Madres inmigrantes tienen mayor riesgo de tener hijos con autismo.

¿Puede tener algo que ver el lugar donde una mujer nació y creció como un factor de riesgo para tener un hijo con autismo? Pues según una investigación llevada a cabo por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) sí.
Se tenía la creencia de que la prevalencia de autismo en los EE.UU. era mayor entre la población blanca de origen caucásico y nacidas en el país, frente al resto de grupos étnicos. Aunque en realidad este hecho sobre la prevalencia del autismo en la población latina de EE.UU. –ya lo tratamos en el 2011– estaba más relacionada con un acceso a los recursos de salud que no a un aspecto puramente racial. Sin embargo, el estudio que se acaba de publicar(1) viene a dar una vuelta importante a la visión que se tenía sobre la prevalencia de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) entre la población inmigrante en el país.
El estudio, publicado en la revista Pediatrics, se centró en la ciudad de Los Ángeles y llega a la conclusión que los niños cuyas madres fuesen vietnamitas, filipinas, de raza negra o de latinoamérica, tienen una mayor probabilidad de tener un hijo con un diagnóstico de autismo en comparación a madres blancas de origen caucásico y nacidas en el país. Y de igual modo, las madres de origen afroamericano o hispano, nacidas en los EE.UU., también tienen una mayor probabilidad.
En el estudio sólo se hace referencia a las madres y no a los padres, aunque un estudio previo del 2012(2) sí incluye ambas variables. Este aspecto del origen del padre también debe ser considerado como un factor de relevancia, ya que contribuye al aspecto genético. Sin embargo, aunque se observa una tendencia cada vez mayor a matrimonios entre varones de origen caucásico y mujeres con los orígenes antes citados, la gran mayoría de parejas suelen ser -estadísticamente- de origen similar.
Los investigadores analizaron los registros de 1.626.354 niños que nacieron en el Condado de Los Ángeles entre 1995 a 2006. De ese grupo se identificaron a 7.540 niños que recibieron un diagnóstico de TEA -entre los 3 y los 5 años- entre 1998 y 2009. De esos registros se extrajo la información social sobre el niño y su madre: raza, etnia, lugar de nacimiento de la madre,… Y los resultados del análisis es que el riesgo de TEA era un 76% mayor en el grupo de madres inmigrantes de raza negra en comparación con las madres blancas nacidas en EE.UU., un 43% mayor para madres originarias de Vietnam, un 26% para madres hispanoamericanas (Exceptuando México) y un 25% para madres originarias de Filipinas; por contra, las madres originarias de Japón o China tenían un riesgo un 30% menos que el resto de madres inmigrantes. En el caso de México se hizo un grupo exclusivo, de forma que las madres nacidas en México tenían un 13% más de probabilidades de tener un hijo con TEA que las madres de origen hispano o afroamericano que hubiesen nacido en los EE.UU.
Los investigadores encontraron un subgrupo de 806 niños que además de autismo presentaban discapacidad intelectual. En este caso, donde hay TEA + DI, las madres de raza negra nacidas fuera de los EE.UU., al igual que las madres originarias de Vietnam o Filipinas, duplicaban el riesgo frente a las madres blancas nacidas en los EE.UU.. Y en otro subgrupo específico, donde además existen problemas de agresividad o alteraciones graves de la conducta y alteraciones severas de expresión verbal, tanto las madres de raza negra como hispanas nacidas en los EE.UU. como las no nacidas en los EE.UU. tenían más probabilidades de tener un hijo con esas comorbilidades que las madres blancas nacidas en los EE.UU.
Obviamente esta información puede generar cierta alarma, ya que parece que indique que ser inmigrante en realidad aumenta el riesgo de tener un hijo con autismo, aspecto que fue abordado en un trabajo anterior del que nos hicimos eco y que pueden consultar haciendo clic aquí. El hecho de que se den estas cifras en la zona de Los Ángeles puede coincidir con diferentes aspectos, que tal y como apuntan los investigadores, pueden estar directamente relacionados con esta mayor incidencia de TEA en estos grupos de población o con una infinidad de factores más.
Según Beate Ritz -una de las autoras del estudio- el hecho de que mujeres que dieron a luz en los EE.UU. tengan una mayor probabilidad de tener hijos con autismo puede estar ligado a factores sociales relacionados con violencia o estrés, déficits alimenticios, infecciones de tipo viral u otras enfermedades que puedan afectar al desarrollo fetal, entre otros muchos posibles factores. Esto también incluye otros factores medioambientales, como la exposición a productos tóxicos. En determinadas zonas de América Central y del Sur o en el Sudeste Asiático hay lugares donde se utilizan pesticidas en zonas de agricultura intensiva que en otros países están prohibidos, o en zonas donde existen explotaciones mineras que utilizan gran cantidad de productos tóxicos sin control, por ejemplo.
A su vez el UCLA Center for Health Policy Research acaba de publicar un completo informe sobre la salud en función de grupos étnicos en los EE.UU.
Otras de las hipótesis que se barajan en el aspecto relativo a este gran incremento de diagnósticos de autismo entre los hijos de mujeres inmigrantes está relacionado con la dificultad que existía hasta hace poco por parte de estos grupos sociales al acceso a servicios de salud, y por tanto, sus hijos no estaban recibiendo estos diagnósticos. Otro es el efecto llamada, es decir, cuando una mujer que tiene un hijo con TEA y emigra a los EE.UU. para poder darle atención específica para su hijo, transmite esta información a sus familias en el país de origen, de forma que familias con una mayor probabilidad genética de tener descendencia con TEA acaban concentrándose en determinadas zonas. También se especula con el hecho de que quizá, el acceso en mayor número de estos grupos sociales a los servicios públicos de salud han incrementado el número de registros totales, proporcionalmente hablando, y por tanto, las familias blancas caucásicas y de mejor posición social, que utilizan servicios privados no están siendo registradas, creando esta diferencia estadística.
A modo de corolario, lo evidente es que a mayor cobertura sanitaria y social, mayor número de diagnósticos, y por tanto, mayor visibilidad y disposición pública para afrontar el autismo. Si es usted inmigrante en EE.UU. y tiene un hijo con autismo, sencillamente NO es culpa suya. Emigrar en busca de un futuro mejor no convierte a nadie en culpable de nada. Si usted llegó a los EE.UU., o a Suecia, y tuvo un hijo con autismo, véalo de la siguiente forma, posiblemente su hijo tiene un mayor acceso a una atención de calidad de la que a lo mejor habría tenido en su país de origen.

Daniel Comin
http://autismodiario.org/2014/06/26/madres-inmigrantes-tienen-mayor-riesgo-de-tener-hijos-con-autismo/

Por qué las niñas temen ir al baño en las escuelas de Nicaragua.

En  la escuela no me gusta ir al baño. Así que mejor me aguanto“, dice resignada María. Es un nombre falso, pero tiene 8 años y vive en una zona rural de Chinandega, al nordeste de Nicaragua, a unos 150 kilómetros de la capital.
Cada día camina cinco kilómetros para llegar al sencillo centro escolar en el que comparte aula con una decena de niños. Se abre paso entre la espesa vegetación, la caña de azúcar que se transformará después en el licor más fino del país, el ron. Y cuenta, clavando en el interlocutor sus pequeños ojos negros y vivarachos, que reza para no cruzarse con nadie.
Explica que al llegar a destino siente cierto refugio, la tranquilidad de un día más en el que nadie la asaltó por el camino. Allí se siente segura siempre y cuando no tenga que usar el servicio.
“Nos vienen a ver, quieren entrar”, dice, sin especificar a quién se refiere. Allí “el baño” no es un lugar que se merezca el nombre de servicio sanitario. No hay baldosas en el piso y azulejos relucientes en las paredes.
Por no haber, no hay ni un pestillo que provea a las niñas de cierta intimidad dentro del rústico habitáculo. “En los baños (de algunas escuelas) existe el riesgo de violación de niñas”, asegura a BBC Mundo Johana Chévez, asesora de género de Plan Internacional.
“No siempre hay puerta, no siempre son higiénicos, a veces están cerca los de los niños y los de las niñas”, explica. “Las encierran, les tiran piedras, llegan a espiarlas”, cuenta.

“Indiferencia de los profesores”

Con los estudios Escuchen nuestras voces y Situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Nicaragua, Plan Internacional y la Universidad Centroamericana (UCA) trataron de poner cifras a la problemática.
Fue una investigación amplia, llevada a cabo en 22 comunidades de 10 municipios en Boaco, La Libertad, Chinandega, Puerto Morazán, Malpaisillo, Río Blanco, Bilwi, Altagracia, y en los distritos IV y V de Managua.
Una de cada cuatro niñas que participaron en las investigaciones dijeron que “jamás” se sentían “cómodas” al usar las letrinas de la escuela.
“No vamos al baño porque los niños nos espían al poner un teléfono celular en un zapato para grabarlo y verlo todo”, dice una de las niñas.
La proporción es significativamente superior a los detectados por esta organización que defiende los derechos de los niños en la región, en Sudamérica y otras zonas del mundo.
“En los dos estudios el resultado de Nicaragua es prácticamente el doble que en los otros países en el tema del miedo que tienen las niñas, de la inseguridad que sienten las niñas al trasladarse a sus centros de estudio y en el uso de los baños de las escuelas, porque piensan que en esos lugares es donde ocurre el acoso”, dijo el director de Plan Internacional Nicaragua, Patricio Lara, al presentar los resultados.
Chévez participó en los estudios y asegura que, aunque ya pasó más de un año de la medición, la situación no ha variado. “Es una constante en las escuelas”, dice. Y asegura que todo eso ocurre ante la indiferencia de los docentes.
“No se involucran, no prestan atención a la violencia. Es algo totalmente ciego”, remarca. “Es más, cuando se les pregunta dicen “no, aquí no pasa nada de eso””, reclama.
“No lo ven, porque en las escuelas hay jerarquía, porque los profesores utilizan otros sanitarios, pero también porque existe una naturalización del asunto”, se lamenta. “Además, los niños desde temprana edad sienten que pueden apropiarse del cuerpo de las mujeres”, sentencia.
Causa de deserción escolar
Quizá por esa normalización de lo aberrante, María nunca se lo dijo a su madre. Tampoco le habla del miedo que siente a veces en el camino de regreso a casa.
Al fin y al cabo, la inseguridad es una sensación frecuente para una niña de una comunidad como la suya. “No estamos seguras principalmente los sábados y los domingos, porque hay pleitos” , explica otra menor en el estudio.
“Abren las cantinas, hay borrachos en las calles y hasta en nuestra casa hay riesgo de abuso”. Las escuelas tampoco son ajenas a otro tipo de violencia, la ejercida por parte de los docentes.
“Nos encontramos con golpes, burlas, agresiones físicas, acoso y el favoritismo de los maestros hacia los varones, y vimos que toda esa violencia es la razón del abandono escolar”, señala Karla Hernández Roa, investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) y quien también participó en los estudios.
“También hay docentes que manipulan psicológicamente a las niñas, que utilizan su poder en el aula para lograr sus favores, por ejemplo para chantajearlas y cobrarles por permitirles repetir un examen”, señala. “Es otro de los factores que lleva a las niñas a dejar la primaria“.

Plan Internacional y la UCA no son las únicas instituciones que han denunciado la situación.

ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE) reportaron en 2014 que las niñas de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana sufren “periódicamente” acoso sexual en la escuela y “chantaje sexual” relacionado con las calificaciones.
Y más recientemente, en marzo del año pasado, el Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, de la Unesco, y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI, por sus siglas en inglés) denunció que “la violencia de género extendida en las escuelas y sus cercanías impone graves obstáculos al logro de la educación de calidad, integradora y equitativa”.
Según el Ministerio de Educación, en Nicaragua, el segundo país más pobre de América después de Haití, el 9% de los alumnos matriculados deserta del sistema escolar. En 2012 de 1.6 millones de inscritos, 144,000 dejaron la escuela.
Las impresionantes pérdidas del multimillonario chino que aumentan las dudas sobre el canal por Nicaragua
Unicef estima que 500,000 niños nicaragüenses de entre 3 y 17 años no están en el sistema educativo.
BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio de Educación para hablar de la cuestión pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

La escuela, bajo los árboles

El Timal, una comunidad de Tipitapa, en el departamento de Managua, estaba condenado a ser el paradigma de las estadísticas sobre deserción escolar.
A pesar de estar a apenas 34 kilómetros de la capital, allí no hay rastro de ciudad. Es más bien un secarral, hectáreas y hectáreas de aridez y polvo, el recuerdo reseco de un ingenio azucarero.
Ya baldío, fue entregado a los desmovilizados de la contra y a exmiembros del ejército. Y allí ubicó el gobierno también a las familias afectadas por las graves inundaciones de 2009. Algunos más llegaron a casarse, y otros porque no tenían dónde caerse muertos.
Ahora 3,000 de ellos viven en Cristo Rey, lo más parecido por estos lares a un barrio empobrecido de una gran ciudad, y otras 125 familias quedaron diseminadas, separadas unas de otras por kilómetros de campo arrasado.
En esas condiciones, Evelyn Monges Martínez dice que le da miedo dejar a sus dos hijos, de 5 y 8 años, vayan solos a la escuela. “Hago de tripas corazón”, reconoce, mientras da mantenimiento a las sillas de la escuela Pedro Arauz Palacios.
La construyó la organización no gubernamental Semillas de Aprendizaje con ayuda de los vecinos, precisamente hacer frente a la alta tasa de deserción.

“Antes los niños estudiaban bajo los árboles”, cuenta Juan Nicunando, el líder de proyectos de la comunidad.

Hoy la escuela alberga a 33 niños, entre preescolar y primaria. Es un centro sencillo, formado por dos aulas, un patio. Cuenta también con unos servicios dignos, con su puerta y su pestillo. Y Digna Castillo, quien a pesar de no pasar de los 30 tiene 4 hijos y 2 nietos, respira tranquila.

“Ahora sé que mis hijas están seguras en la escuela”, dice Leire Ventas.

http://www.laopinion.com/2016/04/01/

"Suicidios de mujeres indígenas se han acentuado en los últimos años"

El suicidio constituye un problema de salud pública mundial que sobrepasa culturas y clases sociales. Sin embargo, dentro de la población indígena, y de manera preocupante en el caso de las mujeres jóvenes y adolescentes de los pueblos awajún (Amazonas) y kukama (Loreto), los intentos de suicidio se han acentuado en los últimos años.
Una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental en la selva rural da cuenta de que casi la mitad de las mujeres encuestadas se siente insatisfecha por el nivel educativo y socioeconómico alcanzado. El 26% de ellas ha sentido alguna vez deseos de morir, frente al 7,5% manifestado por los hombres. Por su parte, un estudio de Unicef sugiere que entre los awajún el intento de suicidio es un mecanismo culturalmente asumido y de larga data como respuesta a los conflictos interpersonales.
Ante esta compleja realidad, no cabe una explicación única, pues los motivos son múltiples y deben ser estudiados según las particularidades de cada pueblo indígena. Sin embargo, nuevos factores como el ingreso de actividades ilegales a sus tierras –tala, narcotráfico y trata de personas– o actividades extractivas sin la adecuada vigilancia ambiental y social vienen generando alteraciones profundas en el entorno social indígena y en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres.
La priorización de la mano de obra masculina (jornalero u obrero) es la más visible, aunque no la única, de las actitudes de exclusión de las mujeres. El reemplazo de la agricultura de subsistencia (labor que realizaban las mujeres) por una nueva economía de intercambio de bienes contribuye a restarles autonomía.
Estos cambios, sumados a otros factores sociales y personales, como han señalado diversos especialistas, estarían produciendo cuadros severos de frustración que llevan a algunas mujeres a considerar insoportable su existencia. Por ejemplo, en una comunidad de El Cenepa, el responsable del centro de salud nos reportó que conoció por lo menos 50 casos de suicidio en años recientes.
Ante ello, urge al Estado emprender reformas sustantivas que apunten a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, a controlar los impactos sociales diferenciados y a tener alternativas dentro de las dinámicas productivas que permitan reducir la incertidumbre e inseguridad sobre el futuro de las mujeres.
Todo esto debe estar acompañado por un nuevo enfoque en la intervención del sector salud para atender los casos de intentos de suicidio, pues no existe, en la actualidad, ningún tratamiento adecuado para ellas en los establecimientos de salud de las comunidades. Las postas no tienen personal especializado y con competencias interculturales que permita centrar la atención no solo en el comportamiento emocional individual, sino en la identificación de otros factores de riesgo sociales, simbólicos y culturales subyacentes.
La experiencia demuestra que, en contextos culturales diferentes, enviar psicólogos a la zona con enfoques de salud mental tradicionales no ha surtido efecto para resolver una problemática que involucra otros aspectos del propio entramado cultural.
En este contexto, es incomprensible que ante las graves condiciones de salud –física y mental– que enfrentan los pueblos indígenas el Poder Ejecutivo continúe postergando –desde hace 18 meses– la aprobación de la política de salud intercultural. No cabe duda de que esta medida contribuirá a examinar con seriedad y rigor el servicio de salud brindado a fin de hacer los correctivos necesarios para enfrentar esta penosa realidad y vislumbrar nuevas formas de atención que eviten el suicidio de más mujeres indígenas.

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/suicidio-mujeres-indigenas-daniel-sanchez-noticia-1890141
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/03/2016/

La falta de seguridad en el trabajo, otra discriminación de la mujer.

Las mujeres representan el 45 por ciento de la población activa de la UE, pero a menudo trabajan en puestos de trabajo pensados y diseñados sólo para los hombres y se enfrentan a peligros específicos de su género. Los sectores más feminizados tienen una menor regulación en seguridad, lo que perjudica la salud de millones de trabajadoras.
EU-OSHA, agencia europea que se encarga de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recoge en sus estudios la seguridad desde una perspectiva de género. La mayoría de las normas sobre enfermedades laborales se realizaron cuando la presencia de la mujer en el mercado laboral era muy reducida, por eso advierte que las políticas preventivas han de realizarse teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Los hombres y las mujeres no son idénticos y las actividades profesionales que realizan, las condiciones laborales y la forma en que son tratados por la sociedad son distintas. Estos factores pueden influir en los peligros a los que se enfrentan en el puesto de trabajo y en el enfoque necesario para su evaluación y control. Una de las prioridades de la estrategia Europa 2020 es incorporar las políticas de género en todas las acciones de la Comisión promocionando la igualdad en el mercado laboral tanto en salarios como en la seguridad.
La incorporación masiva de las mujeres prácticamente en todos los sectores ha dejado el sistema obsoleto y discrimina claramente a las mujeres. Los accidentes laborales en los hombres disminuyen con la edad, mientras que se mantienen estables en el caso de las mujeres. Ellas sufren más resbalones, tropiezos y caídas. Unos accidentes que en la administración pública, educación y salud, sectores en los que trabajan el 45% de las europeas, no computan, lo que deja en tierra de nadie un elevado número de percances laborales que afectan mayoritariamente a las mujeres y que casi no están regulados. En sectores altamente feminizados como la docencia, la restauración, las urgencias hospitalarias o los «centros de llamadas telefónicas» tampoco las normativas están actualizadas.
Según EU-OSHA: «las mujeres son mayoría en los sectores que están en contacto con sustancias infecciosas y químicos nocivos para la salud, pero estas exposiciones son a menudo pasadas por alto». Estos segmentos son tradicionalmente femeninos: limpieza, tintorerías, industria ortoprotésica, artes gráficas, laboratorios, peluquerías, sanidad o manufactura textil.
Las mujeres son mayoría en sectores como el textil o en cadenas de producción, con unos riesgos laborales que obligan a incorporar nuevos criterios de evaluación. Por ejemplo en la industria manufacturera, que ocupa mayoritariamente a mujeres, no están consideradas como dañinas las vibraciones. En sanidad, el 11 por ciento de las enfermedades laborales afectan a mujeres y están relacionadas con el hecho de levantar o mover personas. Estas lesiones afectan al 5,8% de los sanitarios-hombres.
Los riesgos que corren los hombres son más conocidos debido a que los aspectos de seguridad y salud en el trabajo (SST) estaban más detallados en los empleos peligrosos que son sectores predominantemente masculinos. Entre los aspectos de riesgo diferentes entre hombres y mujeres cabe destacar el impacto de los agentes biológicos en la salud reproductiva, en el trabajo físico pesado, el diseño ergonómico de los lugares de trabajo y la extensión de la jornada laboral en el hogar.
Las deficiencias en las prevención laboral relacionada con las mujeres, se nota en el hecho de que la mayoría de los estudios elaborados hasta el momento se basan en datos de la población masculina. Los hombres suelen trabajar en industrias pesadas y las mujeres encuentran más puestos de trabajo en la economía informal, con trabajos inseguros e insalubres y muchas veces no regulados por convenios laborales, de manera muy importante, las que trabajadoras del hogar o cuidadoras de ancianos o personas con movilidad reducida.
En otros sectores como la agricultura, las mujeres embarazadas trabajan durante las tareas de cultivo y cosecha lo que puede generar la pérdida del bebé. Muchas mujeres trabajan también en fábricas de empaquetado de productos agrícolas que concentran riesgos para su salud, también en el caso del procesamientos de pescados, donde aumentan los casos de artritis o efectos negativos para la salud debido a que permanecen mucho tiempo de pie, en ambientes húmedos y fríos y con jornadas laborales muy largas. En trabajos en oficinas, donde se concentra la mayor parte de las trabajadoras, éstas se exponen a situaciones de tensión físicas y psicológicas, con problemas ergonómicos. Según varios organismos dedicados al control de la seguridad laboral, las mujeres están más expuestas que los hombres a los riesgos psicosociales del trabajo, y padecen más que los hombres la discriminación y el acoso sexual en esos lugares.
Actualmente las investigaciones que se realizan sobre las seguridad laboral tiene cada vez más en cuenta los estudios epidemiológicos que afectan de manera diferente a cada sexo. Especialmente importante es conocer los riesgos que enfrentan hombres y mujeres expuestos a ciertas substancias químicas, a material genético cultivado y recogido en laboratorios de transgénicos o productos farmacéuticos con nuevas propiedades genéticas, que pueden tener efectos distintos en ambos sexos a largo plazo.

Ángela Gonzalo
http://www.euroxpress.es/noticias/la-falta-de-seguridad-en-el-trabajo-otra-discriminacion-de-la-mujer

Liderazgo y participación política.

El rol de las mujeres en la historia como líderes públicas y como potenciadoras del desarrollo de los países, fue por mucho tiempo invisibilizado o relegado a un segundo lugar.
La capacidad de las mujeres como líderes y agentes de cambio, además de su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática, contrastan aún bastante con la poca representación no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico.
La resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 menciona que “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos. Un caso emblemático que demuestra la importancia del liderazgo de las mujeres en el mundo es la concesión del Premio Nobel de la Paz, en el 2011, a tres mujeres de África: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman. En junio de 2013, en el mundo ocho mujeres eran Jefas de Estado y había 14 Jefas de Gobierno.
En Latinoamérica, diferentes mujeres han sido electas para regir los destinos de los países del continente: Entre otras, Michelle Bachelet de Chile, Laura Chinchilla de Costa Rica, Cristina Fernández en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil. Así se logró que el 42% de la población de América Latina estuviera gobernado por una mujer, un hecho inusitado para la región y para su historia. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.
El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.
Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.
Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.

Nuestras soluciones

Los programas de ONU Mujeres sobre liderazgo y participación se basan en un amplio historial de compromisos sobre la representación de las mujeres en instrumentos internacionales. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, mientras que la Plataforma de Acción de Beijing insta a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio miden los avances hacia la igualdad de género; uno de los indicadores que utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios.
Para alcanzar estos fines, ofrecemos capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades, e impartimos formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género. Respaldamos a los defensores y las defensoras de la igualdad de género en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres. Otras iniciativas alientan a los hombres y las mujeres jóvenes a participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular políticas públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de género.
ONU Mujeres promueve la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas, como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Colaboramos con los equipos de las Naciones Unidas en los países y trabajamos con la sociedad civil en programas de gestión electoral para impulsar que en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres, incluido el derecho a votar y a defender sus candidaturas electorales sin sufrir violencia.

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation

Mujeres, más “fáciles” de detener y enjuiciar por narcomenudeo.

Ellas no son las líderes de los cárteles del narcotráfico, tampoco conocen de lavado de dinero ni de evasiones fiscales. Son mujeres pobres, de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles de educación y sin antecedentes penales, y no obstante pueden ser condenadas a por lo menos 10 años de prisión por “delitos contra la salud”.
 Antes de entrar a las filas del narcomenudeo, la mayoría de estas mujeres se ganaba la vida limpiando casas, lavando y planchando ropa, preparando alimentos o en la venta informal en los cruceros viales. Así fue hasta que un familiar o su pareja las incitó a realizar una actividad vinculada con las drogas.
 En el narcomenudeo las mujeres son el eslabón más débil y por tanto las más expuestas: cuidan las llamadas “tienditas”, donde se guardan y trafican los estupefacientes; son quienes esconden los envoltorios de droga en la vagina para introducirla a los penales, o guardan los paquetes más grandes en una maleta para cruzar las fronteras.
 Por tanto, son las más fáciles de aprehender, llevar a juicio y encerrar en prisión, porque –dicen expertas en Derechos Humanos– sin importar que no sean las criminales de “cuello blanco”, ni las grandes narcotraficantes, al tener toda la evidencia en su contra, carecerán de una buena defensa legal y seguro afrontarán largas condenas.
 Hoy suman 2 mil 13 mujeres presas por llevar consigo tan sólo unos gramos de mariguana o unas cuantas metanfetaminas, lo que supone pasar de 10 a 25 años de cárcel, y pagar de 6 mil 700 hasta 33 mil 600 pesos de multa, según el artículo 194 del Código Penal Federal.
 Así, el sistema de justicia mexicano se ensaña y castiga aún más a mujeres ya de por sí excluidas socialmente, advierte Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien se ha dedicado a estudiar la situación de las mujeres en reclusión.
 En prisión hay, en todo el país, 16 mil 746 mujeres; de ellas, 2 mil 13 fueron acusadas de “delitos de drogas”, es decir, de producir, transportar, traficar, comerciar o suministrarlas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2014.
 De esas más de 2 mil mujeres, la mayoría no forma parte del crimen organizado, sino que fueron utilizadas, en ocasiones por sus propias parejas, para cometer ilícitos, elemento que –asegura Azaola– debería ser considerado por las y los impartidores de justicia.
 Pero no es así. De por sí pobres, estas mujeres que se ven involucradas en estos ilícitos se someten a un sistema penal en el que enfrentan “la ceguera e insensibilidad” del personal judicial, que –prosigue Elena Azaola– bajo el argumento de que “todos deben ser tratados igual ante la ley”, las castiga con prisión sin reparar en sus condiciones particulares.

LAS MÁS POBRES ENTRE LAS POBRES

Cuando investigadoras de la organización Equis, Justicia para las Mujeres visitaron las cárceles para verificar los supuestos logros de la militarización del combate al narcotráfico impuesta en 2006 por Felipe Calderón, encontraron que las internas son las más pobres.

Las mujeres en reclusión son producto de la “apatía judicial”, pues son aprehendidas tras una denuncia anónima o en flagrancia, lo que no requiere de investigación especializada alguna, apunta Corina Giacomello, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) e integrante de Equis.

Encerrar a estas mujeres que delinquen por vez primera en nada ayudará al combate del crimen organizado, sostiene Giacomello, experta en analizar los delitos de drogas desde una visión de género, y quien ha detectado que el encierro sólo tiene un impacto real en la vida de las y los niños que se separan de sus madres.
 Se suma que, en el caso de las mujeres encarceladas por transportar droga –conocidas como “mulas” o “burreras”–, las y los jueces no consideran si ellas tienen una vida marcada por la violencia, incluyendo la de tipo sexual, o si fueron reclutadas por redes del narcotráfico para desempeñar los roles más bajos y peligrosos.
 Los delitos de drogas son también crímenes “de amor” o “de género” porque –detalla Corina Giacomello– las mujeres al ser reclutadas por la pareja o algún familiar para dedicarse al narcomenudeo, obtienen dinero que les ayuda a cumplir con el rol  tradicional de cuidar a sus hijas e hijos u otras personas.
 En contraste, una vez que son encarceladas suelen ser abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio ilícito.

SISTEMA DISCRIMINATORIO

Para colmo, la normatividad mexicana en materia de drogas no hace justicia a las mujeres y es “poco flexible, altamente punitiva y marcada por una profunda desigualdad de clase”, ya que son las personas empobrecidas quienes carecen de una buena defensa legal, mientras que la gente pudiente puede darse el lujo de pagar una fianza de hasta 25 millones de pesos, señala Giacomello.
 Y es que el sistema de justicia aplica sin miramientos la prisión aun sin condena (213 mujeres han sido sentenciadas por delitos contra la salud); prohíbe el indulto; no diferencia las sanciones según el rol desempeñado o la vulnerabilidad de las personas; no tiene criterios para reducir penas, y carece de beneficios como la preliberación o medidas alternativas a la reclusión.
 Asumir y hacer frente a este reto, argumentan las especialistas, implica también reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer el arresto domiciliario, en vez de la prisión para quienes son madres, jefas de familia o responsables del cuidado de otras personas. Además urge una revisión de las penas para permitir la reducción de sentencias.
 Otra sugerencia es aprobar ya la Ley Nacional de Ejecución Penal, una iniciativa “congelada” en el Senado y que busca regular el sistema penitenciario, y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. También plantea sanciones más justas, y que las procuradurías e institutos estatales de la Mujer apoyen a las mujeres en reclusión.
 De poco o nada sirve mandar a las mujeres que por primera vez delinquen a pasar una década en la cárcel, donde el hacinamiento y la corrupción son la constante, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 150 centros penitenciarios.

INFANCIA RECLUIDA

Equis agrega que una propuesta de ley debe contemplar sanciones alternas y la obligación de las autoridades de realizar dictámenes, para ver si es necesario que las mujeres que se encuentran en esta situación conserven la custodia de sus hijas e hijos.
 Hasta 2014, había 549 menores de seis años de edad viviendo con sus madres en alguna cárcel del país; 247 de ellos apenas de un año de edad.
 Niñas y niños viviendo en prisión es un tema particular, y es que aunque sean “pocos” no significa que no importen, aclara Giacomello, y añade que urgen protocolos policiales de detención para mujeres embarazadas, lactantes, con hijas e hijos pequeños, o personas a su cargo, a fin de salvaguardar el interés superior de la infancia.
 Por otra parte, en 2012 México, Guatemala y Colombia promovieron adelantar la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Programa Mundial de Drogas, prevista para 2019, y realizarla en abril próximo con el objeto de debatir nuevas políticas, como la apertura al uso medicinal o lúdico de la mariguana.
 Las estudiosas del tema observan que México debe reconsiderar las acciones y estrategias para combatir el narcotráfico, o de lo contrario a los penales seguirán llegando mujeres a cumplir condenas desproporcionadas, sin que ello signifique que disminuya la producción, traslado o consumo de drogas.

Por: Anayeli García Martínez

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/72101

BERTA CÁCERES : ME LO DIJO EL RÍO.

El 3 de marzo de este 2016, en las tierras vascas nos disponíamos a recordar, por que a veces decimos a celebrar y no puede ser así, no hay nada que celebrar, los 40 años de lo que desde los primeros días de todos esos años, se conoció como la masacre obrera de Gasteiz. En esa fecha, en esta ciudad a las puertas de la primavera, los poderes económicos y políticos dominantes de la llamada transición española decidieron dar un escarmiento a la lucha organizada de trabajadores y trabajadoras que se extendía en una huelga general ese día, y en multitud de protestas en los precedentes. Se demandaban mejores condiciones laborales, de vida, mayor justicia y verdadera democracia.
A veces, qué poco cambian los tiempos y los modos de las injusticias, aunque transcurran 40 años o nos movamos 10.000 kilómetros en el planeta.
Por que precisamente, este mismo 3 de marzo de 2016, mientras en Gasteiz se rememoraban los asesinatos de cinco trabajadores a manos de la represión policial, se recibía la noticia desde Honduras, desde la otra parte del mundo, del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, coordinadora de una de las organizaciones popular e indígena más importante de ese país. Una mujer que llevaba en la lucha más de 20 años, firme en la defensa de los derechos de su pueblo y del campesinado, rebelde ante las transnacionales y la oligarquía hondureña y en la defensa del medioambiente ante el brutal ataque y explotación que estas tierras sufren, especialmente desde que se dio el último golpe de estado en el año 2009.
Precisamente, desde ese año se ha producido en Honduras una explosión de megaproyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustriales; siempre en detrimento de las comunidades indígenas o campesinas, a las que se expulsa de sus territorios o se les destroza y contamina, siempre de la mano del capital transnacional.
La misma BBC, al dar la noticia del asesinato, calificaba a Berta como la mujer “que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Y esto tiene que ver con esa lucha en defensa del territorio del pueblo lenca. En el 2006 se dio la concesión a una empresa hondureña para la construcción de una represa hidroeléctrica en estas tierras indígenas. A dicha concesión se uniría inmediatamente capital chino, alemán y del Banco Mundial. Pero, la determinación de la lucha ha sido de tal calibre que las transnacionales tuvieron que retirarse, incluso reconociendo que esta retirada era motivada por la persistente oposición comunitaria y las dudas sobre las continuas violaciones de los derechos humanos de la población que se cometían desde las instancias gubernamentales y/o paragubernamentales hondureñas. Y una vez más, aunque estos proyectos se suelen “vender” como piezas claves para el desarrollo, hay que recordar que cuando en estos países, por ejemplo, se construyen represas no es para llevar electricidad a las comunidades, no es para mejorar las condiciones de vida de la población, es para surtir de energía a los megaproyectos mineros o agroindustriales. Es decir, se retroalimentan entre transnacionales a través de agresivos proyectos de explotación que aumentan sus cuentas de beneficios mientras destruyen las tierras y territorios de sus legítimos poseedores, a quienes al final se dejará únicamente destrucción y más cercenadas aún las posibilidades para una vida digna.
Pero, si bien mencionábamos antes que la noticia ha sido recogida por la BBC, desgraciadamente habrá que reconocer inmediatamente que este asesinato no es noticia de los grandes medios de comunicación. Por que en los últimos años ya no es noticia el asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos ya sean éstos individuales o colectivos. La clase mediática (aquellos que definen las líneas editoriales), la política y la económica dejaron aparcado hace tiempo el discurso de los derechos humanos. Sirvió durante un tiempo, sobre todo durante la llamada “guerra fría” para atacar al adversario; sirve hoy todavía, aunque muy de cuando en cuando para “ilustrar” regímenes que se etiquetan rápidamente como populistas y totalitarios, pero ya no es una preocupación que implique determinación política cuando no hay interés geoestratégicos o económicos detrás. Lo apreciamos con claridad en estos últimos meses con la llamada crisis de refugiados en esta Europa que un día se consideró cuna y defensora de esos derechos. Pero, sobre todo, se ve con absoluta nitidez esta dejación cuando la violación de los derechos humanos individuales y colectivos está en directa relación con los intereses y beneficios que se facilitan a empresas extractivas, especialmente transnacionales europeas, canadienses o estadounidenses en terceros países, ya sea en América Latina o en África. Normalmente, se puede afirmar que según crecen éstos últimos, también crecen las violaciones a los derechos.
Explica esto en gran medida, que el asesinato o la represión sistemática sobre los pueblos indígenas, principales opositores a estos ataques, no sean noticia reseñable; no provocan una oleada de indignación en los medios de comunicación masivos, no producen declaraciones ni medidas políticas por aquellos líderes que se dicen defensores de los derechos humanos.
Hace poco más de dos años, con motivo de la situación que atraviesa el pueblo mapuche en Chile y Argentina, que ve como diariamente son despojados de sus territorios a cargo de industrias madereras e hidroeléctricas, escribía un texto con el título “los siguen matando”, en que se decía que “…los siguen maltratando, robando sus tierras y los siguen asesinando. Estos pueblos siguen poniendo, hoy como ayer, los muertos sobre la mesa en ese permanente conflicto abierto hace más de 500 años contra ellos. Desde el extremo sur hasta el norte del continente, siguen siendo diana de las balas, siguen siendo el centro escogido de la represión más brutal…”. En estos dos años, por tomar un pequeño e inmediato espacio temporal, las denuncias en este mismo sentido se han seguido acumulando. E incluso, en pleno proceso de paz como el colombiano, los pueblos indígenas hoy, siguen poniendo muertos. Este mismo día 3 de marzo amanecía con la denuncia del asesinato del gobernador (autoridad tradicional) Alexander Oime Alarcón del cabildo indígena de Río Blanco (Cauca), baleado en plena calle. Y se cierra el día con la noticia de Berta.
Y todos ellos y ellas hoy siguen siendo asesinados por su lucha en defensa de la tierra y el territorio, por la firmeza y claridad de que su identidad es importante, y que como hombres y mujeres libres tienen derechos que deben no solo ser respetados, sino también ejercidos. Pero, en el continente latinoamericano, como en África, y de forma especial en aquellos países con gobiernos neoliberales, los procesos de privatización de todo (el agua, la tierra, la vida…) siguen avanzando. Cuando las comunidades lencas, en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico se fueron a la capital, a Tegucigalpa, se enteraron que el gobierno había entregado la práctica totalidad de los ríos de sus territorios, los derechos para explotarlos, a empresas privadas por más de 30 años.  Y en este sentido los ejemplos se multiplican en todos los países, en todos los territorios indígenas. En Guatemala, otro ejemplo paradigmático de entrega del país a las transnacionales y de represión ante la protesta de las comunidades, continuamente se denuncia en los últimos tiempos el encarcelamiento de autoridades tradicionales con cargos ideados expresamente para apartarlos de sus pueblos y castigarlos por dirigir, bajo mandatos comunitarios, la protesta contra las transnacionales y por la defensa de los territorios y de la vida. La otra opción es el asesinato, que también aumenta proporcionalmente a la protesta en los últimos años.
Pero, como dijo Berta Cáceres, en una de sus últimas entrevistas, “cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca (el proyecto hidroeléctrico en territorio lenca) yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río”.

Jesus González Pazos

Mugarik Gabe

https://comunitariapress.wordpress.com/