Líderes tradicionales de África se unen para eliminar prácticas contra las mujeres.

Su título revela su poder: la Reina Madre. “Cuando hablamos, la gente escucha. Y decimos que vamos a poner fin a esas (prácticas) tradicionales perjudiciales porque no son buenas para nuestras comunidades, especialmente en el caso del matrimonio infantil y precoz”, dice la ugandesa Best Kemigisa.

Una de cada tres mujeres de África se casa antes de cumplir los 18 años, y de los 30 países en los que existe una mayor prevalencia de la mutilación genital femenina, 28 están en África.

La desigualdad entre sexos, profundamente arraigada, las creencias culturales establecidas y la pobreza potencian esta nociva práctica.

En muchas zonas, los hombres y las mujeres que lideran las comunidades tradicionales y religiosas y que realizan, promueven o defienden el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son los garantes de estas prácticas. Por lo tanto, también pueden convertirse en las figuras aliadas más poderosas para erradicarlas.

La Reina Madre Best Kemigisa del reino Toro de Uganda es una de esas aliadas y una voz con poder en su comunidad. “Como líderes tradicionales tenemos una importancia fundamental, ya que no sólo no aceptamos las leyes, sino que somos quienes las dictamos”, ha afirmado durante una reunión en Nairobi, Kenya, que ha reunido a líderes tradicionales de 17 países africanos.

La reunión de Nairobi fue la culminación de años de trabajo de ONU Mujeres y otras organizaciones locales y regionales para acabar con estas prácticas dañinas que traumatizan, perjudican y matan a millones de niñas en toda África.

Esta reunión de líderes tradicionales tenía un objetivo claro: diseñar una hoja de ruta con un enfoque sostenible y coordinado para contribuir a la campaña dirigida por la Unión Africana (UA) y destinada a acabar con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y otras prácticas culturales dañinas.

En la reunión también se estudiaron las mejores prácticas y se extrapolaron a gran escala las iniciativas emprendidas por algunas y algunos de los líderes para evitar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Un buen ejemplo es el de la jefa principal Kachindamoto, que ha dirigido una exitosa iniciativa en Malawi y ha conseguido anular más de 2.000 matrimonios infantiles en su zona desde 2013.

“Esta reunión es muy importante para la comunidad de líderes tradicionales ya que nos permite hablar sobre lo que cada persona está haciendo” explica. “Cuando oyes algo bueno, lo haces tuyo y te lo llevas a casa; y cuando lo llevas a casa, lo cambias. Como líderes tradicionales somos las y los custodios de la cultura, así que debemos quedarnos con lo bueno y desechar lo malo”.
En Zambia, el jefe Chamuka ha conseguido avances similares, reduciendo las tasas de matrimonio infantil y embarazos en adolescentes. Bajo su liderazgo, las y los principales líderes de comunidades han aprobado normas locales que aumentan la edad legal para contraer matrimonio a 21 años y hacen obligatorio el registro en la localidad.

“Estas disposiciones legales han influido enormemente en el cambio de mentalidad de la gente. Porque no han sido normas impuestas por un jefe, sino impulsadas por la propia comunidad”, explica.

Relata que, cuando subió al trono, en su comunidad había 45 niñas casadas y 209 adolescentes embarazadas. Después de aprobar estas leyes, el número se redujo a un matrimonio infantil y ocho embarazos de adolescentes.

“(Sin) protección de los derechos de la infancia, no habrá desarrollo en el futuro”, añade el jefe Chamuka.

Para éste líder tradicional “la cultura nos proporciona un espejo para mirar atrás y adelante. Cuando miramos atrás, vemos las raíces que nos dan fuerza, pero algunas de esas raíces pueden ser más débiles y esas son malas prácticas, porque no todas nuestras prácticas tradicionales son buenas. Vamos a asegurarnos de prohibir las que no lo sean”.

“Todas las personas venimos de culturas y tradiciones… y las y los líderes tradicionales son las figuras más reverenciadas. Tienen el poder, la autoridad, la capacidad para llegar donde quieran”,  explica la Directora Regional de ONU Mujeres, Izeduwa Derex-Briggs.

“Creemos que conseguir su participación y escuchar su punto de vista es empezar por el buen camino. En sólo dos días veremos los cambios. Veremos a gente alzando la voz y diciendo que no”, añade.
Mary Okumu, Directora Nacional de ONU Mujeres Sierra Leona, está de acuerdo: “Cuando empiezas desde abajo y comprometes a las comunidades en el diálogo, en los discursos, tienes más impulso, porque consigues las opiniones reales de las personas que deben adaptarse”.

Este encuentro de dos días, organizado por ONU Mujeres en colaboración con la Queen Mother Best Foundation (Uganda) y el Instituto de la Realeza Africana, también incluyó a líderes de la sociedad civil y organizaciones internacionales que trabajan en estos campos y facilitó el diálogo intergeneracional.

Gbenebichie Onetoritsebawoette, una joven líder de Nigeria, cuenta que la reunión le ha dado una nueva perspectiva:“La percepción que teníamos de las y los líderes tradicionales no es la misma que la que tengo ahora —explica—. Estoy segura de que en verdad quieren ver el cambio. No quieren que continúen las prácticas tradicionales negativas. Y eso me ha dado esperanza”.

“Escuchar perspectivas diferentes de varios países me ha demostrado que estamos avanzando y que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo”, afirma Jaha Dukureh, Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, que asistió a la reunión.

Dukureh, víctima de la mutilación genital femenina y de un matrimonio infantil forzoso a los 15 años, coordina los esfuerzos en defensa de esta iniciativa en su país, Gambia, y a escala internacional. Su trabajo con organizaciones juveniles y de mujeres contribuyó a que el gobierno de Gambia prohibiera la mutilación genital femenina en 2015.

Durante las próximas semanas y meses, tendrá lugar multitud de consultas y diálogos facilitados por ONU Mujeres a escala regional y subregional, que culminarán con un compromiso global de líderes tradicionales y de comunidades religiosas de toda África en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Unidad Africana (UA) que se celebrará en febrero de 2019 en Addis Abeba.

Nyaradzai Gumbonzvanda, embajadora de buena voluntad de la UA por el fin del matrimonio infantil, reconoce el inmenso potencial que las y los líderes tradicionales tienen para cambiar las normas, aprobar leyes y facilitar el acceso a los servicios dentro de las comunidades.

Ella añade que empoderar a las niñas debe ser una parte fundamental de estos esfuerzos: “Hay que empoderar económicamente a las niñas para que no vean el matrimonio como una forma de escapar de la pobreza. Una niña debe poder decir ‘puedo tener mi propio coche’ en lugar de ‘tengo que casarme con un hombre que tenga coche’”.


http://www.ipsnoticias.net/2018/11/lideres-tradicionales-africa-se-unen-eliminar-practicas-las-mujeres/

Nicaragua: El feminismo como ejercicio de autonomía y de lucha por la libertad.

Diálogo con María Teresa Blandon, docente y activista del movimiento feminista de Nicaragua, quien reflexiona sobre el momento político del país centroamericano.

Hija de un campesino y de una maestra, María Teresa Blandón se integró con 17 años en la revolución sandinista y luego en el movimiento feminista. Es ella quien nos cuenta las duras controversias entre el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), a partir de que fuera tomado por completo por el orteguismo, y el movimiento de mujeres, el feminismo, pero también con los movimientos de derechos humanos, con los y las jóvenes, con el periodismo independiente y con los medios de comunicación comunitarios.

—¿Cómo fue el proceso de alejamiento del FSLN de la experiencia de la revolución que tanto nos enamoró en América Latina?

—La verdad es que es un larguísimo camino. De aquella revolución de los 80 que despertó tanta emoción, tanta esperanza en América Latina, no queda nada hace mucho tiempo. Desde que el Frente Sandinista se dividió, la parte más autoritaria, más belicosa, más violenta, quedó con el control político, y usurpó la memoria colectiva sandinista. Esa parte del sandinismo está muy comprometida con la corrupción. La “piñata” de los 90 fue el tiro de gracia contra una lucha maravillosa del sandinismo, pero mucha gente parece que no se enteró. (Cuando el FSLN perdió las elecciones el 25 de febrero de 1990, redistribuyó entre la dirección sandinista los bienes de Estado que habían sido confiscados a sectores del poder en el momento del triunfo de la revolución sandinista. De esos procesos se va formando una “burguesía sandinista” integrada por varios de los principales dirigentes del FSLN. El expolio de los bienes del Estado es conocido como “la piñata sandinista”).

En 1998, Zoilamérica denunció a Daniel Ortega por abuso sexual (Zoilamérica es hija de Rosario Murillo, pareja actual de Daniel Ortega y vicepresidenta del país. Ortega, que adoptó a Zoilamérica, fue acusado por la joven de haber sufrido abuso sexual y violencia sexual por parte del que entonces era diputado sandinista). Cuando después de haber sido denunciado por violencia sexual, Ortega regresó al poder, todavía había gente que pensaba que era un revolucionario.
Quienes estábamos aquí en Nicaragua, y las feministas en particular, dijimos que eso no era así. Casi doce años desde el retorno de Daniel Ortega al gobierno, ha sido mucho el retroceso. Para las mujeres, para la sociedad en su conjunto. Para la democracia, para los derechos de las mujeres, para la participación ciudadana, para la libertad de expresión. Es un gobierno que construyó su proyecto desde un populismo que, mientras daba asistencia a la gente pobre, mantenía un acuerdo sólido con la gran empresa privada, al punto de convertir a este Estado en un Estado corporativo. Es la realidad que hemos vivido en estos años y que a partir de abril hizo crisis, porque hay un acumulado de daños, de restricción de libertades, de persecución, de corrupción, de opacidad de las políticas públicas.

—¿Cómo fue el conflicto con las feministas?

—Ya teníamos problemas desde la década de los 80. En los 90, el movimiento feminista se separó completamente del Frente Sandinista, por los temas que mencioné antes. En los 90 el movimiento ya estaba en posibilidades de volar con sus propias alas y teníamos necesidades de más. Temas caros al feminismo como la violencia machista, no podíamos abordarlos desde el sandinismo. Nos separamos del Frente Sandinista. El golpe de desgracia fue cuando Zoilamérica, en el año 1998, denunció a Daniel Ortega por abuso sexual. Fue un punto crítico para el feminismo nicaragüense. Nos llevó a profundizar el debate sobre la violencia machista y sus causas estructurales, pero también nos confirmó que Daniel Ortega no sólo había sido un agresor, que era también un cómplice y encubridor de la violencia machista. Esto nos explica por qué su mujer, doña Rosario Murillo, había tenido tanto encono hacia las feministas desde los 80 hasta nuestros días.

La política de alianzas de Daniel Ortega con los líderes más corruptos de Nicaragua, el pacto que suscribió en el año 2000 con Arnoldo Alemán, que es la figura emblemática de la corrupción en Nicaragua, nos terminó de confirmar que el Frente Sandinista era una maquinaria sin proyecto político, sin política para el país, que se había convertido en un fin en sí mismo para regresar al poder. La alianza con Alemán fue lo que le permitió a Ortega llegar al poder. Obtuvo el control del poder electoral, e hicieron cambios en la justicia electoral que le permitieron llegar al poder con el 38 por ciento de los votos.
En la campaña del 2005, el movimiento feminista de Nicaragua de manera unánime estaba en contra de la candidatura de Daniel Ortega. Había diferencias de a quién apoyar, pero estábamos en contra de que él llegue de nuevo al gobierno. El tema de que fuera un abusador sexual no era un tema menor cuando estábamos poniendo en discusión la violencia machista. Para nosotras fue un golpe terrible que mucha gente callara sobre eso. Los dirigentes políticos callados, la Iglesia Católica también callada. Sólo hablábamos las feministas nicaragüenses.
Estos 12 años recibimos golpe tras golpe. La penalización del aborto terapéutico fue obra del Frente Sandinista. La naturalización y el encubrimiento del abuso sexual, el embarazo de niñas cada año producto del abuso. El tema de haber desbaratado la ruta institucional para las denuncias, el castigo a los agresores. Un espacio total de impunidad. El rechazo total de este gobierno a los derechos sexuales y reproductivos. Su alianza con los grupos más provocadores de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas. Son algunos de los ejemplos de cómo fue el trato que hemos recibido las feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres.

—¿Cómo ha sido esa alianza con las iglesias, y cómo es ahora?

—Si bien durante estos 12 años Daniel Ortega logró mantener a su lado a la mayor parte de las iglesias evangélicas, las cuales tienen un historial bastante grave de corrupción y de oportunismo, y ha cooptado a una parte de la iglesia católica, sobre todo en los últimos cinco años, sectores de la iglesia católica comenzaron a tener una preocupación -no con el tema de los derechos de las mujeres porque en eso estaban de acuerdo-, sino sobre el cierre de espacios de participación ciudadana, por el tema de la censura, por la opacidad de las políticas públicas. Sucede también que el gobierno Ortega-Murillo le disputó a la jerarquía católica incluso los rituales católicos más caros a la Iglesia. Rosario Murillo se convirtió en una especie de sacerdotisa bastante extraña. Ella era la que leía la Biblia todos los días, ella celebra al Niño Dios, gasta millones del presupuesto de la República para celebrar a la Purísima. Se encargó de comprar a una parte de la iglesia católica. Una parte de la jerarquía se posicionó a favor del gobierno. Ahora la relación es abiertamente tirante.

En abril, con el estallido de la crisis, esta relación se quebró, aunque por abajo la pareja Ortega-Murillo sigue teniendo estrategias de cooptación y de chantaje. Ortega le pidió a la Conferencia Episcopal que fuera mediadora de un diálogo, para ganar tiempo y frenar la protesta ciudadana que iba cobrando cada vez más fuerza. Cuando se hizo ese intento de diálogo, una parte de la iglesia católica salió a defender a los y las jóvenes que estaban en las barricadas defendiendo derechos, y Ortega respondió con presos y asesinados, esta relación tensa se rompió irremediablemente. De manera que en este momento el gobierno Ortega-Murillo ha declarado a la jerarquía católica su enemiga, y ha lanzado una campaña de estigmatización, ha amenazado a los obispos de la Conferencia Episcopal, ha mandado a perseguir a sacerdotes. El vínculo precario que mantuvieron, por intereses de los dos lados, se quebró.

—¿Qué información hay sobre los presos y presas políticos/as?

—El universo total de presos y presas es enorme. Tenemos más de 500 presos y presas políticas. Hay casi 50 mujeres presas actualmente. La situación es terrible porque los han secuestrado, no ha habido ningún procedimiento general para capturar a estos jóvenes. En la detención han participado policías y paramilitares. En ningún caso hay orden de captura. Un grupo de alrededor de 10 jueces, que son fieles servidores del régimen Ortega-Murillo, han realizado juicios netamente irregulares, con testigos falsos, llevando a policías a testificar. Los acusan de cosas absurdas: terrorismo, tenencia de armas potentes. Una cosa completamente irracional.

En el caso de las mujeres presas hay una marca misógina, profundamente machista. Hay mujeres que fueron liberadas, pero otras siguen presas. Lo que han denunciado es que han sido abusadas sexualmente, que son obligadas a desnudarse, que han sido manoseadas por oficiales de la policía. Hay por lo menos tres casos de mujeres que abortaron producto de los malos tratos y torturas que recibieron. Algunas están presas en la cárcel de El Chipote, un lugar donde Somoza torturaba a los presos políticos. Hay presas que tienen enfermedades graves. Sus familiares han pedido que sean atendidas por algún especialista y no ha sido posible.
Hace unos meses, al menos 16 presas políticas que están en la cárcel de La Esperanza, fueron golpeadas salvajemente por hombres que no son personal de ese penal, porque ellas se opusieron a que sacaran con rumbo desconocido a Irlanda Jerez, una joven líder emblemática, que se puso al frente de las protestas en el mercado de Oriente, uno de los grandes mercados de Centro América. Cuando quisieron sacarla para ser interrogadas por esos hombres que no eran del penal, las otras presas la defendieron. Todas fueron lastimadas, y las autoridades no han permitido, después de esa golpiza, que los médicos las revisen. Ellas han contado, en los pocos momentos en que vieron a sus familiares, que las espían, que las denigran, que les dan malos tratos, que no les permiten medicamentos muchas veces, que no les permiten el tiempo necesario para hablar con sus familiares, que no les dan el tiempo establecido para salir a los patios a tomar sol. No les han permitido a ellas ni a ellos una defensa eficiente. Les han querido imponer abogados de oficio, que como ya sabemos son abogaos escogidos por Ortega-Murillo. Han hostigado, han boicoteado a los abogados de los organismos de derechos humanos que dan asesoría jurídica a los presos y presas.

Se han producido el cierre de ONGs que defienden derechos humanos, feministas, ambientalistas, y de medios de comunicación independiente… En realidad, la represión no ha parado nunca. Después de desbaratar las barricadas y los tranques a punta de pistola, lo que nos dejó un saldo de muertos que todavía no terminamos de contabilizar a ciencia cierta, vino otra forma de represión que fue impedir a toda cosa que los y las nicaragüenses saliéramos a las calles.

—¿Qué cifras de muertos y muertas manejan, desde las jornadas de abril?

—El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos habla de 325 asesinados/as desde abril -coincide con las cifras que ha dado la CIDH-. Otra cifra es de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APRODH), que da alrededor de 500 asesinados y una cifra no exacta de desaparecidos. La CIDH ha tenido muchas dificultades para realizar su trabajo de investigación. El MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) tampoco ha tenido muchas posibilidades. El gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información completa de los asesinados. Mientras este régimen siga en el poder no vamos a lograr conocer la realidad. Eso será después que se vayan.

—¿Cuáles fueron los otros modos de represión?

—Como habíamos venido haciendo una avalancha de movilizaciones populares, en todo el país, el régimen Ortega-Murillo desarrolló una estrategia de perseguir a los jóvenes, amenazar a la gente, ponerles rótulos en las paredes diciéndoles “golpista, vamos a venir por vos, te vamos a dar plomo, y esas cosas”. Además de eso, cada vez que íbamos a marchar, nos lanzaban encima a los antimotines. De tal manera que los últimos dos meses y medio cada vez que hemos intentado marchar, el régimen militariza las ciudades, hostiga a la gente, nos asedia e impide la movilización. Incluso en algunas marchas que hicimos en el mes de septiembre, nos mandaron paramilitares a disparar a vista y paciencia de la policía. Entonces la gente dejó de salir a la calle porque la represión cada vez era mayor. Ésa fue la otra manera de reprimir. Incluso cuando fuimos a las iglesias para tratar de manifestarnos, nos esperaban a la salida para perseguirnos y para detener a algunos, sobre todo jóvenes, que siempre fueron su objetivo principal o predilecto.
El ataque a las ONGs es un nuevo momento de la represión. A pesar de que ya es muy difícil salir a las calles a protestar, hemos seguido hablando, hemos seguido estando en los medios de comunicación. Las ONGs, sobre todo las que trabajan en los ámbitos de derechos humanos, han estado denunciando la violación de derechos humanos, y en esta nueva etapa, la estrategia de represión va por un lado en contra de los periodistas y de los pocos medios de comunicación independientes que todavía quedan, en contra de los organismos de derechos humanos, y en contra de las organizaciones no gubernamentales, incluyendo también las organizaciones feministas. En esta etapa de represión estamos.

El 28 de noviembre citaron a Ana Quiroz, feminista costarricense nacionalizada nicaragüense, que vive en este país hace tres décadas. La citaron a las oficinas de Migración, sin darle mayores explicaciones, y ahí la esposaron como a una delincuente y la llevaron a la frontera con Costa Rica, su país de origen. Luego allanaron las oficinas de su organización (CISAS), un Centro que trabaja temas de Salud Comunitaria desde hace tres décadas. Se llevaron los equipos. Ahora mismo volvieron a tomarse el local y dijeron que sus bienes están confiscados.
Hay medios de comunicación que están siendo permanentemente vigilados, hay periodistas que han sido capturados, periodistas que han sido golpeados, la radio Darío fue quemada, ahora la volvieron a allanar. Hay algunas radios que han tenido que cerrar. La más reciente es la de Fundación del Río, que trabaja temas ambientales. Esto ha acontecido el fin de semana pasado. No sólo les quitaron la personería jurídica a ocho organizaciones no gubernamentales incluyendo al CENIDH, sino que sin ningún procedimiento legal allanaron sus locales y declararon que los bienes serían confiscados por el Estado. Además de eso, allanaron a una empresa de comunicación que no tiene nada que ver con las ONGs. Es una empresa mercantil, que se llama Confidencial, y produce dos programas televisivos, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, que fue asesinado por la dictadura somocista. Entraron a su local, lo allanaron, se robaron todo lo que había ahí. Cuando el equipo de Confidencial fue a la policía a decir que les expliquen que por qué hicieron esto a una empresa privada que no tiene nada que ver con la ley de asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo que hizo la policía fue reprimir, golpear, amenazar, insultar a los periodistas.

En el caso del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), que es un organismo muy emblemático en este país, que ha acompañado las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, la policía se metió como delincuente a su local, desbarataron todo, y cuando Vilma Nuñez, la directora del CENIDH y el resto del equipo intentaron entrar a su local, la policía se lo impidió. En el colmo de la barbarie, incluso le impidieron a su directora que haga declaraciones a la prensa independiente. Como dijo Paulo Abrão, de la CIDH, estamos viviendo en un estado de excepción, que ha conculcado todos los derechos ciudadanos. El derecho a la libre expresión, a la libre movilización, a la protesta cívica, a la libertad de organización. Es un estado de excepción, que no ha sido decretado legalmente pero que ha sido implementado de facto.

—¿Querés decir algo más?

—Una cosa que quiero decir, es que las feministas nicaragüenses, desde el primer momento que estalló esta crisis, hemos contado con el apoyo y respaldo de las feministas latinoamericanas, y también con las feministas del Estado español. Nos han acuerpado un montón. Nosotras reconocemos profundamente el nivel de compromiso que ellas han mostrado durante todo este tiempo. Sin ellas, por ejemplo, la Caravana de la Solidaridad que ha recorrido toda América Latina y una buena parte de Europa, no hubiera sido posible. A ellas les debemos este enorme esfuerzo.

Por otro lado, quisiera decirte que las feministas nicaragüeneses vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo nuestras libertades, y también las de toda la sociedad nicaragüense. En este trecho que nos falta, que confiamos que será más corto, esperamos seguir contando con los movimientos sociales de América Latina y del Caribe, y seguir confiando periodistas hombres, mujeres, comprometidos con las causas justas, puedan seguirle dando un hueco a la terrible situación que vive Nicaragua en estos tiempos.


Por Claudia Korol 
http://www.marcha.org.ar
https://desinformemonos.org

Embarazo y maternidad infantil forzada es un drama de América Latina.

Investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre el drama de las niñas latinoamericanas que antes de los 14 años son forzadas al embarazo y la maternidad producto de violaciones sexuales que afectan sus proyectos de vida sin que los Estados respondan con políticas que garanticen sus derechos humanos.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) se aproximó al problema en 2016 con un estudio en 14 países de la región que empezó a sacar de la invisibilidad la franja de niñas menores de 14 años que se encontraban en la estadística de los Estados como madres adolescentes.
Julia Escalante, abogada mexicana y coordinadora regional del Cladem, recordó a IPS que fue el caso de la niña paraguaya Mainunbuy (nombre ficticio) el que las motivó a profundizar sobre esta realidad. Ella quedó embarazada en el 2015 por la violación de su padrastro y fue forzada a asumir una posterior maternidad al negársele la interrupción de la gestación.
“La violencia sexual es el evento traumático más grave para una niña y no nos hacemos cargo por la conspiración del silencio…Pero la niña es una niña, tiene el cerebro de sus pocos años , tenía un proyecto de vida que ya no realizará. Se siente abrumada por las tareas maternales, además de llevar el hijo del violador, algo que no pidió ni deseó”: Marta Rondón.
Cladem y la organización Equality Now acudieron en mayo de ese año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado paraguayo a proteger la vida y todos los derechos de la niña. Pero eso no ocurrió y desde entonces se repitieron en ese país casos parecidos, el último en noviembre.
“El caso de Mainunbuy nos llevó a preguntar qué sucede en los otros países y trabajamos un balance regional. Encontramos ausencia de políticas de prevención del embarazo y maternidad infantil, y de protección de los derechos de las niñas”, indicó.
Un estudio publicado este año por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refrendó que esta es la segunda región del mundo, después de África Subsahariana, con la tasa más alta de embarazo adolescente, con 66,5 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes, frente a una tasa mundial de 46.
Además,  de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren cada año en la región, más de dos millones son de niñas menores de 15 años, y si la tendencia se mantiene esa cifra llegaría a tres millones en 2030.
El estudio en 14 países de Cladem subraya que en la región los partos de niñas tienen como causa la violación sexual, porque la legislaciones de sus países fijan que eso es toda relación carnal con una niña menor de 14 años, la edad hasta la que rige la llamada indemnidad sexual.
Las organizaciones regionales que defienden los derechos de las mujeres coinciden, además, en considerar un embarazo infantil forzado cuando una niña de menos de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo, si lo desea.
Los datos que obtuvo Cladem sobre partos de niñas menores de 15 años revelan que en 2015 se registraron 122 en Uruguay, 1.432 en Perú, 1.444 en El Salvador, 1.600 en Nicaragua, 2.787 en Argentina, 6.045 en Colombia, 10.277 en México, 13.332 en Bolivia y 26.700 en Brasil.
Esta red regional, con presencia en 15 países y su sede central en Lima, mantiene la campaña “Embarazo infantil es tortura”, que ha contribuido a ampliar la preocupación sobre esta realidad en la comunidad internacional.
Escalante pone énfasis en la responsabilidad de los Estados, a los que llamó a realizar una estadística diferenciada y específica sobre los embarazos y partos de niñas menores de 14 años.

Perú, expresión de problema regional

Marta Rondón, psiquiatra consultora en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Perú, conoce de cerca la realidad de niñas violadas que quedan embarazadas y dan a luz contra su voluntad porque el Estado no les ofrece oportunamente el derecho a interrumpir la gestación para evitar en su salud un grave daño y permanente.
“La violencia sexual es el evento traumático más grave para una niña y no nos hacemos cargo por la conspiración del silencio”, expresó a IPS.
A los 11 y 12 años les llevan pañalitos, cochecito, ajuares, les dicen que tienen un motivo para vivir y las preparan para el amamantamiento, narró. Profesionales de salud, que son agentes del Estado, hablan de cómo la naturaleza es sabia y que la pelvis de la niña está preparada para el parto y de que puede producir leche, acotó.
“Pero la niña es una niña, tiene el cerebro de sus pocos años, tenía un proyecto de vida que ya no realizará. Se siente abrumada por las tareas maternales, además de llevar el hijo del violador, algo que no pidió ni deseó”.
Rondón dijo que el Estado no reconoce el impacto de la violación sexual y del embarazo en la salud mental de las niñas, que la obligación de todos los operadores de salud al entrar en contacto con una niña embarazada es informarles de su derecho al aborto terapéutico para proteger su salud mental, tal como señala la norma.
“Tenemos que prevenir la violencia sexual en la infancia y cuando ocurre ofrecer el aborto terapéutico para limitar el daño, y acompañamiento a quienes deciden continuar con el embarazo para restaurar su salud mental”, señaló.
También exhortó a tomar medidas de prevención mediante la educación sexual integral con enfoque de género en los centros educativos desde la primera infancia, ingresar con esos contenidos a los medios de comunicación y erradicar prácticas de sexualización de las niñas en estos espacios.
A la vez, demandó que los Estados eliminen los obstáculos normativos, legales y culturales que impiden el acceso al aborto a las niñas embarazadas, y así evitar daños irreparables a su salud física y mental.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha venido alertando sobre el incesante incremento de la maternidad adolescente en América Latina y el Caribe.
En su informe de 2014 señaló, además, que 20 por ciento de los embarazos de menores de 18 años correspondía a niñas por debajo de los 15 años, como consecuencia de una violación.
La colombiana Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Perú, inició su diálogo con IPS precisando las cifras de la maternidad infantil en el país, que sirven como ejemplo del fenómeno en la región.
Refirió que entre 2011 y 2017 el estatal Servicio Integral de Salud atendió 14.325 partos de menores de 15 años. Además, que en el 2015 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil inscribió 1.538 recién nacidos de madres de entre 11 y 14 años.
“En 71 por ciento de los casos, los padres de esos recién nacidos eran mayores de 18 años, lo que confirma el abuso sexual detrás de esos embarazos”, remarcó.
La tasa anual de embarazo adolescente en Perú es 13 por ciento del total, porcentaje que sube a 30 en regiones de la Amazonía, como Loreto.
“El grupo de menores de 14 es el que más nos preocupa porque hay una relación de sometimiento y poder que genera niñas teniendo niños, niñas a quienes se vulneran sus derechos a estar protegidas contra toda forma de violencia, a vivir de acuerdo a su edad y desarrollarse”, sostuvo la funcionaria internacional.
Isaza mencionó cinco recomendaciones de política para asegurar los derechos de adolescentes y jóvenes presentadas en Perú por las agencias de Naciones Unidas, lideradas por Unicef y UNFPA, y que sirven a los demás Estados.
Por ejemplo, el diseño de paquetes integrales para atender las dimensiones del desarrollo de esta población y accedan a servicios de salud amigables, en horarios específicos y con personal preparado; tengan educación pertinente que incluya educación sexual integral, así como apoyo con esta información a sus propias familias.
“Se trata de que la casa y el colegio sean espacios seguros para cada niña, niño y adolescente, de que tengan salud, educación, protección frente a toda forma de violencia, y participación en sus comunidades”, subrayó.
Añadió que deben priorizarse zonas de mayor riesgo en cada país y que, para ser eficaces, estas medidas de acción integral desde el Estado tienen que ser culturalmente adecuadas, lo que incluye personal formado y capacitado para brindar servicios de calidad, y presupuesto suficiente a ser ejecutado con eficiencia.
Isaza recordó que 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conforman la Agenda 2030, están directamente asociados a la niñez y adolescencia para llegar a ese año con esta generación en mejores condiciones en salud, educación, justicia, protección, igualdad de género.
“Y la única manera es hacer de los ODS un compromiso de los Estados y que ubiquemos en la sociedad el rol que nos toca jugar a cada sector y cumplirlo, es ponernos de acuerdo en un gran consenso social”, remarcó.

Por Mariela Jara
http://www.ipsnoticias.net/2018/12/embarazo-maternidad-infantil-forzada-drama-america-latina/

En India, mujeres boicotean bodas de novias menores de edad.

Este artículo es parte de la cobertura de IPS durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Podríamos llamar a Malti Tudu, una joven de 20 años, “la destrozabodas”. Su único objetivo es impedir que una boda llegue siquiera a comenzar. Al menos, si la novia es menor de edad.

“Si todo el mundo comenzara a boicotear ese tipo de bodas, seguro que conseguiríamos eliminar el matrimonio infantil”, dice Tudu, de la aldea de Simalbari, en el distrito de Kishanganj, en el estado de Bihar, en el norte de India.

“Para celebrar una boda se necesita gente: un sacerdote que dirija el rito religioso, un grupo de músicos, cocineras y cocineros para preparar la comida para el evento, e invitadas e invitados que den la enhorabuena a los recién casados”, explica.

Tudu, prácticamente una adolescente de 20 años de edad, es una de las jóvenes líderes de Bihar que están intentando poner fin de la práctica del matrimonio infantil en sus comunidades.

En la casta y tribu reconocida oficialmente de Santhal Scheduled (a la que pertenece tanto Tudu como la mayoría de la población de su distrito), 74,1 por ciento de las mujeres y niñas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años, frente a 42,6 por ciento en otras comunidades.

Para evitar este tipo de bodas, el grupo de mujeres está recabando apoyo a través de reuniones en las que las líderes piden a las participantes que prometan que no permitirán que sus hijas se casen por debajo de la edad legal establecida, o que no asistirán a esas bodas.

Tras la ceremonia de promesas, encabezan manifestaciones en sus aldeas con el fin de crear conciencia acerca de los efectos nocivos del matrimonio infantil.

Se calcula que, en todo el mundo, 650 millones de mujeres y niñas que permanecen vivas en la actualidad se casaron antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil suele provocar embarazos precoces, interrumpe la educación, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica.

Tudu no duda en emplear nuevas tácticas. Una vez, reunió a un grupo de mujeres para visitar a los progenitores de una niña de 16 años cuyo matrimonio ya había sido concertado.
“Sus progenitores nos gritaron, diciendo que eran los responsables del futuro de su hija… También dijeron que no era la primera vez que lo hacían y que iba a asistir mucha gente a la boda”, explica.

Haciendo frente a aquella resistencia, Tudu y su grupo rogaron a todas las personas que pudieron en la aldea que no asistieran a la boda. A continuación, regresaron por segunda vez a la casa de la niña con mayor respaldo de la aldea y hablaron con ella. Descubrieron que la niña quería terminar de estudiar.

Cuando el grupo visitó de nuevo a la familia unas semanas más tarde, sus padres cancelaron la boda y la niña continuó estudiando.

“Salvé una vida de la destrucción”, afirma orgullosa Tudu. “La sensibilización es crucial para reducir este tipo de casos”, asegura.

Manifiesta que la capacitación en apoyo psicosocial que recibió a través de la organización local Pragya le ayudó a desarrollar sus aptitudes de asesoramiento y estimuló su activismo.

La iniciativa está financiada por el Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU), gestionado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas.

Existe otra iniciativa similar en curso en la aldea de Lamba Basti, también perteneciente al distrito de Kishanganj, y liderada por Talamai Soren, de 35 años.

Casada a los 15 años, conoce demasiado bien los riesgos que entraña este tipo de matrimonios. Cree que el hecho de hacer hincapié en la educación de las niñas es una buena forma de reducir el riesgo de matrimonio infantil, y que el trabajo del grupo de mujeres ha contribuido en cierta medida a lograr este objetivo.

En la aldea de Baliadhangi, la joven de 21 años Niska Pushpa Marandi también habla con otras mujeres sobre las implicaciones legales del matrimonio infantil y la dote, que constituye un delito penal y conlleva penas de cárcel.

“Tras prestar el juramento, ninguna de ustedes permitirá que una hija menor de la edad legalmente establecida contraiga matrimonio, ni asistirá jamás a bodas en las que se casen personas que no hayan alcanzado la edad legalmente establecida para ello, o en las que haya personas que acepten u ofrezcan dote”, insta a las participantes a prometer.

La organización de este tipo de actividades corre a cargo de las más de 2.800 mujeres y niñas rurales que se han incorporado a los 100 grupos de mujeres creados en cinco estados de India (Rayastán, Bihar, Jharkhand, Assam y Himachal Pradesh) como parte de un programa de prevención de la violencia para mujeres pertenecientes a minorías étnicas financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Según Lorna Mesina, del Fondo Fiduciario de la ONU, “el proyecto de Pragya cuenta con un notable apoyo local y se sirve de la fortaleza de los grupos comunitarios locales, como los consejos de las aldeas y los grupos de mujeres, que garantizan su sostenibilidad”.

El programa utiliza la concienciación y la movilización de las mujeres y de la comunidad para luchar contra la violencia. Además, trata de garantizar servicios de apoyo y respuestas más eficaces, como asesoramiento para encontrar soluciones y asistencia médica y jurídica para las sobrevivientes de la violencia.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #Escúchame También, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.

http://www.ipsnoticias.net/2018/11/india-mujeres-boicotean-bodas-novias-menores-edad/

Monjas de todo el mundo se organizan contra los abusos sexuales y laborales que sufren en la Iglesia.

La Unión Internacional de Superioras Generales, que aglutina al medio millón de religiosas católicas, condena "a los que mantienen la cultura del silencio y el secreto, bajo la apariencia de protección de la reputación de una institución"

Han pedido que se hagan públicos informes sobre abuso sexual, que se denuncie y se explicite la explotación laboral de religiosas, utilizadas muchas veces como criadas tratadas como "menores de edad"

"Tenemos que romper el silencio, solo en la verdad destruiremos la cadena de poder", sostiene Rocío Figueroa, teóloga que fue expulsada tras denunciar abusos sexuales.
Las mujeres en la Iglesia han dicho basta. Basta a los abusos sexuales, laborales, al machismo imperante en la estructura eclesial y a la "cultura del silencio y el secreto". Y alzan la voz. De distintas maneras. La más sonada, la que ha lanzado la Unión Internacional de las Superioras Generales (UISG), organismo que representa al más de medio millón de monjas católicas del mundo, que ha emitido un comunicado mostrando su "profunda tristeza e indignación" por "las formas de abuso que prevalecen en la Iglesia y en la sociedad en nuestros días".
Abusos que, sostienen, en la Iglesia se dan "de múltiples formas: sexual, verbal, emocional, o cualquier uso inapropiado del poder en las relaciones que merman la dignidad y el desarrollo sano de la víctima".


Frente a ello, las religiosas católicas "permanecemos al lado de las mujeres valientes y de los hombres que han presentado informes sobre los abusos a las autoridades". "Condenamos a los que mantienen la cultura del silencio y el secreto, a menudo bajo la apariencia de "protección" de la reputación de una institución o como "parte de la propia cultura", subraya el comunicado, que exige "informes civiles y penales transparentes de los abusos tanto en las congregaciones religiosas, en las parroquias y en los distintos ámbitos diocesanos, como en cualquier espacio público" para frenar esa cultura del silencio.

Estamos hablando de pederastia, pero también de clericalismo, que especialmente sufren las religiosas, abocadas a abusos de poder por parte de los clérigos, que casi las convierten en sirvientas del sacerdote u obispo de turno. La falta de voz en la sociedad, la firme jerarquía y los votos de obediencia agravan su situación como mujeres. Por ello, el comunicado del máximo organismo de las religiosas del mundo insta a "cualquier religiosa que haya sufrido abusos informe sobre este a la responsable de su congregación, a la Iglesia y a las autoridades civiles según se considere más conveniente", y se compromete a ayudar a la víctima a "actuar con valentía y presentar la denuncia a las organizaciones apropiadas".

Preparar a las monjas para denunciar

Un histórico documento que, tal y como confirma a eldiario.es Patrizia Morgante, encargada de la comunicación de la UISG, se decidió hacer coincidir con la Jornada de la Violencia contra las Mujeres "para que fuera más simbólico". "Es un asunto delicado y complejo, para el que tenemos que invertir mucho en educación y en la formación de las religiosas, para que todas se sientan más preparadas a manejar toda forma de abuso", el propio y el sufrido por otros. También apelan a la jerarquía eclesiástica, de la que denuncian que permanece inmóvil ante el problema, aunque conoce casos, publicados por ejemplo por el diario oficial del Vaticano.

El texto ha sido bien recibido por las religiosas españolas. Ana Almarza, de las adoratrices (congregación que trabaja con mujeres víctimas de explotación laboral y sexual, y también con menores que han sufrido la trata y la violencia), se une a la comunicación de las superioras generales, y aboga por "acabar con esa cultura del silencio".

"Agradezco este documento, que nos compromete, en la medida de nuestras posibilidades, a trabajar en colaboración con las autoridades civiles y de la Iglesia para ayudar a quienes han sufrido abusos a sanar el pasado a través de un proceso de acompañamiento, búsqueda de la justicia", constata la religiosa.

Mujeres no escuchadas

Por su parte, la dominica Sor Lucía Caram cree que la nota de la UISG es "una buena noticia". "La UISG ha tomado la palabra y que su voz ha resonado con claridad sonora en la Iglesia, encontrando un eco de esperanza, en no pocas monjas y religiosas, hermanas, mujeres, que hoy por hoy no son escuchadas, son ignoradas, explotadas e incluso maltratadas por una jerarquía, que todavía y mayoritariamente no huele a oveja ni está en sintonía con la Buena Noticia del Evangelio predicada y vivida por el papa Francisco".

"Es bueno que las hermanas hagan oír su voz, y sean cauce de tantas voces silenciadas y humilladas en la servidumbre de una Iglesia con demasiados príncipes que se resiste al Evangelio", denuncia sor Lucía, quien insiste en que "la reforma de la Iglesia pasa, sin duda por el respeto a las mujeres y por la tolerancia cero a cualquier y a toda forma de abusos en sus múltiples formas: sexual, verbal, emocional, o uso inapropiado del poder que las convirtió durante años en víctimas".

Por ello, documentos como el de la UISG son relevantes, pues puede convertirse "en altavoz de las hermanas silenciadas y humilladas y que claman y reclaman justicia, una justicia que les fue negada durante años por la vía eclesial, viviendo atenazadas por el miedo, y que tal vez, de la mano de Francisco y en su empeño por la justicia real, les llegará a través también de la justicia civil, a la justicia sin rebajas".

Monjas exportadas para ejercer de sirvientas

Otra religiosa, que ha conocido de cerca la elaboración del documento y que prefiere mantener el anonimato, destaca que "por fin las superioras mayores han despertado y han sido valientes" para actuar frente a la Congregación de la Vida Religiosa vaticana, "que no ha sido más que un engaño y un freno a tantas hermanas, sobre todo religiosas a las que se ha tratado como menores de edad".

"Tanto el prefecto (el cardenal brasileño Braz de Aviz), como el Secretario (el español Rodríguez Carballo), deberán oír a las Superioras mayores, y seguramente les saldrán los colores, porque ellos son parte de esa Iglesia que se resiste al aire fresco de Francisco, y que se han instalado en una Iglesia patriarcal, y también opresora".

"Ojalá este comunicado se traduzca en un encuentro con el Papa Francisco, sin filtros, en el que sin mediar la Congregación, nuestras hermanas mayores puedan convertirse en interlocutoras, en testigos y en denunciantes", concluye esta religiosa, que denuncia cómo, en los últimos años, "se ha facilitado la llegada de religiosas del tercer mundo para ser criadas de sus colegas cardenales y obispos. Se ha utilizado el poder y la ignorancia para tener mano de obra barata, y no reconocer la dignidad de muchas hermanas que han dejado sus países para servir al Señor en los más pobres, y se han convertido en pobres servidoras de los señores obispos".

Entretanto, desde Roma surgen nuevas denuncias de abusos contra mujeres y religiosas por parte de una jerarquía católica exclusivamente patriarcal. Una de ellas proviene de Rocío Figueroa, teóloga que llegó a dirigir la sección de Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos, del que fue expulsada tras denunciar los abusos sufridos por parte del fundador del Sodalicio de la Vida Cristiana, Luis Figari (actualmente condenado por la Santa Sede y a la espera de juicio en Perú).

"Tenemos que romper el silencio, solo en la verdad destruiremos la cadena de poder, por eso tenemos que ser mujeres de verdad", sostiene Figueroa, quien constata la doble victimización de las mujeres en la Iglesia: "Es muy difícil ser víctima y ser mujer".

Silencio tras una violación

Doris Wagner es una teóloga alemana que sufrió abusos de todo tipo (desde control mental a la agresión sexual) en su comunidad religiosa y expuso públicamente su testimonio. "Pocos meses después de tomar los votos, un sacerdote de la comunidad entró a mi habitación y me violó. Mientras me desnudaba atiné a decirle: 'No puedes hacerlo', pero no sirvió de nada. Al otro día pensé que si hablaba de eso me inculparían a mí, así que fui a la capilla y sonreí, como si nada hubiese pasado", subrayó durante un encuentro de Voces de la Fe celebrado en Roma.

Cuando habló de aquel episodio con su superiora, ésta le respondió: "Ya sabes, él tiene una debilidad por las mujeres y nosotros tenemos que aceptarlo como es". En 2011 dejó la comunidad, y ahora asegura que existen estudios que apuntan que tres de cada diez religiosas del mundo han sufrido abusos por parte de sus superiores varones. "Es inconcebible que la Curia Romana, que sabe de todas estas cosas, no haya tomado medidas. Ninguno reacciona, ninguno habla. No existe un organismo independiente al cual acudir cuando el derecho canónico es violado", denuncia Wagner.

https://www.eldiario.es/sociedad/MeToo-monjas-abusos-Iglesia_0_842715994.html

Justicia machista.

Noviembre es un mes que convoca a centenares de organizaciones y a miles de mujeres en torno a uno de las peores expresiones de la cultura machista y patriarcal que persiste en nuestro país, la violencia contra las mujeres y que impregna a instituciones como la justicia.

Deberían avergonzarnos las cifras que entrega la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, según las cuales, la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida de las mujeres entre los 15 y 59 años, ejercida por su pareja, ex pareja o algún familiar, se elevó de 35,1% en 2012 a 38,8% en 2017; violencia física, psicológica y/o sexual.

Es una verdadera epidemia que cobra víctimas día a día: con 97 mil 972 casos de mujeres víctimas ingresados a la Fiscalía Nacional y 79 mil 259 mujeres denunciantes en Carabineros por violencia intrafamiliar, violaciones y abusos sexuales; ambos datos para 2017. Con 44 femicidios consumados en 2017 y 35 a la fecha, 115 femicidios frustrados en 2017 y 105 a la fecha, medidos con la ley vigente que restringe los casos a aquellos en que ha existido convivencia. La Red Chilena contra la Violencia cifra en 50 los femicidios durante 2018. La tasa de femicidios por cien mil mujeres en Chile duplica con creces la tasa de España: 0,47 contra 0,2.

La violencia de género hacia las mujeres difiere de otras formas de agresión y coerción porque en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer. Da cuenta de la asimetría de la distribución de poder que se encuentra en las relaciones de género en nuestra sociedad.

Pero no es una epidemia por “infección”, puesto que la violencia de género es un acto voluntario que tiene, o puede tener, como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, y para la ONU incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

La Organización Mundial de la Salud declaró que se trata de un grave problema de salud pública por su extensión: una de cada 3 mujeres la sufre a lo largo de su vida, porque produce directamente lesiones y defunciones; porque quienes la viven tienen peores resultados en salud que quienes no la sufren, porque es prevenible y es posible cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas: resulta de un “acto voluntario”.

Las consecuencias físicas, mentales y conductuales pueden persistir mucho tiempo después de que haya cesado la violencia. Tiene consecuencias de largo plazo y causa daños tanto a la mujer como a su entorno, con consecuencias intergeneracionales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Se señala que las agresiones por violencia intrafamiliar están entre las cinco primeras causas de AVISA (años productivos de vida perdidas) para las mujeres chilenas.

La cultura machista sustenta la violencia contra las mujeres en todas sus formas y más allá de una creciente conciencia de la necesidad de erradicarla, persiste en las instituciones, en los órganos del Estado, incluso entre quienes deben garantizar los derechos que exigen las propias leyes y las Convenciones Internacionales ratificadas por Chile. Así ha quedado demostrado con la reciente sentencia contra Francisca Díaz, egresada de Derecho, que denunció a un ex fiscal por una agresión sexual, marcada por estereotipos machistas.

http://oge.cl/justicia-machista/

El Estado español desprotege a las mujeres ante las violencias digitales.

La jurista feminista Laia Serra y la revista Pikara Magazine, con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, exigen al Gobierno un cambio en las políticas públicas para abordar la ciberviolencia como una cuestión de género
Varias colaboradoras de Pikara Magazine sufren de manera constante acoso en redes sociales lo que coarta su participación en este espacio de debate público.
La jurista feminista Laia Serra, la revista Pikara Magazine, junto con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders, han registrado esta mañana en el Congreso un informe sobre las violencias de género en línea en el que se incluyen una serie de recomendaciones al Gobierno. El Ejecutivo, de acuerdo con diferentes convenios internacionales que ha ratificado, debe cambiar la formulación de sus políticas públicas, así como crear nuevas legislaciones, y adoptar medidas dirigidas para las plataformas intermediarias de internet, como son las empresas propietarias de las redes sociales más utilizadas.

“El Estado tiene la obligación legal de prevenir y sancionar, de garantizar la reparación y dar garantías de no repetición. Para ello tiene que cambiar el enfoque que está dando a este tema”, ha apuntado Laia Serra en la rueda de prensa de presentación del informe. “El Estado está incumpliendo sus obligaciones internacionales”, ha añadido.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género recoge que la violencia de género en línea es un problema creciente de proporciones mundiales y de consecuencias muy significativas.  Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, resulta esencial garantizar que internet, entendido como un nuevo espacio público que tiene una influencia que crece exponencialmente, constituya un lugar seguro, libre de violencias y capacitador para todas las mujeres y las niñas.

En julio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la que exhorta a los Estados a que adopten medidas inmediatas y eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, también en los contextos digitales, y exige que se combata la impunidad habitual de los espacios virtuales.

“La violencia en redes sociales es muy grave y no se está abordando con un enfoque de género, lo que tiene consecuencias en términos democráticos porque afecta a la presencia de las mujeres en las redes sociales e internet, que son hoy espacios de debate público”, ha subrayado Serra, quien apunta al principio de diligencia debida del Estado.

La visibilidad de las comunicadoras

Desde hace varios años, y cada vez de una manera más significativa, las comunicadoras feministas vinculadas a Pikara Magazine reciben ataques misóginos, y también racistas y lesbófobos en redes sociales. “Como medio nos parece importante involucrarnos en esta lucha. No sólo porque la hemos sufrido nosotras mismas, sino por nuestra responsabilidad de practicar los cuidados como editoras de un medio feminista”, apunta Andrea Momoitio, coordinadora de Pikara Magazine.

Por ello, ante la necesidad de ofrecer respuestas coordinadas y que vayan a la raíz del problema, tanto la revista como la jurista Laia Serra exigen respuestas gubernamentales. Y es que el ciberacoso impide u obstaculiza gravemente la participación pública de las mujeres activistas y defensoras de de derechos humanos, campo en el que trabajan de manera directa tanto el Fondo de Mujeres Calala como Front Line Defenders, quienes no han dudado en sumarse a esta denuncia pública.

“Determinadas mujeres comunicadoras, que representan las reivindicaciones feministas y cuestionan las hegemonías, son las que están sufriendo mayores ataques”, denuncia Serra. Irantzu Varela es una de estas comunicadoras: “Ahora es una violencia digital, pero se puede volver analógica en cualquier momento y entonces va a ser demasiado tarde”, ha advertido la periodista en la rueda de prensa. También ha expuesto algunos de los ataques que recibe diariamente por su activismo feminista y antirracista en redes sociales. “Las violencias digitales que sufren las activistas feministas están atravesadas por las mismas opresiones que estructuran la sociedad: racismo, antigitanismo, islamofobia, transfobia…”, asegura Irantzu Varela.
Las campañas de acoso hacia nuestro medio y hacia nuestras colaboradoras han sido una constante desde prácticamente el nacimiento de Pikara Magazine.

En 2012, la actriz, cantante y activista feminista Alicia Murillo, que en ese momento tenía un videoblog en Pikara, denunció la avalancha de comentarios insultantes y amenazante que estaba recibiendo a través de Youtube. Se trataba de una campaña de acoso azuzada desde la web ForoCoches, donde un usuario llegó incluso a publicar el teléfono móvil de Alicia, con lo que recibió varias llamadas amenazantes. Un elemento en este caso que muestra las consecuencias de la política de actuación de las empresas intermediarias de Internet, es que Youtube accedió a retirar vídeos de Alicia Murillo en los que mostraba escenas de acoso machista callejero, mientras que mantenía los insultos y amenazas en los comentarios a sus otros vídeos.
En la actualidad, Alicia Murillo sigue recibiendo agresiones sostenidas por redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico. Recientemente interpuso una denuncia ante la policía por un email que contenía amenazas de muerte directas: “Te rastrearé y te mataré. Por cierto, tu ideología es un vómito. Quizás me tome un tiempo, pero te ejecutaré tarde o temprano. Saludos”.
En 2016, Brigitte Vasallo publicó un artículo titulado ‘Vienen a violar a nuestras mujeres’, en el que denunciaba cómo las noticias sobre una serie de violaciones atribuidas a refugiados se estaban utilizando para azuzar la xenofobia. El aluvión de comentarios islamófobos y de insultos lesbófobos en Twitter, así como amenazas de violación, la llevaron a abandonar las redes sociales durante un tiempo.
El pasado junio, publicamos una entrevista de Lucía Mbomío a Iman El Azrak, una joven española de origen marroquí que se fotografía con y sin velo para reflexionar sobre la identidad y los estereotipos que pesan sobre las mujeres musulmanas. Durante una semana, tanto Iman El Azrak como Pikara Magazine y Mbomío como periodista recibieron una avalancha de tuits sexistas e islamófobos que incluían acusaciones de estar promoviendo el terrorismo islámico. Uno de los tuits que atentaron contra la imagen de El Azrak fue un meme en el que comparaban su foto con velo con la imagen de una soldado de Estado Islámico.
En la actualidad, nuestra colaboradora Silvia Agüero Fernández, activista feminista y gitana, está recibiendo habitualmente comentarios racistas y antigitanos en redes sociales por sus artículos sobre la discriminación histórica hacia el pueblo gitano. El pasado agosto, un artículo que publicó en eldiario.es señalando el racismo en el monólogo del humorista Rober Bodegas desencadenó una avalancha de comentarios que incluían discurso del odio antigitano y amenazas directas contra ella: “Voy a quedar con un grupito de payos y vamos a buscarte para darte una paliza”. Unos días después tenía programada una charla en Zaragoza. Temiendo que esas amenazas virtuales se tornasen en agresiones directas, acudió a la policía para contar su situación y no la tomaron en serio.
Pikara Magazine, como medio de comunicación feminista, ha sido también objeto de ataques colectivos organizados desde foros como Laburbuja.info, desde publicación masiva de comentarios ofensivos o spam e intentos de tumbar la web. Debido a esta actividad, finalmente decidimos cerrar la opción de comentar los artículos.

Recomendaciones para la formulación de políticas públicas y medidas legislativas

Por todo lo expuesto en el informe registrado en el Congreso y según las aportaciones de distintos colectivos referentes en todo el mundo en el abordaje de las violencias de género en línea, las políticas públicas deberían partir del siguiente enfoque:

Formulación de políticas públicas

Considerar la diversidad de las mujeres (edad, cultura, orientación sexual, etc.), así como su multidimensión.
Concebir la violencia de género en línea como un continuum del resto de violencias contra las mujeres y no de forma separada.
Elaborar una definición integral de violencia de género en línea.
Considerar la especificidad que las TIC imprimen a esas violencias, como la replicabilidad, la facilidad de búsqueda y la imposibilidad de eliminar los contenidos.
Fomentar la apropiación de herramientas de seguridad integral de las mujeres que protejan la privacidad y potencien la libertad de expresión.
Cuestionar un enfoque eminentemente punitivista, en clave penal, y considerar otras respuestas, como los procesos administrativos.
Las medidas legislativas sean de reforma o de nueva promulgación,  por sí mismas, no son suficientes. Las soluciones deben ser en clave positiva e incluir medidas legales y no legales.

No debe suprimirse o restringirse el anonimato o el cifrado.
Mejorar el sistema de registro de las violencias de género en línea, que permita profundizar sobre este fenómeno.
Concebir el acceso a Internet por parte de las mujeres, no sólo como usuarias sino también como creadoras de tecnología.
Elaborar campañas públicas que promuevan el repudio hacia la violencia de género en línea, dirigidas especialmente a la población masculina, mayormente responsable.
Apoyo a la consolidación de redes feministas online y de estrategias de seguridad digital para las mujeres y otros grupos vulnerabilizados.

Formulación de medidas legislativas

La eficiencia de la respuesta legislativa no pasa sólo por contar con legislación específica sobre violencias de género en línea, sino por garantizar en general el acceso de las víctimas/supervivientes a la justicia, a la vez que priorizan la reparación y la restauración por encima de la criminalización. 
Atendidas las particularidades de las violencias de género en línea, hay que asegurar una capacidad de reacción inmediata, con investigaciones urgentes, así como el otorgamiento de órdenes de protección y la confección de protocolos de retirada de contenidos de emergencia, adaptados al debido proceso.
Asegurar que los marcos legales, existentes o de nueva promulgación, protejan adecuadamente la libertad de expresión de las mujeres y su privacidad. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser necesaria, concisa y proporcionada.
La legislación debe tener en consideración la autonomía física, la autodeterminación, la libertad de expresión y los derechos a participar en el debate público de las mujeres y las niñas.
La promulgación o reforma de legislación sobre Internet debe involucrar amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil sobre derechos de las mujeres.
La capacitación de los cuerpos policiales, el poder judicial y otros operadores jurídicos, en perspectiva de género, para que dimensionen la gravedad de las violencias de género en línea, reaccionen con rapidez y comprendan las nuevas tecnologías.
Explorar si las leyes actuales permiten interpretaciones que amplíen las garantías de las mujeres que sufren violencias de género en línea.
Evaluación de las herramientas legales disponibles, teniendo en cuenta su capacidad para proteger inmediatamente y reparar, su costo y su duración media.
Adaptación de los formularios policiales para que incluyan la violencia psicológica, y una evaluación de riesgo adaptada a las violencias de género en línea.
La preservación de las evidencias tecnológicas de manera rápida, incluyendo los metadatos, y la elaboración de informes periciales de forensia informática, de manera gratuita para las denunciantes..

Formulación de medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de internet

Alentar a las plataformas intermediarias de Internet para que garanticen la seguridad de los datos y la privacidad, incorporándola como opción predeterminada.
Las plataformas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluida la prevención de la violencia de género. La regulación gubernamental y la imposición de obligaciones a las plataformas también deben respetar el marco de los derechos humanos, empleando medidas necesarias y proporcionales.
Incentivar el debate público sobre el rol  las plataformas y sus políticas internas o condiciones de uso respecto de los contenidos no consentidos.
Asegurar la transparencia de las políticas internas de eliminación de contenidos y facilitar los mecanismos de denuncia. Las usuarias deberían poder conocer y recurrir la decisión de eliminación de contenidos. 

http://www.pikaramagazine.com