Las mujeres y niñez migrante pueden estar condenadas a la muerte o a la desaparición si se les niega u obstaculiza su derecho humano al asilo, debido a los altos índices de violencia que viven en su región y ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump y por las políticas migratorias mexicanas.
Así lo advirtieron organizaciones civiles de México y Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 161 de Audiencia Públicas, que se lleva a cabo en Washington del 15 al 22 de marzo, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).
En la audiencia, las sillas reservadas para representantes de estados Unidos quedaron vacías, luego de que ese gobierno decidió no enviar a ningún funcionario para tratar el tema migratorio.
Al exponer ante el órgano interamericano los obstáculos que enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo en la Frontera Norte, WOLA informó que entre 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, quienes huyeron de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador).
En su mayoría, indicó WOLA, tenemos testimonios de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que viven por parte de sus parejas, su comunidad o el Estado. Y a esto se suma, explica el organismo, los impactos severos que tiene implica el traslado en su integridad, salud física y emocional.
HUYEN POR VIOLENCIA FAMILIAR
De acuerdo con lo reportado por WOLA, la violencia familiar es uno de los principales factores en la decisión de migrar de las mujeres, ya que El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países más peligrosos para las mujeres a nivel mundial ante esta situación, por lo que se ven obligadas a huir hacia los países del norte en busca de seguridad.
A partir por los datos retomados por la organización, el Ministerio Público de Guatemala informó que en 2013 recibió más 50 mil casos violencia contra las mujeres, de los cuales el 76 por ciento de las víctimas vivían con el agresor, el cual era su esposo, pareja o expareja. Asimismo este delito queda en la impunidad, de todos los casos sólo 983 (dos por ciento) culminó en una sentencia de prisión para el agresor.
La situación de violencia familiar para las mujeres es similar en toda la región, indica la agrupación; en Honduras 471 mujeres fueron asesinadas en 2015, una cada 16 horas; mientras en El Salvador, se han contabilizado casi mil 100 casos de violencia familiar y más de dos mil 600 casos de violencia sexual en 2016.
MÉXICO NIEGA ASILO
Además, el gobierno mexicano ha participado en acciones que limitan el acceso al asilo de las migrantes centroamericanas, a través de los Grupos Beta (personal para auxiliar personas migrantes) en la frontera de Tijuana; “la detención se ha convertido en la regla y no la excepción”, resaltaron las organizaciones en audiencia con la CIDH.
Lo mismo sucede en la Frontera Sur, advirtieron, con el Plan Frontera Sur implementado en 2014 las detenciones de personas migrantes se incrementaron, aun cuando la mayoría tenía necesidades de asilo o protección internacional. Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de 2013 a 2016 aumentó en 120 por ciento la detención de personas migrantes.
Las organizaciones indicaron que el apoyo económico y la presión para implementar estas políticas para frenar el flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica en México, han venido en su mayoría por parte del país vecino, lo que constituye una violación a los derechos humanos internacionales. Muestras de ello sustentaron, es que no acudió ningún representante del gobierno estadounidense a la audiencia “lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo” dijeron.
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