De la violencia simbólica a la violencia mediática.

¿Qué rol tienen los medios de comunicación en la reproducción de la violencia simbólica? Señala la abogada argentina Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará: “Muchas de las manifestaciones de violencia simbólica se dan a través de los medios de comunicación. Poner límites a los medios es una tarea difícil ya que éstos reclaman libertad de prensa”. Aunque tienen un rol central en la reproducción de las violencias, también pueden ser aliados en la construcción de sociedades más igualitarias. Alejandra Tolosa, de CLADEM Puerto Madryn, observa que frente a las denuncias que las organizaciones sociales hicieron al Bikini Open que se realizaba en esa ciudad, la cobertura de los medios mejoró y algunos incluso dejaron de publicar sobre el tema.
  Comunicar Igualdad.
 Entre los cuerpos femeninos exhibidos como reclamo en los festejos municipales o para gloria de todo tipo de industria local, marca comercial, o discoteca, y los cuerpos exhibidos en los programas de máxima audiencia, y en las propagandas de los productos más dispares, hay una conexión, dos realidades que se retroalimentan fortaleciendo el entramado de la violencia simbólica. Como recuerda la abogada feminista Susana Chiarotti desmadejar dicho entramado no es fácil, aún contando con legislación favorable: “Muchas de las manifestaciones de violencia simbólica se dan a través de los medios de comunicación. Poner límites a los medios es una tarea difícil ya que éstos reclaman libertad de prensa, opinión. Aunque se creó la Defensoría del Público, que atiende esta cuestión, los mecanismos aún no están regulados adecuadamente. Al no haber sanciones claras y explícitas que puedan mostrarse al resto de la sociedad, la norma pierde eficacia”.
Verónica Bajo, integrante de la asociación de Acciones Feministas de Bahía Blanca, identifica que la proliferación de este tipo de eventos en los últimos años tiene que ver con su correlato en los medios: “Es destacable el rol de los medios hegemónicos que están difundiendo una imagen de la mujer cuyo éxito depende del aspecto físico, vemos un crecimiento exponencial de la cosificación de las mujeres, de esta violencia simbólica en los medios”.
No es la única en señalar a los medios. Silvia Jenefe, de la organización Takuapú de Orán, provincia de Salta, denuncia el rol de las radios de bailanta en la promoción de la violencia simbólica, a través de la música que eligen y los comentarios de lxs locutorxs. Sus propietarios son los mismos que organizan los corsos que, durante los carnavales, exhiben a niñas y adolescentes hipersexualizadas como principal atractivo, al ritmo de temas musicales que cosifican y humillan a las mujeres. “Acá no se cumple la Ley de Medios” denuncia, “los mismos reciben todos los fondos mientras que nuestros medios son censurados, radios comunitarias que abordan temáticas sobre la infancia, sobre los pueblos originarios y que vamos abandonando por falta de recursos”. Para esta docente todo está conectado: “Hay que cambiar la cultura para lograr el cambio social. Al promocionar música basura, eventos basura, lo que consigues es una cultura basura, una sociedad basura”.
En 2012, después de que el productor de radio Marcelo Pérez Medel, promotor del Bikini Open, suspendiese el evento en Puerto Madryn, generando así un debate que llegó a los medios, “las organizaciones sociales denunciaron al organizador del evento ante el Observatorio de Medios contra la Discriminación, con una presentación concreta sobre la repercusión del concurso a nivel mediático en el marco de la Ley de Medios, junto a la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia hacia las Mujeres y a la Convención de los Derechos del Niño, dada la participación de menores de edad en estos concursos. El Observatorio entendió que en efecto se daba violencia simbólica en el concurso y convocó a una audiencia al organizador, quien no se presentó” relata Alejandra Tolosa, en aquel momento al frente de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El certamen se haría los dos años siguientes por última vez en Puerto Madryn. Este año la propuesta se trasladó a Playa Unión, principal balneario de la ciudad de Rawson, donde contó con el apoyo de la Intendenta Rossana Artero y la presencia de la vedette Andrea Rincón como presidenta del jurado. De nuevo el INADI y organizaciones de mujeres denunciaron en una nota la participación de ambas en un concurso “que pone al cuerpo femenino de niñas menores de edad como objeto consumible, fomenta una sexualidad masculina basada en la dominación y en la violencia simbólica naturalizando al mismo tiempo prácticas referidas al consumo de cuerpos de niñas y adolescentes contribuyendo al incremento nocivo de la visión sexual contra éstas“.
Más allá de que el concurso se siguiera celebrando, la activista de CLADEM percibe mejoras en cómo los medios abordan el concurso respecto al pasado: “Antes los titulares eran ‘hot’ (calientes), con portadas llenas de primeros planos, y las fotos eran justo de lo que se trata el concurso, una fila de colas cada una con su número”. Con el debate social, evalúa Tolosa, se suavizó el lenguaje, y, “si bien los cuerpos no están menos descubiertos, el enfoque es menos obvio, las chicas salen de frente y hay muchos medios que ni siquiera sacan el certamen”.
Así, los caminos de ida y vuelta que conectan la violencia simbólica ejercida en reinados y concursos con su correlato mediático potenciándose mutuamente, sirven también para comunicar las iniciativas que visibilizan y denuncian las prácticas que en ambos espacios incurren en la objetivización de las mujeres, demasiadas veces, con el auspicio del propio Estado.

Por Sarah Babiker

http://www.comunicarigualdad.com.ar/de-la-violencia-simbolica-a-la-violencia-mediatica/

80 por ciento de mujeres migrantes son víctimas de violación sexual

Las normas y políticas migratorias de Estados Unidos no fortalecen la protección para las mujeres migrantes, que son sobrevivientes de violencia en el hogar, violencia sexual y trata de personas.
 En esto coincidieron organizaciones civiles por los derechos de las mujeres migrantes –entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)–, que elaboraron el informe “Al corazón del asunto. Mujeres, menores de edad y el camino a seguir en la política migratoria”.
 En el documento –en el que participaron organismos internacionales que conforman la alianza We Belong Together (Nos Mantenemos Unidas)– se informa que 80 por ciento de las mujeres migrantes (en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual durante su tránsito por México hacia EU sin que se castigue a los agresores.
 Además, cuando las mujeres logran cruzar al país del norte son vulnerables al abuso en el lugar de trabajo y a la explotación por parte de sus empleadores.
 A lo que se suma que –de acuerdo con las activistas– las mujeres migrantes son más propensas que las estadounidenses a sufrir violencia en el hogar, ya que sus parejas usan su estatus migratorio (que carecen de documentos de estancia legal) como herramienta de control para obligarlas a permanecer en relaciones violentas.
 Como botón de muestra, los grupos civiles revelaron que 48 por ciento de las mujeres latinoamericanas y filipinas dijeron que la violencia que sufrían por parte de sus parejas aumentó desde que llegaron a EU.
 De acuerdo con las organizaciones, si bien en ese país se han implementado mecanismos legales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, las normas están “debilitadas” por las políticas de control migratorio que fomentan el trabajo entre autoridades de migración con el sistema penal para efectuar deportaciones.
 La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) de EU establece mecanismos de protección para motivar a las sobrevivientes de violencia a buscar seguridad y justicia.
 Sin embargo, acudir al sistema judicial estadounidense con las actuales políticas de control migratorio podría dar como resultado las deportaciones de las denunciantes, según el informe.
 Las activistas criticaron que durante el gobierno de Barak Obama ha prosperado la cooperación entre autoridades migratorias y agencias policiales, lo que derivó en que las comunidades de inmigrantes sientan gran desconfianza y temor hacia la policía.
 Agregaron que aún desconocen cómo el Programa de Prioridades en el Control Migratorio (PEP, por sus siglas en inglés), recién anunciado por el presidente de EU, va a afectar la capacidad de las sobrevivientes para buscar ayuda policial.
 Además de este temor, las migrantes sobrevivientes de violencia enfrentan obstáculos para conseguir un estatus regular que les permita vivir y trabajar legalmente en ese país.
 Por ejemplo, para obtener un amparo migratorio ellas tienen que presentar documentos que prueben la violencia; sin embargo, el temor que sienten hacia la policía les impide presentar denuncias formales que comprueben el abuso.
 La problemática se extiende hasta México, ya que de acuerdo con el reporte, las policías mexicanas se niegan a recibir las denuncias de violencia y hasta se burlan de las declaraciones, lo que deriva en que las migrantes no tengan cómo comprobar que están huyendo de sus países de origen.
 Según el documento, las mujeres migrantes también enfrentan barreras para acceder a los recursos de asistencia social apropiados, ya que en términos culturales y de idioma son escasos; así como acceder a programas de salud preventiva, reproductiva y de fortalecimiento económico.
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69690

¿A dónde van nuestras hijas desaparecidas?

¿Pero qué origina que miles de niñas y mujeres no regresen a sus casas cuando sólo han salido a la tienda, la papelería o no vuelven nunca más del trabajo?
A nadie le es ajeno que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se libra una lucha contra el feminicidio desde hace más de 20 años. Está encabezada por las valientes y aguerridas Madres de Juárez, que ante la falta de respuestas para encontrar a sus hijas desaparecidas, o a los culpables de los asesinatos de sus hijas, han tenido que organizarse y dar la pelea por encontrar justicia y castigo a los culpables, tocando las puertas de los gobiernos en turno, que sexenio tras sexenio han hecho oídos sordos, así como también sus Instituciones que han sido indiferentes, negligentes y omisas.
Desde hace unos años se ha evidenciado que las mafias del crimen organizado diversificaron sus negocios para incrementar sus jugosas ganancias, incursionando en el tráfico de personas, armas e incluso otras mercancías; como lo son las mujeres y niñas intercambiadas con fines de explotación sexual, las cuales se han convertido en el tercer negocio más lucrativo después del narcotráfico.
¿Cómo es entonces que miles de niñas y mujeres desaparecen y son asesinadas a lo largo y ancho de la república mexicana sin que el gobierno federal y locales hagan nada para detener esta barbarie?
Recientemente, en Ciudad Juárez, a través del periódico Nortedigital se dio a conocer la captura de Manuel Vital Anguiano junto a cinco sujetos más acusados de desaparecer y asesinar a 11 mujeres.
Operaba enganchando a las jóvenes por medio de ofertas de empleo en una ¨tienda¨ que solo servía como trampa para atraerlas y después desaparecerlas. Dos mujeres testificaron ante un Tribunal Oral donde reconocieron haber trabajado con Manuel Vital Anguiano alias "Don Many" y tres jovencitas más que desaparecieron.
Él mismo reconoció en sus primeras declaraciones que desde el 2003 y hasta el 2011 enganchó a las 11 jóvenes con promesas de trabajo y de las que ya jamás se supo nada.

¿Extravío o desaparición forzada?
Desde hace siete meses México reclama la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin duda alguna este crimen perpetrado por el Estado mexicano encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en bandera de lucha de los que se movilizaron a partir del mes de octubre del año pasado por toda la república mexicana.
Encontró eco internacionalmente, y con la participación de cientos de miles en multitudinarias marchas demostró el hartazgo acumulado por años en la falsa guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón con la militarización del país, arrojando miles de muertos y desaparecidos, así como cientos de desplazados de sus comunidades de origen convirtiéndolas en pueblos fantasma. Con la militarización, también ha aumentado la violencia hacia las mujeres.
En los casi tres años del regreso del viejo PRI nos hemos enterado de distintas masacres perpetradas por el régimen, sus instituciones militares y policías federales, con la complicidad del resto de partidos políticos en el poder.
Es así que no podemos hablar de simples desapariciones, siete mujeres son asesinadas al día en México, en su mayoría arrebatadas de sus hogares por las redes de trata con fines de explotación sexual, consideradas cosas de uso y desecho. Esto sólo es posible bajo un sistema patriarcal, misógino y machista –todo ello exacerbado por el capitalismo en su propio beneficio– que considera a las mujeres meras mercancías que pueden ser descartables y sustituidas por otras.
¿Cómo podemos pensar en juicio y castigo para estos delincuentes si desde las entrañas de los partidos políticos se tejen estas redes de trata, como es el caso del líder del PRI en el D.F. Gutiérrez de La Torre, a quien se le exoneró de las acusaciones que pesaban en su contra?
A poco más de un mes de las elecciones intermedias a realizarse el 7 de junio, ninguno de los partidos oficiales que se disputan nuevos cargos ofrece ninguna solución de fondo a las terribles condiciones a las que nos enfrentamos los sectores empobrecidos, pero principalmente las mujeres que sufren con mayor fuerza toda clase de violencia.
Con millones de pesos gastados en sus campañas electorales tratando de legitimarse y desviar el descontento de la población, ningún partido propone cómo terminar con el feminicidio y las miles de desapariciones forzadas de niñas y mujeres, no responden al reclamo de las y los jornaleros de San Quintín por mejores condiciones laborales, y un largo etcétera de abusos por parte de estos políticos parásitos que no nos representan y que aprueban reformas y leyes anti obreras y anti populares.

http://www.laizquierdadiario.com/A-donde-van-nuestras-hijas-desaparecidas

Diferencia entre paridad, igualdad y equidad.

Aunque a menudo se confundan y utilizan indistintamente, hay diferencias en el significado de los términos igualdad, paridad y equidad de género, que exponemos a continuación:
1. Igualdad: Es el derecho inherente de todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley sin discriminación por su género, condición sexual, raza, creencia, nacionalidad o clase social o cualquier otro motivo.
Se traduce en la igualdad de trato de individuos, grupos sociales o comunidades sin condiciones en la representación pública, la educación, la sanidad, las empresas públicas y privadas. Un ejemplo de la reivindicación de la igualdad es la salarial: la demanda de que mujeres y hombres cobren lo mismo por el mismo trabajo realizado y las mismas capacidades demostradas.
La igualdad de género, como principio jurídico universal, está recogido en diversas declaraciones de derechos humanos y forma parte de los principios fundamental de la Constitución europea, así como de normas nacionales, como la Constitución española.
Una inadecuada interpretación de este concepto es el que lleva a grupos antifeministas a criticar las leyes que proponen cuotas o medidas especiales para las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia de Género o la Ley de Igualdad 3/2007 española.
2.. Paridad: Es concepto de paridad está relacionado con corregir la falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública, sobre todo en la política.
Según Alicia Miyares, "garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía". La paridad en la representación establece por ley en España un 60%-40%, es decir, ningún género puede estar representado en una proporción menor a un 40% ni mayor a un 60%, siempre entre candidatas y candidatos de igual valía y méritos para un puesto.
La paridad tiene que ver con las llamadas cuotas de género que siguen generando rechazo por algunos sectores. Así, el Gobierno alemán acaba de aprobar que haya como mínimo un 30% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas alemanas para superar el "techo de cristal" que impide a muchas trabajadoras ostentar puestos de poder y dirección.
3. Equidad: Se utiliza más en Latinoamérica, en ocasiones como sinónimo de igualdad pero va más allá de ésta y articula tanto los derechos individuales como la justicia social. Tiene en cuenta las condiciones de partida y las necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres de forma que la igualdad de condiciones y oportunidades pueda ser efectiva y no androcéntrica.
Las feministas latinas, tras la Conferencia de Pekín de 1995, prefirieron utilizar el término equidad frente a igualdad, ya que entendían la igualdad como el querer equiparar a las mujeres con los hombres para poder gozar de los mismos derechos que ellos.


http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/Diferencia-entre-paridad-igualdad-y-equidad.htm?hootPostID=1a720799248492f88e1cc419ce0d2c05

Cómo saber si tu pareja es un abusador financiero.

Puede comenzar de forma inocente: quizás tu pareja te pide ver la boleta del supermercado o te asegura que vio el resumen de tu cuenta bancaria por accidente.
Pero este tipo de hábitos puede derivar en conductas tan controladoras que te produce temor y ansiedad cada vez que sacas tu billetera.
El llamado abuso financiero puede incluir muchas otras conductas opresivas: tu pareja gasta el dinero ganado entre ambos, pide préstamos en tu nombre, te hace pagar sólo a ti servicios como la electricidad y el teléfono que los dos utilizan, o bien vigila cada centavo que gastas.
Peor aún, todo esto puede conducir a otros tipos de abusos más severos: el emocional o el físico.
La gran mayoría de las víctimas son mujeres, si bien los hombres también pueden ser vulnerables, particularmente los ancianos o los que tienen discapacidades.
En EE.UU., la Red Nacional para Acabar con el Abuso Doméstico calcula que la opresión financiera ocurre en el 98% de los casos en los que hay violencia verbal y física en la pareja.
En América Latina hay pocos datos sobre el abuso financiero en sí, en gran medida porque –como sucede con la violencia doméstica- las víctimas tienden a no denunciar su situación.
Tampoco abundan, a nivel global, las leyes que le hagan frente.
Algunos países, como Reino Unido, están trabajando en normas que pongan freno a este tipo de conductas coercitivas, pero nadie sabe con certeza cuán efectivas pueden ser.
Entre tanto, numerosas organizaciones internacionales tratan de dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo se puede detectar el abuso financiero tempranamente, antes de que se torne grave?

El caso de Jane
 En un mundo donde la inestabilidad económica parece la regla, muchos viven cuidando su presupuesto. Pero para la británica Jane (no es su verdadero nombre), de 35 años, esto significó convertirse en víctima de un control financiero obsesivo.
Jane le cuenta a la BBC que, por ejemplo, su exesposo –y su suegra- abrían siempre el refrigerador para verificar si la leche había sido comprada en una cadena de supermercados cara o barata.
"Me ha ocurrido de estar en un mercado y ver que el jabón costaba 70 centavos. De pronto recordaba que en otro negocio valía un poco menos, pero tenía que caminar varias cuadras.
"Lo lógico hubiera sido comprarlo donde ya me encontraba, sin hacerme mucho problema. Pero me mortificaba la idea de que mi esposo y mi suegra pudieran regañarme… y por tan poca cosa", recuerda.
Todas las decisiones financieras –desde las vacaciones hasta la elección de muebles- eran tomadas por su marido.
"Él eligió el carro. Y en una ocasión, cuando salíamos de la casa de mis padres, mi pareja gritó por la ventanilla: 'Ella eligió el color'. Fue muy denigrante", cuenta.
Cuando su esposo comenzó a retirar grandes sumas de dinero de su cuenta conjunta para comprar motocicletas, Jane trató de advertirle al banco.
Su marido terminó dilapidando todos los ahorros y fue declarado en bancarrota. Ella heredó las duedas y tuvo que hacerse cargo de la hipoteca.
Hoy Jane vive con su hijo de 5 años en la casa de sus padres. Y debido a su historial financiero, durante seis años no estará en condiciones de alquilar una vivienda o tomar un préstamo para comprarla.

Señales de advertencia
 ONU Mujer y numerosas ONG dedicadas al tema afirman que casos como este abundan en el mundo, aunque no hay cifras confiables que precisen la magnitud del fenómeno.
Según Naciones Unidas, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja.
Y en esta realidad incluye el factor económico: "Pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo".
En Reino Unido, un informe reciente de la organización Women's Aid titulado "Atrapada y controlada" confirma que el abuso financiero es frecuentemente uno de los primeros síntomas de la violencia doméstica.
Los autores del reporte, Marilyn Howard y Amy Skipp, le enumeran a la BBC las conductas de la pareja en las que hay que fijarse especialmente:
Toma importantes decisiones financieras sin tu participación
Usa tu tarjeta de débito/crédito sin preguntar
Controla tu acceso al dinero (tarjetas de crédito o cuenta bancaria)
Se apropia de tus ingresos
Se niega a contribuir para los gastos del hogar
Pone las cuentas a tu nombre, pero no ayuda a pagarlas
Toma créditos en representación tuya, pero no colabora con el pago de las cuotas
Saca dinero de tu cartera/cuenta bancaria
Te obliga a dejar de trabajar
Te utiliza como una fuente laboral gratuita
Polly Neate, directora de Women's Aid, cree que es necesario cambiar las leyes no sólo en Reino Unido, sino también en el resto del mundo para que las víctimas se atrevan a denunciar el abuso financiero.
"Sabemos que muchas mujeres no denuncian su situación porque saben que policía sólo actúa una vez que se produce un acto de violencia física, no antes", advierte.
Neate añade que, aparte de los cambios jurídicos, hay que promover un cambio cultural para combatir el abuso financiero en el hogar.

Buscar ayuda
 Asimismo -coinciden los especialistas-, el sector financiero tienen mucho por hacer al respecto.
Para Jane, por ejemplo, tratar de cambiar su propia situación fue muy difícil porque tenía una cuenta bancaria conjunta. No lograba evitar que su marido retirara el dinero que quería.
Los bancos en general no tienen mecanismos establecidos para hacer frente a este tipo de disputas.
Entidades globales como el HSBC únicamente pueden imponer restricciones a las cuentas conjuntas sólo si la policía lo solicita.
Otros bancos sólo aceptan bloquear temporariamente una cuenta si son notificados formalmente en el caso de un disputa marital.
El sector bancario dice estar dispuesto a hacer cambios para combatir el abuso financiero en las parejas, pero reconoce que no será fácil establecer un procedimiento amplio para hacer frente a este tipo de casos.
La psicóloga británica Corinne Sweet, autora del libro "Basta de pelear por el dinero", afirma que mientras tanto hay estar alertas a un hecho fundamental en el hogar.
"Las parejas deben poder hablar de los asuntos monetarios sin tapujos, con amplia libertad. Es señal de confianza, de cercanía", asegura Sweet, quien además trabaja para el Servicio de Asesoría sobre Dinero de Reino Unido (Money Advice Service), una agencia gubernamental.
Y concluye que cuando eso no es posible es mejor buscar -sin demoras- asesoramiento en alguna de las organizaciones de ayuda contra el abuso doméstico que existe en cada país.

Brian Milligan BBC Economía
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150429_economia_parejas_abuso_financiero_ms

A dos años de tragedia textil, siguen los abusos en Bangladesh.

En la víspera del segundo aniversario de uno de los peores accidentes industriales en la historia moderna, un informe de Human Rights Watch (HRW) denuncia que el sector textil de Bangladesh sigue aquejado de la misma cultura de abusos y falta de garantías que causó la muerte a más de 1.100 personas hace dos años.
El Rana Plaza, un edificio de ocho pisos que alojaba a cinco fábricas textiles en Dacca, se desplomó el 24 de abril de 2013. Además de los numerosos muertos, el accidente dejó lesionadas a más de 2.500 personas en el país de Asia meridional de 156 millones de habitantes.
En su momento, los trabajadores tuvieron la esperanza de que la tragedia acabaría con los abusos laborales. Pero el informe de HRW, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, indica lo contrario.
Basado en entrevistas con unos 160 trabajadores de 44 fábricas, principalmente dedicadas a la confección de prendas vendidas por empresas minoristas en Australia, Europa y América del Norte, el informe publicado este jueves 23 concluye que las normas de seguridad en Bangladesh siguen siendo malas, que los abusos laborales son comunes y que el acoso sindical, incluidos los ataques violentos y la intimidación de los sindicalistas, son la norma.
Algunos de los entrevistados dicen que fueron golpeados con hierros. Otros denuncian que sus familias fueron amenazadas de muerte. Una embarazada habría sido agredida con barras de cortina metálicas. Para miles de que los cuatro millones de personas que trabajan en el sector textil, este tipo de brutalidad es parte de su vida cotidiana, según HRW.
Aunque no sufran agresiones físicas, las y los trabajadores de las aproximadamente 4.500 fábricas que componen la enorme industria de la vestimenta en Bangladesh casi seguramente padecen otras injusticias, como horas extras no remuneradas, abusos sexuales o verbales y condiciones de trabajo inseguras e insalubres.
Tras el accidente del Rana Plaza en 2013, los funcionarios gubernamentales, poderosas asociaciones comerciales y empresas extranjeras que compran la ropa confeccionada en Bangladesh se comprometieron a remediar las fallas del sector textil, que exporta 24.000 millones de dólares en mercancías por año.
A lo largo de la cadena de suministro se prometió que una tragedia de este tipo no volvería a repetirse jamás. Pero esas promesas no se cumplieron.

La violación de las leyes laborales
En diciembre de 2014, el gobierno de Bangladesh aumentó el salario mínimo de los obreros de 39 dólares a 68 dólares mensuales. Si bien fue un avance considerable, los trabajadores pretendían un mínimo de 100 dólares al mes.
Por otra parte, la aplicación ha sido lenta. Según Moshrefa Mishu, presidenta del Foro de la Unidad de los Trabajadores Textiles, que representa a 80.000 trabajadores, solo 40 por ciento de las empresas cumplen con la ley del salario mínimo.
Mishu señaló que las mujeres, que constituyen el grueso de la mano de obra del sector, son el "alma" de esta industria vital que produce 80 por ciento de los ingresos de exportación y aporta 10 por ciento del producto interno bruto anual del país. Sin embargo, son víctimas de "salarios de explotación" debido a que los minoristas exigen precios competitivos, añadió.
De hecho, muchos propietarios de fábricas concuerdan en que la presión de las empresas que hacen pedidos a granel para agilizar las líneas de producción y mejorar los márgenes de ganancia contribuyen con la mala situación laboral, ya que los minoristas de marca rara vez incluyen el factor del cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en su cálculo de costos.
Los "costos financieros son pesados para los propietarios de las fábricas", aseguró Meenakshi Ganguly, directora de HRW en Asia meridional. "Ellos argumentan que una pequeña transacción sobre el margen de ganancia puede hacer mucho para ayudar a las fábricas de Bangladesh a cumplir" las leyes, añadió en diálogo con IPS.
Dondequiera que esté la culpa del incumplimiento, son innegables las consecuencias negativas para los trabajadores, y especialmente para las obreras.
Una encuesta realizada en abril de 2014 por la organización internacional no gubernamental Democracia Internacional reveló que 37 por ciento de los trabajadores denunciaron que no se les pagaba la licencia por enfermedad, y 29 por ciento carecía de la licencia de maternidad remunerada.
A quienes no cumplan con las metas de producción se les descuentan los salarios, mientras que la investigación de HRW indica que "los obreros en casi todas las fábricas" investigadas se quejaron de no recibir los sueldos o beneficios en su totalidad o a tiempo.
Las horas extras sin el consentimiento de los trabajadores son sumamente comunes, así como las pésimas instalaciones de saneamiento y el agua potable contaminada.

La negociación colectiva, un negocio arriesgado
Ante esta situación, muchos trabajadores son conscientes de que su mejor oportunidad para obtener condiciones dignas de trabajo radica en su capacidad de negociación colectiva.
Pero el acoso sindical y otras actividades antisindicales son habituales en el sector textil, y muchos sindicalistas son golpeados hasta que se someten y decenas de personas aterrorizadas para mantenerlas dóciles.
Aunque Bangladesh ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva, quienes intenten ejercer esos derechos se enfrentan a duras represalias.
"Fui arrestada y encarcelada siete veces, pero me dejaron en libertad porque no encontraron pruebas contra mí", destacó Mishu, del Foro de Unidad de los Trabajadores Textiles.
"El único cargo del que me acusan es el de hablar a favor de los trabajadores. Cada vez que alzamos la voz contra los propietarios de las fábricas textiles, en lugar de negociar con nosotros aplican la fuerza para silenciarnos", sostuvo.
El testimonio de Mishu refleja numerosos incidentes similares registrados en el informe de HRW, que incluye un ataque en febrero de 2014 contra cuatro activistas de la Federación de Bangladesh por la Solidaridad Obrera, por el cual uno de ellos quedó herido de tal gravedad que debió pasar 100 días hospitalizado.
Su único "delito" fue ayudar a los empleados de la fábrica de propiedad coreana Chunji Knit a llenar formularios de inscripción al sindicato.
"Encontramos que los propietarios de las fábricas… emplean a matones locales para intimidar y atacar a los organizadores sindicales, a menudo fuera del predio de la fábrica", explicó Ganguly, de HRW. "Y entonces alegremente niegan su responsabilidad diciendo que los ataques no tuvieron nada que ver con la fábrica", añadió.
En uno de los peores ejemplos de actividad antisindical, HRW informó que el activista Aminul Islam fue "secuestrado, torturado y asesinado en abril de 2012, y hasta la fecha no se ha encontrado a sus asesinos".
Aunque las reformas, duramente conquistadas, elevaron el número de sindicatos registrados oficialmente en la Dirección de Trabajo de apenas dos en 2012 a 416 en 2015, la representación sindical sigue siendo escasa. Solo 10 por ciento de las fábricas textiles están sindicalizadas en Bangladesh.

Por Kanya D'Almeida y Naimul Haq
http://www.ipsnoticias.net/2015/04/a-dos-anos-de-tragedia-textil-siguen-los-abusos-en-bangladesh/

Feminismo en Latinoamerica .

El feminismo latinoamericano es sin duda uno de los movimientos socio políticos más importantes que ha conocido América Latina. Presenta marcadas diferencias en función de las especificidades de cada región (Andina, Cono Sur, Centroamérica y Caribe) que ponen de manifiesto la diversidad y las turbulencias políticas, sociales y económicas del continente. Pero al mismo tiempo, comparten el potencial transformador de la lucha histórica por la igualdad de derechos de las mujeres.
Según algunas autoras su origen puede remontarse a mediados del siglo XIX, cuando pequeños grupos de mujeres de clase alta comenzaron a reivindicar el acceso a las universidades, convirtiéndose años después en las primeras médicas y abogadas de la región. Otras, indican que los movimientos feministas latinoamericanos surgieron en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, desde principios de siglo existieron agrupaciones que sin declararse feministas consiguieron grandes avances para las mujeres latinoamericanas y se configuraron en un precedente importante para el posterior desarrollo del feminismo (PNUD, 2009).
En esta primera ola feminista aparecieron organizaciones de mujeres trabajadoras que organizaron las primeras huelgas de lavanderas, maestras y obreras textiles con el objeto de reivindicar condiciones laborales dignas, para ellas y sus familias. Otro hito importante en esta etapa, fue la lucha por el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres, protagonizado por las agrupaciones de sufragistas que fueron surgiendo a lo largo y ancho del continente entre 1900 y 1950. Tras la progresiva consecución del sufragio femenino y ante la constancia de que los partidos políticos existentes no incorporaban las demandas de las mujeres, se crearon en algunos países partidos políticos de mujeres, como el Partido Feminista Nacional (Argentina), el Partido Cívico Femenino (Chile) y Evolución Femenina (Perú).
Las reivindicaciones sindicales y ciudadanas de estos años dieron paso a lo que Julieta Kirkwood (1986) denominó el silencio feminista. Es decir la generalizada y poco estudiada inactividad pública de agrupaciones de mujeres en la región, entre 1950 y 1970 aproximadamente.
Como señala Virginia Vargas (2002) "los movimientos feministas de la segunda oleada han sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo del siglo XX, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos, culturales y sexuales en las que se desarrollaban". Surgieron en América Latina en la década de los 70 y se generalizaron en toda la región durante la década de los 80, a través de la expansión de un amplio y heterogéneo movimiento popular de mujeres que expresaron y denunciaron las formas específicas y diversas en que las mujeres construyen sus identidades, intereses y propuestas (Vargas, 2002).
La preocupación fundamental de los feminismos en los años 80 se orientó a "politizar lo privado", a través de la manifestación de las experiencias de opresión de las mujeres; el cuestionamiento del carácter político de la subordinación de las mujeres en el ámbito privado y sus efectos en la presencia y participación en el mundo público. Esto dio lugar a la generación de nuevas categorías de análisis para nombrar lo que hasta entonces no tenía nombre: la violencia doméstica, acoso sexual, violación en el matrimonio, etc.
El contexto de guerras civiles y regímenes autoritarios predominante en la región en estos años dio lugar a que los distintos movimientos feministas ligaran la lucha de las mujeres con la lucha por la recuperación democrática, vinculando la falta de democracia en lo público con la escasez de relaciones democráticas al interior de las familias. De este modo, el slogan de las feministas chilenas: "Democracia en el país y en la casa" fue adoptado como un lema para muchos grupos de mujeres en América Latina (PNUD, 2009).

http://intecianosenhistoria14.blogspot.com/2014/07/feminismo-en-latinoamerica.html
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article140