La falta de seguridad en el trabajo, otra discriminación de la mujer.

Las mujeres representan el 45 por ciento de la población activa de la UE, pero a menudo trabajan en puestos de trabajo pensados y diseñados sólo para los hombres y se enfrentan a peligros específicos de su género. Los sectores más feminizados tienen una menor regulación en seguridad, lo que perjudica la salud de millones de trabajadoras.
EU-OSHA, agencia europea que se encarga de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recoge en sus estudios la seguridad desde una perspectiva de género. La mayoría de las normas sobre enfermedades laborales se realizaron cuando la presencia de la mujer en el mercado laboral era muy reducida, por eso advierte que las políticas preventivas han de realizarse teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Los hombres y las mujeres no son idénticos y las actividades profesionales que realizan, las condiciones laborales y la forma en que son tratados por la sociedad son distintas. Estos factores pueden influir en los peligros a los que se enfrentan en el puesto de trabajo y en el enfoque necesario para su evaluación y control. Una de las prioridades de la estrategia Europa 2020 es incorporar las políticas de género en todas las acciones de la Comisión promocionando la igualdad en el mercado laboral tanto en salarios como en la seguridad.
La incorporación masiva de las mujeres prácticamente en todos los sectores ha dejado el sistema obsoleto y discrimina claramente a las mujeres. Los accidentes laborales en los hombres disminuyen con la edad, mientras que se mantienen estables en el caso de las mujeres. Ellas sufren más resbalones, tropiezos y caídas. Unos accidentes que en la administración pública, educación y salud, sectores en los que trabajan el 45% de las europeas, no computan, lo que deja en tierra de nadie un elevado número de percances laborales que afectan mayoritariamente a las mujeres y que casi no están regulados. En sectores altamente feminizados como la docencia, la restauración, las urgencias hospitalarias o los «centros de llamadas telefónicas» tampoco las normativas están actualizadas.
Según EU-OSHA: «las mujeres son mayoría en los sectores que están en contacto con sustancias infecciosas y químicos nocivos para la salud, pero estas exposiciones son a menudo pasadas por alto». Estos segmentos son tradicionalmente femeninos: limpieza, tintorerías, industria ortoprotésica, artes gráficas, laboratorios, peluquerías, sanidad o manufactura textil.
Las mujeres son mayoría en sectores como el textil o en cadenas de producción, con unos riesgos laborales que obligan a incorporar nuevos criterios de evaluación. Por ejemplo en la industria manufacturera, que ocupa mayoritariamente a mujeres, no están consideradas como dañinas las vibraciones. En sanidad, el 11 por ciento de las enfermedades laborales afectan a mujeres y están relacionadas con el hecho de levantar o mover personas. Estas lesiones afectan al 5,8% de los sanitarios-hombres.
Los riesgos que corren los hombres son más conocidos debido a que los aspectos de seguridad y salud en el trabajo (SST) estaban más detallados en los empleos peligrosos que son sectores predominantemente masculinos. Entre los aspectos de riesgo diferentes entre hombres y mujeres cabe destacar el impacto de los agentes biológicos en la salud reproductiva, en el trabajo físico pesado, el diseño ergonómico de los lugares de trabajo y la extensión de la jornada laboral en el hogar.
Las deficiencias en las prevención laboral relacionada con las mujeres, se nota en el hecho de que la mayoría de los estudios elaborados hasta el momento se basan en datos de la población masculina. Los hombres suelen trabajar en industrias pesadas y las mujeres encuentran más puestos de trabajo en la economía informal, con trabajos inseguros e insalubres y muchas veces no regulados por convenios laborales, de manera muy importante, las que trabajadoras del hogar o cuidadoras de ancianos o personas con movilidad reducida.
En otros sectores como la agricultura, las mujeres embarazadas trabajan durante las tareas de cultivo y cosecha lo que puede generar la pérdida del bebé. Muchas mujeres trabajan también en fábricas de empaquetado de productos agrícolas que concentran riesgos para su salud, también en el caso del procesamientos de pescados, donde aumentan los casos de artritis o efectos negativos para la salud debido a que permanecen mucho tiempo de pie, en ambientes húmedos y fríos y con jornadas laborales muy largas. En trabajos en oficinas, donde se concentra la mayor parte de las trabajadoras, éstas se exponen a situaciones de tensión físicas y psicológicas, con problemas ergonómicos. Según varios organismos dedicados al control de la seguridad laboral, las mujeres están más expuestas que los hombres a los riesgos psicosociales del trabajo, y padecen más que los hombres la discriminación y el acoso sexual en esos lugares.
Actualmente las investigaciones que se realizan sobre las seguridad laboral tiene cada vez más en cuenta los estudios epidemiológicos que afectan de manera diferente a cada sexo. Especialmente importante es conocer los riesgos que enfrentan hombres y mujeres expuestos a ciertas substancias químicas, a material genético cultivado y recogido en laboratorios de transgénicos o productos farmacéuticos con nuevas propiedades genéticas, que pueden tener efectos distintos en ambos sexos a largo plazo.

Ángela Gonzalo
http://www.euroxpress.es/noticias/la-falta-de-seguridad-en-el-trabajo-otra-discriminacion-de-la-mujer

Liderazgo y participación política.

El rol de las mujeres en la historia como líderes públicas y como potenciadoras del desarrollo de los países, fue por mucho tiempo invisibilizado o relegado a un segundo lugar.
La capacidad de las mujeres como líderes y agentes de cambio, además de su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática, contrastan aún bastante con la poca representación no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico.
La resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 menciona que “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos. Un caso emblemático que demuestra la importancia del liderazgo de las mujeres en el mundo es la concesión del Premio Nobel de la Paz, en el 2011, a tres mujeres de África: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman. En junio de 2013, en el mundo ocho mujeres eran Jefas de Estado y había 14 Jefas de Gobierno.
En Latinoamérica, diferentes mujeres han sido electas para regir los destinos de los países del continente: Entre otras, Michelle Bachelet de Chile, Laura Chinchilla de Costa Rica, Cristina Fernández en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil. Así se logró que el 42% de la población de América Latina estuviera gobernado por una mujer, un hecho inusitado para la región y para su historia. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.
El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.
Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.
Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.

Nuestras soluciones

Los programas de ONU Mujeres sobre liderazgo y participación se basan en un amplio historial de compromisos sobre la representación de las mujeres en instrumentos internacionales. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, mientras que la Plataforma de Acción de Beijing insta a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio miden los avances hacia la igualdad de género; uno de los indicadores que utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios.
Para alcanzar estos fines, ofrecemos capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades, e impartimos formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género. Respaldamos a los defensores y las defensoras de la igualdad de género en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres. Otras iniciativas alientan a los hombres y las mujeres jóvenes a participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular políticas públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de género.
ONU Mujeres promueve la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas, como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Colaboramos con los equipos de las Naciones Unidas en los países y trabajamos con la sociedad civil en programas de gestión electoral para impulsar que en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres, incluido el derecho a votar y a defender sus candidaturas electorales sin sufrir violencia.

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation

Mujeres, más “fáciles” de detener y enjuiciar por narcomenudeo.

Ellas no son las líderes de los cárteles del narcotráfico, tampoco conocen de lavado de dinero ni de evasiones fiscales. Son mujeres pobres, de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles de educación y sin antecedentes penales, y no obstante pueden ser condenadas a por lo menos 10 años de prisión por “delitos contra la salud”.
 Antes de entrar a las filas del narcomenudeo, la mayoría de estas mujeres se ganaba la vida limpiando casas, lavando y planchando ropa, preparando alimentos o en la venta informal en los cruceros viales. Así fue hasta que un familiar o su pareja las incitó a realizar una actividad vinculada con las drogas.
 En el narcomenudeo las mujeres son el eslabón más débil y por tanto las más expuestas: cuidan las llamadas “tienditas”, donde se guardan y trafican los estupefacientes; son quienes esconden los envoltorios de droga en la vagina para introducirla a los penales, o guardan los paquetes más grandes en una maleta para cruzar las fronteras.
 Por tanto, son las más fáciles de aprehender, llevar a juicio y encerrar en prisión, porque –dicen expertas en Derechos Humanos– sin importar que no sean las criminales de “cuello blanco”, ni las grandes narcotraficantes, al tener toda la evidencia en su contra, carecerán de una buena defensa legal y seguro afrontarán largas condenas.
 Hoy suman 2 mil 13 mujeres presas por llevar consigo tan sólo unos gramos de mariguana o unas cuantas metanfetaminas, lo que supone pasar de 10 a 25 años de cárcel, y pagar de 6 mil 700 hasta 33 mil 600 pesos de multa, según el artículo 194 del Código Penal Federal.
 Así, el sistema de justicia mexicano se ensaña y castiga aún más a mujeres ya de por sí excluidas socialmente, advierte Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien se ha dedicado a estudiar la situación de las mujeres en reclusión.
 En prisión hay, en todo el país, 16 mil 746 mujeres; de ellas, 2 mil 13 fueron acusadas de “delitos de drogas”, es decir, de producir, transportar, traficar, comerciar o suministrarlas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2014.
 De esas más de 2 mil mujeres, la mayoría no forma parte del crimen organizado, sino que fueron utilizadas, en ocasiones por sus propias parejas, para cometer ilícitos, elemento que –asegura Azaola– debería ser considerado por las y los impartidores de justicia.
 Pero no es así. De por sí pobres, estas mujeres que se ven involucradas en estos ilícitos se someten a un sistema penal en el que enfrentan “la ceguera e insensibilidad” del personal judicial, que –prosigue Elena Azaola– bajo el argumento de que “todos deben ser tratados igual ante la ley”, las castiga con prisión sin reparar en sus condiciones particulares.

LAS MÁS POBRES ENTRE LAS POBRES

Cuando investigadoras de la organización Equis, Justicia para las Mujeres visitaron las cárceles para verificar los supuestos logros de la militarización del combate al narcotráfico impuesta en 2006 por Felipe Calderón, encontraron que las internas son las más pobres.

Las mujeres en reclusión son producto de la “apatía judicial”, pues son aprehendidas tras una denuncia anónima o en flagrancia, lo que no requiere de investigación especializada alguna, apunta Corina Giacomello, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) e integrante de Equis.

Encerrar a estas mujeres que delinquen por vez primera en nada ayudará al combate del crimen organizado, sostiene Giacomello, experta en analizar los delitos de drogas desde una visión de género, y quien ha detectado que el encierro sólo tiene un impacto real en la vida de las y los niños que se separan de sus madres.
 Se suma que, en el caso de las mujeres encarceladas por transportar droga –conocidas como “mulas” o “burreras”–, las y los jueces no consideran si ellas tienen una vida marcada por la violencia, incluyendo la de tipo sexual, o si fueron reclutadas por redes del narcotráfico para desempeñar los roles más bajos y peligrosos.
 Los delitos de drogas son también crímenes “de amor” o “de género” porque –detalla Corina Giacomello– las mujeres al ser reclutadas por la pareja o algún familiar para dedicarse al narcomenudeo, obtienen dinero que les ayuda a cumplir con el rol  tradicional de cuidar a sus hijas e hijos u otras personas.
 En contraste, una vez que son encarceladas suelen ser abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio ilícito.

SISTEMA DISCRIMINATORIO

Para colmo, la normatividad mexicana en materia de drogas no hace justicia a las mujeres y es “poco flexible, altamente punitiva y marcada por una profunda desigualdad de clase”, ya que son las personas empobrecidas quienes carecen de una buena defensa legal, mientras que la gente pudiente puede darse el lujo de pagar una fianza de hasta 25 millones de pesos, señala Giacomello.
 Y es que el sistema de justicia aplica sin miramientos la prisión aun sin condena (213 mujeres han sido sentenciadas por delitos contra la salud); prohíbe el indulto; no diferencia las sanciones según el rol desempeñado o la vulnerabilidad de las personas; no tiene criterios para reducir penas, y carece de beneficios como la preliberación o medidas alternativas a la reclusión.
 Asumir y hacer frente a este reto, argumentan las especialistas, implica también reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer el arresto domiciliario, en vez de la prisión para quienes son madres, jefas de familia o responsables del cuidado de otras personas. Además urge una revisión de las penas para permitir la reducción de sentencias.
 Otra sugerencia es aprobar ya la Ley Nacional de Ejecución Penal, una iniciativa “congelada” en el Senado y que busca regular el sistema penitenciario, y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. También plantea sanciones más justas, y que las procuradurías e institutos estatales de la Mujer apoyen a las mujeres en reclusión.
 De poco o nada sirve mandar a las mujeres que por primera vez delinquen a pasar una década en la cárcel, donde el hacinamiento y la corrupción son la constante, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 150 centros penitenciarios.

INFANCIA RECLUIDA

Equis agrega que una propuesta de ley debe contemplar sanciones alternas y la obligación de las autoridades de realizar dictámenes, para ver si es necesario que las mujeres que se encuentran en esta situación conserven la custodia de sus hijas e hijos.
 Hasta 2014, había 549 menores de seis años de edad viviendo con sus madres en alguna cárcel del país; 247 de ellos apenas de un año de edad.
 Niñas y niños viviendo en prisión es un tema particular, y es que aunque sean “pocos” no significa que no importen, aclara Giacomello, y añade que urgen protocolos policiales de detención para mujeres embarazadas, lactantes, con hijas e hijos pequeños, o personas a su cargo, a fin de salvaguardar el interés superior de la infancia.
 Por otra parte, en 2012 México, Guatemala y Colombia promovieron adelantar la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Programa Mundial de Drogas, prevista para 2019, y realizarla en abril próximo con el objeto de debatir nuevas políticas, como la apertura al uso medicinal o lúdico de la mariguana.
 Las estudiosas del tema observan que México debe reconsiderar las acciones y estrategias para combatir el narcotráfico, o de lo contrario a los penales seguirán llegando mujeres a cumplir condenas desproporcionadas, sin que ello signifique que disminuya la producción, traslado o consumo de drogas.

Por: Anayeli García Martínez

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/72101

BERTA CÁCERES : ME LO DIJO EL RÍO.

El 3 de marzo de este 2016, en las tierras vascas nos disponíamos a recordar, por que a veces decimos a celebrar y no puede ser así, no hay nada que celebrar, los 40 años de lo que desde los primeros días de todos esos años, se conoció como la masacre obrera de Gasteiz. En esa fecha, en esta ciudad a las puertas de la primavera, los poderes económicos y políticos dominantes de la llamada transición española decidieron dar un escarmiento a la lucha organizada de trabajadores y trabajadoras que se extendía en una huelga general ese día, y en multitud de protestas en los precedentes. Se demandaban mejores condiciones laborales, de vida, mayor justicia y verdadera democracia.
A veces, qué poco cambian los tiempos y los modos de las injusticias, aunque transcurran 40 años o nos movamos 10.000 kilómetros en el planeta.
Por que precisamente, este mismo 3 de marzo de 2016, mientras en Gasteiz se rememoraban los asesinatos de cinco trabajadores a manos de la represión policial, se recibía la noticia desde Honduras, desde la otra parte del mundo, del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, coordinadora de una de las organizaciones popular e indígena más importante de ese país. Una mujer que llevaba en la lucha más de 20 años, firme en la defensa de los derechos de su pueblo y del campesinado, rebelde ante las transnacionales y la oligarquía hondureña y en la defensa del medioambiente ante el brutal ataque y explotación que estas tierras sufren, especialmente desde que se dio el último golpe de estado en el año 2009.
Precisamente, desde ese año se ha producido en Honduras una explosión de megaproyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustriales; siempre en detrimento de las comunidades indígenas o campesinas, a las que se expulsa de sus territorios o se les destroza y contamina, siempre de la mano del capital transnacional.
La misma BBC, al dar la noticia del asesinato, calificaba a Berta como la mujer “que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Y esto tiene que ver con esa lucha en defensa del territorio del pueblo lenca. En el 2006 se dio la concesión a una empresa hondureña para la construcción de una represa hidroeléctrica en estas tierras indígenas. A dicha concesión se uniría inmediatamente capital chino, alemán y del Banco Mundial. Pero, la determinación de la lucha ha sido de tal calibre que las transnacionales tuvieron que retirarse, incluso reconociendo que esta retirada era motivada por la persistente oposición comunitaria y las dudas sobre las continuas violaciones de los derechos humanos de la población que se cometían desde las instancias gubernamentales y/o paragubernamentales hondureñas. Y una vez más, aunque estos proyectos se suelen “vender” como piezas claves para el desarrollo, hay que recordar que cuando en estos países, por ejemplo, se construyen represas no es para llevar electricidad a las comunidades, no es para mejorar las condiciones de vida de la población, es para surtir de energía a los megaproyectos mineros o agroindustriales. Es decir, se retroalimentan entre transnacionales a través de agresivos proyectos de explotación que aumentan sus cuentas de beneficios mientras destruyen las tierras y territorios de sus legítimos poseedores, a quienes al final se dejará únicamente destrucción y más cercenadas aún las posibilidades para una vida digna.
Pero, si bien mencionábamos antes que la noticia ha sido recogida por la BBC, desgraciadamente habrá que reconocer inmediatamente que este asesinato no es noticia de los grandes medios de comunicación. Por que en los últimos años ya no es noticia el asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos ya sean éstos individuales o colectivos. La clase mediática (aquellos que definen las líneas editoriales), la política y la económica dejaron aparcado hace tiempo el discurso de los derechos humanos. Sirvió durante un tiempo, sobre todo durante la llamada “guerra fría” para atacar al adversario; sirve hoy todavía, aunque muy de cuando en cuando para “ilustrar” regímenes que se etiquetan rápidamente como populistas y totalitarios, pero ya no es una preocupación que implique determinación política cuando no hay interés geoestratégicos o económicos detrás. Lo apreciamos con claridad en estos últimos meses con la llamada crisis de refugiados en esta Europa que un día se consideró cuna y defensora de esos derechos. Pero, sobre todo, se ve con absoluta nitidez esta dejación cuando la violación de los derechos humanos individuales y colectivos está en directa relación con los intereses y beneficios que se facilitan a empresas extractivas, especialmente transnacionales europeas, canadienses o estadounidenses en terceros países, ya sea en América Latina o en África. Normalmente, se puede afirmar que según crecen éstos últimos, también crecen las violaciones a los derechos.
Explica esto en gran medida, que el asesinato o la represión sistemática sobre los pueblos indígenas, principales opositores a estos ataques, no sean noticia reseñable; no provocan una oleada de indignación en los medios de comunicación masivos, no producen declaraciones ni medidas políticas por aquellos líderes que se dicen defensores de los derechos humanos.
Hace poco más de dos años, con motivo de la situación que atraviesa el pueblo mapuche en Chile y Argentina, que ve como diariamente son despojados de sus territorios a cargo de industrias madereras e hidroeléctricas, escribía un texto con el título “los siguen matando”, en que se decía que “…los siguen maltratando, robando sus tierras y los siguen asesinando. Estos pueblos siguen poniendo, hoy como ayer, los muertos sobre la mesa en ese permanente conflicto abierto hace más de 500 años contra ellos. Desde el extremo sur hasta el norte del continente, siguen siendo diana de las balas, siguen siendo el centro escogido de la represión más brutal…”. En estos dos años, por tomar un pequeño e inmediato espacio temporal, las denuncias en este mismo sentido se han seguido acumulando. E incluso, en pleno proceso de paz como el colombiano, los pueblos indígenas hoy, siguen poniendo muertos. Este mismo día 3 de marzo amanecía con la denuncia del asesinato del gobernador (autoridad tradicional) Alexander Oime Alarcón del cabildo indígena de Río Blanco (Cauca), baleado en plena calle. Y se cierra el día con la noticia de Berta.
Y todos ellos y ellas hoy siguen siendo asesinados por su lucha en defensa de la tierra y el territorio, por la firmeza y claridad de que su identidad es importante, y que como hombres y mujeres libres tienen derechos que deben no solo ser respetados, sino también ejercidos. Pero, en el continente latinoamericano, como en África, y de forma especial en aquellos países con gobiernos neoliberales, los procesos de privatización de todo (el agua, la tierra, la vida…) siguen avanzando. Cuando las comunidades lencas, en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico se fueron a la capital, a Tegucigalpa, se enteraron que el gobierno había entregado la práctica totalidad de los ríos de sus territorios, los derechos para explotarlos, a empresas privadas por más de 30 años.  Y en este sentido los ejemplos se multiplican en todos los países, en todos los territorios indígenas. En Guatemala, otro ejemplo paradigmático de entrega del país a las transnacionales y de represión ante la protesta de las comunidades, continuamente se denuncia en los últimos tiempos el encarcelamiento de autoridades tradicionales con cargos ideados expresamente para apartarlos de sus pueblos y castigarlos por dirigir, bajo mandatos comunitarios, la protesta contra las transnacionales y por la defensa de los territorios y de la vida. La otra opción es el asesinato, que también aumenta proporcionalmente a la protesta en los últimos años.
Pero, como dijo Berta Cáceres, en una de sus últimas entrevistas, “cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca (el proyecto hidroeléctrico en territorio lenca) yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río”.

Jesus González Pazos

Mugarik Gabe

https://comunitariapress.wordpress.com/

SUFRAGISTAS. LAS MUJERES QUE QUISIERON VOTAR.

En los últimos tiempos no dejamos de ir a votar. Hombres y mujeres mayores de dieciocho años somos llamados a las urnas una y otra vez, un gesto democrático que lo tomamos como algo habitual, normalizado en nuestra sociedad. Pero si echamos la vista atrás, comprobamos que no hace tanto que a las mujeres se nos permitió depositar nuestra opinión política dentro de una urna. De hecho, aún existen países, para vergüenza de la humanidad, que consideran que sus mujeres no están capacitadas para decidir sobre algo que les concierne igual que a los hombres.
Si hacemos un repaso a la cronología del sufragio femenino en el mundo, descubrimos que la primera vez que las mujeres pudimos votar fue, vaya qué gracia, por error. Sucedió en el estado norteamericano de Nueva Jersey, en 1776, donde una cuestión terminológica incluyó a las mujeres dentro de los ciudadanos autorizados para ejercer su derecho al voto. Rápidamente se subsanó tan terrible error, faltaría más. Hemos de viajar desde Estados Unidos a la remota Polinesia para encontrar en 1838 una pequeña colonia británica en la que se permitió a sus mujeres votar.
Una década después, el estado de Nueva York se preparaba para protagonizar uno de los actos que marcarían un antes y un después en la historia del sufragismo. Sucedió el 19 de julio de 1848 y recibió el nombre de Convención de Séneca Falls. Las conclusiones de la reunión, que se alargó hasta el día siguiente, se trasladarían a un documento, la Declaración de Sentimientos, considerado el primer documento en favor del feminismo en los Estados Unidos de América.
Sus impulsoras fueron Elizabeth Cady Stanton, una mujer sensibilizada con las injusticias sociales de las mujeres de su tiempo, injusticias que ella misma vivió en su propia piel, y Lucrecia Mott, una cuáquera que había conocido pocos años antes en Londres durante una convención abolicionista en la que las mujeres solamente podían escuchar pero no opinar ni votar. Por desgracia, ni Elizabeth ni Lucrecia pudieron nunca ejercer su derecho al voto, aprobado oficialmente en Estados Unidos hasta 1920.
Otros territorios del mundo fueron permitiendo a sus ciudadanas opinar en las votaciones. Pero no fue hasta 1893 en el que un país entero consiguió el sufragio femenino. Fue gracias a un movimiento que empezaba a organizarse en distintas partes del mundo con nombres propios de mujeres dispuestas a hacer oír su voz. Fue en Nueva Zelanda, donde las sufragistas organizadas bajo la dirección de Kate Sheppard, consiguieron el voto femenino. Su papel al frente del movimiento supuso un importante ejemplo para otras mujeres de otros lugares del mundo que decidieron seguir sus mismos pasos. El eco de su labor viajaría desde las antípodas hasta la vieja Europa donde a principios de siglo, Finlandia y poco después Noruega y Suecia permitieron a sus mujeres votar.
Sufragistas. Las mujeres que quisieron votarfamilia-pankhurst1Uno de los movimientos sufragistas más conocido fue el que tuvo lugar en Reino Unido, donde las mujeres no pudieron votar hasta 1928, después de protagonizar una lucha que pasó de las palabras y las reivindicaciones a la violencia en las calles. Las máximas protagonistas de la reivindicación por el voto femenino fueron las mujeres de la familia Pankhurst, con su matriarca, Emmeline Pankhurst, a la cabeza. Fundadora en 1903 de la Unión Social y Política de Mujeres (en inglés, Women’s Social and Political Union, WSPU), Emmeline pasó por distintas etapas de lucha reivindicativa. Después de la frustración de ver cómo el Parlamento británico se negaba a aceptar el sufragio femenino, y de nada valían sus argumentos dialécticos, las sufragistas británicas decidieron pasar a la acción y salir a las calles para reivindicar con actos violentos su derecho a votar. Una decisión que enfrentó a muchas de ellas, incluidas sus propias hijas, Christabel, Sylvia y Adela. Solamente Christabel, su hija mayor, siguió fielmente los pasos de su madre.
La muerte de Emily Wilding Davison, que intentó colgar una bandera sufragista en el caballo del rey que corría en el derby de Epsom de 1913, marcaría un antes y un después en la historia de las sufragistas británicas. Un hecho dramático que se ha convertido, más de un siglo después, en parte del argumento de una de las películas estrenadas en 2015 en todo el mundo. Sufragistas, protagonizada por actrices de la talla de Meryl Streep o Helena Bonham Carter, recrea en la gran pantalla la dura lucha de aquellas mujeres que pusieron en su lista de prioridades la dignidad y el respeto a las mujeres. Una película preciosa que muchos hombres y mujeres de todas las edades deberían ver para reflexionar sobre aquellas mujeres que se dejaron la vida por un ideal.Sufragistas-138575244-large
Sufragistas. Las mujeres que quisieron votarclara campoamorY mientras en otros lugares como Reino Unido o Estados Unidos fueron muchas las mujeres que se unieron a la defensa del sufragio femenino, en la España republicana de la década de 1930 fue la lucha de una mujer incansable la que consiguió que las mujeres pudieran votar. Fue Clara Campoamor, una abogada que se enfrentó a un mundo de hombres que desdeñaba a las mujeres. Un mundo en el que incluso las mujeres miraron con recelo a aquella mujer dispuesta a hacer valer sus derechos. Lo consiguió, en 1931. Pero por poco tiempo. La dictadura franquista provocó un largo paréntesis en el derecho al sufragio femenino español.
A lo largo del siglo XX, muchos países han ido incorporado el sufragio femenino. Pero aún existen rincones faltos de derechos para ellas. No sólo poder votar.

Por Sandra Ferrer Valero 

http://anatomiadelahistoria.com/2016/01/sufragistas-las-mujeres-que-quisieron-votar/

Feminización de la migración .

Desde siempre las mujeres han emigrado, las abuelas se trasladaron del pueblo a la
cuidad, las madres de la cuidad a la capital y las hijas ahora de la capital al otro
continente. Múltiples razones han impulsado estas migraciones, económicas, políticas
o familiares.
Lo que hoy nos reúne, no es tanto el hecho de la migración en sí, si no el de los
impactos que hoy en día representa esta migración a nivel personal y familiar en
cuanto a los derechos que como mujeres nos atañen.
La feminización de la migración implica no sólo el cambio de las mujeres de un lugar
a otro de residencia, sino que abarca las implicaciones familiares que con ella
conllevan.
La feminización de la migración hoy tendrá connotaciones globales, donde los roles
familiares transcienden fronteras, las nuevas familias transnacionales implicaran un
nuevo enfoque de derechos sociales y familiares. Las desigualdades de género hacen
que la experiencia migratoria sea muy diferente para hombres y mujeres. La decisión
de migrar, las redes empleadas o la inserción laboral en el país de acogida, afectaran
de manera diferente a los hombres y a las mujeres.
La feminización de la migración surge como una estrategia de sobrevivencia de los
hogares, es una respuesta al contexto de crisis económica de países cuya economía
está basada en la informalidad. Una crisis que ha aumentado el desempleo
masculino, creando así una erosión en el papel del hombre como proveedor
económico y como consecuencia una gran cantidad de mujeres se encuentran solas a
mantener el hogar.
En el 2010 se estimaron más de 52% las mujeres emigradas en Europa, según los
datos del Departamento de Asuntos Económicos Sociales de Naciones Unidas (NU
DAES). Esta cifra no visualiza un número más en las estadísticas, es más bien la
concreción de una situación global económica y social. Económica porque es la
respuesta al hecho de que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres;
social porque los trabajos en los cuales la mujer consiguen su sustento hacen parte
de los servicios concernientes al cuidado de la familia y el hogar incluyendo los
ancianos y ancianas, estos servicios desde el análisis de género, hacen parte del
sistema reproductivo de la sociedad, y no está considerado dentro de los valores
económicos del mercado. No quiero dejar de mencionar las cadenas de tráfico sexual
que cosifican a las mujeres dentro de un sistema de valores del sexo.
Sin embargo, cabe destacar que es una espiral que gira entre el económico y social,
la mano de obra atribuida a las mujeres pertenecen a la mano de obra
desvalorizada, mal paga, flexible en sus horarios, generándose así trabajos (no digo
empleos) de sobrevivencia que sólo se pueden realizar bajo condiciones precarias.
Los vínculos que las mujeres migrantes tienen con sus lugares de origen han creado
espacios transnacionales donde circulan bienes, dinero, ideas, imaginarios y valores.
Dentro de este concepto del codesarrollo, el vivir transciende las fronteras físicas y
reconfigura espacios, economías e identidades.
La emigración viene impulsada siempre por insatisfacción con la situación que se
tiene e inconformismo respecto al futuro que se vislumbra en su país y por la seducción
del nuevo lugar.
 Desde esta posición se  comprende que pese a las malas condiciones que encuentran, muchas perciban una mejoría relativa respecto al punto de partida, e incluso haber alcanzado la meta al incorporarse al trabajo y obtener un salario muy superior al que podrían imaginar en supaís.  Este bajo nivel de expectativas es el que, en ocasiones, permite la sobreexplotación de los iiunigrantes en general y de las mujeres en particular.

https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/7127/1/Percepcion
www.diasporasolidaria.org/

Las uniones de trabajadoras están resquebrajando el abuso en el empleo doméstico.

Etelvina López llegó del norte de Guatemala a San Francisco, California, hace casi 16 años. Alcanzó Estados Unidos después de un trayecto aterrador en el que viajó escondida en el tanque de una pipa de gas y en camiones hasta la frontera entre Agua Prieta (Sonora, México) y Douglas (Arizona).
López, de 33 años, venía en busca del sueño americano pero tan solo unos años después de su llegada fue víctima de violencia doméstica y de abusos laborales como trabajadora del hogar.
Para trasladarse de la comunidad rural de Las Cruces, en Guatemala, a la frontera entre México y Estados Unidos, López pagó miles de dólares a un coyote que después la introdujo en los Estados Unidos. Recorrió durante cuatro días el desierto y las montañas de Arizona para llegar a su destino.
“Tuve miedo a muchas cosas que decían que pasan. Que en el camino violaban a las muchachas, las mataban..., ese era mi miedo. La comida se nos terminó en el último día y no pudimos comer nada”, recuerda Etelvina.
La violencia que sufrió por parte de su pareja años después de su llegada la llevó a huir de su casa junto con sus dos hijas. Pronto, López tuvo que comenzar a trabajar en limpieza de casas en el área de la Bahía de San Francisco, donde se topó con vulneraciones de derechos laborales por parte de sus empleadoras.
“Me estaban abusando, la señora me llevaba desde la seis de la mañana y me devolvía a las cinco o seis de la tarde y eran demasiadas horas y solo me daba 50 dólares [a la semana]”, revela López. El salario mínimo en California es de 10 euros la hora.
Con los bajos salarios como trabajadora doméstica, López apenas podía pagar la renta de un pequeño cuarto en la zona metropolitana de San Francisco y costear los gastos de la manutención de sus hijas. Además, la vulnerabilidad de Etelvina a los abusos era mayor por su estatus de inmigrante indocumentada.
El reporte “Economía del Hogar. El mundo invisible y no regulado del trabajo del hogar” [PDF], publicado en 2012, detectó que las trabajadoras están faltas de respeto y sufren maltrato en su lugar de trabajo, reciben pagas por debajo del salario mínimo estatal y no tienen seguridad social.
De acuerdo con cifras de organizaciones del sector, hay 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en Estados Unidos [PDF]. Tan solo en California son 308,000, según la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California.
No hay cifras oficiales sobre la cantidad de trabajadoras domésticas indocumentadas en los Estados Unidos.
Un informe publicado en 2001 por la organización Human Rights Watch confirma que el de Etelvina López es un caso más de entre miles. Los abusos, dice el reporte, van desde ser sometidas a jornadas de 19 horas hasta vivir casi en total aislamiento.
López solo pudo combatir los abusos cuando se amparó hace casi 11 años en una organización que protege a las empleadas domésticas de los abusos laborales llamada Mujeres Unidas y Activas. A partir de su experiencia en la organización, López ha encabezado movimientos para reclamar los derechos de sus compañeras.
“Hemos luchado mucho porque se nos respete nuestro trabajo pero, más que nada, que nosotras aceptemos que nuestro trabajo lo vale", explica.
“Hay muchas mujeres que están siendo abusadas y nada más por la necesidad de su trabajo, del dinero, y porque están pasando por situaciones parecidas a la mía o peor”, valora López, quien ahora recibe un salario de entre 20 y 25 dólares la hora por su trabajo de limpieza de casas en San Francisco.
María Reyes, organizadora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en los Estados Unidos, una agrupación que coordina a 56 organizaciones en el país, afirma que las trabajadoras domésticas viven en un constante riesgo de ser abusadas por la falta de leyes que las protejan.
“Los riesgos que hemos visto tristemente es el ser abusadas de diferentes formas, hasta sexualmente, psicológicamente, a veces con golpes, con palabras mal sonantes, el maltrato de que no nos pagan lo justo, muchas veces ni el salario mínimo”, dice esta mujer originaria de Tepatitlán, Jalisco.
Reyes añade que las trabajadoras domésticas indocumentadas viven mayores abusos.
“Si las personas se dan cuenta de que su trabajadora es indocumentada entonces la tienen acosada y amenazada", explica. “Apenas hacen un reclamo para que se le aumente el salario y le dicen ‘voy a hablarle a Migración, no, yo no te voy a pagar más y si no quieres le llamo a Migración, tu no tienes documentos’,” dijo María Reyes, de 69 años de edad.
Los abusos a las trabajadoras domésticas en los Estados Unidos solo pueden ser combatidos si estas se organizan y se unen para reclamar sus derechos, afirma Katie Joaquín, directora de la Coalición de las Trabajadoras Domésticas de California.
“La solución número uno que damos es ser parte de una organización porque cuando estamos conectadas unas con otras estamos en posición de tener apoyo para nuestros casos". “No importa si tienes papeles o no, tienes el mismo derecho bajo las leyes laborales en California. Hay riesgos y la manera en que podemos minimizarlos es estar organizadas”, explica.
Aunque aún la mayoría de los empleadores no respetan los derechos de las trabajadoras domésticas, afirma Katie Joaquín, se han logrado avances en California y en otros estados del país para protegerlas.
Tan solo en California, luego de una larga lucha iniciada desde el año 2005 por parte de decenas de organizaciones civiles, en 2013 el gobernador Jerry Brown firmó la Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, que otorgó el derecho de pago a horas extras después de nueve horas laboradas a las cuidadoras de pacientes en los hogares.
Pero el gobernador solo aceptó una de las 11 propuestas que plantearon las organizaciones. Entre las que Brown rechazó, estaban la garantía de derecho al descanso de las trabajadoras que residen de forma permanente en los hogares y el derecho a preparar su propia comida en los lugares donde trabajan.
“Fue una ley muy pobre e inconclusa”, valora Reyes. El documento avalado por Brown, identificado como AB241, es temporal y su validez vencerá el 1 de enero de 2017, cuando concluya el mandato del actual gobernador.
Para evitar que la carta se invalide y que sea declarada como permanente por Brown antes de que abandone la gubernatura, decenas de organizaciones de trabajadoras domésticas alistan movilizaciones civiles en California.
“Lo que estamos pidiendo es que se haga permanente el derecho sobre tiempo y para eso vamos a hacer miles de expresiones públicas”, dijo Joaquín.
Por su parte, Reyes valora que, a pesar de la ley, hay empleadoras que no la respetan y un gran número de trabajadoras domésticas ni siquiera saben que existe.
Para que la ley sea permanente, las organizaciones de California buscan que el documento sea aprobado por el Senado estatal bajo la propuesta SD1015, a través de la cual se extenderían los derechos a más trabajadoras domésticas.
Además de California, cuya Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas entró en vigor el 1 de enero de 2014,  otros estados han promulgado leyes similares para otorgar algunos derechos. La creación de las cartas de derechos de las trabajadoras domésticas comenzó ante el reclamo de organizaciones civiles por la falta de protecciones legales a este sector laboral.
Mientras en Nueva York y Hawai, sus cartas de derechos entraron en vigor en 2010 y 2013, respectivamente, en los estados de Connecticut, y Massachusetts, sus cartas no entraron en vigor hasta el año pasado. Illinois también está en proceso la elaboración y aprobación de una de estas cartas.
“En el corazón de todo esto está la dignidad, lograr el reconocimiento para un trabajo que es bien duro, bien importante, pero que también en realidad no es reconocido ni valorado con pago justo, con respeto y condiciones sostenibles para garantizar el sustento de una familia”, concluye Katie Joaquín.

Por Marcos Martínez
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