2 de mayo de 2012

Las modernas esclavas de Oriente.

En casi toda la región, los inmigrantes están excluidos de las legislaciones laborales

Al menos una trabajadora se suicida a la semana en Líbano

A Lisa, una etíope de 27 años, su patrona le apuñaló por la espalda. "Comenzó a pegarme al poco de llegar", musita mientras tiembla visiblemente. "Nunca estaba conforme con mi trabajo, que era limpiar, atender a sus hijos, hacer la compra, planchar y cocinar… en su casa y en la de su madre. Trabajaba 17 horas seguidas, apenas dormía. Un día me encontró hablando con otra etíope, pensó que me estaba quejando y me apuñaló. Fui a denunciarla, pero la policía me dijo que regresara o que me detendrían por huir de mi trabajo".

Lisa muestra una cicatriz de cuatro centímetros sobre el omoplato izquierdo antes de seguir su relato. Las heridas de Judith, de 19 años, son mentales. "En la primera casa donde me contrataron, el patrón intentó violarme. Me amenazaba con un cuchillo, me tenía encerrada. Huí y fui a la embajada, donde me buscaron otra casa. Allí había otra chica etíope. Yo estaba angustiada, apenas tenía fuerzas, y el patrón se enfadó porque decía haber contratado a una enferma", explica entre sollozos. "Un día me desmayé. Me agarró del pelo y me arrastró por la casa. Cuando me soltó me caí y su mujer e hijos me echaron agua para despertarme. Uno me empujó hasta el balcón: pensé que me iba a tirar. Alguien gritó desde abajo, y me hicieron entrar. Me golpearon hasta que el suelo se llenó de sangre. Tenía la cara tan hinchada que pensaron que estaba muerta, y me metieron en un congelador industrial que cerraron con llave. Estuve allí media hora, en lo que creí que sería mi ataúd. Luego me sacaron, me dieron una pastilla de jabón y me conminaron a lavarme y ponerme a trabajar. La otra chica me dio ropa y me animó a escapar. Lo hice esa misma noche".

El alto número de huidas y suicidios demuestran que el trato con los trabajadores domésticos africanos y asiáticos que buscan un sueldo en Oriente Próximo está más cerca de la esclavitud que de una relación laboral normal. En casi toda la región, los inmigrantes son excluidos de las legislaciones laborales de los países de acogida, donde un buen número son sometidos a abusos de todo tipo, desde explotación –jornadas de 15 y 17 horas, sin día libre por semana, a cambio de sueldos que no superan los 200 dólares mensuales- hasta malos tratos físicos, psíquicos y en ocasiones sexuales.

Un buen ejemplo es el Líbano. En octubre, ocho mujeres fallecieron en presuntos suicidios confirmando que el informe de Human Rights Watch de 2008 según el cual al menos una trabajadora se quita la vida cada semana en el país, sigue vigente.

Racismo hacia el tercer mundo
La estadística se cumple con escalofriante puntualidad, aunque no hay cifras oficiales ni apenas menciones en la prensa local. Al Gobierno no le interesan los inmigrantes del tercer mundo, ni tampoco a muchos de sus ciudadanos. Para el libanés Wissam S., autor de Suicidios Etíopes, un blog destinado a informar y a sensibilizar sobre el trato inhumano hacia los inmigrantes, se trata de racismo. "Los libaneses, y seguramente los árabes, tenemos complejo de inferioridad hacia Occidente y de superioridad hacia el Tercer Mundo", lamenta. "En todas las comunidades hay abusos, pero en la nuestra el Estado no hace nada, y esto se parece cada vez más al tráfico humano".

Más de 200.000 asistentas se afanan en el Líbano sin ninguna protección legal. Nada más aterrizar, las agencias que las contratan les retienen sus pasaportes, les asignadas una casa y de su suerte depende el ser sometidas o no a abusos. Es habitual que sean encerradas e impagadas. "Piensan que si les pagan cada mes escaparán", explica Salam H., "así que no les pagan". Pese a ello, miles siguen viajando, a menudo ilegalmente, hasta Oriente Próximo con la esperanza de poder enviar dinero a sus países de origen.

Tras 14 años escuchando desgracias, a Salam H. no se le ha endurecido el carácter. Sigue viendo en cada rostro magullado su propio rostro, en cada humillación su propio orgullo vulnerado y en cada vejación los cinco años de abusos que ella sufrió cuando, con 17 años, aterrizó en el Líbano desde Eritrea. Cinco años de los que sacó 12 euros, papeles legales, algunas heridas y una misión vital: hacer lo imposible para que otras mujeres no pasen por lo mismo.

Red clandestina
"La religión me salvó, si no me habría vuelto loca o me habría suicidado", explica esta joven, hoy pastor de una pequeña comunidad protestante que aúna a 400 etíopes y eritreas en el sector cristiano de Ashrafiyeh, al este de Beirut, y que se ha convertido en una red secreta de ayuda a las víctimas de abusos. "El primer consejo es ‘huye’. Una vez que ha huido, nos ocupamos de que tenga qué comer, dónde dormir y de buscarle un trabajo para empezar de nuevo".

Entre la comunidad etíope del Líbano –unas 26.000 mujeres, pese a que Addis Abeba rompió hace dos años el tráfico de ciudadanos con Beirut ante la avalancha de denuncias y un centenar de suicidios desde 1999- se ha extendido una voz. En Ashrafiyeh hay gente que ayuda a cambio de nada. De ahí que muchas huyan de otros puntos del Líbano con el barrio cristiano de la capital como destino. Allí las más veteranas, lideradas por Salam, aprovechan las salidas para hacer la compra, buscar a los críos o limpiar el coche de sus patrones para observar a sus compañeras de infortunio. "Si veo a alguna chica llorar, es que tiene problemas en casa. Si va cargada con bolsas de ropa, sé que está intentando huir. Me acerco y le ofrezco ayuda. Si ha escapado, le acompaño hasta una de nuestras ‘casas seguras’, le doy ropa, comida y le asigno un colchón", explica Sarah, etíope de 25 años con siete de experiencia en el Líbano. "Si me pregunta la policía, miento y digo que no sé nada del asunto".

Sarah pasó el primer año encerrada con llave. Su patrona temía que huyera. Lo terminó haciendo dos años después, y dio con la comunidad protestante de Salam. Ahora, junto a su hermana destina parte de su sueldo para pagar el alquiler de un apartamento donde las jóvenes huidas pueden cobijarse.

Salam admite que ya tienen casi 20 pisos distribuidos en Beirut, cada uno con entre 15 y 30 chicas, según el tamaño. Todo es clandestino. En el barrio, nadie sabe que Salam es, en realidad, líder de una comunidad religiosa. "Siempre que me preguntan les digo que soy limpiadora. Si me detiene la policía les enseño mis papeles y les explico que acabo de llegar al Líbano y que apenas sé árabe", explica entre risas. En realidad, ahora su trabajo consiste en atender su móvil, donde cada día recibe una media de 10 llamadas de chicas que buscan ayuda, y recibir a víctimas en su improvisada oficina, en un destartalado edificio. "En estos 14 años he conocido a 200 chicas que se han suicidado. Y en el 70% de los casos, hay abusos sexuales detrás", añade. Denunciar en comisaría es inviable: una denuncia por huida de los patrones convierte a la víctima en delincuente. Las víctimas de abusos terminan en centros para inmigrantes similares a prisiones donde pueden llegar a pasar hasta dos años sin cargos en su contra.

¿Tráfico humano?
No es un problema que se desconozca, sino una realidad que a casi nadie le importa. En 2000, el Departamento de Estado de EEUU incluyó al Líbano en la lista de países que fallan a la hora de evitar el tráfico humano y que deben ser vigilados por ello, un triste cambio a peor. Parte del debate es si considerar la explotación como tráfico humano. "Considerarlo tráfico es muy difícil por la definición impuesta por la ONU, pero siempre hay tres componentes: reclutamiento, engaño y coacción, y explotación. Eso sí es tráfico humano", afirma Ghada Jabbour, miembro de la ONG libanesa KAFA.

Como Ghada, otros muchos libaneses denuncian una realidad que les avergüenza. Es el caso de Wissam, el abogado experto en Derechos Humanos que gestiona Suicidios Etíopes. O los miembros locales de Caritas Internacional, la única institución que dispone de ‘casas seguras’ para albergar a trabajadores que han huido tras recibir abusos. "Tenemos tres casas, una para víctimas del tráfico humano y otras dos para quienes se han quedado sin refugio", explica Najla Chahda, responsable local de la ONG. En total, más de un centenar de mujeres se hacinan en los apartamentos de Caritas. "El Gobierno libanés ha firmado el memorando de protección para evitar el tráfico humano, pero eso no ha implicado ningún cambio. Aún tiene mucho por hacer", continúa Shahda.

Para Jabbour, la ausencia de compromiso responde a motivos económicos. "Cada año se recaudan millones de dólares gracias a los trabajadores domésticos que llegan al Líbano. Tasas de residencia, impuestos y visados que se recaban del trabajador y del empleador… El Gobierno se lleva mucho dinero en el proceso de regulación y hay muchas comisiones. También hay políticos involucrados, por lo que es muy difícil hacer leyes para proteger a esas mujeres".

Desde Irak a Arabia Saudí, un largo historial de abusos

La tragedia de las trabajadoras en el Líbano, una suerte de moderna esclavitud, es algo común en Oriente Próximo. HRW ha denunciado en varios informes a los gobiernos de la región por "exponer a sus trabajadores domésticos a abusos que van desde negar un día de descanso por semana hasta no limitar las horas de trabajo, coartar la su libertad de movimientos y otros derechos básicos".
Las denuncias incluyen jornadas de trabajo desproporcionadas, exclusión del descanso dominical, confinamiento, secuestro de pasaportes, privación de comida, abusos físicos y verbales, cuando no sexuales, y trabajo forzado.

Los Gobiernos que acogen a los emigrantes no asumen ninguna responsabilidad hacia ellos: su legislación laboral, en los casos de Líbano, Emiratos, Kuwait y Arabia Saudí, no incluyen a los extranjeros, por lo que éstos no tienen derecho a denunciar los abusos.

En Arabia Saudí, donde un millón y medio de mujeres de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y otros países asiáticos trabajan como empleadas domésticas, HRW ha documentado abusos que van desde el impago de salarios hasta el secuestro literal de los trabajadores.
En Emiratos, las autoridades calculan que hay 600.000 extranjeros, en su mayoría de Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas, a los que habría que sumar los que llegan al país de forma ilegal. Las leyes de EAU excluyen a las sirvientas de la ley de protección de trabajadores extranjeros, además los emiratos no ha firmado la Convención de la ONU para la protección de derechos de trabajadores emigrados. Especialmente escandaloso ha sido el caso de miles de trabajadores asiáticos que han levantado los emiratos en jornadas de trabajo faraónicas y sin derechos a los que acogerse.
En Kuwait, unos 600.000 inmigrantes excluidos de la legislación laboral trabajan en condiciones tan inhumanas como las del Líbano. Sólo en diciembre se registraron 13 intentos de suicidio. En Bahrain se dan abusos similares, y en Irak los ‘esclavos’ han sido la única solución de las empresas extranjeras para edificar en el país durante los fatídicos años de la ocupación y la guerra civil, donde el riesgo a morir en atentado era muy alto. Muchos de ellos ni siquiera sabían a dónde iban: firmaban por trabajar en el Golfo y acababan en algún punto del escalofriante Irak.

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La explotación de las trabajadoras inmigrantes en Jordania .


ONG redoblan esfuerzos en Jordania para proteger los derechos de las 140.000 trabajadoras domésticas que cada año llegan de Filipinas, Indonesia y Sri Lanka

Exponen las terribles condiciones laborales que padecen en los hogares ricos que las emplean.

La mayoría de los trabajadores inmigrantes son mujeres. En los últimos 30 años, su presencia en el país se disparó: en 1984 había apenas 8.000 trabajadoras domésticas migrantes en Ammán, y ahora hay 10 veces más. Este aumento puede explicarse parcialmente por un crecimiento económico que ha permitido que las mujeres jordanas dejen de realizar las tareas domésticas y, desde la perspectiva de los empleadores, por el entusiasmo de muchas familias por contratar mano de obra barata a la que poder explotar a gusto.

A menudo privadas de libertades básicas y de contacto con el mundo externo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente por no hablar el idioma local y por estar básicamente atadas a sus empleadores, que a menudo las obligan a firmar "contratos laborales" que ellas no comprenden.

La imposibilidad de volver a casa

Gracias al trabajo incesante de organizaciones no gubernamentales como el Centro Adaleh y Tamkeen, que archiva las demandas de las trabajadoras y los casos de violaciones laborales, finalmente están saliento a la luz los detalles de estos acuerdos abusivos. "Los empleadores no están preocupados", explica la directora de Tamkeen, Linda Al Kalash, quien en 2011 ganó el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa. "Ellos explotan y perpetran toda clase de violaciones contra sus trabajadoras domésticas: privación total o parcial de salarios, restricción de libertades, jornadas interminables, ningún día libre, insultos, incluso abusos físicos y sexuales", explicó Al Kalash. Según ella, la cantidad de demandas de trabajadoras ya llegó a 500 este año.

"Por lo general, las demandas se dirimen en un tribunal", nos cuenta, agregando que la confiscación de los pasaportes de las trabajadoras es una práctica común que requiere un debate legal. Sin embargo, el simple hecho de presentar demandas no siempre arroja resultados para la demandante. Primero, el Ministerio de Empleo tiene que reconocer las violaciones, y a menudo decide ignorarlas. Las mujeres también son habitualmente maltratadas por las fuerzas de seguridad, que no respetan los derechos legales de las trabajadoras domésticas extranjeras. "En Jordania siempre hubo muchos derechos para las mujeres, pero solo en los papeles", observó Sabbah.

De hecho, en 2009 Jordania ratificó convenios internacionales contra el trabajo forzado y el tráfico de personas, mientras que las trabajadoras domésticas se integraron al Código Laboral jordano antes, en 2008. Sin embargo, el país todavía tiene que ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras, las trabajadoras domésticas ven cerrarse rápidamente la ventana de oportunidades para la preservación de sus derechos.

Cuando una de ellas escapa de la casa donde trabaja, no tiene a dónde ir y se encuentra atrapada por la deuda acumulada de multas por día no trabajado, especialmente si su permiso legal de trabajo expiró y si vive a merced de su empleador. Incapaces de pagar ese dinero, a menudo estas mujeres terminan detenidas. "Hasta el momento, 35 trabajadoras domésticas han estado en prisión durante alrededor de un año, porque acumularon las multas astronómicas y ninguna puede pagar su pasaje de regreso", dijo Sabbah.

El rol crucial de la sociedad civil

El Centro Adaleh y Tamkeen trabajan con todas las partes involucradas en la crisis: ministerios, fuerzas de la seguridad pública, personal carcelario y agencias de intermediación, entre otros. En 2010, Adaleh reunió los fondos necesarios para enviar a ocho trabajadoras detenidas de regreso a sus países de origen y se logró clausurar tres agencias intermediarias. La organización no gubernamental también obligó a muchos empleadores a pagar los salarios retenidos. El mismo año, Tamkeen obtuvo la autorización del Ministerio de Empleo para que los trabajadores migrantes abrieran cuentas bancarias y para hacer cumplir regulaciones básicas sobre el trato a los trabajadores indocumentados.

Uno de los proyectos más exhaustivos implica reforzar el marco legal existente sobre la mano de obra migrante. A este fin, Adaleh formó un frente unido de expertos legales para asistir a los trabajadores en su lucha por sus derechos. También en Tamkeen hay abogados competentes para defender la implementación de los convenios internacionales en tribunales jordanos. "Intentamos obligar a quienes deben ejecutar las leyes a cumplir realmente (con su responsabilidad) publicando declaraciones, testificando sobre violaciones en los medios de comunicación, demandando a los perpetradores ante tribunales. A veces todo lo que se requiere es una simple llamada telefónica para garantizar que las autoridades adecuadas implementen la ley", reveló Al Kalash.

La campaña por los derechos de las trabajadoras domésticas también incluye crear conciencia pública sobre el tema. Actualmente hay esfuerzos en curso para educar a la policía sobre cómo tratar con reales o potenciales víctimas de abusos, influir en la opinión pública sobre el problema, afianzar los vínculos entre las organizaciones no gubernamentales y el sistema carcelario, y trabajar de cerca con los gerentes de las agencias intermediarias y el personal de las embajadas.

Según Al Kalash, el mayor desafío será cambiar la "mirada desdeñosa" hacia los inmigrantes.Las jordanas en particular tienen una actitud extremadamente negativa hacia las mujeres inmigrantes.

Al Kalash dijo a IPS que las trabajadoras domésticas a menudo son víctimas de sus empleadoras jordanas, que probablemente se desquitan de años de represión y dominio masculino atacando a las únicas personas que son más vulnerables que ellas.

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Bosques energéticos, arte femenino de reforestar.


María Elena Muñoz deshierba afanosamente un claro del bosque y procede luego a cavar varios hoyos, donde ella y otro medio centenar de mujeres siembran plantas de plátano, que alimentarán a las familias de este municipio de El Salvador donde manda la pobreza.

El grupo protagoniza un esfuerzo agroecológico que combina dos objetivos: afianzar la soberanía alimentaria, en riesgo en las comunidades rurales de San Julián, y fomentar el desarrollo de bosques energéticos, que provean energía sustentable a las familias de la zona y ayuden a mitigar el impacto del cambio climático.

"El bosque es de todos, y de aquí sacamos frutas y leña para cocinar", dijo Muñoz a IPS. Esta mujer de 42 años es presidenta de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo del cantón (distrito municipal) Los Lagartos, del municipio de San Julián, con unos 19.000 habitantes y situado en el occidental departamento de Sonsonate.

A estas comunidades, las alteraciones climáticas les golpean año tras año, sobre todo en la agricultura, explicó Mercy Palacios, de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).

"Durante la sequía, les quema todo, y durante la época de lluvias, les inunda todo", detalló, durante la jornada que IPS acompaño las actividades de las mujeres en el bosque cantonal.

En las comunidades del área predomina la agricultura de subsistencia. Cultivan maíz y frijol en laderas poco fértiles, y las cosechas merman cada vez más a causa de los fenómenos climáticos.

El Salvador y América Central en general sufren constantemente el embate de lluvias extremas en invierno (estación húmeda), que casi siempre dejan a su paso una estela de dolor y destrucción. En octubre, por ejemplo, las lluvias causaron en este país 43 muertos e inundaron 10 por ciento del territorio.

Reconstruir lo dañado por las tormentas que azotaron entonces a la región centroamericana costará 4.200 millones de dólares, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

"Estamos padeciendo de climas extremos, algo nuevo a lo que debemos adaptarnos", dijo Palacios.

"Hay familias muy pobres que están subsistiendo con lo que sacan del bosque. Por ejemplo, las mandarinas las venden en el pueblo y así obtienen la ‘cora’ (moneda de 25 centavos de dólar) para la tortillas (laminas redondas de harina de maíz) o para darle al niño que va a la escuela", narró Elsy Álvarez, de 37 años y madre de dos hijos.

Cansadas de ver cómo las cosechas familiares se perdían, las mujeres de Los Lagartos decidieron hacer algo para asegurar su soberanía alimentaria, y agregaron el componente de bosques energéticos.

La idea del proyecto les llegó de especialistas ambientales de la Unes que trabajaban en la zona, quienes establecieron una "agroescuela" para enseñar los conceptos básicos de la agroecología. Y pronto la hicieron suya y la han hecho crecer, sin financiamiento.

El proyecto de soberanía alimentaria abarca también otra decena de los nueve cantones y 30 caseríos del municipio de San Julián, situado a unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador y cuyo nombre ancestral es Cacaluta, que en lengua náhuat significa "ciudad de los cuervos".

Beneficia a unas 50 familias, unas 300 personas, y el componente de bosques energéticos se concentra por ahora en Los Lagartos, pero va a ser expandido a otras comunidades participantes.

En Los Lagartos, de unos 5.000 habitantes, las mujeres trabajan los huertos familiares, donde cultivan legumbres y vegetales con abono orgánico producido por ellas mismas. También lo utilizan en sus sembradíos de maíz y frijol, fundamentales en la dieta salvadoreña, y en los árboles frutales del bosque.

Ese abono, que no contamina el suelo porque no contiene agroquímicos, es también parte importante del esfuerzo por cambiar los patrones de siembra y favorecer con ellos al ambiente. Piensan comercializarlo en el futuro y obtener ingresos económicos para el proyecto.

El bosque no llega a una hectárea, pero las mujeres de Los Lagartos le tienen especial aprecio, porque lograron reconquistarlo y desarrollarlo, después de que hace 10 años un ingenio azucarero lo arrasó ante sus ojos para sembrar caña de azúcar.

"Por 10 años hemos venido luchando por este bosque", dijo Muñoz, casada y con cuatro hijos. Cuando ella y las demás vieron que lo estaban talando, lo denunciaron ante las autoridades y lograron salvar una mínima porción, pero ya el daño estaba hecho.

Entonces comenzaron a reforestar el bosque. Sembraron especies frutales como aguacate, mango y nance. Este año comenzaron a sembrar plátano (banano para cocinar) y árboles maderables como el conacaste.

"Ahora no dejamos que nadie tale nuestro bosque. Nosotros lo aprovechamos, pero solo las ramas secas y (los restos) de la poda", explicó Álvarez, en un descanso de la jornada de siembra.

En efecto, el concepto de bosques energéticos aplicado en estas comunidades no se basa en sembrar árboles para talarlos después, sino en hacer un uso sustentable de los árboles que se tienen, utilizando solo las ramas secas como leña.

"El árbol tiene una vida útil, y se le puede desramar para utilizar las ramas como leña, pero manteniendo su capacidad para poder regenerarse", explicó Palacios. En Salvador, alrededor de 400.000 familias utilizan leña para cocinar, según cifras oficiales. Eso equivale a 25 por ciento de sus 6,1 millones de habitantes.

El 10 por ciento más pobre de los hogares salvadoreños gasta más en leña (tres por ciento de su presupuesto) que en electricidad, de acuerdo con un informe de 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El uso de leña representa un costo económico importante para estas familias pobres, y tener un bosque de donde proveerse es un alivio para el presupuesto familiar.

"El consumo de leña no solo representa un gasto importante en su presupuesto, sino que además muchos hogares dedican una fracción significativa de su tiempo a su recolección", sostiene el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010.

En El Salvador, 36,5 por ciento de la población vive en pobreza, de ella 11,2 por ciento en pobreza extrema, según cifras oficiales de 2010. En el área rural, esa pobreza promedio sube a 43,2 por ciento y de ella, 15,1 por ciento es extrema.

Luis González, ambientalista de la Unes, señaló que el proyecto de Los Lagartos se engloba dentro del concepto de justicia climática, según el cual, no todas las regiones del mundo, ni todos los grupos poblacionales dentro de esas regiones o países, están siendo afectados de la misma manera por los efectos del calentamiento global.

"Hay sectores más vulnerables que otros, y diversos estudios nos dicen que las mujeres están entre esos grupos más afectados", detalló. Por ejemplo, agregó, cuando la sequía deja sin agua un manantial, las mujeres sufren el estrés de buscar una nueva fuente, siempre más lejos de su hogar.

El enfoque de género debe estar presente en este tipo de proyectos ambientales para darle un rol más decisivo a las mujeres que hoy por hoy son las que, en esta zona del país, están llevando la batuta en el esfuerzo por adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, explicó Ima Guirola, del colectivo feminista Cemujer.

"Lo importante es saber si las mujeres se están apropiando de herramientas tecnológicas y del conocimiento científico en el tema medioambiental, y si ellas participan en las decisiones relativas al proyecto", dijo a IPS.(FIN/2012).

Edgardo Ayala y Claudia Ávalos
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100647