende a más de 10 mil millones de pesos, además de eliminar 8 programas presupuestarios que beneficiaban a mujeres indígenas y sus familias.
En el periodo comprendido del 2013 al 2016, el presupuesto indígena pasó de 74 mil 102 millones a 85 mil 260 millones de pesos; lo que representaba un progresivo aumento para la atención de la población.
Infortunada sorpresa tuvimos, cuando conocimos el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2017, revisado y aprobado en lo general por los legisladores, pues éste propone que el presupuesto transversal para población indígena disminuya a 74 mil 895 millones de pesos, lo que representa una reducción de 12.16 por ciento, en comparación a lo aprobado por la Cámara en 2016.
Campo, pequeños productores, desarrollo de carreteras, apoyos para microempresarios y la mujer rural, educación, cultura indígena, sustentabilidad ambiental, estudios de preinversión, y fomento de los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas son los programas que desaparecerán en 2017, aunado al recorte presupuestal que limitará las acciones de 7 dependencias que tienen a su cargo financiamientos transversales para pueblos indígenas.
Otros programas que se verán alcanzados por la ola de recortes transversales para pueblos indígenas son: Salud materna, sexual y reproductiva (-18.70 por ciento); Fortalecimiento de la atención médica (-14.17) y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres (-13.30 por ciento).
De la misma manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo encargado del seguimiento de toda la política pública indígena del país, tendrá una reducción de su presupuesto (-51.21) de más de la mitad de sus recursos, comparado con los que operó este año.
Ante este panorama, resulta paradójico que el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del actual gobierno contemple entre sus metas, “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades” y como estrategia transversal “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres”; mientras que la Secretaría de Hacienda paulatinamente disminuye, fusiona y en algunos casos, elimina, financiamientos que impactan directamente en la vida de las mujeres indígenas y sus comunidades y pueblos.
Ahora más que nunca es imperioso recordarles a nuestros gobernantes que existe todo un marco internacional y nacional que obliga a los Estados a integrar acciones a favor de los pueblos indígenas y sus mujeres.
La Constitución Política Mexicana, Artículo 2°, apartado B mandata responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena y sus mujeres y garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos.
La carta magna hace énfasis en que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas y sus mujeres, la Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de:
Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la inclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, (…) aprovechando debidamente la medicina tradicional.
Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación.
Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.
Extender la red de comunicaciones.
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable.
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Sin embargo las decisiones tomadas por la Secretaría de Hacienda y las y los legisladores al disminuir el presupuesto destinado a la política social indígena, violan e incumplen este artículo constitucional.
Ciertamente el año venidero, dejará a su suerte a más de 12 millones de indígenas de diversos grupos culturales por la aprobación de un presupuesto mezquino, que limitará su desarrollo y perpetuará la deuda histórica que nuestros gobiernos tienen con los pueblos indígenas.
Por: María Sarai Fabián Villa*
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/las-olvidadas-por-el-estado
