En México, el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en aumento. Esto indica dos cosas: que cada vez más mujeres se apoyan en las dinámicas del narcotráfico como opción laboral para subsistir, pero también que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres que ingresaron en 2014 por delitos de narcomenudeo fueron 940; en 2015, fueron 1,617 mujeres; y en 2016 se registraron los ingresos de 1,911 mujeres.
Se observa, por tanto, que la tendencia en la persecución de estos delitos ha ido al alza para las mujeres, mostrando una tasa de crecimiento del 72% para el 2015 y un incremento del 103,3% en los últimos dos años.
Además de la falta de perspectiva de género, existen pocos datos sobre las características de la población penitenciaria de mujeres.
Desde EQUIS Justicia para las Mujeres se realizan solicitudes de información sobre las características de las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, con el fin de realizar un análisis interseccional de los datos. Las respuestas arrojaron tres resultados importantes de mencionar: 1.No hay suficiente información; 2. No hay interés para recabarla y 3. No hay recursos para hacer este levantamiento de información.
En cuanto a la información sobre las características de la población penitenciaria de mujeres que cumplen una pena por delitos de drogas se encontró que sólo 18.5 por ciento de los estados y la federación señalaron contar con 79 mujeres indígenas, 34.6 por ciento de los estados y la federación indicaron que existían 68 mujeres extranjeras, y por último, 11.5 por ciento de los estados mencionaron contar entre su población por delitos contra la salud con 24 mujeres con discapacidad.
Esta información parecería mostrar que existe un subregistro de las poblaciones, lo que resulta preocupante por la obligación del Estado de crear políticas públicas para proteger a éstas, ya que si no se cuenta con datos, el diseño es deficiente.
En cuanto a la falta de interés de la autoridad en recabar información para comprender un problema público, esto fue evidente cuando se solicitó información sobre la comunidad LGBTI, y se recibieron respuestas como la de Tamaulipas, cuya autoridad penitenciaria indicó que los datos de esta población son “irrelevantes para el expediente jurídico o administrativo de las personas privadas de su libertad”.
Y por último, sobre la falta de asignación de recursos para recabar la información. Se encontraron respuestas como las de Durango, cuya autoridad penitenciaria indicó que se dificultaba “la detección de internos que cumplan con estas características, por falta de recursos.” Hecho que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones para adoptar políticas públicas que protejan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Texto original: http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
http://antesdeeva.com/drogas-y-mujeres-prisiones/
