Un condado en Tennessee ofreció a los reclusos de su cárcel una reducción de penas a cambio de que se pusieran un implante anticonceptivo o se hicieran la vasectomía. Con esto reavivaron fantasmas de un pasado no muy lejano.
En un pequeño condado en la parte rural Tennessee, a los presos se les ofreció descontarles 30 días de sus penas a cambio de un vasectomía o un implante anticonceptivo de acción prolongada. Funcionarios califican la medida como una herramienta en la lucha contra el abuso de opioides, mientras que quienes se oponen a ella, la llaman eugenesia.
En la primavera, Deonna Tollison, se presentó en un tribunal frente al juez Sam Benningfield en Sparta, Tennessee.
Es una sala grande, iluminada con luces de neón y llena de bancos de madera para que se siente el público.
Tollison fue acusada de violar las condiciones de su arresto domiciliario: el más reciente problema de una vida conflictiva, que en el peor momento la vio adicta a los opioides y viviendo en su automóvil.
En el estrado, Tollison testificó que había intentado encaminar su vida por el sendero correcto, que se había alejado de las drogas y que estaba criando a dos hijas pequeñas, así como a la hija de una hermana que murió en un accidente automovilístico.
Sin embargo, recaídas y desacuerdos con la ley le siguieron poniendo obstáculos a su progreso y nuevamente se encontraba ante un juez.
Se le acusó de hacer viajes no autorizados al supermercado y de permitir que las pilas del dispositivo colocado en su tobillo para monitorear su ubicación se descargaran.
Tenía ante sí la posibilidad de volver a la prisión local.
“Soy madre soltera de tres niñas hermosas y un nieto recién nacido. Mi madre es discapacitada. Mi hermana es discapacitada”, dijo Tollison en el estrado.
“Cada una de ellas depende de mí porque soy la única que tiene licencia (para conducir). Amo a mi familia profundamente. En los últimos cuatro años he hecho todo lo que está en mi poder para recuperar mi vida”.
La audiencia no tuvo resultados favorables para Tollison.
En su veredicto, el juez Benningfield dictaminó que sus continuos tropiezos y el hecho de estar desempleada no la hacían apta para el arresto domiciliario.
Ordenó que cumpliera el resto de su sentencia en la cárcel del Condado White.
Poco después, Benningfield hizo un anuncio sorprendente ante toda la corte: la implementación de un nuevo programa que permitiría que a presas como Tollison pudieran restarle 30 días a sus condenas si accedían a usar un método anticonceptivo de larga duración.
En el caso de los hombres, indicó el juez, se ofrecerían vasectomías.
La firma
Poco después de su llegada a la cárcel, empezaron a circular unos documentos para colocarse un implante llamado Nexplanon, que evita el embarazo por un periodo de hasta cuatro años.
Tolllison firmó, al igual que otras 30 mujeres.
Del lado masculino de la cárcel, 38 hombres se registraron para someterse a vasectomías.
Con una población media de 221 presos, esto representaba una parte importante de la cárcel.
Tollison tuvo que asistir a una clase de salud neonatal, la cual se enfocó en los efectos que el abuso de drogas, durante el embarazo, puede tener sobre el feto.
Después, una enfermera utilizó un dispositivo especial, similar a una aguja, para insertar el implante, del tamaño de una cerilla, bajo la piel de la parte superior de su brazo izquierdo.
A los hombres se les organizaron visitas con los urólogos.
Unos dos meses después, cuando la prensa local se enteró del programa, la pequeña localidad de Sparta empezó a acaparar la atención, no sólo nacional sino internacional.
“La malicia innombrable del programa de eugenesia de Tennessee”, decía uno de los titulares.
“El programa de eugenesia del juez Benningfield es un ultraje”, escribió un bloguero, quien también sugirió que no debería seguir ejerciendo funciones como juez.
Pasado de esterilizaciones
Estados Unidos tiene una larga historia de esterilizaciones forzadas en personas pobres, con enfermedades mentales o en minorías.
En su historia reciente, estadounidenses nativos, mexicanos estadounidenses y afroestadounidenses han tenido que enfrentar esterilizaciones a la fuerza o a través de prácticas engañosas por parte de miembros del Estado y de gobiernos locales.
Aunque el movimiento de eugenesia de Estados Unidos -admirado por Adolf Hitler y replicado por los nazis- alcanzó el cénit de su popularidad en la década de 1920, los estados forzaron esterilizaciones hasta en la década de 1980.
Treinta y dos estados llegaron a tener un programa de esterilización en diferentes momentos, financiado con fondos federales, que implementaban en sus prisiones o asilos.
Hombres homosexuales eran obligados a esterilizarse si las instituciones mentales los catalogaban como ” desviados sexuales”. También sucedió con madres que recibían asistencia social.
En algunos lugares, la esterilización era una condición para salir de prisión.
Casos individuales aparecieron en todo el país.
En 2014, el gobernador de California firmó una prohibición contra la esterilización en prisiones, después de que docenas de mujeres fueron sometidas a la ligadura de trompas -mientras estaban tras las barras- sin haber dado el debido consentimiento.
Consentimiento informado
Las autoridades en Tennessee señalaron que nadie fue forzado y que el programa se canceló antes de que los hombres que se inscribieron en el programa fuesen sometidos a las vasectomías.
Pero las dudas sobre si un preso puede llegar a dar un consentimiento informado a un procedimiento de ese tipo a cambio de una reducción de la sentencia podría ser el eje de futuras demandas federales sobre lo que ocurrió en el Condado White.
“No cumple con los requisitos de lo que puede considerarse una decisión autónoma. Se ha construido una relación jerárquica”, indica Alexandra Minna Stern, historiadora de la Universidad de Michigan y autora de ” Eugenic Nation ” (“Nación Eugenésica”).
“Puedes decir que la gente hizo una elección, pero esa es la razón de por qué las esterilizaciones no son permitidas en prisiones federales: la asimetría de la relación”.
Los argumentos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados, en donde una decisión de 1927 que aprobaba la esterilización forzada de “defectuosos mentales” todavía forma parte de la jurisprudencia y ha sido citada en casos tan recientes como uno en 2001.
Adam Cohen, autor de ” Imbeciles “, un libro sobre el caso conocido como Buck v Bell, de 1927, no califica al juez de Tennessee de eugenésico, pero indica que el programa por sí mismo se acerca peligrosamente (a la eugenesia).
“Puede ser que este juez realmente piense que está haciendo algo útil”, señala Cohen. “Dicho eso, estoy seguro de que a muchas personas que apoyan la eugenesia les gusta lo que él está haciendo”.
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Volver a casa
Cuando Tollison tomó la decisión de dejarse insertar el implante, no estaba pensando en su salud reproductiva o la salud de hijos futuros. Estaba pensando en la pequeña casa a las afueras del Condado County, en Tennessee, en donde viven miembros de su familia con problemas de salud y sus tres hijas.
Sentada en el pavimento de un patio detrás de esa vivienda, Tollison dice que la única razón por la que aceptó el implante fue para poder volver a casa.
Aunque es libre, es una decisión que ahora lamenta.
“Siento que fuimos conejillos de indias”, señala. “La gente hace cualquier cosa con tal de salir de allá”.
Cerca del 90% de la población de Sparta es blanca, políticamente conservadora, y una mayoría asiste a la iglesia con regularidad.
En su oficina, una mañana antes de que empezaran las actividades en la corte, Sam Benningfield expresó su desconcierto por la cantidad de atención y críticas que ha recibido.
Fue una verdadera y total sorpresa para mí”, dijo. “Nadie levantó ni una ceja hasta que me clavaron las cámaras en la cara”.
Las personas que terminan en la sala del juzgado de Benningfield generalmente están allí acusadas de delitos menores que van desde posesión de drogas y la conducción bajo los efectos del alcohol, hasta robos de menos de $1,000 dólares o no haber pagado la manutención de los hijos.
La pena máxima que puede dictar es de 11 meses y 29 días.
Una orden controversial
Según Benningfield, el programa empezó cuando el departamento de Salud del estado se le acercó para hablar sobre una clase de dos días enfocada a los efectos del consumo de drogas en los fetos.
Para atraer la participación de los reclusos, cualquiera que se inscribiera iba a tener dos días descontados de su sentencia.
(Una vocera del departamento de Salud indicó que sus empleados se habían asociado con el Condado White para las clases, pero negó que se hayan involucrado en el desarrollo de cualquier política. El departamento se rehusó a comentar cuando se le preguntó si sus empleados habían administrado los implantes).
Benningfield creyó que el siguiente paso lógico sería incentivar a los reclusos a optar por los servicios de control reproductivo. Por eso decidió redactar la orden.
Comparó la medida con tener días descontados por recoger basura de la autopista o por acordar convertirse en un informante confidencial para la implementación de la ley.
“Se me ocurrió que muchas de las mujeres que había encarcelado eran las mismas a quienes tenía que retirarles a sus hijos como juez de menores porque habían nacido adictos a las drogas”, escribió en un comunicado.
Cuando la noticia empezó a llamar la atención mediática, Benningfield dice que le causó un shock la idea de que un recluso se habría sometido a una vasectomía con el único objetivo de tener 30 días descontados de su pena carcelaria.
Redactó un nuevo documento para que los presos dejaran claro que no firmaban el certificado solo para tener una reducción de la pena.
Pero para ese momento, la crítica al programa había crecido al punto de alcanzar a otros jueces locales, la fiscalía distrital y los legisladores del estado de Tennessee.
Seis semanas después, el juez canceló la orden por completo. De acuerdo con funcionarios del condado, ninguna de las vasectomías se llegó a hacer.
Los niños
El juez insiste en que su intención no es controlar quién se reproduce en el Condado White, sino prevenir que los niños nazcan enfermos.
“Mi preocupación número uno son los niños”, indica. “Para mí, mucho de la controversia empezó cuando se comenzó a usar la palabra esterilización. Nunca se trató de eso, nunca fue algo forzado”.
En un punto de la entrevista, saca una pila de sobres de su escritorio. Son cartas que recibió a propósito del programa.
“Usted es mi héroe”, escribió una persona mientras que otra le dijo: “Tenga la seguridad de que la mayoría de los White Countians apreciamos su esfuerzo, pero muchos somos forzados a usar una mordaza. Irónico ¿no? Somos los oprimidos”.
Y otra le escribió: “Su muy considerada práctica de ofrecerles una sentencia reducida a los criminales es brillante y adelantada a su tiempo. Los criminales son las últimas personas sobre la Tierra que se deberían multiplicar”.
Una oportunidad
Kristi Seibers no tiene hijos ni una larga lista de cargos relacionados con drogas.
Cuando entró en la cárcel del Condado White en febrero por haber incumplido el beneficio de libertad condicional que se le había otorgado, se trataba de la primera vez que era encarcelada.
Usualmente recibía, como método de control de natalidad, una inyección gratuita de Depo-Provera en el departamento de Salud, cada seis meses, pero cuando supo que podía ir a casa un mes antes si permitía que se le insertara el implante, no dejó pasar esa oportunidad.
Los efectos secundarios, cuenta, comenzaron casi inmediatamente: un periodo que duró dos meses, una infección vaginal, aumento de peso y cólicos.
Y, asegura, nunca le dieron los 30 días.
“La única razón por la cual lo hice es porque me prometieron menos días. De esa manera podía ir a casa”, dice. “No creo que haya sido correcto”.
De las seis reclusas (que se inscribieron en el programa) con las que la BBC habló, solo una expresó un poco de interés en los beneficios potenciales para la salud y la planificación familiar de los servicios de control de natalidad gratuitos.
En ese caso en particular, la mujer sufre de endometriosis, una condición uterina dolorosa que puede causar infertilidad.
El resto dijo que su única preocupación era salir tan pronto como fuera posible.
“Engaño”
Esa prisión está al borde de perder su certificación a manos de las autoridades estatales por su hacinamiento crónico. Varias personas la han descrito como un lugar sucio y desagradable.
“El consentimiento voluntario no es consentimiento en absoluto si está contaminado con la coerción del gobierno”, indicó Mario William, un abogado que vela por los derechos civiles de los exreclusos. “En realidad están engañando a gente vulnerable”.
Tres mujeres le dijeron a la BBC que querían que les sacaran los implantes, pero que al expresar ese deseo les dijeron que tenían que esperar 60 días o que la remoción les costaría $250 dólares.
Hubo presos que no tenían historiales de abuso de drogas que se registraron en el programa, lo cual, asegura Williams, prueba que el condado estaba interesado en prevenir que los ex reclusos procrearan y no sólo en proteger a los bebés de problemas de salud.
Los abogados de Christel Ward, una ex presidiaria, escribieron que a ella no se le dieron los 30 días libres porque su caso se originó en una corte criminal y no en las sesiones generales del juez Benningfield.
Independientemente del hecho de que Ward y Seibers no eran elegibles para una salida anticipada, las demandas argumentan que las autoridades les ofrecieron participar en el programa.
“No vamos a parar hasta que un juez declare esto inconstitucional”, indicó Williams, quien dice que representa a 16 exreclusas y que el número total se podría duplicar.
Las fechas
En la demanda de Ward hay un detalle que parece ser clave: la mujer le mostró a la BBC una copia de una tarjeta del tamaño de una billetera. Ella asegura que una tarjeta como esa le fue entregada a las presas después de que les insertaran el implante de Nexplanon.
La fecha en que se hizo el implante, según muestra ese documento, fue el 5 de mayo, 10 días antes de que el juez Benningfield emitiera la orden fechada el 15 de mayo.
No está claro si los empleados del condado administraron una especie de versión ad hoc del programa antes de la orden del juez y si eso sucedió, por cuánto tiempo lo hicieron.
La demanda señala que el sheriff Oddie Shoupe, y no el juez Benningfield, es el verdadero creador del programa y que el juez creó la orden por pedido de Shoupe.
El sheriff no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista y el juez se rehusó a hacer comentarios después de que se introdujo la demanda.
El caso de Ward es sólo el primero de lo que Williams dice que será una serie de demandas contra el condado, incluyendo las demandas de quienes fueron “castigados” por no inscribirse en el programa de control de natalidad.
Hacer justicia en el condado White es la única manera, de acuerdo con el abogado, para que se evite que un programa de este tipo de expanda a otras cárceles.
“Diferente”
Seibers quiere su implante afuera de su cuerpo tan pronto como sea posible, aunque no tiene claro cómo pagará por ese procedimiento.
Desde que volvió a casa, la mujer de 30 años consiguió un empleo y ayuda a su novio a pagar la renta y las cuentas.
Pero se siente diferente. Dice que su deseo sexual se ha ido y que su novio sufre las consecuencias.
Siente que el condado la engañó.
“Estoy deprimida”, dice.
Pero espera que toda la atención mediática que lo sucedido en el Condado White traiga también cambios en la manera en que los reclusos son tratados.
“Tengo grandes esperanzas”, señala.
*Este artículo es una adaptación del reportaje de la periodista Jessica Lussenhop publicado en inglés: ‘We were guinea pigs’:
/eldiariony.com/2017/08/21/fuimos-conejillos-de-indias-los-metodos-anticonceptivos-utilizados-en-reclusos-que-generan-controversia-en-eeuu/
