Diálogo con María Teresa Blandon, docente y activista del movimiento feminista de Nicaragua, quien reflexiona sobre el momento político del país centroamericano.
Hija de un campesino y de una maestra, María Teresa Blandón se integró con 17 años en la revolución sandinista y luego en el movimiento feminista. Es ella quien nos cuenta las duras controversias entre el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), a partir de que fuera tomado por completo por el orteguismo, y el movimiento de mujeres, el feminismo, pero también con los movimientos de derechos humanos, con los y las jóvenes, con el periodismo independiente y con los medios de comunicación comunitarios.
—¿Cómo fue el proceso de alejamiento del FSLN de la experiencia de la revolución que tanto nos enamoró en América Latina?
—La verdad es que es un larguísimo camino. De aquella revolución de los 80 que despertó tanta emoción, tanta esperanza en América Latina, no queda nada hace mucho tiempo. Desde que el Frente Sandinista se dividió, la parte más autoritaria, más belicosa, más violenta, quedó con el control político, y usurpó la memoria colectiva sandinista. Esa parte del sandinismo está muy comprometida con la corrupción. La “piñata” de los 90 fue el tiro de gracia contra una lucha maravillosa del sandinismo, pero mucha gente parece que no se enteró. (Cuando el FSLN perdió las elecciones el 25 de febrero de 1990, redistribuyó entre la dirección sandinista los bienes de Estado que habían sido confiscados a sectores del poder en el momento del triunfo de la revolución sandinista. De esos procesos se va formando una “burguesía sandinista” integrada por varios de los principales dirigentes del FSLN. El expolio de los bienes del Estado es conocido como “la piñata sandinista”).
En 1998, Zoilamérica denunció a Daniel Ortega por abuso sexual (Zoilamérica es hija de Rosario Murillo, pareja actual de Daniel Ortega y vicepresidenta del país. Ortega, que adoptó a Zoilamérica, fue acusado por la joven de haber sufrido abuso sexual y violencia sexual por parte del que entonces era diputado sandinista). Cuando después de haber sido denunciado por violencia sexual, Ortega regresó al poder, todavía había gente que pensaba que era un revolucionario.
Quienes estábamos aquí en Nicaragua, y las feministas en particular, dijimos que eso no era así. Casi doce años desde el retorno de Daniel Ortega al gobierno, ha sido mucho el retroceso. Para las mujeres, para la sociedad en su conjunto. Para la democracia, para los derechos de las mujeres, para la participación ciudadana, para la libertad de expresión. Es un gobierno que construyó su proyecto desde un populismo que, mientras daba asistencia a la gente pobre, mantenía un acuerdo sólido con la gran empresa privada, al punto de convertir a este Estado en un Estado corporativo. Es la realidad que hemos vivido en estos años y que a partir de abril hizo crisis, porque hay un acumulado de daños, de restricción de libertades, de persecución, de corrupción, de opacidad de las políticas públicas.
—¿Cómo fue el conflicto con las feministas?
—Ya teníamos problemas desde la década de los 80. En los 90, el movimiento feminista se separó completamente del Frente Sandinista, por los temas que mencioné antes. En los 90 el movimiento ya estaba en posibilidades de volar con sus propias alas y teníamos necesidades de más. Temas caros al feminismo como la violencia machista, no podíamos abordarlos desde el sandinismo. Nos separamos del Frente Sandinista. El golpe de desgracia fue cuando Zoilamérica, en el año 1998, denunció a Daniel Ortega por abuso sexual. Fue un punto crítico para el feminismo nicaragüense. Nos llevó a profundizar el debate sobre la violencia machista y sus causas estructurales, pero también nos confirmó que Daniel Ortega no sólo había sido un agresor, que era también un cómplice y encubridor de la violencia machista. Esto nos explica por qué su mujer, doña Rosario Murillo, había tenido tanto encono hacia las feministas desde los 80 hasta nuestros días.
La política de alianzas de Daniel Ortega con los líderes más corruptos de Nicaragua, el pacto que suscribió en el año 2000 con Arnoldo Alemán, que es la figura emblemática de la corrupción en Nicaragua, nos terminó de confirmar que el Frente Sandinista era una maquinaria sin proyecto político, sin política para el país, que se había convertido en un fin en sí mismo para regresar al poder. La alianza con Alemán fue lo que le permitió a Ortega llegar al poder. Obtuvo el control del poder electoral, e hicieron cambios en la justicia electoral que le permitieron llegar al poder con el 38 por ciento de los votos.
En la campaña del 2005, el movimiento feminista de Nicaragua de manera unánime estaba en contra de la candidatura de Daniel Ortega. Había diferencias de a quién apoyar, pero estábamos en contra de que él llegue de nuevo al gobierno. El tema de que fuera un abusador sexual no era un tema menor cuando estábamos poniendo en discusión la violencia machista. Para nosotras fue un golpe terrible que mucha gente callara sobre eso. Los dirigentes políticos callados, la Iglesia Católica también callada. Sólo hablábamos las feministas nicaragüenses.
Estos 12 años recibimos golpe tras golpe. La penalización del aborto terapéutico fue obra del Frente Sandinista. La naturalización y el encubrimiento del abuso sexual, el embarazo de niñas cada año producto del abuso. El tema de haber desbaratado la ruta institucional para las denuncias, el castigo a los agresores. Un espacio total de impunidad. El rechazo total de este gobierno a los derechos sexuales y reproductivos. Su alianza con los grupos más provocadores de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas. Son algunos de los ejemplos de cómo fue el trato que hemos recibido las feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres.
—¿Cómo ha sido esa alianza con las iglesias, y cómo es ahora?
—Si bien durante estos 12 años Daniel Ortega logró mantener a su lado a la mayor parte de las iglesias evangélicas, las cuales tienen un historial bastante grave de corrupción y de oportunismo, y ha cooptado a una parte de la iglesia católica, sobre todo en los últimos cinco años, sectores de la iglesia católica comenzaron a tener una preocupación -no con el tema de los derechos de las mujeres porque en eso estaban de acuerdo-, sino sobre el cierre de espacios de participación ciudadana, por el tema de la censura, por la opacidad de las políticas públicas. Sucede también que el gobierno Ortega-Murillo le disputó a la jerarquía católica incluso los rituales católicos más caros a la Iglesia. Rosario Murillo se convirtió en una especie de sacerdotisa bastante extraña. Ella era la que leía la Biblia todos los días, ella celebra al Niño Dios, gasta millones del presupuesto de la República para celebrar a la Purísima. Se encargó de comprar a una parte de la iglesia católica. Una parte de la jerarquía se posicionó a favor del gobierno. Ahora la relación es abiertamente tirante.
En abril, con el estallido de la crisis, esta relación se quebró, aunque por abajo la pareja Ortega-Murillo sigue teniendo estrategias de cooptación y de chantaje. Ortega le pidió a la Conferencia Episcopal que fuera mediadora de un diálogo, para ganar tiempo y frenar la protesta ciudadana que iba cobrando cada vez más fuerza. Cuando se hizo ese intento de diálogo, una parte de la iglesia católica salió a defender a los y las jóvenes que estaban en las barricadas defendiendo derechos, y Ortega respondió con presos y asesinados, esta relación tensa se rompió irremediablemente. De manera que en este momento el gobierno Ortega-Murillo ha declarado a la jerarquía católica su enemiga, y ha lanzado una campaña de estigmatización, ha amenazado a los obispos de la Conferencia Episcopal, ha mandado a perseguir a sacerdotes. El vínculo precario que mantuvieron, por intereses de los dos lados, se quebró.
—¿Qué información hay sobre los presos y presas políticos/as?
—El universo total de presos y presas es enorme. Tenemos más de 500 presos y presas políticas. Hay casi 50 mujeres presas actualmente. La situación es terrible porque los han secuestrado, no ha habido ningún procedimiento general para capturar a estos jóvenes. En la detención han participado policías y paramilitares. En ningún caso hay orden de captura. Un grupo de alrededor de 10 jueces, que son fieles servidores del régimen Ortega-Murillo, han realizado juicios netamente irregulares, con testigos falsos, llevando a policías a testificar. Los acusan de cosas absurdas: terrorismo, tenencia de armas potentes. Una cosa completamente irracional.
En el caso de las mujeres presas hay una marca misógina, profundamente machista. Hay mujeres que fueron liberadas, pero otras siguen presas. Lo que han denunciado es que han sido abusadas sexualmente, que son obligadas a desnudarse, que han sido manoseadas por oficiales de la policía. Hay por lo menos tres casos de mujeres que abortaron producto de los malos tratos y torturas que recibieron. Algunas están presas en la cárcel de El Chipote, un lugar donde Somoza torturaba a los presos políticos. Hay presas que tienen enfermedades graves. Sus familiares han pedido que sean atendidas por algún especialista y no ha sido posible.
Hace unos meses, al menos 16 presas políticas que están en la cárcel de La Esperanza, fueron golpeadas salvajemente por hombres que no son personal de ese penal, porque ellas se opusieron a que sacaran con rumbo desconocido a Irlanda Jerez, una joven líder emblemática, que se puso al frente de las protestas en el mercado de Oriente, uno de los grandes mercados de Centro América. Cuando quisieron sacarla para ser interrogadas por esos hombres que no eran del penal, las otras presas la defendieron. Todas fueron lastimadas, y las autoridades no han permitido, después de esa golpiza, que los médicos las revisen. Ellas han contado, en los pocos momentos en que vieron a sus familiares, que las espían, que las denigran, que les dan malos tratos, que no les permiten medicamentos muchas veces, que no les permiten el tiempo necesario para hablar con sus familiares, que no les dan el tiempo establecido para salir a los patios a tomar sol. No les han permitido a ellas ni a ellos una defensa eficiente. Les han querido imponer abogados de oficio, que como ya sabemos son abogaos escogidos por Ortega-Murillo. Han hostigado, han boicoteado a los abogados de los organismos de derechos humanos que dan asesoría jurídica a los presos y presas.
Se han producido el cierre de ONGs que defienden derechos humanos, feministas, ambientalistas, y de medios de comunicación independiente… En realidad, la represión no ha parado nunca. Después de desbaratar las barricadas y los tranques a punta de pistola, lo que nos dejó un saldo de muertos que todavía no terminamos de contabilizar a ciencia cierta, vino otra forma de represión que fue impedir a toda cosa que los y las nicaragüenses saliéramos a las calles.
—¿Qué cifras de muertos y muertas manejan, desde las jornadas de abril?
—El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos habla de 325 asesinados/as desde abril -coincide con las cifras que ha dado la CIDH-. Otra cifra es de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APRODH), que da alrededor de 500 asesinados y una cifra no exacta de desaparecidos. La CIDH ha tenido muchas dificultades para realizar su trabajo de investigación. El MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) tampoco ha tenido muchas posibilidades. El gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información completa de los asesinados. Mientras este régimen siga en el poder no vamos a lograr conocer la realidad. Eso será después que se vayan.
—¿Cuáles fueron los otros modos de represión?
—Como habíamos venido haciendo una avalancha de movilizaciones populares, en todo el país, el régimen Ortega-Murillo desarrolló una estrategia de perseguir a los jóvenes, amenazar a la gente, ponerles rótulos en las paredes diciéndoles “golpista, vamos a venir por vos, te vamos a dar plomo, y esas cosas”. Además de eso, cada vez que íbamos a marchar, nos lanzaban encima a los antimotines. De tal manera que los últimos dos meses y medio cada vez que hemos intentado marchar, el régimen militariza las ciudades, hostiga a la gente, nos asedia e impide la movilización. Incluso en algunas marchas que hicimos en el mes de septiembre, nos mandaron paramilitares a disparar a vista y paciencia de la policía. Entonces la gente dejó de salir a la calle porque la represión cada vez era mayor. Ésa fue la otra manera de reprimir. Incluso cuando fuimos a las iglesias para tratar de manifestarnos, nos esperaban a la salida para perseguirnos y para detener a algunos, sobre todo jóvenes, que siempre fueron su objetivo principal o predilecto.
El ataque a las ONGs es un nuevo momento de la represión. A pesar de que ya es muy difícil salir a las calles a protestar, hemos seguido hablando, hemos seguido estando en los medios de comunicación. Las ONGs, sobre todo las que trabajan en los ámbitos de derechos humanos, han estado denunciando la violación de derechos humanos, y en esta nueva etapa, la estrategia de represión va por un lado en contra de los periodistas y de los pocos medios de comunicación independientes que todavía quedan, en contra de los organismos de derechos humanos, y en contra de las organizaciones no gubernamentales, incluyendo también las organizaciones feministas. En esta etapa de represión estamos.
El 28 de noviembre citaron a Ana Quiroz, feminista costarricense nacionalizada nicaragüense, que vive en este país hace tres décadas. La citaron a las oficinas de Migración, sin darle mayores explicaciones, y ahí la esposaron como a una delincuente y la llevaron a la frontera con Costa Rica, su país de origen. Luego allanaron las oficinas de su organización (CISAS), un Centro que trabaja temas de Salud Comunitaria desde hace tres décadas. Se llevaron los equipos. Ahora mismo volvieron a tomarse el local y dijeron que sus bienes están confiscados.
Hay medios de comunicación que están siendo permanentemente vigilados, hay periodistas que han sido capturados, periodistas que han sido golpeados, la radio Darío fue quemada, ahora la volvieron a allanar. Hay algunas radios que han tenido que cerrar. La más reciente es la de Fundación del Río, que trabaja temas ambientales. Esto ha acontecido el fin de semana pasado. No sólo les quitaron la personería jurídica a ocho organizaciones no gubernamentales incluyendo al CENIDH, sino que sin ningún procedimiento legal allanaron sus locales y declararon que los bienes serían confiscados por el Estado. Además de eso, allanaron a una empresa de comunicación que no tiene nada que ver con las ONGs. Es una empresa mercantil, que se llama Confidencial, y produce dos programas televisivos, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, que fue asesinado por la dictadura somocista. Entraron a su local, lo allanaron, se robaron todo lo que había ahí. Cuando el equipo de Confidencial fue a la policía a decir que les expliquen que por qué hicieron esto a una empresa privada que no tiene nada que ver con la ley de asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo que hizo la policía fue reprimir, golpear, amenazar, insultar a los periodistas.
En el caso del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), que es un organismo muy emblemático en este país, que ha acompañado las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, la policía se metió como delincuente a su local, desbarataron todo, y cuando Vilma Nuñez, la directora del CENIDH y el resto del equipo intentaron entrar a su local, la policía se lo impidió. En el colmo de la barbarie, incluso le impidieron a su directora que haga declaraciones a la prensa independiente. Como dijo Paulo Abrão, de la CIDH, estamos viviendo en un estado de excepción, que ha conculcado todos los derechos ciudadanos. El derecho a la libre expresión, a la libre movilización, a la protesta cívica, a la libertad de organización. Es un estado de excepción, que no ha sido decretado legalmente pero que ha sido implementado de facto.
—¿Querés decir algo más?
—Una cosa que quiero decir, es que las feministas nicaragüenses, desde el primer momento que estalló esta crisis, hemos contado con el apoyo y respaldo de las feministas latinoamericanas, y también con las feministas del Estado español. Nos han acuerpado un montón. Nosotras reconocemos profundamente el nivel de compromiso que ellas han mostrado durante todo este tiempo. Sin ellas, por ejemplo, la Caravana de la Solidaridad que ha recorrido toda América Latina y una buena parte de Europa, no hubiera sido posible. A ellas les debemos este enorme esfuerzo.
Por otro lado, quisiera decirte que las feministas nicaragüeneses vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo nuestras libertades, y también las de toda la sociedad nicaragüense. En este trecho que nos falta, que confiamos que será más corto, esperamos seguir contando con los movimientos sociales de América Latina y del Caribe, y seguir confiando periodistas hombres, mujeres, comprometidos con las causas justas, puedan seguirle dando un hueco a la terrible situación que vive Nicaragua en estos tiempos.
Por Claudia Korol
http://www.marcha.org.ar
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