... Para aprender, a crecer y convertirse en un adulto saludable y exitoso, los niños deben tener un mundo donde se sientan contentos y seguros de sí mismos. La violencia doméstica no sólo les roba la confianza en sí mismos dificultando la posibilidad de llegar a ser exitoso y obtener mejores oportunidades en la vida, si no que los pueden dejar traumatizados.
....Los lactantes y los niños pequeños que son testigos de la violencia en sus hogares generalmente tiene irritabilidad excesiva, conducta inmadura que no mejora, problemas del sueño, angustia emocional, temor de estar solos y regresiones para ir al baño, caminar y/o hablar. Los niños en edad preescolar pueden desarrollar enuresis (orinar la cama) y problemas del habla, como tartamudez. La exposición al trauma, sobre todo la violencia en la familia, interfieren con el desarrollo normal del niño, de la confianza en sí, y los comportamientos de exploración, que son parte del desarrollo de la autonomía y la personalidad del niño.
....Más de la mitad de los hombres que maltratan a sus mujeres, también maltratan a sus hijos. Los niños a menudo sufren directamente. Los hombres que golpean a sus esposas también golpean con frecuencia a sus hijos. La violencia o la amenaza de la violencia para los niños se utiliza a menudo para controlar a la madre maltratada. Del 30% al 60% de estos hogares violentos, los niños también son maltratados y abusados. El niño puede ser abusado por la madre, su pareja que no es el padre, abusado por el padre, por un hermano que está celoso o imita a los padres, o por un pariente, maestro, o proveedor de cuidados..Las relaciones abusivas también son sumamente nocivas para los niños, aunque sólo sean testigos. Los niños que presencian actos de violencia doméstica sufren consecuencias a largo plazo..Muchos estudios han demostrado que los niños que crecen presenciando estas situaciones de violencia y abuso en sus hogares, ellos sufren de abuso emocional, tienen problemas de comportamiento y de aprendizaje, también tienen mayor riesgo de padecer depresión, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, y constantemente se quejan de dolores corporales, de estómago y de cabeza. A menudo, en la escuela y en el patio de recreo, van a mostrar actitudes agresivas y la violencia que mostraran será en la medida del comportamiento agresivo del que son testigos en el hogar. Detrás de todos estos "síntomas" de la violencia en el hogar, los niños también tendrán respuestas emocionales, es decir, a menudo mostrarán ira, terror intenso, miedo de morir, o temor a la pérdida de su padre, madre o familiar. Los niños pueden tener sentimientos de ira, culpa, o sentir equivocadamente el que ellos, son responsables de los actos violentos, lo que puede alterar su desarrollo emocional y social..El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños, que la violencia es una forma normal de vida y aumenta su riesgo de formar parte de la relación violenta de los adultos, ya sea como abusadores o como víctimas. Los niños a menudo creen que ellos de alguna manera son la causa de la violencia en el hogar.Usted puede ayudar a sus hijos asegurándoles que ellos son amados y que no ha incurrido en falta. Los niños necesitan sentir que están protegidos y seguros. Salirse de una relación abusiva, es una forma de enseñarles con el ejemplo, el que la violencia está mal y se debe evitar ".
,,,,Buscar ayuda es la mejor manera de protegerse, salvar a sus hijos y a usted de una relación abusiva.
Adriana Giorgetti
"las acciones son mucho mas sinceras que las palabras"..... ( Scuderi)
17 de mayo de 2012
16 de mayo de 2012
Casta de Nepal atrapada entre meretricio hereditario y violencia.
Rehabilitar a las trabajadoras sexuales de Nepal exige esfuerzos especiales dirigidos a la casta hindú badi, durante siglos asociada al esparcimiento y la prostitución en esta exmonarquía.
Sabitri Nepali se inició en la obligada tradición de los badis antes de cumplir 14 años. Ahora tiene 30 y la desconciertan los cambios de este país asiático de reciente pasado feudal y en vías de convertirse en una república democrática moderna.
"Varias generaciones de mi familia sobrevivieron gracias a esta actividad. Mi madre era trabajadora sexual y yo continué con la profesión familiar. Para nosotras era normal", dijo Nepali a IPS en la aislada aldea de Muda, 700 kilómetros al oeste de Katmandú.
Los badis, que suman unas 50.000 personas, viven en zonas del oeste de Nepal y encuentran trabajo en poblados y ciudades de este país, como Katmandú, y de India, como Mumbai y Nueva Delhi.
Hace cuatro años, el gobierno de Nepal prohibió a las badis dedicarse a su ocupación tradicional, bajo presión de comunidades locales temerosas de que las áreas con gran población de esa casta se convirtieran en zonas rojas.
Pero el gobierno no dio ningún paso para implementar la prohibición. El resultado fue la creación de patrullas comunitarias que obligan a las badis, mediante la violencia, a abandonar su medio de vida.
"Desafiamos la prohibición y continuamos con nuestra ocupación tradicional. ¿Cómo podemos sobrevivir sin ingresos? Piensen en nuestros hijos", dijo Kalpana Badi, de 35 años, quien apela a la práctica común de usar un apellido que la identifica de inmediato con su casta y su oficio.
La palabra "badi" procede del sánscrito "vadyabadak", que significa persona que toca un instrumento musical y sugiere que el estatus de la casta se fue degradando con el paso del tiempo.
El rígido sistema hindú de castas de Asia meridional definía la posición y la ocupación de cada persona. Los badis no han podido escapar de ese determinismo que los colocó en un lugar desfavorable de la escala social.
"No queríamos continuar con la prostitución, pero el gobierno no cumplió sus promesas de rehabilitación", dijo Bishal Nepali, esposo de una trabajadora sexual badi.
Las autoridades habían anunciado un programa que incluía vivienda, actividades remuneradas y becas de estudio para niñas y niños, pero nunca lo implementaron.
"Ha sido un proceso muy frustrante. No sabemos a qué se debe la indiferencia del gobierno. Los badis estamos en una situación desesperada", dijo Uma Badi, destacada activista y una de las pocas mujeres de su comunidad que obtuvieron educación universitaria.
"La mayoría de los badis no tienen educación y tampoco tierras ni animales", explicó.
De hecho, se les negó la ciudadanía hasta 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó que se les concediera y se les facilitara apoyo económico.
Según un estudio publicado en 1992 por Thomas Cox, un antropólogo entonces adjunto a la Universidad Tribhuvan de Katmandú, las niñas badis "desde su primera infancia saben, y en general aceptan, que las espera una vida de prostitución".
Según esa investigación, las muchachas badis no se casaban y era común que tuvieran hijos concebidos con sus clientes.
Cox registró que las castas superiores de la sociedad nepalesa no alentaban a las niñas badis a buscar otras ocupaciones. Aquellas que lograban ingresar a las escuelas públicas "a menudo son duramente acosadas por estudiantes de castas altas", sostenía ese trabajo.
Dos décadas después del estudio de Cox, los badis, parte de los dalits (intocables o descastados), tienen vedado hasta usar la bomba de agua o el pozo de su aldea, y es posible que su situación haya empeorado.
En la aldea de Muda, muchas niñas y mujeres huyeron de sus hogares por temor al Muda Anugaman Toli Samiti, una de esas patrullas ilegales acusadas de golpear a las badis y a sus clientes.
A un badi tampoco se le permite administrar negocios legítimos. "La gente tiene miedo de comprar cualquier cosa en mi comercio por temor a los aldeanos (de la patrulla). ¿Cómo podemos vivir así?", dijo Dinesh Nepali, un hombre badi que posee una pequeña tienda de cigarrillos, verduras y gaseosas.
Los activistas badis son conscientes de que los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio están dirigidos a ellos, en especial los relativos a los derechos de las mujeres, la educación y la pobreza. Pero también saben que superar la marginación exige iniciativas firmes y extraordinarias.
"Un puñado de organizaciones no gubernamentales y agencias donantes apoyan el empoderamiento de las mujeres badis, pero esto no es sostenible. Los proyectos van y vienen, y solo el respaldo del gobierno puede brindar una solución a largo plazo", dijo Uma Badi.
Al finalizar la sangrienta guerra civil de Nepal (1996-2006), se esperaba que la abolición de la monarquía y la adopción de la democracia republicana condujeran a cambios positivos para los badis. Pero la inestabilidad política todavía persiste en el país.
"En los últimos años me reuní con tres primeros ministros. Todos prometen apoyo, pero se olvidan de nosotros apenas volvemos a nuestras aldeas", dijo Uma Badi.
En 2007, activistas badis amenazaron con marchar desnudos por Katmandú para desafiar al gobierno por no llevar a la práctica la rehabilitación ordenada por la justicia. Pero no consiguieron más que nuevas promesas.
Las patrullas comunitarias admiten que el gobierno no cumple su obligación de asistir la rehabilitación de los badis.
"Tratamos de ayudar a las mujeres badis a iniciar una vida nueva y digna, pero admitimos que no hay alternativas viables", dijo Riddha Bhandari, líder de Muda Anugaman Toli Samiti. "El gobierno debe actuar ya".
Bhandari negó que su patrulla intente destruir a los badis, y alegó que les preocupa la influencia de la casta en adolescentes ajenas a esa comunidad y la posible propagación del virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
Naresh Newar
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100698
Del cielo al infierno en un día.
La gente pasa, las mira, las ignora, las critica, "las ocupa", ellas continúan paradas o recargadas en una pared, o paseando sobre la banqueta, con sus faldas cortas, sus botas largas, sus tacones altos, sus vestidos ceñidos a su cuerpo, a veces tan pequeño todavía por desarrollarse. Sus historias son iguales, semejantes o diferentes, pero cada una tiene la propia que coincide en el maltrato, en la obligación, en la explotación. Las llaman putas, prostis, pirujas, son personas de carne y hueso que todos los días luchan por mantenerse vivas. A nadie les preocupa. Son parte del paisaje urbano.
Vigiladas por su proxeneta, por los cómplices de él, o por otra mujer que pasa o pasó por lo mismo. Sus caras reflejan tristeza, impotencia y dolor, sobre todo después de los 20 o más servicios que llegan a hacer al día por 150 pesos, dinero que sólo pasa por sus manos, que nunca se queda en ellas.
Niñas, niños, adolescentes y mujeres de diferentes edades son expuestas al comercio sexual. Miles pasan a su lado, algunos contratan sus servicios, otros las desprecian y otros más las explotan, pero todos (as) las miran como parte del escenario de la ciudad. La diputada Rosi Orozco en su libro Del cielo al infierno en un día*, cuenta la historia desgarradora de seis mujeres que fueron rescatadas de las garras de la trata y la explotación sexual, quienes nunca imaginaron que en un instante sus sueños quedarían en el olvido y su vida cambiaría radicalmente.
Rosi Orozco y la periodista Evangelina Hernández, autoras del libro se cuestionan: "Cuando ha visto a una mujer parada en la esquina de la calle, ¿ha pensado que quizá esta siendo obligada a vender su cuerpo? ¿Sabe que la mayoría de las veces un tratante se queda con el dinero que ella gana y la tiene sometida a la exclavitud sexual? ¿Sabe que quizá esa chica fue arrancada de la familia, vive litealmente secuestrada, obligada a pagar por su vida con la cuota diaria producto de su explotación sexual? ¿Sabe que niñas, niños, jóvenes y mujeres son blanco de este delito?
El libro aborda el tema de la trata y explotación de personas que cada vez toma más fuerza, "hay un tipo de secuestro en el que las víctimas son forzadas a prostituirse para pagar su derecho a vivir". Es la nueva esclavitud de nuestra época.
La ley dice que comete el delito de trata de personas quien, por cualquier medio, consiga, capte, traslade o transporte, entregue o reciba, para si o para un tercero a una o varias personas, con fines de explotación sometiéndolas a: trabajos o servicios forzados, explotación sexual, explotación laboral, esclavitud o servidumbre, extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Las escritoras señalan que es cierto que en algunas ocasiones "las víctimas son secuestradas con violencia" como le ocurrió a Mariel, una mujer salvadoreña, quien al viajar en la "Bestia" (tren en el que se trasportan los migrantes del sureste al norte del país con el fin de llegar a Estados Unidos) fue privada de su libertad por un grupo de la delincuencia organizada; violada y obligada a hacer diversos trabajos denigrantes.
"Pero la mayoría de las veces son ellas mismas las que caminan paso a paso sin darse cuenta hacia la trampa. Esta forma de reclutamiento es una de las muchas estrategias que utilizan los tratantes, porque así encadenan a las víctimas con sentimientos de culpa, diciéndoles: estás aquí por tu propia voluntad, nadie te obligó; tienes lo que querías; la podredumbre proviene de ti."
Ellos saben su trabajo, cómo enganchar y cómo atraparlas en sus redes. "Las víctimas caen en una profunda depresión y no se atreven a pedir ayuda. Se creen culpables y sucias, cuando en realidad sólo estaban en busca de los más legítimos derechos de un ser humano. Sólo anhelaban amor, éxito, aceptación, libertad, prosperidad y una vida digna".
Víctimas de violencia intrafamiliar, ven que alguien le ofrece el cariño del que se encuentran carentes, así como les bajan la luna y las estrellas y caen redonditas sin imaginarse lo que les espera: después de vivir un tórrido romance Marcela creía que había encontrado la felicidad junto a Pedro, el hombre de su vida. "¿Te gustaria trabajar en un table dance? Le preguntó él; nunca pensé que esto se iba a hacer realidad, que sí me iba a explotar en la prostitución".
Cada una de las protagonistas va describiendo su historia y la forma como las conquistaron o como llegaron, cómo al principio sutilmente y con "mucho amor" las fueron preparando en el ejercicio de la prostitución, para luego obligarlas con amenazas y golpes. "Pedro me dijo: si me quieres, lo vas a hacer para que pronto nos podamos comprar nuestra casa; yo sé que tú puedes hacerlo y así me darías una gran prueba de amor. No me pude negar. Lo amaba y se lo tenía que demostrar". "Esa noche el cuerpo de Marcela fue expuesto a más de veinte relaciones sexuales. Quienes organizaban el negocio tenían todo muy bien coordinado. Entraba un hombre a la habitación y salía otro. Después seguía otro y otro y otro más".
Claudia se encontró con Omar, un hombre de Tlaxcala, quien también la vio desvalida, la atrapó con su labia, con su "amor", hasta convencerla primero y después obligarla. En el libro se explica: "La personalidad y la forma de operar de los tratantes de Tenancingo, Tlaxcala, donde Omar nació y creció, ha sido denunciada por la organización no gubernamental Fray Julián Garcés. En sus señalamientos han advertido a las autoridades estatales y federales que la trata de personas y la explotación sexual de mujeres son una práctica común en la región. Con el apoyo de antropólogos sociales documentaron que enamorar a las víctimas, llevárselas a vivir con ellos y luego inducirlas al negocio de la prostitución es el método que desde hace décadas utilizan los hombres que se dedican a ese negocio ilícito en la entidad". Pero nadie hace nada.
No se conoce el número exacto de víctimas de la explotación sexual. Sin embargo, se sabe que el mercado de mujeres, niños, niñas y adolescentes reresenta una industria miltimillonaria. En el libro se señala que en el 2010 este delito ocupó el tercer lugar a nivel mundial, sólo después del tráfico de armas y el narcotráfico, dentro de los negocios ilícitos más redituables.
Explica que "la cifra estimada por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito indica que se tienen ganacias mundiales por 32 mil millones de dólares anuales por la trata de personas y la esclavitud sexual.
"Según la Unicef un millón de niños y niñas son reclutados anualmente para esta industria ilícita.
"En México las cifras en el año 2000 emitidas por la Unicef y el DIF indican que existían entonces de 16 mil a 20 mil niñas, niños y adolescentes en explotación sexual comercial.
"La explotación sexual comercial afecta cada año a millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. Es un cáncer individual, familiar y social que lastima, aniquila y asesina a las víctimas.
"En más de 160 países se lleva a cabo el delito de trata de personas, ya sea como lugar de origen, tránsito o destino de las víctimas. Desgraciadamente México tiene las tres variantes: origen, tránsito y destino.
"La impunidad sigue siendo alarmante. En 2006, por cada 800 víctimas rescatadas se condenó a un solo victimario".
En el libro se asegura que "si no hubiera clientes, el mercado sexual no existiría. Los verdaderos responsables de este negocio son los consumidores; quienes compran pornografía, quienes asisten a centros nocturnos como los llamados table dance, o similares, quienes contratan a mujeres para que se prostituyan... si ellos no estuviesen dispuestos a dar dinero fresco todos los días a los comerciantes de giros negros, prostitución y trata de personas, el negocio no existiría".
El comercio sexual ocurre a plena luz del día y los habitantes de las ciudades nos hemos acostumbrado a verlo, a criticarlo; es necesario cambiar nuestra mentalidad para evitar comentarios como: "ay mira esa niña tan joven y ya se prostituye", cuando esa niña está gritando por dentro "¡por favor ayúdenme!", porque a pesar de que sea increíble, le da vergüenza, lo sufre.
Las autoras señalan que la cadena tiene muchos eslabones. Si no hacemos algo por romperla, nunca se terminará. "Con inusitada frecuencia el niño, niña o mujer que vivió años de esclavitud sexual, genera tanto rencor, resentimiento y frialdad que continúan el modelo enganchando a otros pequeños o mujeres para que caigan en la misma esclavitud. Si no los rescatamos y rehabilitamos, serán los próximos tratantes o proxenetas. La mayoría de las víctimas terminan siendo adictas y algunas aun ya rescatadas, caen en profundos estados de depresión, otras se vuelven extremadamente violentas".
La diputada Rosi Orozco señala: "En mi caso, sé que corro peligro porque estoy tocando intereses económicos muy fuertes. Pero he decidido no guardar silencio cuando detecto una injusticia en el gobierno o en cualquier funcionario; cueste lo que cueste, las mujeres, los jóvenes, niños y niñas secuestradas para el comercio sexual merecen recibir apoyo y protección, no sólo de la ley sino de la sociedad. No se puede ni debe ignorar la existencia de este delito".
Comenta que tiene la esperanza de que este libro "toque el corazón de cada juez, de cada Ministerio Público, de cada autoridad competente y de cada persona de la sociedad civil para que nos unamos al esfuerzo de combatir el delito de la trata de personas, esclavitud y explotación. Porque nunca debemos de olvidar que cualquiera de esas mujeres secuestradas por una red de explotación sexual, podría ser nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra hermana o nuestra hija".
Lo que se obtenga por la venta Del cielo al infierno en un día, se donará para ayudar a las mujeres rescatadas de la trata y explotación sexual y para seguir apoyando y luchando porque sean más las que logren abandonar esa vida.
Por Rosi Orozco y Evangelina Hernández, Del
cielo al infierno en un día, editorial Diamante, México, 176
pp.
Fuente: Mujeres en Net
2 de mayo de 2012
Las modernas esclavas de Oriente.
En casi toda la región, los inmigrantes están excluidos de las legislaciones laborales
Al menos una trabajadora se suicida a la semana en Líbano
A Lisa, una etíope de 27 años, su patrona le apuñaló por la espalda. "Comenzó a pegarme al poco de llegar", musita mientras tiembla visiblemente. "Nunca estaba conforme con mi trabajo, que era limpiar, atender a sus hijos, hacer la compra, planchar y cocinar… en su casa y en la de su madre. Trabajaba 17 horas seguidas, apenas dormía. Un día me encontró hablando con otra etíope, pensó que me estaba quejando y me apuñaló. Fui a denunciarla, pero la policía me dijo que regresara o que me detendrían por huir de mi trabajo".
Lisa muestra una cicatriz de cuatro centímetros sobre el omoplato izquierdo antes de seguir su relato. Las heridas de Judith, de 19 años, son mentales. "En la primera casa donde me contrataron, el patrón intentó violarme. Me amenazaba con un cuchillo, me tenía encerrada. Huí y fui a la embajada, donde me buscaron otra casa. Allí había otra chica etíope. Yo estaba angustiada, apenas tenía fuerzas, y el patrón se enfadó porque decía haber contratado a una enferma", explica entre sollozos. "Un día me desmayé. Me agarró del pelo y me arrastró por la casa. Cuando me soltó me caí y su mujer e hijos me echaron agua para despertarme. Uno me empujó hasta el balcón: pensé que me iba a tirar. Alguien gritó desde abajo, y me hicieron entrar. Me golpearon hasta que el suelo se llenó de sangre. Tenía la cara tan hinchada que pensaron que estaba muerta, y me metieron en un congelador industrial que cerraron con llave. Estuve allí media hora, en lo que creí que sería mi ataúd. Luego me sacaron, me dieron una pastilla de jabón y me conminaron a lavarme y ponerme a trabajar. La otra chica me dio ropa y me animó a escapar. Lo hice esa misma noche".
El alto número de huidas y suicidios demuestran que el trato con los trabajadores domésticos africanos y asiáticos que buscan un sueldo en Oriente Próximo está más cerca de la esclavitud que de una relación laboral normal. En casi toda la región, los inmigrantes son excluidos de las legislaciones laborales de los países de acogida, donde un buen número son sometidos a abusos de todo tipo, desde explotación –jornadas de 15 y 17 horas, sin día libre por semana, a cambio de sueldos que no superan los 200 dólares mensuales- hasta malos tratos físicos, psíquicos y en ocasiones sexuales.
Un buen ejemplo es el Líbano. En octubre, ocho mujeres fallecieron en presuntos suicidios confirmando que el informe de Human Rights Watch de 2008 según el cual al menos una trabajadora se quita la vida cada semana en el país, sigue vigente.
Racismo hacia el tercer mundo
La estadística se cumple con escalofriante puntualidad, aunque no hay cifras oficiales ni apenas menciones en la prensa local. Al Gobierno no le interesan los inmigrantes del tercer mundo, ni tampoco a muchos de sus ciudadanos. Para el libanés Wissam S., autor de Suicidios Etíopes, un blog destinado a informar y a sensibilizar sobre el trato inhumano hacia los inmigrantes, se trata de racismo. "Los libaneses, y seguramente los árabes, tenemos complejo de inferioridad hacia Occidente y de superioridad hacia el Tercer Mundo", lamenta. "En todas las comunidades hay abusos, pero en la nuestra el Estado no hace nada, y esto se parece cada vez más al tráfico humano".
Más de 200.000 asistentas se afanan en el Líbano sin ninguna protección legal. Nada más aterrizar, las agencias que las contratan les retienen sus pasaportes, les asignadas una casa y de su suerte depende el ser sometidas o no a abusos. Es habitual que sean encerradas e impagadas. "Piensan que si les pagan cada mes escaparán", explica Salam H., "así que no les pagan". Pese a ello, miles siguen viajando, a menudo ilegalmente, hasta Oriente Próximo con la esperanza de poder enviar dinero a sus países de origen.
Tras 14 años escuchando desgracias, a Salam H. no se le ha endurecido el carácter. Sigue viendo en cada rostro magullado su propio rostro, en cada humillación su propio orgullo vulnerado y en cada vejación los cinco años de abusos que ella sufrió cuando, con 17 años, aterrizó en el Líbano desde Eritrea. Cinco años de los que sacó 12 euros, papeles legales, algunas heridas y una misión vital: hacer lo imposible para que otras mujeres no pasen por lo mismo.
Red clandestina
"La religión me salvó, si no me habría vuelto loca o me habría suicidado", explica esta joven, hoy pastor de una pequeña comunidad protestante que aúna a 400 etíopes y eritreas en el sector cristiano de Ashrafiyeh, al este de Beirut, y que se ha convertido en una red secreta de ayuda a las víctimas de abusos. "El primer consejo es ‘huye’. Una vez que ha huido, nos ocupamos de que tenga qué comer, dónde dormir y de buscarle un trabajo para empezar de nuevo".
Entre la comunidad etíope del Líbano –unas 26.000 mujeres, pese a que Addis Abeba rompió hace dos años el tráfico de ciudadanos con Beirut ante la avalancha de denuncias y un centenar de suicidios desde 1999- se ha extendido una voz. En Ashrafiyeh hay gente que ayuda a cambio de nada. De ahí que muchas huyan de otros puntos del Líbano con el barrio cristiano de la capital como destino. Allí las más veteranas, lideradas por Salam, aprovechan las salidas para hacer la compra, buscar a los críos o limpiar el coche de sus patrones para observar a sus compañeras de infortunio. "Si veo a alguna chica llorar, es que tiene problemas en casa. Si va cargada con bolsas de ropa, sé que está intentando huir. Me acerco y le ofrezco ayuda. Si ha escapado, le acompaño hasta una de nuestras ‘casas seguras’, le doy ropa, comida y le asigno un colchón", explica Sarah, etíope de 25 años con siete de experiencia en el Líbano. "Si me pregunta la policía, miento y digo que no sé nada del asunto".
Sarah pasó el primer año encerrada con llave. Su patrona temía que huyera. Lo terminó haciendo dos años después, y dio con la comunidad protestante de Salam. Ahora, junto a su hermana destina parte de su sueldo para pagar el alquiler de un apartamento donde las jóvenes huidas pueden cobijarse.
Salam admite que ya tienen casi 20 pisos distribuidos en Beirut, cada uno con entre 15 y 30 chicas, según el tamaño. Todo es clandestino. En el barrio, nadie sabe que Salam es, en realidad, líder de una comunidad religiosa. "Siempre que me preguntan les digo que soy limpiadora. Si me detiene la policía les enseño mis papeles y les explico que acabo de llegar al Líbano y que apenas sé árabe", explica entre risas. En realidad, ahora su trabajo consiste en atender su móvil, donde cada día recibe una media de 10 llamadas de chicas que buscan ayuda, y recibir a víctimas en su improvisada oficina, en un destartalado edificio. "En estos 14 años he conocido a 200 chicas que se han suicidado. Y en el 70% de los casos, hay abusos sexuales detrás", añade. Denunciar en comisaría es inviable: una denuncia por huida de los patrones convierte a la víctima en delincuente. Las víctimas de abusos terminan en centros para inmigrantes similares a prisiones donde pueden llegar a pasar hasta dos años sin cargos en su contra.
¿Tráfico humano?
No es un problema que se desconozca, sino una realidad que a casi nadie le importa. En 2000, el Departamento de Estado de EEUU incluyó al Líbano en la lista de países que fallan a la hora de evitar el tráfico humano y que deben ser vigilados por ello, un triste cambio a peor. Parte del debate es si considerar la explotación como tráfico humano. "Considerarlo tráfico es muy difícil por la definición impuesta por la ONU, pero siempre hay tres componentes: reclutamiento, engaño y coacción, y explotación. Eso sí es tráfico humano", afirma Ghada Jabbour, miembro de la ONG libanesa KAFA.
Como Ghada, otros muchos libaneses denuncian una realidad que les avergüenza. Es el caso de Wissam, el abogado experto en Derechos Humanos que gestiona Suicidios Etíopes. O los miembros locales de Caritas Internacional, la única institución que dispone de ‘casas seguras’ para albergar a trabajadores que han huido tras recibir abusos. "Tenemos tres casas, una para víctimas del tráfico humano y otras dos para quienes se han quedado sin refugio", explica Najla Chahda, responsable local de la ONG. En total, más de un centenar de mujeres se hacinan en los apartamentos de Caritas. "El Gobierno libanés ha firmado el memorando de protección para evitar el tráfico humano, pero eso no ha implicado ningún cambio. Aún tiene mucho por hacer", continúa Shahda.
Para Jabbour, la ausencia de compromiso responde a motivos económicos. "Cada año se recaudan millones de dólares gracias a los trabajadores domésticos que llegan al Líbano. Tasas de residencia, impuestos y visados que se recaban del trabajador y del empleador… El Gobierno se lleva mucho dinero en el proceso de regulación y hay muchas comisiones. También hay políticos involucrados, por lo que es muy difícil hacer leyes para proteger a esas mujeres".
Desde Irak a Arabia Saudí, un largo historial de abusos
La tragedia de las trabajadoras en el Líbano, una suerte de moderna esclavitud, es algo común en Oriente Próximo. HRW ha denunciado en varios informes a los gobiernos de la región por "exponer a sus trabajadores domésticos a abusos que van desde negar un día de descanso por semana hasta no limitar las horas de trabajo, coartar la su libertad de movimientos y otros derechos básicos".
Las denuncias incluyen jornadas de trabajo desproporcionadas, exclusión del descanso dominical, confinamiento, secuestro de pasaportes, privación de comida, abusos físicos y verbales, cuando no sexuales, y trabajo forzado.
Los Gobiernos que acogen a los emigrantes no asumen ninguna responsabilidad hacia ellos: su legislación laboral, en los casos de Líbano, Emiratos, Kuwait y Arabia Saudí, no incluyen a los extranjeros, por lo que éstos no tienen derecho a denunciar los abusos.
En Arabia Saudí, donde un millón y medio de mujeres de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y otros países asiáticos trabajan como empleadas domésticas, HRW ha documentado abusos que van desde el impago de salarios hasta el secuestro literal de los trabajadores.
En Emiratos, las autoridades calculan que hay 600.000 extranjeros, en su mayoría de Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas, a los que habría que sumar los que llegan al país de forma ilegal. Las leyes de EAU excluyen a las sirvientas de la ley de protección de trabajadores extranjeros, además los emiratos no ha firmado la Convención de la ONU para la protección de derechos de trabajadores emigrados. Especialmente escandaloso ha sido el caso de miles de trabajadores asiáticos que han levantado los emiratos en jornadas de trabajo faraónicas y sin derechos a los que acogerse.
En Kuwait, unos 600.000 inmigrantes excluidos de la legislación laboral trabajan en condiciones tan inhumanas como las del Líbano. Sólo en diciembre se registraron 13 intentos de suicidio. En Bahrain se dan abusos similares, y en Irak los ‘esclavos’ han sido la única solución de las empresas extranjeras para edificar en el país durante los fatídicos años de la ocupación y la guerra civil, donde el riesgo a morir en atentado era muy alto. Muchos de ellos ni siquiera sabían a dónde iban: firmaban por trabajar en el Golfo y acababan en algún punto del escalofriante Irak.
http://www.bing.com/images/search?q=trabajadoras+domesticas+filipinas+&view=detail&id=816B3DDC66E80CFD02D3293373068B836B365797&first=0&FORM=IDFRIR
Al menos una trabajadora se suicida a la semana en Líbano
A Lisa, una etíope de 27 años, su patrona le apuñaló por la espalda. "Comenzó a pegarme al poco de llegar", musita mientras tiembla visiblemente. "Nunca estaba conforme con mi trabajo, que era limpiar, atender a sus hijos, hacer la compra, planchar y cocinar… en su casa y en la de su madre. Trabajaba 17 horas seguidas, apenas dormía. Un día me encontró hablando con otra etíope, pensó que me estaba quejando y me apuñaló. Fui a denunciarla, pero la policía me dijo que regresara o que me detendrían por huir de mi trabajo".
Lisa muestra una cicatriz de cuatro centímetros sobre el omoplato izquierdo antes de seguir su relato. Las heridas de Judith, de 19 años, son mentales. "En la primera casa donde me contrataron, el patrón intentó violarme. Me amenazaba con un cuchillo, me tenía encerrada. Huí y fui a la embajada, donde me buscaron otra casa. Allí había otra chica etíope. Yo estaba angustiada, apenas tenía fuerzas, y el patrón se enfadó porque decía haber contratado a una enferma", explica entre sollozos. "Un día me desmayé. Me agarró del pelo y me arrastró por la casa. Cuando me soltó me caí y su mujer e hijos me echaron agua para despertarme. Uno me empujó hasta el balcón: pensé que me iba a tirar. Alguien gritó desde abajo, y me hicieron entrar. Me golpearon hasta que el suelo se llenó de sangre. Tenía la cara tan hinchada que pensaron que estaba muerta, y me metieron en un congelador industrial que cerraron con llave. Estuve allí media hora, en lo que creí que sería mi ataúd. Luego me sacaron, me dieron una pastilla de jabón y me conminaron a lavarme y ponerme a trabajar. La otra chica me dio ropa y me animó a escapar. Lo hice esa misma noche".
El alto número de huidas y suicidios demuestran que el trato con los trabajadores domésticos africanos y asiáticos que buscan un sueldo en Oriente Próximo está más cerca de la esclavitud que de una relación laboral normal. En casi toda la región, los inmigrantes son excluidos de las legislaciones laborales de los países de acogida, donde un buen número son sometidos a abusos de todo tipo, desde explotación –jornadas de 15 y 17 horas, sin día libre por semana, a cambio de sueldos que no superan los 200 dólares mensuales- hasta malos tratos físicos, psíquicos y en ocasiones sexuales.
Un buen ejemplo es el Líbano. En octubre, ocho mujeres fallecieron en presuntos suicidios confirmando que el informe de Human Rights Watch de 2008 según el cual al menos una trabajadora se quita la vida cada semana en el país, sigue vigente.
Racismo hacia el tercer mundo
La estadística se cumple con escalofriante puntualidad, aunque no hay cifras oficiales ni apenas menciones en la prensa local. Al Gobierno no le interesan los inmigrantes del tercer mundo, ni tampoco a muchos de sus ciudadanos. Para el libanés Wissam S., autor de Suicidios Etíopes, un blog destinado a informar y a sensibilizar sobre el trato inhumano hacia los inmigrantes, se trata de racismo. "Los libaneses, y seguramente los árabes, tenemos complejo de inferioridad hacia Occidente y de superioridad hacia el Tercer Mundo", lamenta. "En todas las comunidades hay abusos, pero en la nuestra el Estado no hace nada, y esto se parece cada vez más al tráfico humano".
Más de 200.000 asistentas se afanan en el Líbano sin ninguna protección legal. Nada más aterrizar, las agencias que las contratan les retienen sus pasaportes, les asignadas una casa y de su suerte depende el ser sometidas o no a abusos. Es habitual que sean encerradas e impagadas. "Piensan que si les pagan cada mes escaparán", explica Salam H., "así que no les pagan". Pese a ello, miles siguen viajando, a menudo ilegalmente, hasta Oriente Próximo con la esperanza de poder enviar dinero a sus países de origen.
Tras 14 años escuchando desgracias, a Salam H. no se le ha endurecido el carácter. Sigue viendo en cada rostro magullado su propio rostro, en cada humillación su propio orgullo vulnerado y en cada vejación los cinco años de abusos que ella sufrió cuando, con 17 años, aterrizó en el Líbano desde Eritrea. Cinco años de los que sacó 12 euros, papeles legales, algunas heridas y una misión vital: hacer lo imposible para que otras mujeres no pasen por lo mismo.
Red clandestina
"La religión me salvó, si no me habría vuelto loca o me habría suicidado", explica esta joven, hoy pastor de una pequeña comunidad protestante que aúna a 400 etíopes y eritreas en el sector cristiano de Ashrafiyeh, al este de Beirut, y que se ha convertido en una red secreta de ayuda a las víctimas de abusos. "El primer consejo es ‘huye’. Una vez que ha huido, nos ocupamos de que tenga qué comer, dónde dormir y de buscarle un trabajo para empezar de nuevo".
Entre la comunidad etíope del Líbano –unas 26.000 mujeres, pese a que Addis Abeba rompió hace dos años el tráfico de ciudadanos con Beirut ante la avalancha de denuncias y un centenar de suicidios desde 1999- se ha extendido una voz. En Ashrafiyeh hay gente que ayuda a cambio de nada. De ahí que muchas huyan de otros puntos del Líbano con el barrio cristiano de la capital como destino. Allí las más veteranas, lideradas por Salam, aprovechan las salidas para hacer la compra, buscar a los críos o limpiar el coche de sus patrones para observar a sus compañeras de infortunio. "Si veo a alguna chica llorar, es que tiene problemas en casa. Si va cargada con bolsas de ropa, sé que está intentando huir. Me acerco y le ofrezco ayuda. Si ha escapado, le acompaño hasta una de nuestras ‘casas seguras’, le doy ropa, comida y le asigno un colchón", explica Sarah, etíope de 25 años con siete de experiencia en el Líbano. "Si me pregunta la policía, miento y digo que no sé nada del asunto".
Sarah pasó el primer año encerrada con llave. Su patrona temía que huyera. Lo terminó haciendo dos años después, y dio con la comunidad protestante de Salam. Ahora, junto a su hermana destina parte de su sueldo para pagar el alquiler de un apartamento donde las jóvenes huidas pueden cobijarse.
Salam admite que ya tienen casi 20 pisos distribuidos en Beirut, cada uno con entre 15 y 30 chicas, según el tamaño. Todo es clandestino. En el barrio, nadie sabe que Salam es, en realidad, líder de una comunidad religiosa. "Siempre que me preguntan les digo que soy limpiadora. Si me detiene la policía les enseño mis papeles y les explico que acabo de llegar al Líbano y que apenas sé árabe", explica entre risas. En realidad, ahora su trabajo consiste en atender su móvil, donde cada día recibe una media de 10 llamadas de chicas que buscan ayuda, y recibir a víctimas en su improvisada oficina, en un destartalado edificio. "En estos 14 años he conocido a 200 chicas que se han suicidado. Y en el 70% de los casos, hay abusos sexuales detrás", añade. Denunciar en comisaría es inviable: una denuncia por huida de los patrones convierte a la víctima en delincuente. Las víctimas de abusos terminan en centros para inmigrantes similares a prisiones donde pueden llegar a pasar hasta dos años sin cargos en su contra.
¿Tráfico humano?
No es un problema que se desconozca, sino una realidad que a casi nadie le importa. En 2000, el Departamento de Estado de EEUU incluyó al Líbano en la lista de países que fallan a la hora de evitar el tráfico humano y que deben ser vigilados por ello, un triste cambio a peor. Parte del debate es si considerar la explotación como tráfico humano. "Considerarlo tráfico es muy difícil por la definición impuesta por la ONU, pero siempre hay tres componentes: reclutamiento, engaño y coacción, y explotación. Eso sí es tráfico humano", afirma Ghada Jabbour, miembro de la ONG libanesa KAFA.
Como Ghada, otros muchos libaneses denuncian una realidad que les avergüenza. Es el caso de Wissam, el abogado experto en Derechos Humanos que gestiona Suicidios Etíopes. O los miembros locales de Caritas Internacional, la única institución que dispone de ‘casas seguras’ para albergar a trabajadores que han huido tras recibir abusos. "Tenemos tres casas, una para víctimas del tráfico humano y otras dos para quienes se han quedado sin refugio", explica Najla Chahda, responsable local de la ONG. En total, más de un centenar de mujeres se hacinan en los apartamentos de Caritas. "El Gobierno libanés ha firmado el memorando de protección para evitar el tráfico humano, pero eso no ha implicado ningún cambio. Aún tiene mucho por hacer", continúa Shahda.
Para Jabbour, la ausencia de compromiso responde a motivos económicos. "Cada año se recaudan millones de dólares gracias a los trabajadores domésticos que llegan al Líbano. Tasas de residencia, impuestos y visados que se recaban del trabajador y del empleador… El Gobierno se lleva mucho dinero en el proceso de regulación y hay muchas comisiones. También hay políticos involucrados, por lo que es muy difícil hacer leyes para proteger a esas mujeres".
Desde Irak a Arabia Saudí, un largo historial de abusos
La tragedia de las trabajadoras en el Líbano, una suerte de moderna esclavitud, es algo común en Oriente Próximo. HRW ha denunciado en varios informes a los gobiernos de la región por "exponer a sus trabajadores domésticos a abusos que van desde negar un día de descanso por semana hasta no limitar las horas de trabajo, coartar la su libertad de movimientos y otros derechos básicos".
Las denuncias incluyen jornadas de trabajo desproporcionadas, exclusión del descanso dominical, confinamiento, secuestro de pasaportes, privación de comida, abusos físicos y verbales, cuando no sexuales, y trabajo forzado.
Los Gobiernos que acogen a los emigrantes no asumen ninguna responsabilidad hacia ellos: su legislación laboral, en los casos de Líbano, Emiratos, Kuwait y Arabia Saudí, no incluyen a los extranjeros, por lo que éstos no tienen derecho a denunciar los abusos.
En Arabia Saudí, donde un millón y medio de mujeres de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y otros países asiáticos trabajan como empleadas domésticas, HRW ha documentado abusos que van desde el impago de salarios hasta el secuestro literal de los trabajadores.
En Emiratos, las autoridades calculan que hay 600.000 extranjeros, en su mayoría de Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas, a los que habría que sumar los que llegan al país de forma ilegal. Las leyes de EAU excluyen a las sirvientas de la ley de protección de trabajadores extranjeros, además los emiratos no ha firmado la Convención de la ONU para la protección de derechos de trabajadores emigrados. Especialmente escandaloso ha sido el caso de miles de trabajadores asiáticos que han levantado los emiratos en jornadas de trabajo faraónicas y sin derechos a los que acogerse.
En Kuwait, unos 600.000 inmigrantes excluidos de la legislación laboral trabajan en condiciones tan inhumanas como las del Líbano. Sólo en diciembre se registraron 13 intentos de suicidio. En Bahrain se dan abusos similares, y en Irak los ‘esclavos’ han sido la única solución de las empresas extranjeras para edificar en el país durante los fatídicos años de la ocupación y la guerra civil, donde el riesgo a morir en atentado era muy alto. Muchos de ellos ni siquiera sabían a dónde iban: firmaban por trabajar en el Golfo y acababan en algún punto del escalofriante Irak.
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La explotación de las trabajadoras inmigrantes en Jordania .
ONG redoblan esfuerzos en Jordania para proteger los derechos de las 140.000 trabajadoras domésticas que cada año llegan de Filipinas, Indonesia y Sri Lanka
Exponen las terribles condiciones laborales que padecen en los hogares ricos que las emplean.
La mayoría de los trabajadores inmigrantes son mujeres. En los últimos 30 años, su presencia en el país se disparó: en 1984 había apenas 8.000 trabajadoras domésticas migrantes en Ammán, y ahora hay 10 veces más. Este aumento puede explicarse parcialmente por un crecimiento económico que ha permitido que las mujeres jordanas dejen de realizar las tareas domésticas y, desde la perspectiva de los empleadores, por el entusiasmo de muchas familias por contratar mano de obra barata a la que poder explotar a gusto.
A menudo privadas de libertades básicas y de contacto con el mundo externo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente por no hablar el idioma local y por estar básicamente atadas a sus empleadores, que a menudo las obligan a firmar "contratos laborales" que ellas no comprenden.
La imposibilidad de volver a casa
Gracias al trabajo incesante de organizaciones no gubernamentales como el Centro Adaleh y Tamkeen, que archiva las demandas de las trabajadoras y los casos de violaciones laborales, finalmente están saliento a la luz los detalles de estos acuerdos abusivos. "Los empleadores no están preocupados", explica la directora de Tamkeen, Linda Al Kalash, quien en 2011 ganó el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa. "Ellos explotan y perpetran toda clase de violaciones contra sus trabajadoras domésticas: privación total o parcial de salarios, restricción de libertades, jornadas interminables, ningún día libre, insultos, incluso abusos físicos y sexuales", explicó Al Kalash. Según ella, la cantidad de demandas de trabajadoras ya llegó a 500 este año.
"Por lo general, las demandas se dirimen en un tribunal", nos cuenta, agregando que la confiscación de los pasaportes de las trabajadoras es una práctica común que requiere un debate legal. Sin embargo, el simple hecho de presentar demandas no siempre arroja resultados para la demandante. Primero, el Ministerio de Empleo tiene que reconocer las violaciones, y a menudo decide ignorarlas. Las mujeres también son habitualmente maltratadas por las fuerzas de seguridad, que no respetan los derechos legales de las trabajadoras domésticas extranjeras. "En Jordania siempre hubo muchos derechos para las mujeres, pero solo en los papeles", observó Sabbah.
De hecho, en 2009 Jordania ratificó convenios internacionales contra el trabajo forzado y el tráfico de personas, mientras que las trabajadoras domésticas se integraron al Código Laboral jordano antes, en 2008. Sin embargo, el país todavía tiene que ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras, las trabajadoras domésticas ven cerrarse rápidamente la ventana de oportunidades para la preservación de sus derechos.
Cuando una de ellas escapa de la casa donde trabaja, no tiene a dónde ir y se encuentra atrapada por la deuda acumulada de multas por día no trabajado, especialmente si su permiso legal de trabajo expiró y si vive a merced de su empleador. Incapaces de pagar ese dinero, a menudo estas mujeres terminan detenidas. "Hasta el momento, 35 trabajadoras domésticas han estado en prisión durante alrededor de un año, porque acumularon las multas astronómicas y ninguna puede pagar su pasaje de regreso", dijo Sabbah.
El rol crucial de la sociedad civil
El Centro Adaleh y Tamkeen trabajan con todas las partes involucradas en la crisis: ministerios, fuerzas de la seguridad pública, personal carcelario y agencias de intermediación, entre otros. En 2010, Adaleh reunió los fondos necesarios para enviar a ocho trabajadoras detenidas de regreso a sus países de origen y se logró clausurar tres agencias intermediarias. La organización no gubernamental también obligó a muchos empleadores a pagar los salarios retenidos. El mismo año, Tamkeen obtuvo la autorización del Ministerio de Empleo para que los trabajadores migrantes abrieran cuentas bancarias y para hacer cumplir regulaciones básicas sobre el trato a los trabajadores indocumentados.
Uno de los proyectos más exhaustivos implica reforzar el marco legal existente sobre la mano de obra migrante. A este fin, Adaleh formó un frente unido de expertos legales para asistir a los trabajadores en su lucha por sus derechos. También en Tamkeen hay abogados competentes para defender la implementación de los convenios internacionales en tribunales jordanos. "Intentamos obligar a quienes deben ejecutar las leyes a cumplir realmente (con su responsabilidad) publicando declaraciones, testificando sobre violaciones en los medios de comunicación, demandando a los perpetradores ante tribunales. A veces todo lo que se requiere es una simple llamada telefónica para garantizar que las autoridades adecuadas implementen la ley", reveló Al Kalash.
La campaña por los derechos de las trabajadoras domésticas también incluye crear conciencia pública sobre el tema. Actualmente hay esfuerzos en curso para educar a la policía sobre cómo tratar con reales o potenciales víctimas de abusos, influir en la opinión pública sobre el problema, afianzar los vínculos entre las organizaciones no gubernamentales y el sistema carcelario, y trabajar de cerca con los gerentes de las agencias intermediarias y el personal de las embajadas.
Según Al Kalash, el mayor desafío será cambiar la "mirada desdeñosa" hacia los inmigrantes.Las jordanas en particular tienen una actitud extremadamente negativa hacia las mujeres inmigrantes.
Al Kalash dijo a IPS que las trabajadoras domésticas a menudo son víctimas de sus empleadoras jordanas, que probablemente se desquitan de años de represión y dominio masculino atacando a las únicas personas que son más vulnerables que ellas.
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Bosques energéticos, arte femenino de reforestar.
María Elena Muñoz deshierba afanosamente un claro del bosque y procede luego a cavar varios hoyos, donde ella y otro medio centenar de mujeres siembran plantas de plátano, que alimentarán a las familias de este municipio de El Salvador donde manda la pobreza.
El grupo protagoniza un esfuerzo agroecológico que combina dos objetivos: afianzar la soberanía alimentaria, en riesgo en las comunidades rurales de San Julián, y fomentar el desarrollo de bosques energéticos, que provean energía sustentable a las familias de la zona y ayuden a mitigar el impacto del cambio climático.
"El bosque es de todos, y de aquí sacamos frutas y leña para cocinar", dijo Muñoz a IPS. Esta mujer de 42 años es presidenta de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo del cantón (distrito municipal) Los Lagartos, del municipio de San Julián, con unos 19.000 habitantes y situado en el occidental departamento de Sonsonate.
A estas comunidades, las alteraciones climáticas les golpean año tras año, sobre todo en la agricultura, explicó Mercy Palacios, de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).
"Durante la sequía, les quema todo, y durante la época de lluvias, les inunda todo", detalló, durante la jornada que IPS acompaño las actividades de las mujeres en el bosque cantonal.
En las comunidades del área predomina la agricultura de subsistencia. Cultivan maíz y frijol en laderas poco fértiles, y las cosechas merman cada vez más a causa de los fenómenos climáticos.
El Salvador y América Central en general sufren constantemente el embate de lluvias extremas en invierno (estación húmeda), que casi siempre dejan a su paso una estela de dolor y destrucción. En octubre, por ejemplo, las lluvias causaron en este país 43 muertos e inundaron 10 por ciento del territorio.
Reconstruir lo dañado por las tormentas que azotaron entonces a la región centroamericana costará 4.200 millones de dólares, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
"Estamos padeciendo de climas extremos, algo nuevo a lo que debemos adaptarnos", dijo Palacios.
"Hay familias muy pobres que están subsistiendo con lo que sacan del bosque. Por ejemplo, las mandarinas las venden en el pueblo y así obtienen la ‘cora’ (moneda de 25 centavos de dólar) para la tortillas (laminas redondas de harina de maíz) o para darle al niño que va a la escuela", narró Elsy Álvarez, de 37 años y madre de dos hijos.
Cansadas de ver cómo las cosechas familiares se perdían, las mujeres de Los Lagartos decidieron hacer algo para asegurar su soberanía alimentaria, y agregaron el componente de bosques energéticos.
La idea del proyecto les llegó de especialistas ambientales de la Unes que trabajaban en la zona, quienes establecieron una "agroescuela" para enseñar los conceptos básicos de la agroecología. Y pronto la hicieron suya y la han hecho crecer, sin financiamiento.
El proyecto de soberanía alimentaria abarca también otra decena de los nueve cantones y 30 caseríos del municipio de San Julián, situado a unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador y cuyo nombre ancestral es Cacaluta, que en lengua náhuat significa "ciudad de los cuervos".
Beneficia a unas 50 familias, unas 300 personas, y el componente de bosques energéticos se concentra por ahora en Los Lagartos, pero va a ser expandido a otras comunidades participantes.
En Los Lagartos, de unos 5.000 habitantes, las mujeres trabajan los huertos familiares, donde cultivan legumbres y vegetales con abono orgánico producido por ellas mismas. También lo utilizan en sus sembradíos de maíz y frijol, fundamentales en la dieta salvadoreña, y en los árboles frutales del bosque.
Ese abono, que no contamina el suelo porque no contiene agroquímicos, es también parte importante del esfuerzo por cambiar los patrones de siembra y favorecer con ellos al ambiente. Piensan comercializarlo en el futuro y obtener ingresos económicos para el proyecto.
El bosque no llega a una hectárea, pero las mujeres de Los Lagartos le tienen especial aprecio, porque lograron reconquistarlo y desarrollarlo, después de que hace 10 años un ingenio azucarero lo arrasó ante sus ojos para sembrar caña de azúcar.
"Por 10 años hemos venido luchando por este bosque", dijo Muñoz, casada y con cuatro hijos. Cuando ella y las demás vieron que lo estaban talando, lo denunciaron ante las autoridades y lograron salvar una mínima porción, pero ya el daño estaba hecho.
Entonces comenzaron a reforestar el bosque. Sembraron especies frutales como aguacate, mango y nance. Este año comenzaron a sembrar plátano (banano para cocinar) y árboles maderables como el conacaste.
"Ahora no dejamos que nadie tale nuestro bosque. Nosotros lo aprovechamos, pero solo las ramas secas y (los restos) de la poda", explicó Álvarez, en un descanso de la jornada de siembra.
En efecto, el concepto de bosques energéticos aplicado en estas comunidades no se basa en sembrar árboles para talarlos después, sino en hacer un uso sustentable de los árboles que se tienen, utilizando solo las ramas secas como leña.
"El árbol tiene una vida útil, y se le puede desramar para utilizar las ramas como leña, pero manteniendo su capacidad para poder regenerarse", explicó Palacios. En Salvador, alrededor de 400.000 familias utilizan leña para cocinar, según cifras oficiales. Eso equivale a 25 por ciento de sus 6,1 millones de habitantes.
El 10 por ciento más pobre de los hogares salvadoreños gasta más en leña (tres por ciento de su presupuesto) que en electricidad, de acuerdo con un informe de 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El uso de leña representa un costo económico importante para estas familias pobres, y tener un bosque de donde proveerse es un alivio para el presupuesto familiar.
"El consumo de leña no solo representa un gasto importante en su presupuesto, sino que además muchos hogares dedican una fracción significativa de su tiempo a su recolección", sostiene el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010.
En El Salvador, 36,5 por ciento de la población vive en pobreza, de ella 11,2 por ciento en pobreza extrema, según cifras oficiales de 2010. En el área rural, esa pobreza promedio sube a 43,2 por ciento y de ella, 15,1 por ciento es extrema.
Luis González, ambientalista de la Unes, señaló que el proyecto de Los Lagartos se engloba dentro del concepto de justicia climática, según el cual, no todas las regiones del mundo, ni todos los grupos poblacionales dentro de esas regiones o países, están siendo afectados de la misma manera por los efectos del calentamiento global.
"Hay sectores más vulnerables que otros, y diversos estudios nos dicen que las mujeres están entre esos grupos más afectados", detalló. Por ejemplo, agregó, cuando la sequía deja sin agua un manantial, las mujeres sufren el estrés de buscar una nueva fuente, siempre más lejos de su hogar.
El enfoque de género debe estar presente en este tipo de proyectos ambientales para darle un rol más decisivo a las mujeres que hoy por hoy son las que, en esta zona del país, están llevando la batuta en el esfuerzo por adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, explicó Ima Guirola, del colectivo feminista Cemujer.
"Lo importante es saber si las mujeres se están apropiando de herramientas tecnológicas y del conocimiento científico en el tema medioambiental, y si ellas participan en las decisiones relativas al proyecto", dijo a IPS.(FIN/2012).
Edgardo Ayala y Claudia Ávalos
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100647
1 de mayo de 2012
Dolores Huerta, defensora por los derechos de los trabajadores del campo.
Huerta nació Dawson, Nuevo México, donde su padre, Juan Fernández, era minero, agricultor, activista de sindicatos y legislador estatal. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía tres años. Su madre, Alicia Chávez, la crio, junto a sus dos hermanos y dos hermanas, en el seno de una comunidad de agricultores del Valle de San Joaquín, en Stockton, California. Su madre era mujer de negocios y propietaria de un restaurante y un hotel de setenta habitaciones en el que solía brindar hospedaje a familias campesinas sin cobrarles.
En 1955, Huerta cofundó el capítulo de Sacramento de la Organización de Servicios a la Comunidad y, en 1960, la Asociación de Trabajadores Agrícolas. En 1962, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo (National Farm Workers Association, en inglés) junto con César Chávez. Con el tiempo, esta asociación pasó a ser el Comité de Organización de los Trabajadores del Campo (United Farm Workers Organizing Committee, en inglés) y, más tarde, los Trabajadores del Campo Unidos (UFW, United Farm Workers, en inglés). En 1966, negoció un contrato entre el UFWOC y la empresa de vinos Schenley Wine Company. Ésta fue la primera vez que los trabajadores del campo, colectivamente, entablaron con éxito negociaciones con una empresa agrícola.
Huerta dirigió el boicot nacional de la UFW contra la uva, haciendo llegar a los consumidores el sufrimiento y la lucha de los trabajadores del campo. El boicot se extendió por toda la industria de la uva de California, lo cual propició la firma de un acuerdo colectivo de tres años con la UFW.
Políticamente ha sido muy activa; ha ejercido mucha presión a favor (o en contra) de numerosas leyes, tanto federales como de California. Entre las leyes que Huerta ha defendido se encuentran:
Una legislación de 1962 para eliminar el Programa Bracero.
La legislación de 1963 para promover la Ayuda para Familias con Hijos Dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés) a los agricultores de California.
El Agricultural Labor Relations Act (a favor de las relaciones laborales) de 1973
El Acta de Inmigración Federal de 1985.
Como defensora de los derechos de los trabajadores del campo, Huerta ha sido arrestada veintidós veces por participar en actividades de desobediencia civil no violentas y huelgas.
Dolores C. Huerta
(n. 10 de abril de 1930) es la cofundadora y primera vicepresidente emérita del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, AFL-CIO (UFW).
http://www.doloreshuerta.org/dolores_huerta_foundation.htm
http://www.girlscoutshcc.org/gshccadmin/site1/girlscouts/pdf/Links/D_H_Bio_Spanish.pdf
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