Millones de mujeres y niñas llevan la peor parte en las guerras de hoy, debido a la particular amenaza que representan para ellas la violencia sexual y otros abusos. En ocasión del décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, Christine Beerli, vicepresidenta del CICR, hace un llamamiento a fortalecer la protección de las mujeres en tiempo de guerra.
Hace diez años, las esperanzas y aspiraciones que rodeaban la llegada del nuevo milenio se expresaron en diversas iniciativas de nivel mundial cuya finalidad era, básicamente, poner fin a algunas de las peores injusticias del mundo. La resolución N.º 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, fue una de esas iniciativas. En esta resolución, el Consejo señaló a la atención de la comunidad internacional el desproporcionado y específico impacto que los conflictos armados tienen en las mujeres es instó a que las mujeres participaran plenamente en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz. Además, la resolución 1325 reflejó el reconocimiento político de que la mujer y el género constituyen elementos fundamentales para la paz y la seguridad internacionales.
El décimo aniversario de la resolución -que se cumplió en octubre- es una buena ocasión, no para celebrar su adopción sin reservas, sino para reflexionar más pausadamente sobre lo que todavía puede y debe hacerse para que las buenas intenciones se traduzcan en realidades y las palabras en acciones significativas.
Sea en la República Democrática del Congo o en Colombia, Afganistán o Irak, para citar tan sólo algunos ejemplos, millones de mujeres y niñas llevan la peor parte en las guerras de hoy, a menudo porque son destinatarias de actos de violencia deliberadamente ejercidos contra ellas como método de guerra. Están particularmente expuestas a la violencia sexual y a otros abusos. En muchos casos, la guerra las obliga a desplazarse, las separa de sus familiares y obstaculiza su acceso a los alimentos, al agua potable y a la atención médica. También puede suceder que las mujeres queden a cargo del mantenimiento de sus familiares como único sostén de familia.
El derecho internacional humanitario constituye una base sólida para la protección de la mujer en tiempo de guerra, principalmente mediante los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Para mencionar tan sólo un ejemplo, la violencia sexual constituye, de manera inequívoca, un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.
Sin embargo, las atrocidades que se cometen en forma permanente contra las mujeres en el este de la República Democrática del Congo son sólo uno de los siniestros recordatorios de que las normas vigentes se infringen de manera flagrante y, a menudo, con la impunidad más absoluta. Hacer respetar las normas es un desafío permanente y la responsabilidad principal incumbe directamente a los Estados, que han ratificado universalmente los Convenios de Ginebra. No sólo deben velar por la aplicación de las normas sino también hacer que sean plenamente respetadas.
Es verdad que se han logrado algunos avances. En la legislación nacional de los Esta dos, se reconoce la responsabilidad penal de los autores de violaciones del derecho internacional humanitario y efectivamente se los obliga a rendir cuenta de sus crímenes. Varios tribunales internacionales y la Corte Penal Internacional han reforzado el concepto de la responsabilidad por los crímenes de guerra.
Pero es mucho lo que queda por hacer. Tanto las fuerzas armadas como los grupos armados deben comprender que la violencia sexual es un crimen de guerra y que los violadores serán sancionados. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desempeña un papel importante, sobre todo por sus actividades de formación en materia del derecho internacional humanitario y la difusión de sus normas. Pero, los Estados y sus poderes judiciales también deben cumplir con su función. ¿Qué mejor medio de disuadir a los potenciales criminales de guerra que la efectiva aplicación de la ley?
No cabe duda alguna de que es mejor prevenir que curar. Las consecuencias de la violencia sexual como arma de guerra van más allá del terrible dolor y del trauma que sufren sus víctimas directas: pueden desestabilizar profundamente a sociedades enteras mucho tiempo después de terminado el conflicto. Algunas de las posibles consecuencias de esa violencia son la estigmatización y el rechazo de las víctimas y el colapso de las normas sociales y culturales. Esta situación puede conducir, por último, a la inestabilidad económica.
Para remediar esas consecuencias, es preciso elaborar una respuesta multidimensional que, como aspecto fundamental, se aplique directamente tanto a las víctimas de la violencia sexual como a otras mujeres interesadas. Es imprescindible que las mujeres participen de manera efectiva en la búsqueda de soluciones a sus problemas, para que esas soluciones tengan posibilidades de éxito. Las organizaciones humanitarias y los donantes, incluidos los Estados, deben esforzarse por garantizar este aspecto en los programas que aplic an en todas las etapas de un conflicto armado, desde la prevención a la protección y la recuperación posterior al conflicto. Relegar a las mujeres a la categoría de víctimas pasivas las desempodera y es contraproducente, puesto que las excluye aún más de las actividades humanitarias y de mantenimiento de la paz.
Como mujer, es mi deseo que este décimo aniversario de la resolución de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad sea recordado como el anuncio de una nueva medida concreta: que los Estados no sólo adopten medidas concretas para tipificar la violencia sexual como crimen en sus legislaciones nacionales, sino que los autores de violaciones sean enjuiciados. Entonces, las mujeres de todo el mundo sí tendrán un verdadero motivo para festejar.
http://www.icrc.org/spa/index.jsp
