La paz no es solo cosa de hombres

Hace tiempo que los gobiernos prometen que habrá más mujeres en las negociaciones de paz, pero en muchos de los casos, sino en la mayoría, no han sido más que palabras vacías.
Con el fin de acelerar el proceso, la Global Network of Women Peacebuilders (Red Global de Constructoras de Paz, GNWP, en inglés), junto con las misiones permanentes de Chile y Holanda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizó el 23 de este mes un taller para integrar mejor las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad a las políticas de seguridad.
El seminario se concentró en hacer recomendaciones para la implementación de las resoluciones 1325 y 1820 a escala nacional, regional e internacional para que hayan más mujeres en la mesa de negociaciones en zonas de conflicto, e incorporar sus perspectivas a los procesos de reconstrucción pos-conflicto.
Según un informe de 2014 del secretario general, Ban Ki-moon, sobre mujeres, paz y seguridad, se necesita reformar el sector seguridad para lograr esos objetivos.
En la sede de la ONU de Nueva York, la coordinadora internacional de GNWP, Mavic Cabrera-Balleza, remarcó “la necesidad de implementar de forma sistemática la resolución 1325 a escala internacional”.
En los últimos tres años, GNWP realizó 50 talleres de localización en 10 países, en varias comunidades y municipios e invitó a miembros de la policía y de las fuerzas armadas para que estén informados sobre esos documentos.
“No nos sorprende que cuando llegan a nuestros talleres, los oficiales escuchen por primera vez hablar de la resolución 1325. Pero trabajar a escala local es difícil porque se necesita la aprobación final de los superiores para lograr una reforma total y una capacitación de los funcionarios de seguridad”, remarcó Cabrera-Balleza.
La GNWP no solo reclama una reforma de la seguridad y de las fuerzas armadas para incluir a las mujeres en la construcción de la paz, sino también llama a la desmilitarización de los países y a la eliminación de los conflictos para alcanzar la paz mundial.
El embajador Anwarul Chowdhury, ex subsecretario general y miembro del Grupo Asesor de Alto Nivel para el Estudio Global de la Resolución 1325, quien también participó en el seminario, subrayó la ineficacia de los gobiernos y los constructores de paz a la hora de proteger a la población civil, en especial a las mujeres, en los últimos años.
Es necesario “integrar la cultura de paz y no violencia a las políticas nacionales y globales, así como educar para una ciudadanía global. Se requiere de una política en seguridad humana, y de una forma más humana e inclusiva de pensar en nuestro futuro, en el que mujeres y hombres puedan compartir por igual la construcción de un mundo más seguro y justo”, indicó.
Un ejemplo positivo de la inclusión de mujeres en las negociaciones de paz es el caso de Filipinas.
Miriam Coronel-Ferrer, presidenta del Grupo de Paz del Gobierno de Filipinas con el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, en inglés), explicó que después de 17 años de negociaciones de paz entre la autoridades y la organización, en las últimas dos décadas, el gobierno y las Fuerzas Armadas avanzaron hacia la “civilización” del proceso de paz

“Se le fue permitiendo una participación cada vez mayor a las mujeres, ya sea como integrantes de la burocracia, del gobierno, de la sociedad civil o de la academia, y todas se sentaron en la mesa de negociaciones de paz”, indicó.
Como dijo Coronel-Ferrer, las mujeres aportaron una respuesta con una mayor perspectiva de género en el acuerdo de paz final entre el gobierno y el MILF.
“No solo porque hubo más mujeres en las negociaciones, sino también en los paneles, presionábamos al gobierno, pero también a la contraparte, para que se aseguren que se incluirá un marco diverso en el texto”, añadió.
Además, la reforma de la seguridad en Filipinas creó equipos de control local, en el que oficiales de la policía o de las rangos más bajos de las Fuerzas Armadas trabajaron estrechamente con integrantes del MILF, lo que permitió construir la confianza y la cooperación para mejorar la seguridad en el terreno, concluyó Coronel-Farrel.
También participaron en el seminario oficiales de policía y de las Fuerzas Armadas de Argentina, Australia, Burundi, Canadá, Colombia, Ghana, Nepal, todos países que implementan reformas en la seguridad a escala local, regional y nacional.

Por Valentina Ieri
http://www.ipsnoticias.net/2015/04/la-paz-no-es-solo-cosa-de-hombres/

"Ni una menos"...

Miles de personas se movilizaron  bajo el lema "Ni una menos", en rechazo a la violencia de género.
La convocatoria, surgida en Argentina, fue replicada este miércoles en Montevideo, Ciudad de la Costa, Maldonado, Colonia, Paysandú y Melo. En la capital, los manifestantes se concentraron en la Plaza Independencia para marchar luego hacia la Plaza Libertad.
En su convocatoria, la Coordinadora de Feminismos explicaba que la marcha apuntaba a "mostrar que las muertes de mujeres por ser mujeres no son el problema de un país, que trasciende las fronteras nacionales, porque es un problema social, que es un problema de todos y todas como sociedad".

"Señor, señora, no sea indiferente. Se mata las mujeres en la cara de la gente", gritaban los participantes que reunieron mujeres, varones y familias con niños en la concentración más multitudinaria, en la capital uruguaya.
Frases como "El machismo también mata", "Ni una mujer menos, ni una muerte más", "Tocan a una, tocan a todas", "Basta de feminicidio" y "Ni una trans menos" se multiplicaron en pancartas.
"Al día de hoy hay 20 mujeres que fueron asesinadas por su pareja o ex pareja no solo adentro de la casa, sino también en espacios públicos, como en el último caso en la puerta de una escuela. Nuestra preocupación es que este tema pueda ser visibilizado", dijo Mariana Menéndez, una de las organizadoras.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social corrobora los números de muertes ocasionados por parejas o ex parejas manejados por las organizaciones sociales (20), mientras que el Ministerio del Interior informó hoy que 24 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2015, 13 de ellas con nexo sentimental.
Más allá del contraste de cifras, un dato llama más la atención: en menos de seis meses de este año fue asesinada la misma cantidad de mujeres por su pareja o ex pareja que en todo el año pasado, según el Ministerio del Interior.
Para Menéndez, se trata de la punta del iceberg, ya que antes de llegar al extremo del asesinato, hay "una serie de prácticas y maneras" de abuso sufridas por las mujeres, en un "caldo de cultivo" de la "sociedad machista".
La marcha en Montevideo y otras ciudades uruguayas fue convocada para el mismo día de la protesta argentina que estalló en las redes sociales bajo la consigna "Ni una menos".
Sin embargo, sus promotoras hicieron hincapié en que no se trata de una movilización puntual en Uruguay para apoyar a Argentina, ya que el movimiento empezó el pasado enero y sale a la calle cada vez que confirman a través de sus redes un caso de feminicidio.
"Como nosotras ya venimos con esa propuesta, nos pareció importante aprovechar la fecha para mostrar que es un problema que trasciende las fronteras, no es un problema de cada país, es un problema social", remarcó Yanina Azzolina, integrante de la Coordinadora de Feminismos de Uruguay.
Ese colectivo reúne a feministas y diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y ha concretado al menos 15 marchas en el centro de Montevideo este año bajo la misma consigna de "Si tocan a una, tocan a todas".
La manifestación de este miércoles recorrió 18 de Julio, desde la Plaza Independencia hasta la plaza Cagancha, en donde culminó con la lectura de la proclama.
"Estamos acá porque nos queremos luchando contra la violencia machista en todas sus expresiones -física, psicológica, sexual, patrimonial-, contra la trata y el tráfico de personas, violencia machista que convierte nuestro hogar en el sitio más peligroso", sostuvo el pronunciamiento.
Además, un acto teatral de mujeres vestidas de blanco simbolizó a las víctimas de la violencia machista.
El Gobierno prepara un proyecto de ley para tipificar el feminicidio como delito, a ser enviado al Parlamento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, o el próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo .

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?273248,3

Srilankesas limitadas por un mercado laboral desigual.

La srilankesa Wathsala Marasinghe, de 33 años, esperaba que su educación de avanzada y las políticas de empleo impulsadas por el gobierno de esta nación insular le servirían para buscar trabajo. Pero la realidad era otra y ahora se siente decepcionada por un “sistema perverso”.
Nacida en esta ciudad de Mirigama, a 50 kilómetros de Colombo, de niña fue a las mejores escuelas de la zona, y luego la eligieron para asistir a una universidad estatal. “Fui con muchas expectativas”, relató a IPS, pero al parecer con poco conocimiento de las perspectivas laborales reales.
Estudió budismo y su lengua natal, el cingalés. Su plan era tener un empleo público, quizá como funcionaria o maestra, y preferentemente cerca de su casa.
Pero cuando comenzó a buscar un empleo, se dio contra la pared una y otra vez.
“Me presentaba a ofertas e iba a entrevistas, pero nunca conseguí trabajo, salvo como secretaria en una pequeña fábrica”, relató.
Finalmente, como el cargo no se acercaba a sus aspiraciones, terminó dejándolo. “Ganaba 8.000 rupias (unos 59 dólares) mensuales y gastaba la mitad en transporte”, explicó. El salario promedio en Sri Lanka son 300 dólares al mes.
Siguió presentándose a entrevistas, pero los aspirantes eran cada vez menores. Terminó por rendirse, avergonzada de esperar una oportunidad junto a personas que “se parecen a mis hijas”.
La cruda realidad que vive Marasinghe no es rara en Sri Lanka, a pesar de los esfuerzos de lograr sus objetivos en materia de igualdad de género y las señales visibles de avances en los papeles.
En 2012, el Informe Global de la Brecha de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, ubicó a Sri Lanka en el lugar 39, entre 135 países analizados, un lugar elevado para este país de 20 millones de habitantes que tiene un alfabetismo femenino de 90 por ciento, que se eleva a 99 por ciento para las jóvenes de entre 15 y 24 años.
Además, el número de niñas superan al de varones en la enseñanza secundaria, lo que indica una dedicación para la igualdad de género en todo el espectro social.
Sin embargo, esa situación no se traduce en la igualdad de oportunidades de empleo ni en una paridad salarial entre hombres y mujeres.
Las estadísticas laborales del gobierno indican que 64,5 por ciento de las 8,8 millones de personas que integran la población económicamente activa son hombres, mientras solo 35,5 por ciento son mujeres.
Entre la población no activa, hay solo 25,4 por ciento de hombres, muy por debajo de las 74,6 por ciento de mujeres.
La tasa de desempleo femenino es más de dos veces y media la de los hombres, y casi el doble del promedio nacional. Según datos oficiales, solo 2,9 por ciento de los hombres que ingresan al mercado laboral no encuentran trabajo, mientras que entre las mujeres, la proporción se eleva a 7,2 por ciento.
El desempleo afecta a 4,2 por ciento de la población económicamente activa de Sri Lanka.
La educación y la formación no necesariamente ayudan a las mujeres a garantizar un empleo, al contrario, pueden derivar en grandes frustraciones, indican cifras oficiales.
“El problema del desempleo es más grave entre las mujeres formadas que entre los hombres capacitados”, señala la última encuesta de trabajo realizada por el Departamento de Censo y Estadísticas.
Hay múltiples razones estructurales y sociales, según especialistas, para explicar la situación.
Mientras casi tres de cada cuatro hombres ingresan al mercado laboral, ocurre lo contrario con la población femenina, solo 35 por ciento de las mujeres en edad de trabajar buscan, de hecho, un empleo, lo que crea una cadena de suministro desequilibrada.
El economista Anushka Wijesinha, consultor en varios ministerios, explicó que las mujeres con mayor formación tienen mayores aspiraciones laborales, pero el mercado de trabajo no creció lo suficientemente rápido como para satisfacer esas necesidades.
El economista Muttukrishna Sarvananthan, quien dirige el Instituto Point Pedro de Desarrollo coincidió con Wijesinha, pero cree que las cifras de desempleo femenino deben ajustarse para incluir a las 600.000 srilankesas empleadas en el extranjero, la mayoría realizando tareas domésticas.
También aboga por otorgar un valor económico al trabajo que realizan las mujeres en el hogar y a tiempo completo.
En la actualidad, el mayor empleador de la población femenina es el sector agrícola, que ocupa a 33,9 por ciento del total, seguido de los servicios, con 32 por ciento, y de la industria, con 24 por ciento.
Hay otras razones por las cuales las mujeres permanecen alejadas del mercado laboral. Nayana Siriwardena, de 35 años y con dos hijos, trabajó hasta que nació su primogénito. Tras la licencia por maternidad de tres meses, tuvo que reintegrarse a su empleo.
“Me pareció un problema la falta de flexibilidad para atender mi situación”, explicó a IPS.
Siriwardena, que trabajaba en contabilidad, trató convencer a sus empleadores de que muchas tareas podían realizarse de forma remota.
“Pero no lo entendieron”, se lamentó.
Wijesinha cree que el derecho a la licencia por maternidad puede disuadir a algunas empresas de contratar mujeres, pues “los beneficios corren totalmente por cuenta del empleador”, explicó.
“Para impulsar la participación femenina, el Estado puede adoptar un enfoque basado en incentivos. Licencia por paternidad, cuidado infantil, servicios de guardería en el lugar de trabajo y mejores y más seguros medios de transporte para incentivar a las mujeres a incorporarse al mercado laboral”, indicó Sarvananthan.
También considera que el gobierno podría promover una ley de igualdad de oportunidades que socave legalmente las políticas de discriminación. La Constitución estipula que nadie debe ser discriminado por razones de sexo, pero no hay ninguna norma sobre igual remuneración para la misma tarea.
Además de un problema actual, la falta de mujeres en el mercado laboral puede significar una crisis en el futuro por el envejecimiento poblacional.
En la actualidad, 17 por ciento de la población tiene más de 55 años, 25 por ciento, menos de 15 años, con lo que se estima que alrededor de 50 por ciento están en edad de trabajar.
“Como las mujeres representan más de la mitad de la población y nuestro pico de población activa comenzó a decrecer, es fundamental lograr un máximo de participación femenina en el mercado laboral”, remarcó Wijesinha.
Muchos especialistas creen que una mayor proporción de mujeres en cargos de decisión puede corregir los desequilibrios.
La representación política femenina permanece baja, con menos de 6,5 por ciento de mujeres en el parlamento, menos de seis por ciento en los consejos provinciales y menos de dos por ciento en el gobierno.

Por Amantha Perera
http://www.ipsnoticias.net/2015/06/srilankesas-limitadas-por-un-mercado-laboral-desigual/

El movimiento feminista y las políticas de igualdad .

No solo necesitamos mujeres expertas en políticas de igualdad, también precisamos que esas mujeres especializadas en igualdad tengan una concepción distinta de hacer política.

Por primera vez en muchos años la ilusión se ha instalado en sectores de la sociedad y también por primera vez mucha gente está soñando con otras formas de hacer política y con erosionar esas viejas maneras de gestionar lo público, en el mejor de los casos para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía.

Me gustaría que estas palabras diesen entrada a una cuestión que ha estado presente en la vida política española desde que en el año 1983 se crease el Instituto de la Mujer y se pusiese al frente de ese organismo a Carlota Bustelo, una persona cualificada para esa responsabilidad y de firmes convicciones feministas. Ese momento histórico, en el que se funda el Instituto de la Mujer, marca el inicio de las políticas institucionales de igualdad.

Mi preocupación ante este nuevo escenario político que se está gestando desde hace pocos años es quién va a diseñar y aplicar las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres, que tan persistentemente se ha ocupado de desmantelar la derecha española. No es una preocupación irrelevante a la vista de lo que ha ocurrido a lo largo de la democracia en España. Y me explico: en múltiples ocasiones se ha puesto al frente de los organismos de igualdad municipales, autonómicos y centrales a personas que no eran expertas en políticas de igualdad, que apenas sabían de la existencia del movimiento feminista en nuestro país, que desconocían que fue el feminismo quien puso en el centro del escenario social y político la desigualdad de género o la violencia contra las mujeres y que, además, gestionó las primeras casas de acogida a mujeres maltratadas o puso en funcionamiento los primeros centros de salud sexual y reproductiva. En esa primera época de la democracia, el poder político no tenía en su lista de prioridades las necesidades y los intereses de las mujeres y fue, precisamente, por eso que el movimiento feminista asumió algunas de las funciones que le correspondían al estado.

No dejo de preguntarme si los nuevos gobiernos municipales y autonómicos volverán una vez más a colocar en los organismos de igualdad a mujeres que no solo no son expertas sino que ni siquiera tienen convicciones feministas. ¿Volveremos a tener una responsable en el Instituto de la Mujer que no sabe nada de políticas de igualdad y que desconfía del feminismo? ¿Volverán a colocar directoras generales de la mujer o concejalas de igualdad que ejercen esa responsabilidad de igual forma que podrían ejercer otra? ¿O estarán esperando que ese cargo ‘de segunda’ sea un trampolín para acceder a responsabilidades más ‘respetables’? ¿No merecemos las mujeres que las políticas de igualdad sean diseñadas, aplicadas y defendidas por personas que conocen a fondo los mecanismos que crean la desigualdad entre hombres y mujeres?

¿Y las nuevas responsables que sean elegidas para presidir estos organismos se separarán de la vieja política y entenderán que deben escuchar las voces plurales de la sociedad civil? ¿Y que no pueden hacer políticas de igualdad sin escuchar y trabajar codo a codo con el movimiento feminista? ¿Serán capaces de trabajar más para las mujeres que para sus partidos? ¿Podremos deshacernos de esa forma de hacer política que consiste en “para las mujeres, pero sin las mujeres”?

Sin embargo, no solo necesitamos mujeres expertas en políticas de igualdad, también precisamos que esas mujeres especializadas en igualdad tengan una concepción distinta de hacer política. Esta nueva época que se abre tiene que deshacerse de esa concepción ensimismada y un tanto despótica de gestionar los asuntos públicos. Y tiene que tomarse en serio las políticas de igualdad. Por eso no deben ocupar cargos en organismos de igualdad quienes no tienen formación y cualificación profesional en esas políticas ni tampoco quienes carecen de convicciones feministas. Las políticas de igualdad requieren de especialidad técnica, pero también de voluntad política. Las buenas políticas tienen que estar sustentadas en análisis precisos y exactos de la realidad que se quiere transformar y para eso es imprescindible que las responsables conozcan a fondo tanto los análisis teóricos como las propuestas feministas Sería tan absurdo que las políticas de igualdad de género no fuesen diseñadas y aplicadas por expertas feministas como que las políticas de medioambiente fuesen ajenas a los análisis ecologistas. La izquierda que ha estado en el poder y la que aspira a conseguirlo deben hacer de la igualdad uno de los ejes fundamentales de su política y para eso no deben ofrecer responsabilidades a mujeres que no tienen ni preparación ni convicción por la igualdad entre hombres y mujeres.

La falta de sintonía entre el movimiento feminista y las mujeres responsables de la acción política institucional reduce la eficacia de las políticas de igualdad y contribuye a despolitizar la sociedad civil. Por eso, es necesario que las políticas de igualdad se hagan para las mujeres y con las mujeres, es decir, imaginativas políticas públicas y nuevas y participativas formas de hacer política. Así, la democracia adquirirá la dimensión transformadora de la que ahora carece.

 Por Rosa Cobo Bedia

http://www.eldiario.es/zonacritica/movimiento-feminista-politicas-igualdad_6_393070710.html

De la violencia simbólica a la violencia mediática.

¿Qué rol tienen los medios de comunicación en la reproducción de la violencia simbólica? Señala la abogada argentina Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará: “Muchas de las manifestaciones de violencia simbólica se dan a través de los medios de comunicación. Poner límites a los medios es una tarea difícil ya que éstos reclaman libertad de prensa”. Aunque tienen un rol central en la reproducción de las violencias, también pueden ser aliados en la construcción de sociedades más igualitarias. Alejandra Tolosa, de CLADEM Puerto Madryn, observa que frente a las denuncias que las organizaciones sociales hicieron al Bikini Open que se realizaba en esa ciudad, la cobertura de los medios mejoró y algunos incluso dejaron de publicar sobre el tema.
  Comunicar Igualdad.
 Entre los cuerpos femeninos exhibidos como reclamo en los festejos municipales o para gloria de todo tipo de industria local, marca comercial, o discoteca, y los cuerpos exhibidos en los programas de máxima audiencia, y en las propagandas de los productos más dispares, hay una conexión, dos realidades que se retroalimentan fortaleciendo el entramado de la violencia simbólica. Como recuerda la abogada feminista Susana Chiarotti desmadejar dicho entramado no es fácil, aún contando con legislación favorable: “Muchas de las manifestaciones de violencia simbólica se dan a través de los medios de comunicación. Poner límites a los medios es una tarea difícil ya que éstos reclaman libertad de prensa, opinión. Aunque se creó la Defensoría del Público, que atiende esta cuestión, los mecanismos aún no están regulados adecuadamente. Al no haber sanciones claras y explícitas que puedan mostrarse al resto de la sociedad, la norma pierde eficacia”.
Verónica Bajo, integrante de la asociación de Acciones Feministas de Bahía Blanca, identifica que la proliferación de este tipo de eventos en los últimos años tiene que ver con su correlato en los medios: “Es destacable el rol de los medios hegemónicos que están difundiendo una imagen de la mujer cuyo éxito depende del aspecto físico, vemos un crecimiento exponencial de la cosificación de las mujeres, de esta violencia simbólica en los medios”.
No es la única en señalar a los medios. Silvia Jenefe, de la organización Takuapú de Orán, provincia de Salta, denuncia el rol de las radios de bailanta en la promoción de la violencia simbólica, a través de la música que eligen y los comentarios de lxs locutorxs. Sus propietarios son los mismos que organizan los corsos que, durante los carnavales, exhiben a niñas y adolescentes hipersexualizadas como principal atractivo, al ritmo de temas musicales que cosifican y humillan a las mujeres. “Acá no se cumple la Ley de Medios” denuncia, “los mismos reciben todos los fondos mientras que nuestros medios son censurados, radios comunitarias que abordan temáticas sobre la infancia, sobre los pueblos originarios y que vamos abandonando por falta de recursos”. Para esta docente todo está conectado: “Hay que cambiar la cultura para lograr el cambio social. Al promocionar música basura, eventos basura, lo que consigues es una cultura basura, una sociedad basura”.
En 2012, después de que el productor de radio Marcelo Pérez Medel, promotor del Bikini Open, suspendiese el evento en Puerto Madryn, generando así un debate que llegó a los medios, “las organizaciones sociales denunciaron al organizador del evento ante el Observatorio de Medios contra la Discriminación, con una presentación concreta sobre la repercusión del concurso a nivel mediático en el marco de la Ley de Medios, junto a la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia hacia las Mujeres y a la Convención de los Derechos del Niño, dada la participación de menores de edad en estos concursos. El Observatorio entendió que en efecto se daba violencia simbólica en el concurso y convocó a una audiencia al organizador, quien no se presentó” relata Alejandra Tolosa, en aquel momento al frente de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El certamen se haría los dos años siguientes por última vez en Puerto Madryn. Este año la propuesta se trasladó a Playa Unión, principal balneario de la ciudad de Rawson, donde contó con el apoyo de la Intendenta Rossana Artero y la presencia de la vedette Andrea Rincón como presidenta del jurado. De nuevo el INADI y organizaciones de mujeres denunciaron en una nota la participación de ambas en un concurso “que pone al cuerpo femenino de niñas menores de edad como objeto consumible, fomenta una sexualidad masculina basada en la dominación y en la violencia simbólica naturalizando al mismo tiempo prácticas referidas al consumo de cuerpos de niñas y adolescentes contribuyendo al incremento nocivo de la visión sexual contra éstas“.
Más allá de que el concurso se siguiera celebrando, la activista de CLADEM percibe mejoras en cómo los medios abordan el concurso respecto al pasado: “Antes los titulares eran ‘hot’ (calientes), con portadas llenas de primeros planos, y las fotos eran justo de lo que se trata el concurso, una fila de colas cada una con su número”. Con el debate social, evalúa Tolosa, se suavizó el lenguaje, y, “si bien los cuerpos no están menos descubiertos, el enfoque es menos obvio, las chicas salen de frente y hay muchos medios que ni siquiera sacan el certamen”.
Así, los caminos de ida y vuelta que conectan la violencia simbólica ejercida en reinados y concursos con su correlato mediático potenciándose mutuamente, sirven también para comunicar las iniciativas que visibilizan y denuncian las prácticas que en ambos espacios incurren en la objetivización de las mujeres, demasiadas veces, con el auspicio del propio Estado.

Por Sarah Babiker

http://www.comunicarigualdad.com.ar/de-la-violencia-simbolica-a-la-violencia-mediatica/

80 por ciento de mujeres migrantes son víctimas de violación sexual

Las normas y políticas migratorias de Estados Unidos no fortalecen la protección para las mujeres migrantes, que son sobrevivientes de violencia en el hogar, violencia sexual y trata de personas.
 En esto coincidieron organizaciones civiles por los derechos de las mujeres migrantes –entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)–, que elaboraron el informe “Al corazón del asunto. Mujeres, menores de edad y el camino a seguir en la política migratoria”.
 En el documento –en el que participaron organismos internacionales que conforman la alianza We Belong Together (Nos Mantenemos Unidas)– se informa que 80 por ciento de las mujeres migrantes (en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual durante su tránsito por México hacia EU sin que se castigue a los agresores.
 Además, cuando las mujeres logran cruzar al país del norte son vulnerables al abuso en el lugar de trabajo y a la explotación por parte de sus empleadores.
 A lo que se suma que –de acuerdo con las activistas– las mujeres migrantes son más propensas que las estadounidenses a sufrir violencia en el hogar, ya que sus parejas usan su estatus migratorio (que carecen de documentos de estancia legal) como herramienta de control para obligarlas a permanecer en relaciones violentas.
 Como botón de muestra, los grupos civiles revelaron que 48 por ciento de las mujeres latinoamericanas y filipinas dijeron que la violencia que sufrían por parte de sus parejas aumentó desde que llegaron a EU.
 De acuerdo con las organizaciones, si bien en ese país se han implementado mecanismos legales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, las normas están “debilitadas” por las políticas de control migratorio que fomentan el trabajo entre autoridades de migración con el sistema penal para efectuar deportaciones.
 La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) de EU establece mecanismos de protección para motivar a las sobrevivientes de violencia a buscar seguridad y justicia.
 Sin embargo, acudir al sistema judicial estadounidense con las actuales políticas de control migratorio podría dar como resultado las deportaciones de las denunciantes, según el informe.
 Las activistas criticaron que durante el gobierno de Barak Obama ha prosperado la cooperación entre autoridades migratorias y agencias policiales, lo que derivó en que las comunidades de inmigrantes sientan gran desconfianza y temor hacia la policía.
 Agregaron que aún desconocen cómo el Programa de Prioridades en el Control Migratorio (PEP, por sus siglas en inglés), recién anunciado por el presidente de EU, va a afectar la capacidad de las sobrevivientes para buscar ayuda policial.
 Además de este temor, las migrantes sobrevivientes de violencia enfrentan obstáculos para conseguir un estatus regular que les permita vivir y trabajar legalmente en ese país.
 Por ejemplo, para obtener un amparo migratorio ellas tienen que presentar documentos que prueben la violencia; sin embargo, el temor que sienten hacia la policía les impide presentar denuncias formales que comprueben el abuso.
 La problemática se extiende hasta México, ya que de acuerdo con el reporte, las policías mexicanas se niegan a recibir las denuncias de violencia y hasta se burlan de las declaraciones, lo que deriva en que las migrantes no tengan cómo comprobar que están huyendo de sus países de origen.
 Según el documento, las mujeres migrantes también enfrentan barreras para acceder a los recursos de asistencia social apropiados, ya que en términos culturales y de idioma son escasos; así como acceder a programas de salud preventiva, reproductiva y de fortalecimiento económico.
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69690

¿A dónde van nuestras hijas desaparecidas?

¿Pero qué origina que miles de niñas y mujeres no regresen a sus casas cuando sólo han salido a la tienda, la papelería o no vuelven nunca más del trabajo?
A nadie le es ajeno que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se libra una lucha contra el feminicidio desde hace más de 20 años. Está encabezada por las valientes y aguerridas Madres de Juárez, que ante la falta de respuestas para encontrar a sus hijas desaparecidas, o a los culpables de los asesinatos de sus hijas, han tenido que organizarse y dar la pelea por encontrar justicia y castigo a los culpables, tocando las puertas de los gobiernos en turno, que sexenio tras sexenio han hecho oídos sordos, así como también sus Instituciones que han sido indiferentes, negligentes y omisas.
Desde hace unos años se ha evidenciado que las mafias del crimen organizado diversificaron sus negocios para incrementar sus jugosas ganancias, incursionando en el tráfico de personas, armas e incluso otras mercancías; como lo son las mujeres y niñas intercambiadas con fines de explotación sexual, las cuales se han convertido en el tercer negocio más lucrativo después del narcotráfico.
¿Cómo es entonces que miles de niñas y mujeres desaparecen y son asesinadas a lo largo y ancho de la república mexicana sin que el gobierno federal y locales hagan nada para detener esta barbarie?
Recientemente, en Ciudad Juárez, a través del periódico Nortedigital se dio a conocer la captura de Manuel Vital Anguiano junto a cinco sujetos más acusados de desaparecer y asesinar a 11 mujeres.
Operaba enganchando a las jóvenes por medio de ofertas de empleo en una ¨tienda¨ que solo servía como trampa para atraerlas y después desaparecerlas. Dos mujeres testificaron ante un Tribunal Oral donde reconocieron haber trabajado con Manuel Vital Anguiano alias "Don Many" y tres jovencitas más que desaparecieron.
Él mismo reconoció en sus primeras declaraciones que desde el 2003 y hasta el 2011 enganchó a las 11 jóvenes con promesas de trabajo y de las que ya jamás se supo nada.

¿Extravío o desaparición forzada?
Desde hace siete meses México reclama la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin duda alguna este crimen perpetrado por el Estado mexicano encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en bandera de lucha de los que se movilizaron a partir del mes de octubre del año pasado por toda la república mexicana.
Encontró eco internacionalmente, y con la participación de cientos de miles en multitudinarias marchas demostró el hartazgo acumulado por años en la falsa guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón con la militarización del país, arrojando miles de muertos y desaparecidos, así como cientos de desplazados de sus comunidades de origen convirtiéndolas en pueblos fantasma. Con la militarización, también ha aumentado la violencia hacia las mujeres.
En los casi tres años del regreso del viejo PRI nos hemos enterado de distintas masacres perpetradas por el régimen, sus instituciones militares y policías federales, con la complicidad del resto de partidos políticos en el poder.
Es así que no podemos hablar de simples desapariciones, siete mujeres son asesinadas al día en México, en su mayoría arrebatadas de sus hogares por las redes de trata con fines de explotación sexual, consideradas cosas de uso y desecho. Esto sólo es posible bajo un sistema patriarcal, misógino y machista –todo ello exacerbado por el capitalismo en su propio beneficio– que considera a las mujeres meras mercancías que pueden ser descartables y sustituidas por otras.
¿Cómo podemos pensar en juicio y castigo para estos delincuentes si desde las entrañas de los partidos políticos se tejen estas redes de trata, como es el caso del líder del PRI en el D.F. Gutiérrez de La Torre, a quien se le exoneró de las acusaciones que pesaban en su contra?
A poco más de un mes de las elecciones intermedias a realizarse el 7 de junio, ninguno de los partidos oficiales que se disputan nuevos cargos ofrece ninguna solución de fondo a las terribles condiciones a las que nos enfrentamos los sectores empobrecidos, pero principalmente las mujeres que sufren con mayor fuerza toda clase de violencia.
Con millones de pesos gastados en sus campañas electorales tratando de legitimarse y desviar el descontento de la población, ningún partido propone cómo terminar con el feminicidio y las miles de desapariciones forzadas de niñas y mujeres, no responden al reclamo de las y los jornaleros de San Quintín por mejores condiciones laborales, y un largo etcétera de abusos por parte de estos políticos parásitos que no nos representan y que aprueban reformas y leyes anti obreras y anti populares.

http://www.laizquierdadiario.com/A-donde-van-nuestras-hijas-desaparecidas