2 de mayo de 2012

La explotación de las trabajadoras inmigrantes en Jordania .


ONG redoblan esfuerzos en Jordania para proteger los derechos de las 140.000 trabajadoras domésticas que cada año llegan de Filipinas, Indonesia y Sri Lanka

Exponen las terribles condiciones laborales que padecen en los hogares ricos que las emplean.

La mayoría de los trabajadores inmigrantes son mujeres. En los últimos 30 años, su presencia en el país se disparó: en 1984 había apenas 8.000 trabajadoras domésticas migrantes en Ammán, y ahora hay 10 veces más. Este aumento puede explicarse parcialmente por un crecimiento económico que ha permitido que las mujeres jordanas dejen de realizar las tareas domésticas y, desde la perspectiva de los empleadores, por el entusiasmo de muchas familias por contratar mano de obra barata a la que poder explotar a gusto.

A menudo privadas de libertades básicas y de contacto con el mundo externo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente por no hablar el idioma local y por estar básicamente atadas a sus empleadores, que a menudo las obligan a firmar "contratos laborales" que ellas no comprenden.

La imposibilidad de volver a casa

Gracias al trabajo incesante de organizaciones no gubernamentales como el Centro Adaleh y Tamkeen, que archiva las demandas de las trabajadoras y los casos de violaciones laborales, finalmente están saliento a la luz los detalles de estos acuerdos abusivos. "Los empleadores no están preocupados", explica la directora de Tamkeen, Linda Al Kalash, quien en 2011 ganó el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa. "Ellos explotan y perpetran toda clase de violaciones contra sus trabajadoras domésticas: privación total o parcial de salarios, restricción de libertades, jornadas interminables, ningún día libre, insultos, incluso abusos físicos y sexuales", explicó Al Kalash. Según ella, la cantidad de demandas de trabajadoras ya llegó a 500 este año.

"Por lo general, las demandas se dirimen en un tribunal", nos cuenta, agregando que la confiscación de los pasaportes de las trabajadoras es una práctica común que requiere un debate legal. Sin embargo, el simple hecho de presentar demandas no siempre arroja resultados para la demandante. Primero, el Ministerio de Empleo tiene que reconocer las violaciones, y a menudo decide ignorarlas. Las mujeres también son habitualmente maltratadas por las fuerzas de seguridad, que no respetan los derechos legales de las trabajadoras domésticas extranjeras. "En Jordania siempre hubo muchos derechos para las mujeres, pero solo en los papeles", observó Sabbah.

De hecho, en 2009 Jordania ratificó convenios internacionales contra el trabajo forzado y el tráfico de personas, mientras que las trabajadoras domésticas se integraron al Código Laboral jordano antes, en 2008. Sin embargo, el país todavía tiene que ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras, las trabajadoras domésticas ven cerrarse rápidamente la ventana de oportunidades para la preservación de sus derechos.

Cuando una de ellas escapa de la casa donde trabaja, no tiene a dónde ir y se encuentra atrapada por la deuda acumulada de multas por día no trabajado, especialmente si su permiso legal de trabajo expiró y si vive a merced de su empleador. Incapaces de pagar ese dinero, a menudo estas mujeres terminan detenidas. "Hasta el momento, 35 trabajadoras domésticas han estado en prisión durante alrededor de un año, porque acumularon las multas astronómicas y ninguna puede pagar su pasaje de regreso", dijo Sabbah.

El rol crucial de la sociedad civil

El Centro Adaleh y Tamkeen trabajan con todas las partes involucradas en la crisis: ministerios, fuerzas de la seguridad pública, personal carcelario y agencias de intermediación, entre otros. En 2010, Adaleh reunió los fondos necesarios para enviar a ocho trabajadoras detenidas de regreso a sus países de origen y se logró clausurar tres agencias intermediarias. La organización no gubernamental también obligó a muchos empleadores a pagar los salarios retenidos. El mismo año, Tamkeen obtuvo la autorización del Ministerio de Empleo para que los trabajadores migrantes abrieran cuentas bancarias y para hacer cumplir regulaciones básicas sobre el trato a los trabajadores indocumentados.

Uno de los proyectos más exhaustivos implica reforzar el marco legal existente sobre la mano de obra migrante. A este fin, Adaleh formó un frente unido de expertos legales para asistir a los trabajadores en su lucha por sus derechos. También en Tamkeen hay abogados competentes para defender la implementación de los convenios internacionales en tribunales jordanos. "Intentamos obligar a quienes deben ejecutar las leyes a cumplir realmente (con su responsabilidad) publicando declaraciones, testificando sobre violaciones en los medios de comunicación, demandando a los perpetradores ante tribunales. A veces todo lo que se requiere es una simple llamada telefónica para garantizar que las autoridades adecuadas implementen la ley", reveló Al Kalash.

La campaña por los derechos de las trabajadoras domésticas también incluye crear conciencia pública sobre el tema. Actualmente hay esfuerzos en curso para educar a la policía sobre cómo tratar con reales o potenciales víctimas de abusos, influir en la opinión pública sobre el problema, afianzar los vínculos entre las organizaciones no gubernamentales y el sistema carcelario, y trabajar de cerca con los gerentes de las agencias intermediarias y el personal de las embajadas.

Según Al Kalash, el mayor desafío será cambiar la "mirada desdeñosa" hacia los inmigrantes.Las jordanas en particular tienen una actitud extremadamente negativa hacia las mujeres inmigrantes.

Al Kalash dijo a IPS que las trabajadoras domésticas a menudo son víctimas de sus empleadoras jordanas, que probablemente se desquitan de años de represión y dominio masculino atacando a las únicas personas que son más vulnerables que ellas.

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