Trabajadoras domésticas: radiografía de un vínculo.

La exitosa película Roma expone un mundo de trabajo muchas veces invisibilizado y abre nuevos debates sobre una relación laboral que, de la confianza y el cariño a la desigualdad social y de género, siempre es compleja.
Cleo es una de las dos empleadas domésticas de una familia de clase media-alta de Roma, un barrio residencial de la ciudad de México DF, en 1970. Allí transcurre sus días, la mayor parte de su mundo gira en torno a las vidas de otros. No parece tener otro universo conocido o -si lo hay- se vislumbra el de la pobreza. Su trabajo se funde con su vida. Limpia, plancha, cuida y atiende a los niños de esa familia sin escatimar amor. Su entrega es total. Recibe a cambio contención y una relación paternalista de familiaridad y afecto que está mediada por un sueldo. Es el último eslabón de una cadena de cierto maltrato de una familia que se derrumba; y, también, de una rueda de mujeres sosteniéndola. Aunque pasaron casi 50 años, Cleo y su entorno laboral muestran en la multipremiada película Roma (y candidata a varios Oscar) del director Alfonso Cuarón, porciones de la realidad del sector que, junto con el Comercio, más mujeres ocupa en la Argentina (16,1%; 30,5% en la ciudad de Buenos Aires, según la Encuesta Permanente de Hogares 2017) y da cuenta de que el destino habitual del género a lo largo de la historia -aunque esto parece estar cambiando-, ha sido el de las tareas del hogar y del cuidado. La historia de Cuarón sobre este universo femenino expone, además, la soledad y un manojo de abusos, muchas veces naturalizados.
El empleo doméstico es un encuentro de clases sociales con un estatuto muy especial: el empleador abre las puertas de su intimidad, muchas veces se deja en manos de la trabajadora durante varias horas al día lo más preciado que una persona tiene en el mundo (sus hijos), en ocasiones se establece un vínculo de afecto mutuo y no hay una correlación entre la remuneración y semejante responsabilidad (incluso a veces roza el límite o es explotación). Pero cuando las condiciones laborales son medianamente razonables, las empleadas acceden a bienes (simbólicos, culturales) e incluso a servicios a los que no accederían con otro tipo de trabajos acordes a su escaso nivel de estudios (34,7% tiene primaria completa y 25% secundaria incompleta); los empleadores se nutren de un mundo con el que quizá nunca hubieran tenido contacto y, cuando no hay formalización, es la naturalización absoluta de la desigualdad.
Según las estadísticas oficiales, casi la totalidad de las 962 mil trabajadoras de casas particulares en la Argentina son mujeres. Cuatro de cada diez tienen 50 años o más ("es un rubro envejecido") y solo 5% trabaja como Cleo sin retiro" (o cama adentro, como suele decirse). Del resto, la gran mayoría (62%) lo hace para un solo empleador. Desde 2013 existe la ley 26.844 que equipara sus derechos al del resto de los trabajadores. Si bien entre 2003 y 2016 aumentó 400% la formalización, aún alrededor del 65% está en negro (no tiene obra social, ni días por enfermedad, ni licencia por maternidad, ni ART, ni días de estudio, ni indemnización por despido). Casi la mitad de las trabajadoras no registradas del país son de este sector (46,8%). Cerca de la mitad vive en los hogares del quintil per cápita familiar más pobre (entre el resto de las asalariadas, es el 14%) y tienen una mayor carga de trabajo doméstico en sus propios hogares. Roma muestra la esencia absolutamente vigente de una relación laboral y humana compleja, arraigada en la desigualdad de oportunidades.
bajadoras domésticas: radiografía de un vínculo
La exitosa película Roma expone un mundo de trabajo muchas veces invisibilizado y abre nuevos debates sobre una relación laboral que, de la confianza y el cariño a la desigualdad social y de género, siempre es complejaLa exitosa película Roma expone un mundo de trabajo muchas veces invisibilizado y abre nuevos debates sobre una relación laboral que, de la confianza y el cariño a la desigualdad social y de género, siempre es compleja

Cleo es una de las dos empleadas domésticas de una familia de clase media-alta de Roma, un barrio residencial de la ciudad de México DF, en 1970. Allí transcurre sus días, la mayor parte de su mundo gira en torno a las vidas de otros. No parece tener otro universo conocido o -si lo hay- se vislumbra el de la pobreza. Su trabajo se funde con su vida. Limpia, plancha, cuida y atiende a los niños de esa familia sin escatimar amor. Su entrega es total. Recibe a cambio contención y una relación paternalista de familiaridad y afecto que está mediada por un sueldo. Es el último eslabón de una cadena de cierto maltrato de una familia que se derrumba; y, también, de una rueda de mujeres sosteniéndola. Aunque pasaron casi 50 años, Cleo y su entorno laboral muestran en la multipremiada película Roma (y candidata a varios Oscar) del director Alfonso Cuarón, porciones de la realidad del sector que, junto con el Comercio, más mujeres ocupa en la Argentina (16,1%; 30,5% en la ciudad de Buenos Aires, según la Encuesta Permanente de Hogares 2017) y da cuenta de que el destino habitual del género a lo largo de la historia -aunque esto parece estar cambiando-, ha sido el de las tareas del hogar y del cuidado. La historia de Cuarón sobre este universo femenino expone, además, la soledad y un manojo de abusos, muchas veces naturalizados.

El empleo doméstico es un encuentro de clases sociales con un estatuto muy especial: el empleador abre las puertas de su intimidad, muchas veces se deja en manos de la trabajadora durante varias horas al día lo más preciado que una persona tiene en el mundo (sus hijos), en ocasiones se establece un vínculo de afecto mutuo y no hay una correlación entre la remuneración y semejante responsabilidad (incluso a veces roza el límite o es explotación). Pero cuando las condiciones laborales son medianamente razonables, las empleadas acceden a bienes (simbólicos, culturales) e incluso a servicios a los que no accederían con otro tipo de trabajos acordes a su escaso nivel de estudios (34,7% tiene primaria completa y 25% secundaria incompleta); los empleadores se nutren de un mundo con el que quizá nunca hubieran tenido contacto y, cuando no hay formalización, es la naturalización absoluta de la desigualdad.
Según las estadísticas oficiales, casi la totalidad de las 962 mil trabajadoras de casas particulares en la Argentina son mujeres. Cuatro de cada diez tienen 50 años o más ("es un rubro envejecido") y solo 5% trabaja como Cleo sin retiro" (o cama adentro, como suele decirse). Del resto, la gran mayoría (62%) lo hace para un solo empleador. Desde 2013 existe la ley 26.844 que equipara sus derechos al del resto de los trabajadores. Si bien entre 2003 y 2016 aumentó 400% la formalización, aún alrededor del 65% está en negro (no tiene obra social, ni días por enfermedad, ni licencia por maternidad, ni ART, ni días de estudio, ni indemnización por despido). Casi la mitad de las trabajadoras no registradas del país son de este sector (46,8%). Cerca de la mitad vive en los hogares del quintil per cápita familiar más pobre (entre el resto de las asalariadas, es el 14%) y tienen una mayor carga de trabajo doméstico en sus propios hogares. Roma muestra la esencia absolutamente vigente de una relación laboral y humana compleja, arraigada en la desigualdad de oportunidades.
"El trabajo doméstico tiene sus particularidades, es una tarea que no se parece a ninguna otra. No la podemos comparar con una empleada de una fábrica o bancaria. Reviste características únicas. Se desarrolla intramuros, convive en el seno de la familia, cuida a sus niños enfermos, lava su ropa y conoce secretos familiares, lo cual hace que quien maneje el conflicto cuando este estalla, necesite tener el expertise necesario para comprender esa mezcla que se arma entre confianza, cariño y dinero", sostiene Marcela Cortines, presidenta del Tribunal del Servicio Doméstico del Ministerio de Trabajo nacional (único en el país, en Sudamérica y hay quienes dicen que en el mundo) y quien dirige un equipo de mediadores que interviene en los conflictos en el ámbito de la ciudad.
Según Santiago Canevaro, investigador del Conicet y docente en la Universidad Nacional de San Martín, la Argentina, y Buenos Aires en particular, se caracterizan por una mayor "permeabilidad" entre diferentes sectores sociales -que él atribuye a la combinación entre la influencia histórica del peronismo y a la mayor heterogeneidad y fragmentación de los sectores medios empleadores- que torna particularmente rico, lábil y complejo este vínculo entre empleadora (en general son las mujeres las que gestionan la relación) o empleador y empleada. A pesar de que el film de Cuarón, basado en el recuerdo de su propia vida, cuenta una historia de otra época y otro país, muestra con mucha precisión y sutileza todo este entramado afectivo local del que habla el académico argentino. Que es muy diferente, por ejemplo, a lo que sucede en Estados Unidos, Holanda o Alemania, donde la relación es más profesional y está estandarizada (está delimitado y tarifado específicamente el tipo de trabajo: lavar platos, ordenar, planchar, etcétera); o Brasil, Colombia o Perú, donde hay una mayor distancia en el vínculo, marcada por la jerarquía.
Canevaro dedicó su tesis doctoral a desentrañar esta relación. Entrevistó, observó y acompañó a 110 empleadas y empleadoras de la ciudad de Buenos Aires y asistió a juicios laborales que, como le comentó un abogado, "pueden ser más feroces que los de un divorcio".

"Es una película bastante despojada y sutil. Cuarón no quiere mostrar especialmente la opresión, pero tampoco omitirla. En muchas escenas hay, entre comillas, amor verdadero, que es algo que no es racional -opina Canevaro, quien rechaza el análisis que pone el foco en este vínculo afectivo como algo puramente instrumental-. Hay muchas escenas en las que las dos, empleada y empleadora, están mal, se necesitan mutuamente. Quizás parafraseando a Borges, podríamos decir que no las une el amor sino el espanto, que vendrían a ser esos dos hombres en sus vidas para las dos protagonistas de la película. De allí que para ellas el equilibro es estar unidas, las salva la unidad que sí, es jerárquica, pero no deja por eso de haber una relación afectiva, como sucede la mayoría de las veces en la realidad".
La película "ilustra la compleja cotidianidad de las vínculos entre las personas de una familia y sus trabajadoras domésticas -dice Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, donde el género y la clase muestran todas sus marcas. Un universo de dominio femenino donde el hombre de la casa está ausente aún para dirigir sus propios pedidos a la empleada: no pide el té de la noche, ni reclama por la suciedad del perro por sí mismo: la interlocutora siempre es la señora".

La antropóloga estadounidense Mary Goldsmith entrevistó en México a trabajadoras de un sindicato, luego de ver Roma todas juntas. Las mayores, que habían tenido experiencia de trabajo sin retiro, dijeron sentirse plenamente identificadas con la realidad de Cleo y con la relación con su empleadora.
Las dependencias y fragilidades afectivas de Cleo y su empleadora remiten a los personajes, en otro momento de sus vidas, representados por Norma Aleandro y Norma Argentina en la película Cama adentro (2005), del argentino Jorge Gaggero, que también rompe con miradas maniqueas y cuenta una historia de dos mujeres que conocen sus secretos y se sostienen a su manera, en los momentos en los que parecen naufragar.
Para el investigador, esta cercanía de clases que se complejiza por la cercanía afectiva muchas veces empaña el reconocimiento de la relación laboral: "El 97% de las empleadoras habla de que tiene alguien que la ayuda en la casa, con lo cual ya ubica el vínculo a otro nivel. Pero además se vuelve muy difícil para un empleador pensarse como patrón, porque tiene una imagen del patrón déspota. Ahora, pueden opinar en contra de los peones explotados pero, hablando en términos generales, nunca le aumentan a la empleada o nunca hicieron aportes. Esto claramente comenzó a cambiar en los últimos cinco años, pero no deja de percibirse una doble moral, hacia afuera y hacia adentro".

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/trabajadoras-domesticas-radiografia-vinculo-nid2218609

¿Por qué en América Latina, una región que dice amar a las madres, reina la violencia obstétrica?

Hace cinco años, una mujer brasileña en trabajo de parto fue detenida por la policía y obligada a parir por cesárea.

La mujer, Adelir de Goes, ya había tenido dos cesáreas previas (un procedimiento demasiado común en mi país) y esperaba parir a su tercer hijo vía vaginal, pero su bebé venía de nalgas. Los médicos pensaron que un parto vaginal podría poner en riesgo la vida del infante.
Obtuvieron una orden judicial para practicar una intervención quirúrgica forzosa. De Goes había dilatado casi por completo y se preparaba para ir al hospital cuando nueve policías tocaron a su puerta para llevársela. En el hospital, fue anestesiada y operada sin su consentimiento. Los grupos que defienden los derechos de las mujeres denunciaron el procedimiento como un ataque a su autonomía y una violación de su derecho a tomar decisiones informadas respecto a su salud y la de su bebé.
El caso de De Goes fue especialmente conocido, pero está lejos de ser el único. De acuerdo con una encuesta de 2010, una de cada cuatro mujeres brasileñas ha sido maltratada durante el trabajo de parto. A muchas de ellas se les negaron analgésicos o no se les proporcionó información sobre el procedimiento que se les iba a practicar. El 23 por ciento de ellas fue violentada verbalmente por un profesional de la salud; uno de los insultos más comunes fue: “Na hora de fazer não chorou” (“No lloraste así cuando hiciste al bebé”).

Otra encuesta descubrió que, en 2011, el 75 por ciento de las mujeres en trabajo de parto en los hospitales de Brasil no recibió agua ni comida (el año pasado, me convertí en una de ellas), a pesar de que la práctica de no ingerir nada no está sustentada en evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres en trabajo de parto con embarazos de bajo riesgo coman y beban a voluntad.

Algunos médicos, sin embargo, no reconocen que el término “a voluntad” también aplica para las mujeres. Cuando los doctores se enfrentan a una mujer que rechaza algún procedimiento, lo practican de cualquier modo. “Yo mando aquí”, insisten.

Indignadas ante este abuso permanente, las latinoamericanas en las últimas décadas han contribuido a identificar y definir jurídicamente un tipo distinto de violencia hacia las mujeres: la violencia obstétrica. Este concepto se refiere al trato irrespetuoso, abusivo o negligente durante el embarazo, el parto, el aborto y el posparto.

La episiotomía es un ejemplo. Se trata de un corte quirúrgico en la vagina que se realiza durante el parto y que ha demostrado no ser efectivo e incluso perjudicial cuando se hace de forma rutinaria. Los médicos en Brasil la siguen practicando con o sin el consentimiento de la mujer. Cuando es momento de suturar, en ocasiones incluyen una puntada extra para, supuestamente, apretar la vagina para el placer del hombre: lo han llamado “el punto para el marido”. (Hace cinco años, en Río de Janeiro, un ginecobstetra fue captado en video preguntándole al esposo de una paciente: “¿La quieres pequeña, mediana o grande?”).

La lucha en contra de la violencia obstétrica en Latinoamérica comenzó en la década de 1990 con los esfuerzos de activistas para divulgar prácticas que sí fueran basadas en evidencias respecto al cuidado materno infantil. Tales esfuerzos se respaldaron en un documento de la Organización Mundial de la Salud en 1996 (Cuidados en el parto normal: una guía práctica), que advierte del peligro de convertir un suceso fisiológico normal en un procedimiento médico, por medio de “la adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o innecesarias, además, con frecuencia, pobremente evaluadas”.

Unos años después de la publicación del documento, Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Brasil y Argentina también desarrollaron una legislación más amplia que fomenta el llamado parto humanizado o respetado.

En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una ley específica para atender la violencia obstétrica. Dos años después, Argentina promulgó una ley similar; le siguieron Panamá, varios estados en México, Bolivia (con una ley que aborda la “violencia en contra de los derechos reproductivos” y la “violencia en servicios de salud”) y El Salvador (cuya ley hace un llamado a un trato digno en los servicios de salud maternos y de salud reproductiva).

Llamar a la violencia obstétrica por su nombre es el primer paso para combatirla y, en consecuencia, por supuesto, los médicos han comenzado a contraatacar.

Estas leyes tardaron demasiado en ser creadas. Los reportes de violencia obstétrica en América Latina han sido ampliamente documentados. Incluso se han convertido en algo esperado, como si ese fuera el precio que tiene que pagar una mujer por ejercer su sexualidad. Las formas más comunes de maltrato consisten en procedimientos no consensuados (incluyendo la esterilización), intervenciones que se practican sin base en evidencias como las episiotomías rutinarias, así como la violencia física, verbal y sexual.

No queda más que preguntarnos por qué la violencia obstétrica está tan presente en Latinoamérica, un lugar donde la maternidad con frecuencia es santificada. Quizá sea precisamente por eso. En nuestras sociedades conservadoras y patriarcales, se considera que la verdadera vocación de una mujer es ser madre. Debemos sacrificarnos para cumplir con nuestro destino biológico. Esto significa someterse a la voluntad de esposos y médicos; la abnegación y la devoción son nuestras cualidades más preciadas. Si permanecemos como santas dolientes no podemos tener conciencia sexual ni autonomía sobre nuestro cuerpo.

Llamar a la violencia obstétrica por su nombre es el primer paso para combatirla y, en consecuencia, por supuesto, los médicos han comenzado a contraatacar. El año pasado, el Consejo Federal de Medicina de Brasil calificó el término “violencia obstétrica” como una agresividad hacia los médicos que raya en la “histeria”. Notemos que el consejo no condenó la violencia en sí misma, sino únicamente la elección de palabras de las víctimas. Me pregunto si usaron el término “histeria” a propósito.

En febrero, el Consejo Médico Regional de Río de Janeiro publicó una resolución que prohibía a los ginecobstetras avalar los planes de parto personales con el alegato de que es una “moda” perjudicial. El consejo también arguyó que el parto es riesgoso y exige que los médicos tomen decisiones rápidas sin miedo a las repercusiones legales. Declaró que “no hay tiempo de explicar qué se hará o de revocar los planes de parto”. De acuerdo con el consejo, la violencia obstétrica es “otro término inventado para difamar a médicos”.

Es decepcionante ver que algunos médicos están más preocupados por la forma en que esta agresión semántica daña su prestigio que por la realidad concreta y espantosa del abuso que predomina en contra de las mujeres durante el parto, no solo en América Latina, sino en todos lados. Es evidente que resienten la limitación de su autoridad.

No obstante, el embarazo no es una excepción al derecho de un paciente apto para tomar decisiones informadas acerca de su propia atención médica. Los proveedores de salud no deben “explicarles” a las mujeres embarazadas qué procedimiento se les practicará; deben hablar con sinceridad de las opciones y respetar nuestra autonomía corporal.

Además, elegir un término distinto como “falta de respeto durante el parto” en lugar de “violencia obstétrica” no suavizará las atrocidades que cometen con frecuencia los proveedores de cuidado, refugiados detrás de la frase “El médico sabe lo que hace”.


https://www.nytimes.com/es/2019/03/13/violencia-obstetrica-america-latina/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es

Trabajadoras domésticas luchan por sus derechos.

Cada 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la intención de mantener en la memoria colectiva la lucha histórica de las mujeres por su derecho al reconocimiento del voto, a ocupar cargos públicos, contar con un trabajo digno, no ser discriminadas laboralmente y tener acceso a una formación profesional.

Y aunque la lucha lleva alrededor de 230 años buscando igualdad de condiciones para las mujeres, recientemente la película ROMA, del director Alfonso Cuarón, trajo la atención internacional a una problemática social en relación a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, a través de Cleo, interpretada por la indígena mexicana, oaxaqueña de ascendencia Mixteca y Triqui, Yalitza Aparicio, quien además es la primera actriz indígena en ser nominada a los Premios Oscar.

La historia de Cleo, nos recuerda una deuda de la sociedad respecto al reconocimiento de los derechos laborales y humanos de las trabajadoras del hogar, al tiempo que refleja la situación de discriminación a la que las mujeres indígenas se enfrentan diariamente; y aunque tiene lugar en el México de la década de 1970, pareciera un retrato macabro de la época actual que extiende sus fronteras a más de un país, donde más del 70% de los 67 millones de trabajadoras domésticas del mundo, carecen de seguridad social.

Sin duda, ROMA ha abierto las puertas para el debate público sobre la falta de derechos laborales para trabajadores del hogar no sólo en México, sino también en Estados Unidos.
Tan solo en EE.UU., la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos hace notar que existen alrededor de 2 millones de trabajadoras del hogar entre las que se encuentran niñeras, personal de limpieza y asistentes del cuidado de la salud que carecen de derechos laborales y la ley les niega la oportunidad de pertenecer a un sindicato, a diferencia de personas que laboran en una oficina.

Apoyándose con un mensaje de Alfonso Cuarón, la Senadora Demócrata por California, Kamala Harris y la Representante Demócrata por el Estado de Washington, Pramila Jayapal, han aprovechado la fuerza de ROMA para impulsar y dar a conocer el Proyecto de Ley de Derechos Nacional de los Trabajadores Domésticos que presentarán en primavera. El proyecto de ley incluye garantizar para ese sector los mismos derechos que cualquier otro trabajador tiene, al tiempo que considera días pagados por enfermedad, la regularización de horarios de trabajo y beneficios para el retiro.

Aproximadamente el 88% de los trabajadores domésticos en Estados Unidos carecen de tiempo libre pagado u otros beneficios, por lo que de ser aprobada esta ley, representaría un gran cambio en sus condiciones laborales.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas reconoció el Día Internacional de la Mujer en 1911, en los Estados Unidos fue reconocido hasta 1994, cuando Beata Poźniak, una actriz inmigrante de Polonia, lo solicitó al Congreso. Este es únicamente un breve contexto del largo camino que las mujeres todavía tienen que recorrer para el reconocimiento de igualdad de condiciones en este país.

Para este 2019, el lema de la Organización de las Naciones Unidas relativo al Día Internacional de la Mujer, es: pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio.
Es precisamente eso, lo que hay que hacer en la legislación de los Estados Unidos, innovar, respaldar e impulsar cambios que permitan el reconocimiento de los derechos laborales básicos para las y los trabajadores domésticos.

ttps://laopinion.com/2019/03/09/los-derechos-de-los-trabajadores-domesticos/

Mujeres indígenas estrenan cortometraje sobre violencia de género.

En Lima, Perú se estreno "El dolor no desaparece" un cortometraje producido por mujeres del pueblo indígena Quechua, con el que se busca una vida libre de violencia.
El pueblo indígena Quechua o quichua, es conocido por habitar gran parte de la zona Andina, ubicándose principalmente  en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, también hay algunas comunidades en Colombia, según el DANE, para 2005 habían 481 personas de esta etnia en el país. Se le relaciona con el imperio Inca, y se caracterizan por ser una de las agrupaciones  indígenas más numerosas.

Culturalmente, las mujeres han jugado un papel indispensable en el sostenimiento y avance de este pueblo, sin embargo, igual que en muchas de las etnias indígenas del mundo, es el hombre el que representa autoridad y poder. Por dicha razón, desde hace algunos años las mujeres quechuas han emprendido una variedad de luchas por el reconocimiento y respeto que merecen.
Como muestra de resistencia y apoyo a estas iniciativas femeninas, se estrenará el próximo 28 de febrero en la Sala Santisteban de Noriega de la Defensoría del Pueblo en Lima, Perú,  un cortometraje producido por jóvenes y mujeres indígenas quechuas. La presentación estará a cargo de la asociación indígena CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú; la Embajada de Canadá en Perú y la Defensoría del Pueblo, como antesala al Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo.

“Nanayqa Mana Chinkaqmi”, “El dolor no desaparece” es el nombre del cortometraje, con el que estas mujeres de Ayacucho, Perú, pretenden mostrar las experiencias, perspectivas y propuestas para ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia. La idea es hacer del cine, una herramienta para combatir los casos de abuso, puesto que para 2018 en esta región,  fueron registrados 190 casos en lo corrido del año, la mayoría en mujeres de esta etnia.

El resultado, es producto de un proceso de de formación audiovisual, además de un empoderamiento para que la juventud indígena se reconecte con sus raíces y del mismo modo pueda expresar sus deseos y problemas por este medio. Que en este caso, propone a las lideresas quechua abrir espacios de diálogo con las autoridades locales y regionales e insistir en un trabajo conjunto para lograr en las mujeres de sus comunidades una vida libre de violencia.

Frente a la importancia de este tipo de manifestaciones, el estreno del corto contara con  la presencia de de las realizadoras, autoridades del Estado y la moderación de Tarcila Rivera Zea, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.

Por: Karina Porras. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

La idiotizacion de la sociedad como estrategia de dominacion.

La gente está imbuida hasta tal extremo en el sistema establecido, que es incapaz de concebir alternativas a los criterios impuestos por el poder.
Para conseguirlo, el poder se vale del entretenimiento vacío, con el objetivo de abotagar nuestra sensibilidad social, y acostumbrarnos a ver la vulgaridad y la estupidez como las cosas más normales del mundo, incapacitándonos para poder alcanzar una conciencia crítica de la realidad.

En el entretenimiento vacío, el comportamiento zafio e irrespetuoso se considera valor positivo, como vemos constantemente en la televisión, en los programas basura llamados “del corazón”, y en las tertulias espectáculo en las que el griterío y la falta de respeto es la norma, siendo el fútbol espectáculo la forma más completa y eficaz que tiene el sistema establecido para aborregar a la sociedad.En esta subcultura del entretenimiento vacío, lo que se promueve es un sistema basado en los valores del individualismo posesivo, en el que la solidaridad y el apoyo mutuo se consideran como algo ingenuo. En el entretenimiento vacío todo está pensado para que el individuo soporte estoicamente el sistema establecido sin rechistar. La historia no existe, el futuro no existe; sólo el presente y la satisfacción inmediata que procura el entretenimiento vacío. Por eso no es extraño que proliferen los libros de autoayuda, auténtica bazofia psicológica, o misticismo a lo Coelho, o infinitas variantes del clásico “cómo hacerse millonario sin esfuerzo”.

En última instancia, de lo que se trata en el entretenimiento vacío es de convencernos de que nada puede hacerse: de que el mundo es tal como es y es imposible cambiarlo, y que el capitalismo y el poder opresor del Estado son tan naturales y necesarios como la propia fuerza de gravedad. Por eso es corriente escuchar: “es algo muy triste, es cierto, pero siempre ha habido pobres oprimidos y ricos opresores y siempre los habrá. No hay nada que pueda hacerse”.
El entretenimiento vacío ha conseguido la proeza extraordinaria de hacer que los valores del capitalismo sean también los valores de los que se ven esclavizados por él. Esto no es algo reciente, La Boétie, en aquel lejano siglo XVI, lo vió claramente, expresando su estupor en su pequeño tratado Sobre la servidumbre voluntaria, en el que constata que la mayor parte de los tiranos perdura únicamente debido a la aquiescencia de los propios tiranizados.

El sistema establecido es muy sutil, con sus estupideces forja nuestras estructuras mentales, Y para ello se vale del púlpito que todos tenemos en nuestras casas: la televisión. En ella no hay nada que sea inocente, en cada programa, en cada película, en cada noticia, siempre rezuma los valores del sistema establecido, y sin darnos cuenta, creyendo que la verdadera vida es así, nos introducen sus valores en nuestras mentes.
El entretenimiento vacío existe para ocultar la evidente relación entre el sistema económico capitalista y las catástrofes que asolan el mundo. Por esto es necesario que exista el espectáculo vacuo: para que mientras el individuo se autodegrada revolcándose en la basura que le suministra el poder por la televisión, no vea lo obvio, no proteste y continúe permitiendo que los ricos y poderosos aumenten su poder y riqueza, mientras las oprimidos del mundo siguen padeciendo y muriendo en medio de existencias miserables.
Si seguimos permitiendo que el entretenimiento vacío continúe modelando nuestras conciencias, y por lo tanto el mundo a su antojo, terminará destruyéndonos. Porque su objetivo no es otro que el de crear una sociedad de hombres y mujeres que abandonen los ideales y aspiraciones que les hacen rebeldes, para conformarse con la satisfacción de unas necesidades inducidas por los intereses de las élites dominantes. Así los seres humanos quedan despojados de toda personalidad, convertidos en animales vegetativos, siendo desactivada por completo la vieja idea de luchar contra la opresión, atomizados en un enjambre de egoístas desenfrenados, quedando las personas solas y desvinculadas entre ellas más que nunca, absortas en la exaltación de sí mismas.

Así, de esta manera, a los individuos ya no les queda más energía, para cambiar las estructuras opresoras (que además no son percibidas como tales), ya no les queda fuerza ni cohesión social para luchar por un mundo nuevo.
No obstante, si queremos revertir tal situación de enajenamiento a que estamos sometidos, solo queda como siempre la lucha, solo nos queda contraponer otros valores diametralmente opuestos a los del espectáculo vacuo, para que surja una nueva sociedad. Una sociedad en que la vida dominada por el absurdo del entretenimiento vacío sea tan solo un recuerdo de los tiempos estúpidos en que los seres humanos permitieron que sus vidas fueran manipuladas de manera tan obscena.

http://articulosclaves.blogspot.com/2018/08/la-idiotizacion-de-la-sociedad-como.html

Líderes tradicionales de África se unen para eliminar prácticas contra las mujeres.

Su título revela su poder: la Reina Madre. “Cuando hablamos, la gente escucha. Y decimos que vamos a poner fin a esas (prácticas) tradicionales perjudiciales porque no son buenas para nuestras comunidades, especialmente en el caso del matrimonio infantil y precoz”, dice la ugandesa Best Kemigisa.

Una de cada tres mujeres de África se casa antes de cumplir los 18 años, y de los 30 países en los que existe una mayor prevalencia de la mutilación genital femenina, 28 están en África.

La desigualdad entre sexos, profundamente arraigada, las creencias culturales establecidas y la pobreza potencian esta nociva práctica.

En muchas zonas, los hombres y las mujeres que lideran las comunidades tradicionales y religiosas y que realizan, promueven o defienden el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son los garantes de estas prácticas. Por lo tanto, también pueden convertirse en las figuras aliadas más poderosas para erradicarlas.

La Reina Madre Best Kemigisa del reino Toro de Uganda es una de esas aliadas y una voz con poder en su comunidad. “Como líderes tradicionales tenemos una importancia fundamental, ya que no sólo no aceptamos las leyes, sino que somos quienes las dictamos”, ha afirmado durante una reunión en Nairobi, Kenya, que ha reunido a líderes tradicionales de 17 países africanos.

La reunión de Nairobi fue la culminación de años de trabajo de ONU Mujeres y otras organizaciones locales y regionales para acabar con estas prácticas dañinas que traumatizan, perjudican y matan a millones de niñas en toda África.

Esta reunión de líderes tradicionales tenía un objetivo claro: diseñar una hoja de ruta con un enfoque sostenible y coordinado para contribuir a la campaña dirigida por la Unión Africana (UA) y destinada a acabar con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y otras prácticas culturales dañinas.

En la reunión también se estudiaron las mejores prácticas y se extrapolaron a gran escala las iniciativas emprendidas por algunas y algunos de los líderes para evitar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Un buen ejemplo es el de la jefa principal Kachindamoto, que ha dirigido una exitosa iniciativa en Malawi y ha conseguido anular más de 2.000 matrimonios infantiles en su zona desde 2013.

“Esta reunión es muy importante para la comunidad de líderes tradicionales ya que nos permite hablar sobre lo que cada persona está haciendo” explica. “Cuando oyes algo bueno, lo haces tuyo y te lo llevas a casa; y cuando lo llevas a casa, lo cambias. Como líderes tradicionales somos las y los custodios de la cultura, así que debemos quedarnos con lo bueno y desechar lo malo”.
En Zambia, el jefe Chamuka ha conseguido avances similares, reduciendo las tasas de matrimonio infantil y embarazos en adolescentes. Bajo su liderazgo, las y los principales líderes de comunidades han aprobado normas locales que aumentan la edad legal para contraer matrimonio a 21 años y hacen obligatorio el registro en la localidad.

“Estas disposiciones legales han influido enormemente en el cambio de mentalidad de la gente. Porque no han sido normas impuestas por un jefe, sino impulsadas por la propia comunidad”, explica.

Relata que, cuando subió al trono, en su comunidad había 45 niñas casadas y 209 adolescentes embarazadas. Después de aprobar estas leyes, el número se redujo a un matrimonio infantil y ocho embarazos de adolescentes.

“(Sin) protección de los derechos de la infancia, no habrá desarrollo en el futuro”, añade el jefe Chamuka.

Para éste líder tradicional “la cultura nos proporciona un espejo para mirar atrás y adelante. Cuando miramos atrás, vemos las raíces que nos dan fuerza, pero algunas de esas raíces pueden ser más débiles y esas son malas prácticas, porque no todas nuestras prácticas tradicionales son buenas. Vamos a asegurarnos de prohibir las que no lo sean”.

“Todas las personas venimos de culturas y tradiciones… y las y los líderes tradicionales son las figuras más reverenciadas. Tienen el poder, la autoridad, la capacidad para llegar donde quieran”,  explica la Directora Regional de ONU Mujeres, Izeduwa Derex-Briggs.

“Creemos que conseguir su participación y escuchar su punto de vista es empezar por el buen camino. En sólo dos días veremos los cambios. Veremos a gente alzando la voz y diciendo que no”, añade.
Mary Okumu, Directora Nacional de ONU Mujeres Sierra Leona, está de acuerdo: “Cuando empiezas desde abajo y comprometes a las comunidades en el diálogo, en los discursos, tienes más impulso, porque consigues las opiniones reales de las personas que deben adaptarse”.

Este encuentro de dos días, organizado por ONU Mujeres en colaboración con la Queen Mother Best Foundation (Uganda) y el Instituto de la Realeza Africana, también incluyó a líderes de la sociedad civil y organizaciones internacionales que trabajan en estos campos y facilitó el diálogo intergeneracional.

Gbenebichie Onetoritsebawoette, una joven líder de Nigeria, cuenta que la reunión le ha dado una nueva perspectiva:“La percepción que teníamos de las y los líderes tradicionales no es la misma que la que tengo ahora —explica—. Estoy segura de que en verdad quieren ver el cambio. No quieren que continúen las prácticas tradicionales negativas. Y eso me ha dado esperanza”.

“Escuchar perspectivas diferentes de varios países me ha demostrado que estamos avanzando y que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo”, afirma Jaha Dukureh, Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, que asistió a la reunión.

Dukureh, víctima de la mutilación genital femenina y de un matrimonio infantil forzoso a los 15 años, coordina los esfuerzos en defensa de esta iniciativa en su país, Gambia, y a escala internacional. Su trabajo con organizaciones juveniles y de mujeres contribuyó a que el gobierno de Gambia prohibiera la mutilación genital femenina en 2015.

Durante las próximas semanas y meses, tendrá lugar multitud de consultas y diálogos facilitados por ONU Mujeres a escala regional y subregional, que culminarán con un compromiso global de líderes tradicionales y de comunidades religiosas de toda África en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Unidad Africana (UA) que se celebrará en febrero de 2019 en Addis Abeba.

Nyaradzai Gumbonzvanda, embajadora de buena voluntad de la UA por el fin del matrimonio infantil, reconoce el inmenso potencial que las y los líderes tradicionales tienen para cambiar las normas, aprobar leyes y facilitar el acceso a los servicios dentro de las comunidades.

Ella añade que empoderar a las niñas debe ser una parte fundamental de estos esfuerzos: “Hay que empoderar económicamente a las niñas para que no vean el matrimonio como una forma de escapar de la pobreza. Una niña debe poder decir ‘puedo tener mi propio coche’ en lugar de ‘tengo que casarme con un hombre que tenga coche’”.


http://www.ipsnoticias.net/2018/11/lideres-tradicionales-africa-se-unen-eliminar-practicas-las-mujeres/

Nicaragua: El feminismo como ejercicio de autonomía y de lucha por la libertad.

Diálogo con María Teresa Blandon, docente y activista del movimiento feminista de Nicaragua, quien reflexiona sobre el momento político del país centroamericano.

Hija de un campesino y de una maestra, María Teresa Blandón se integró con 17 años en la revolución sandinista y luego en el movimiento feminista. Es ella quien nos cuenta las duras controversias entre el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), a partir de que fuera tomado por completo por el orteguismo, y el movimiento de mujeres, el feminismo, pero también con los movimientos de derechos humanos, con los y las jóvenes, con el periodismo independiente y con los medios de comunicación comunitarios.

—¿Cómo fue el proceso de alejamiento del FSLN de la experiencia de la revolución que tanto nos enamoró en América Latina?

—La verdad es que es un larguísimo camino. De aquella revolución de los 80 que despertó tanta emoción, tanta esperanza en América Latina, no queda nada hace mucho tiempo. Desde que el Frente Sandinista se dividió, la parte más autoritaria, más belicosa, más violenta, quedó con el control político, y usurpó la memoria colectiva sandinista. Esa parte del sandinismo está muy comprometida con la corrupción. La “piñata” de los 90 fue el tiro de gracia contra una lucha maravillosa del sandinismo, pero mucha gente parece que no se enteró. (Cuando el FSLN perdió las elecciones el 25 de febrero de 1990, redistribuyó entre la dirección sandinista los bienes de Estado que habían sido confiscados a sectores del poder en el momento del triunfo de la revolución sandinista. De esos procesos se va formando una “burguesía sandinista” integrada por varios de los principales dirigentes del FSLN. El expolio de los bienes del Estado es conocido como “la piñata sandinista”).

En 1998, Zoilamérica denunció a Daniel Ortega por abuso sexual (Zoilamérica es hija de Rosario Murillo, pareja actual de Daniel Ortega y vicepresidenta del país. Ortega, que adoptó a Zoilamérica, fue acusado por la joven de haber sufrido abuso sexual y violencia sexual por parte del que entonces era diputado sandinista). Cuando después de haber sido denunciado por violencia sexual, Ortega regresó al poder, todavía había gente que pensaba que era un revolucionario.
Quienes estábamos aquí en Nicaragua, y las feministas en particular, dijimos que eso no era así. Casi doce años desde el retorno de Daniel Ortega al gobierno, ha sido mucho el retroceso. Para las mujeres, para la sociedad en su conjunto. Para la democracia, para los derechos de las mujeres, para la participación ciudadana, para la libertad de expresión. Es un gobierno que construyó su proyecto desde un populismo que, mientras daba asistencia a la gente pobre, mantenía un acuerdo sólido con la gran empresa privada, al punto de convertir a este Estado en un Estado corporativo. Es la realidad que hemos vivido en estos años y que a partir de abril hizo crisis, porque hay un acumulado de daños, de restricción de libertades, de persecución, de corrupción, de opacidad de las políticas públicas.

—¿Cómo fue el conflicto con las feministas?

—Ya teníamos problemas desde la década de los 80. En los 90, el movimiento feminista se separó completamente del Frente Sandinista, por los temas que mencioné antes. En los 90 el movimiento ya estaba en posibilidades de volar con sus propias alas y teníamos necesidades de más. Temas caros al feminismo como la violencia machista, no podíamos abordarlos desde el sandinismo. Nos separamos del Frente Sandinista. El golpe de desgracia fue cuando Zoilamérica, en el año 1998, denunció a Daniel Ortega por abuso sexual. Fue un punto crítico para el feminismo nicaragüense. Nos llevó a profundizar el debate sobre la violencia machista y sus causas estructurales, pero también nos confirmó que Daniel Ortega no sólo había sido un agresor, que era también un cómplice y encubridor de la violencia machista. Esto nos explica por qué su mujer, doña Rosario Murillo, había tenido tanto encono hacia las feministas desde los 80 hasta nuestros días.

La política de alianzas de Daniel Ortega con los líderes más corruptos de Nicaragua, el pacto que suscribió en el año 2000 con Arnoldo Alemán, que es la figura emblemática de la corrupción en Nicaragua, nos terminó de confirmar que el Frente Sandinista era una maquinaria sin proyecto político, sin política para el país, que se había convertido en un fin en sí mismo para regresar al poder. La alianza con Alemán fue lo que le permitió a Ortega llegar al poder. Obtuvo el control del poder electoral, e hicieron cambios en la justicia electoral que le permitieron llegar al poder con el 38 por ciento de los votos.
En la campaña del 2005, el movimiento feminista de Nicaragua de manera unánime estaba en contra de la candidatura de Daniel Ortega. Había diferencias de a quién apoyar, pero estábamos en contra de que él llegue de nuevo al gobierno. El tema de que fuera un abusador sexual no era un tema menor cuando estábamos poniendo en discusión la violencia machista. Para nosotras fue un golpe terrible que mucha gente callara sobre eso. Los dirigentes políticos callados, la Iglesia Católica también callada. Sólo hablábamos las feministas nicaragüenses.
Estos 12 años recibimos golpe tras golpe. La penalización del aborto terapéutico fue obra del Frente Sandinista. La naturalización y el encubrimiento del abuso sexual, el embarazo de niñas cada año producto del abuso. El tema de haber desbaratado la ruta institucional para las denuncias, el castigo a los agresores. Un espacio total de impunidad. El rechazo total de este gobierno a los derechos sexuales y reproductivos. Su alianza con los grupos más provocadores de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas. Son algunos de los ejemplos de cómo fue el trato que hemos recibido las feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres.

—¿Cómo ha sido esa alianza con las iglesias, y cómo es ahora?

—Si bien durante estos 12 años Daniel Ortega logró mantener a su lado a la mayor parte de las iglesias evangélicas, las cuales tienen un historial bastante grave de corrupción y de oportunismo, y ha cooptado a una parte de la iglesia católica, sobre todo en los últimos cinco años, sectores de la iglesia católica comenzaron a tener una preocupación -no con el tema de los derechos de las mujeres porque en eso estaban de acuerdo-, sino sobre el cierre de espacios de participación ciudadana, por el tema de la censura, por la opacidad de las políticas públicas. Sucede también que el gobierno Ortega-Murillo le disputó a la jerarquía católica incluso los rituales católicos más caros a la Iglesia. Rosario Murillo se convirtió en una especie de sacerdotisa bastante extraña. Ella era la que leía la Biblia todos los días, ella celebra al Niño Dios, gasta millones del presupuesto de la República para celebrar a la Purísima. Se encargó de comprar a una parte de la iglesia católica. Una parte de la jerarquía se posicionó a favor del gobierno. Ahora la relación es abiertamente tirante.

En abril, con el estallido de la crisis, esta relación se quebró, aunque por abajo la pareja Ortega-Murillo sigue teniendo estrategias de cooptación y de chantaje. Ortega le pidió a la Conferencia Episcopal que fuera mediadora de un diálogo, para ganar tiempo y frenar la protesta ciudadana que iba cobrando cada vez más fuerza. Cuando se hizo ese intento de diálogo, una parte de la iglesia católica salió a defender a los y las jóvenes que estaban en las barricadas defendiendo derechos, y Ortega respondió con presos y asesinados, esta relación tensa se rompió irremediablemente. De manera que en este momento el gobierno Ortega-Murillo ha declarado a la jerarquía católica su enemiga, y ha lanzado una campaña de estigmatización, ha amenazado a los obispos de la Conferencia Episcopal, ha mandado a perseguir a sacerdotes. El vínculo precario que mantuvieron, por intereses de los dos lados, se quebró.

—¿Qué información hay sobre los presos y presas políticos/as?

—El universo total de presos y presas es enorme. Tenemos más de 500 presos y presas políticas. Hay casi 50 mujeres presas actualmente. La situación es terrible porque los han secuestrado, no ha habido ningún procedimiento general para capturar a estos jóvenes. En la detención han participado policías y paramilitares. En ningún caso hay orden de captura. Un grupo de alrededor de 10 jueces, que son fieles servidores del régimen Ortega-Murillo, han realizado juicios netamente irregulares, con testigos falsos, llevando a policías a testificar. Los acusan de cosas absurdas: terrorismo, tenencia de armas potentes. Una cosa completamente irracional.

En el caso de las mujeres presas hay una marca misógina, profundamente machista. Hay mujeres que fueron liberadas, pero otras siguen presas. Lo que han denunciado es que han sido abusadas sexualmente, que son obligadas a desnudarse, que han sido manoseadas por oficiales de la policía. Hay por lo menos tres casos de mujeres que abortaron producto de los malos tratos y torturas que recibieron. Algunas están presas en la cárcel de El Chipote, un lugar donde Somoza torturaba a los presos políticos. Hay presas que tienen enfermedades graves. Sus familiares han pedido que sean atendidas por algún especialista y no ha sido posible.
Hace unos meses, al menos 16 presas políticas que están en la cárcel de La Esperanza, fueron golpeadas salvajemente por hombres que no son personal de ese penal, porque ellas se opusieron a que sacaran con rumbo desconocido a Irlanda Jerez, una joven líder emblemática, que se puso al frente de las protestas en el mercado de Oriente, uno de los grandes mercados de Centro América. Cuando quisieron sacarla para ser interrogadas por esos hombres que no eran del penal, las otras presas la defendieron. Todas fueron lastimadas, y las autoridades no han permitido, después de esa golpiza, que los médicos las revisen. Ellas han contado, en los pocos momentos en que vieron a sus familiares, que las espían, que las denigran, que les dan malos tratos, que no les permiten medicamentos muchas veces, que no les permiten el tiempo necesario para hablar con sus familiares, que no les dan el tiempo establecido para salir a los patios a tomar sol. No les han permitido a ellas ni a ellos una defensa eficiente. Les han querido imponer abogados de oficio, que como ya sabemos son abogaos escogidos por Ortega-Murillo. Han hostigado, han boicoteado a los abogados de los organismos de derechos humanos que dan asesoría jurídica a los presos y presas.

Se han producido el cierre de ONGs que defienden derechos humanos, feministas, ambientalistas, y de medios de comunicación independiente… En realidad, la represión no ha parado nunca. Después de desbaratar las barricadas y los tranques a punta de pistola, lo que nos dejó un saldo de muertos que todavía no terminamos de contabilizar a ciencia cierta, vino otra forma de represión que fue impedir a toda cosa que los y las nicaragüenses saliéramos a las calles.

—¿Qué cifras de muertos y muertas manejan, desde las jornadas de abril?

—El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos habla de 325 asesinados/as desde abril -coincide con las cifras que ha dado la CIDH-. Otra cifra es de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APRODH), que da alrededor de 500 asesinados y una cifra no exacta de desaparecidos. La CIDH ha tenido muchas dificultades para realizar su trabajo de investigación. El MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) tampoco ha tenido muchas posibilidades. El gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información completa de los asesinados. Mientras este régimen siga en el poder no vamos a lograr conocer la realidad. Eso será después que se vayan.

—¿Cuáles fueron los otros modos de represión?

—Como habíamos venido haciendo una avalancha de movilizaciones populares, en todo el país, el régimen Ortega-Murillo desarrolló una estrategia de perseguir a los jóvenes, amenazar a la gente, ponerles rótulos en las paredes diciéndoles “golpista, vamos a venir por vos, te vamos a dar plomo, y esas cosas”. Además de eso, cada vez que íbamos a marchar, nos lanzaban encima a los antimotines. De tal manera que los últimos dos meses y medio cada vez que hemos intentado marchar, el régimen militariza las ciudades, hostiga a la gente, nos asedia e impide la movilización. Incluso en algunas marchas que hicimos en el mes de septiembre, nos mandaron paramilitares a disparar a vista y paciencia de la policía. Entonces la gente dejó de salir a la calle porque la represión cada vez era mayor. Ésa fue la otra manera de reprimir. Incluso cuando fuimos a las iglesias para tratar de manifestarnos, nos esperaban a la salida para perseguirnos y para detener a algunos, sobre todo jóvenes, que siempre fueron su objetivo principal o predilecto.
El ataque a las ONGs es un nuevo momento de la represión. A pesar de que ya es muy difícil salir a las calles a protestar, hemos seguido hablando, hemos seguido estando en los medios de comunicación. Las ONGs, sobre todo las que trabajan en los ámbitos de derechos humanos, han estado denunciando la violación de derechos humanos, y en esta nueva etapa, la estrategia de represión va por un lado en contra de los periodistas y de los pocos medios de comunicación independientes que todavía quedan, en contra de los organismos de derechos humanos, y en contra de las organizaciones no gubernamentales, incluyendo también las organizaciones feministas. En esta etapa de represión estamos.

El 28 de noviembre citaron a Ana Quiroz, feminista costarricense nacionalizada nicaragüense, que vive en este país hace tres décadas. La citaron a las oficinas de Migración, sin darle mayores explicaciones, y ahí la esposaron como a una delincuente y la llevaron a la frontera con Costa Rica, su país de origen. Luego allanaron las oficinas de su organización (CISAS), un Centro que trabaja temas de Salud Comunitaria desde hace tres décadas. Se llevaron los equipos. Ahora mismo volvieron a tomarse el local y dijeron que sus bienes están confiscados.
Hay medios de comunicación que están siendo permanentemente vigilados, hay periodistas que han sido capturados, periodistas que han sido golpeados, la radio Darío fue quemada, ahora la volvieron a allanar. Hay algunas radios que han tenido que cerrar. La más reciente es la de Fundación del Río, que trabaja temas ambientales. Esto ha acontecido el fin de semana pasado. No sólo les quitaron la personería jurídica a ocho organizaciones no gubernamentales incluyendo al CENIDH, sino que sin ningún procedimiento legal allanaron sus locales y declararon que los bienes serían confiscados por el Estado. Además de eso, allanaron a una empresa de comunicación que no tiene nada que ver con las ONGs. Es una empresa mercantil, que se llama Confidencial, y produce dos programas televisivos, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, que fue asesinado por la dictadura somocista. Entraron a su local, lo allanaron, se robaron todo lo que había ahí. Cuando el equipo de Confidencial fue a la policía a decir que les expliquen que por qué hicieron esto a una empresa privada que no tiene nada que ver con la ley de asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo que hizo la policía fue reprimir, golpear, amenazar, insultar a los periodistas.

En el caso del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), que es un organismo muy emblemático en este país, que ha acompañado las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, la policía se metió como delincuente a su local, desbarataron todo, y cuando Vilma Nuñez, la directora del CENIDH y el resto del equipo intentaron entrar a su local, la policía se lo impidió. En el colmo de la barbarie, incluso le impidieron a su directora que haga declaraciones a la prensa independiente. Como dijo Paulo Abrão, de la CIDH, estamos viviendo en un estado de excepción, que ha conculcado todos los derechos ciudadanos. El derecho a la libre expresión, a la libre movilización, a la protesta cívica, a la libertad de organización. Es un estado de excepción, que no ha sido decretado legalmente pero que ha sido implementado de facto.

—¿Querés decir algo más?

—Una cosa que quiero decir, es que las feministas nicaragüenses, desde el primer momento que estalló esta crisis, hemos contado con el apoyo y respaldo de las feministas latinoamericanas, y también con las feministas del Estado español. Nos han acuerpado un montón. Nosotras reconocemos profundamente el nivel de compromiso que ellas han mostrado durante todo este tiempo. Sin ellas, por ejemplo, la Caravana de la Solidaridad que ha recorrido toda América Latina y una buena parte de Europa, no hubiera sido posible. A ellas les debemos este enorme esfuerzo.

Por otro lado, quisiera decirte que las feministas nicaragüeneses vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo nuestras libertades, y también las de toda la sociedad nicaragüense. En este trecho que nos falta, que confiamos que será más corto, esperamos seguir contando con los movimientos sociales de América Latina y del Caribe, y seguir confiando periodistas hombres, mujeres, comprometidos con las causas justas, puedan seguirle dando un hueco a la terrible situación que vive Nicaragua en estos tiempos.


Por Claudia Korol 
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