29 de agosto de 2017

El hembrismo: Un mito producto de los miedos machistas.



En la mitología griega una gorgona era un despiadado monstruo femenino. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado. Las gorgonas son a veces representadas con alas de oro, garras de bronce y colmillos de jabalí. Llevaba un cinturón de serpientes entrelazadas como una hebilla y confrontadas entre sí. La única manera de matarla era cortándole la cabeza
¿Espeluznante, no? Pues la misma sensación genera en las personas el mito moderno asociado al desarrollo del feminismo: La hembrista. Siendo un mito “comme il faut” nunca nadie la ha visto, pero todos y todas le tienen terror. Es la suma de todos los miedos del patriarcado y de las mismas mujeres a otras.
Sin embargo, si analizamos la cuestión en estricto rigor, ni la hembrista (ni la feminista radical, ni la feminazi) existe como ser diabólico que deambula por ahí tratando de petrificar hombres con la mirada o exterminarlos en cámaras de gas. Son leyendas urbanas pertenecientes a la mitología patriarcal, rebozada en el caldo de la ignorancia supina.

Definiendo el hembrismo

Al googlear el término “hembrismo” la mayoría de las definiciones son bastante escuetas al señalarlo como opuesto al machismo. Bueno, respetando la definición, el hembrismo sería lo opuesto al machismo, ergo, para saber de qué se trata, hay que ver qué es el machismo.
El machismo, expresión derivada de la palabra “macho“, se define en el DRAE como la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”. El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas percibidas de manera tradicional como heterosexualmente masculinas y discriminatorias contra las mujeres.
Si el hembrismo es lo contrario del machismo, sería tentativamente: “un conjunto de actitudes y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas percibidas como heterosexualmente femeninas y también, discriminatorias contra los varones”. ¿No es esto extraño? Para ser un movimiento tan poderoso que subyuga o pretende subyugar a los hombres y los violenta en la casa, el campo y los juzgados, su desarrollo teórico es muy básico y, oh casualidad, se define por ser reflejo opuesto del machismo, así como lo femenino ha sido definido, desde siempre, como el reflejo opuesto de lo masculino.
Machismo son actitudes, ideas y conductas socializadas, ampliamente aprendidas, con un fuerte refuerzo cultural, por lo tanto, aceptadas y normalizadas. El machismo, entonces, cuenta con un sistema que permite su reproducción. ¿Dónde está el sistema cultural, la práctica social, el respaldo de la tradición, la estructura de apoyo que permite la reproducción de supuesto hembrismo? ¿Quien dice que “las mujeres son así, es normal, es su naturaleza” cuando exhiben conductas que les ganan la etiqueta de hembristas.
Como dice Beatriz Gimeno sobre el mismo concepto: “¿Hay un movimiento, una ideología, un pensamiento, una teoría, unos textos…que defienda que los hombres deben ser sometidos a la desigualdad en la que nos hayamos las mujeres? ¿Que deben ser despojados de sus derechos económicos o políticos, que deben cobrar menos, que se merecen ser objeto de violencia por parte de las mujeres; que deben ser recluidos en sus casas, salir del mundo laboral, del espacio público?”
¿En qué lugar existe un sistema de dominación destinado a subyugar a los hombres, apoyado por las leyes, financiado por la banca global, controlando el poder político y los medios de comunicación para cosificar a los hombres y violentarlos por ser tales? El hembrismo, supuestamente, contribuye a mantener conductas heterosexualmente femeninas; sin embargo, siempre que se califica a alguien de hembrista lo hacemos porque esa mujer ha mostrado conductas asociadas a lo masculino: violencia, agresividad, sentido de la competencia, ambición de poder, etcétera. La contradicción evidente de esto confirma la impronta machista en la raíz del concepto.
¿Qué sistema, ideología, teoría, defiende el mantenimiento de conductas heterosexualmente femeninas? ¿Qué sistema está en la posición privilegiada de definir qué es femenino o no, qué es masculino o no y qué es hembrista o no?
Es penoso que todavía tengamos que dañarnos unas a otras con etiquetas inventadas por el patriarcado. Como si no nos bastara con las canónicas de: santa, madre, virgen, bruja, loca y puta. Ahora está de moda decir “yo soy feminista y quiero la igualdad, no como esas hembristas/feminazis”. Esto es equivalente a decir “yo soy una dama, no como esas mujeres sueltas que andan por ahí” . O sea, “las otras son más malas”. Esto es patriarcado introyectado de alta pureza. Destaco la palabra “otras”, porque es este tipo de elaboraciones lo que nos mantiene en la situación de alteridad que nos impide construir un “nosotras”.
¿Para qué analizar este concepto de hembrismo? Porque a las mujeres nos han educado históricamente para desconfiar de nuestro propio poder y descalificar el poder de las otras mujeres y para confrontarnos por la aprobación masculina. El hembrismo es un invento machista para que las mujeres rechacemos la emancipación de otras, cuando ellas no complacen al patriarcado. Nos hace creer que es malo rebelarse ante la discriminación de género y que existen mujeres rebeldes buenas y malas,  de acuerdo al grado de aprobación que el sistema les concede.
El hembrismo es usado para reforzar la socializacion negativa de las mujeres. Hemos aprendido que sólo bajo la protección y guía de la autoridad masculina estamos seguras que debemos desconfiar de otras mujeres (porque como decía mi abuela, son roba maridos, porque traicionan, porque las mujeres somos volubles y es sólo sometiéndonos que logramos balance, control y tranquilidad). Entonces las hembristas son un peligro para el sistema, porque no buscan su aprobacion y amenazan la socializacion negativa que permite dividir y controlar a las mujeres.
Las mujeres que no tienen sororidad con sus pares o compiten por el poder sin escrúpulos, tienen una lógica patriarcal en su manera de ver el mundo, pero no son hembristas. Son reproductoras del machismo, tanto como aquellas que las acusan de hembrismo. Por lo tanto, lo cuestionable en este caso es el patriarcado y sus modelos de naturalización de las relaciones humanas desiguales, pero no el feminismo.
Descalificar los procesos de autonomía de otras mujeres, es ejercer violencia simbólica con un estereotipo que demoniza la conciencia del poder de las mujeres, como una conducta agresiva extrema. Llamar hembrista a otras mujeres es estar de acuerdo que el patriarcado tiene aún el derecho de definir y decirnos qué feminismos aceptar, que procesos de emancipación son más legítimos o no, qué mujeres son buenas y cuáles malas dentro de los movimientos o no. Implica admitir que es correcto excluir mediante etiquetas y estereotipos a aquellas mujeres cuyo tránsito hacia su propia liberación parece más amenazante que el de las otras.
La hembrista, si es que existiera, no sería jamás un peligro para las mujeres que buscan autonomía, sino para el sistema de opresión, sus opresorxs y reproductorxs. El hembrismo es el mito inventado por el machismo para no admitir su miedo a la mujer sin miedo.

http://www.elquintopoder.cl/genero

28 de agosto de 2017

Elfa, la mensajera de Lapü


Elfa Gómez, del clan Ipuana es una mujer wayuu, que con su mirada transmite la alegría de vivir la vida a diario. Es una persona que al hablar demuestra sus capacidades para transmitir o anunciar sucesos buenos o malos a la persona que la consulta, ella es una interpretadora de sueños.

Elfa, de ojo café, piel trigueña, contextura delgada, cabello negro que resaltan su presencia. De sus sesenta y cuatro años la mitad las dedicó a tejer susu (mochilas). En la actualidad, además de interpretar los Lapü (sueños) de los habitantes del Cabo de la Vela, ejerce el rol de Outsü (medica tradicional y guía espiritual), con plantas ofrece tratamientos a niños y adultos.

Una noche Lapü la visitó “soñé que me lanzaron una pedral debajo del seno derecho el cual anunciaba mi muerte por parte del espíritu, fui a una outsü, para que alejara esa fuerza maligna que intentó acabar con mi vida, hice rituales, baños, e incluso fui hospitalizada. Me fui a Maracaibo por un año”. Con estas palabras, Elfa recuerda los primeros síntomas del don que un principio se negó a recibir.

Lapü, es un ser de la espiritualidad wayuu, que comunica a los muertos con los vivos, a través del sueño los muertos pueden anunciar tragedias, pueden ofrecer compañía, pueden proteger, hacer recomendaciones médicas y pueden prevenir hechos desagradables.

La muerte de dos sobrinos de Elfa, marcaron el inicio de su nuevo rol en la comunidad que había abandonado, Utta, del corregimiento del Cabo de la Vela del Municipio de Uribía. “Lapü me volvió a enviar un mensaje para unos familiares muy cercanos, alertándome que venía un mal para ellos, al contarles, no creyeron y decidieron no cumplir con las peticiones de Lapü  por lo cual murieron, fue una tragedia muy grande”. Desde ese entonces su familia le respetó sus revelaciones, hasta convertirse en un referente espiritual entre los vivos.

La interpretadora de sueños cumple un rol fundamental dentro de esta sociedad indígena, porque es ella la que puede interpretar a los wayuu el mensaje de los muertos y de los otros seres espirituales. Según el plan de salvaguarda propuesto por la junta mayor de palabreros, es la autoridad espiritual que guía la conducta y vida de los wayuu.

Elfa Gómez, desde hace 29 años ejerce la interpretación de sueños y la atención medica de la comunidad, un saber que no se aprende pero se adquiere y se puede heredar. Ella siente preocupación porque no sabe cuál será el destino de su saber ancestral, porque la generación joven no cuenta, ni cumple con sus sueños.

 La Outsü de Utta, recomienda a todas la madres wayuu “que le insistan a sus hijos sobre la importancia del sueño, para que no se pierda y no ocurran tragedias en la sociedad wayuu, es la única forma para que nuestra identidad como indígena sigua”

Elfa Gómez, en su mirada refleja la satisfacción por prestar su servicio a la comunidad, con sus palabras expresa la esperanza de mantener el equilibrio de la vida comunicando a los espíritus y a los wayuu. Su presencia refleja el compromiso de mantener y sembrar su saber a otras generaciones.

Paola Vangrieken es wayuu del clan uliiana, estudiante de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayúu.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/08/2017/elfa-la-mensajera-de-lapu

23 de agosto de 2017

“Fuimos conejillos de indias”

“Fuimos conejillos de indias”: los métodos anticonceptivos utilizados en reclusos que generan controversia en EEUU
Un condado en Tennessee ofreció a los reclusos de su cárcel una reducción de penas a cambio de que se pusieran un implante anticonceptivo o se hicieran la vasectomía. Con esto reavivaron fantasmas de un pasado no muy lejano.
En un pequeño condado en la parte rural Tennessee, a los presos se les ofreció descontarles 30 días de sus penas a cambio de un vasectomía o un implante anticonceptivo de acción prolongada. Funcionarios califican la medida como una herramienta en la lucha contra el abuso de opioides, mientras que quienes se oponen a ella, la llaman eugenesia.
En la primavera, Deonna Tollison, se presentó en un tribunal frente al juez Sam Benningfield en Sparta, Tennessee.
Es una sala grande, iluminada con luces de neón y llena de bancos de madera para que se siente el público.
Tollison fue acusada de violar las condiciones de su arresto domiciliario: el más reciente problema de una vida conflictiva, que en el peor momento la vio adicta a los opioides y viviendo en su automóvil.
En el estrado, Tollison testificó que había intentado encaminar su vida por el sendero correcto, que se había alejado de las drogas y que estaba criando a dos hijas pequeñas, así como a la hija de una hermana que murió en un accidente automovilístico.
Sin embargo, recaídas y desacuerdos con la ley le siguieron poniendo obstáculos a su progreso y nuevamente se encontraba ante un juez.
Se le acusó de hacer viajes no autorizados al supermercado y de permitir que las pilas del dispositivo colocado en su tobillo para monitorear su ubicación se descargaran.
Tenía ante sí la posibilidad de volver a la prisión local.
“Soy madre soltera de tres niñas hermosas y un nieto recién nacido. Mi madre es discapacitada. Mi hermana es discapacitada”, dijo Tollison en el estrado.
“Cada una de ellas depende de mí porque soy la única que tiene licencia (para conducir). Amo a mi familia profundamente. En los últimos cuatro años he hecho todo lo que está en mi poder para recuperar mi vida”.

La audiencia no tuvo resultados favorables para Tollison.

En su veredicto, el juez Benningfield dictaminó que sus continuos tropiezos y el hecho de estar desempleada no la hacían apta para el arresto domiciliario.
Ordenó que cumpliera el resto de su sentencia en la cárcel del Condado White.
Poco después, Benningfield hizo un anuncio sorprendente ante toda la corte: la implementación de un nuevo programa que permitiría que a presas como Tollison pudieran restarle 30 días a sus condenas si accedían a usar un método anticonceptivo de larga duración.
En el caso de los hombres, indicó el juez, se ofrecerían vasectomías.

La firma

Poco después de su llegada a la cárcel, empezaron a circular unos documentos para colocarse un implante llamado Nexplanon, que evita el embarazo por un periodo de hasta cuatro años.
Tolllison firmó, al igual que otras 30 mujeres.
Del lado masculino de la cárcel, 38 hombres se registraron para someterse a vasectomías.
Con una población media de 221 presos, esto representaba una parte importante de la cárcel.
Tollison tuvo que asistir a una clase de salud neonatal, la cual se enfocó en los efectos que el abuso de drogas, durante el embarazo, puede tener sobre el feto.
Después, una enfermera utilizó un dispositivo especial, similar a una aguja, para insertar el implante, del tamaño de una cerilla, bajo la piel de la parte superior de su brazo izquierdo.
A los hombres se les organizaron visitas con los urólogos.
Unos dos meses después, cuando la prensa local se enteró del programa, la pequeña localidad de Sparta empezó a acaparar la atención, no sólo nacional sino internacional.
“La malicia innombrable del programa de eugenesia de Tennessee”, decía uno de los titulares.
“El programa de eugenesia del juez Benningfield es un ultraje”, escribió un bloguero, quien también sugirió que no debería seguir ejerciendo funciones como juez.

Pasado de esterilizaciones

Estados Unidos tiene una larga historia de esterilizaciones forzadas en personas pobres, con enfermedades mentales o en minorías.
En su historia reciente, estadounidenses nativos, mexicanos estadounidenses y afroestadounidenses han tenido que enfrentar esterilizaciones a la fuerza o a través de prácticas engañosas por parte de miembros del Estado y de gobiernos locales.
Aunque el movimiento de eugenesia de Estados Unidos -admirado por Adolf Hitler y replicado por los nazis- alcanzó el cénit de su popularidad en la década de 1920, los estados forzaron esterilizaciones hasta en la década de 1980.
Treinta y dos estados llegaron a tener un programa de esterilización en diferentes momentos, financiado con fondos federales, que implementaban en sus prisiones o asilos.
Hombres homosexuales eran obligados a esterilizarse si las instituciones mentales los catalogaban como ” desviados sexuales”. También sucedió con madres que recibían asistencia social.
En algunos lugares, la esterilización era una condición para salir de prisión.
Casos individuales aparecieron en todo el país.
En 2014, el gobernador de California firmó una prohibición contra la esterilización en prisiones, después de que docenas de mujeres fueron sometidas a la ligadura de trompas -mientras estaban tras las barras- sin haber dado el debido consentimiento.

Consentimiento informado

Las autoridades en Tennessee señalaron que nadie fue forzado y que el programa se canceló antes de que los hombres que se inscribieron en el programa fuesen sometidos a las vasectomías.
Pero las dudas sobre si un preso puede llegar a dar un consentimiento informado a un procedimiento de ese tipo a cambio de una reducción de la sentencia podría ser el eje de futuras demandas federales sobre lo que ocurrió en el Condado White.
“No cumple con los requisitos de lo que puede considerarse una decisión autónoma. Se ha construido una relación jerárquica”, indica Alexandra Minna Stern, historiadora de la Universidad de Michigan y autora de ” Eugenic Nation ” (“Nación Eugenésica”).
“Puedes decir que la gente hizo una elección, pero esa es la razón de por qué las esterilizaciones no son permitidas en prisiones federales: la asimetría de la relación”.
Los argumentos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados, en donde una decisión de 1927 que aprobaba la esterilización forzada de “defectuosos mentales” todavía forma parte de la jurisprudencia y ha sido citada en casos tan recientes como uno en 2001.
Adam Cohen, autor de ” Imbeciles “, un libro sobre el caso conocido como Buck v Bell, de 1927, no califica al juez de Tennessee de eugenésico, pero indica que el programa por sí mismo se acerca peligrosamente (a la eugenesia).
“Puede ser que este juez realmente piense que está haciendo algo útil”, señala Cohen. “Dicho eso, estoy seguro de que a muchas personas que apoyan la eugenesia les gusta lo que él está haciendo”.
No estás sola”: las emotivas cartas de apoyo que escribe una joven a madres primerizas y que deja en lugares públicos

Volver a casa

Cuando Tollison tomó la decisión de dejarse insertar el implante, no estaba pensando en su salud reproductiva o la salud de hijos futuros. Estaba pensando en la pequeña casa a las afueras del Condado County, en Tennessee, en donde viven miembros de su familia con problemas de salud y sus tres hijas.
Sentada en el pavimento de un patio detrás de esa vivienda, Tollison dice que la única razón por la que aceptó el implante fue para poder volver a casa.
Aunque es libre, es una decisión que ahora lamenta.
“Siento que fuimos conejillos de indias”, señala. “La gente hace cualquier cosa con tal de salir de allá”.
Cerca del 90% de la población de Sparta es blanca, políticamente conservadora, y una mayoría asiste a la iglesia con regularidad.
En su oficina, una mañana antes de que empezaran las actividades en la corte, Sam Benningfield expresó su desconcierto por la cantidad de atención y críticas que ha recibido.
Fue una verdadera y total sorpresa para mí”, dijo. “Nadie levantó ni una ceja hasta que me clavaron las cámaras en la cara”.
Las personas que terminan en la sala del juzgado de Benningfield generalmente están allí acusadas de delitos menores que van desde posesión de drogas y la conducción bajo los efectos del alcohol, hasta robos de menos de $1,000 dólares o no haber pagado la manutención de los hijos.
La pena máxima que puede dictar es de 11 meses y 29 días.

Una orden controversial

Según Benningfield, el programa empezó cuando el departamento de Salud del estado se le acercó para hablar sobre una clase de dos días enfocada a los efectos del consumo de drogas en los fetos.
Para atraer la participación de los reclusos, cualquiera que se inscribiera iba a tener dos días descontados de su sentencia.
(Una vocera del departamento de Salud indicó que sus empleados se habían asociado con el Condado White para las clases, pero negó que se hayan involucrado en el desarrollo de cualquier política. El departamento se rehusó a comentar cuando se le preguntó si sus empleados habían administrado los implantes).
Benningfield creyó que el siguiente paso lógico sería incentivar a los reclusos a optar por los servicios de control reproductivo. Por eso decidió redactar la orden.
Comparó la medida con tener días descontados por recoger basura de la autopista o por acordar convertirse en un informante confidencial para la implementación de la ley.
“Se me ocurrió que muchas de las mujeres que había encarcelado eran las mismas a quienes tenía que retirarles a sus hijos como juez de menores porque habían nacido adictos a las drogas”, escribió en un comunicado.
Cuando la noticia empezó a llamar la atención mediática, Benningfield dice que le causó un shock la idea de que un recluso se habría sometido a una vasectomía con el único objetivo de tener 30 días descontados de su pena carcelaria.
Redactó un nuevo documento para que los presos dejaran claro que no firmaban el certificado solo para tener una reducción de la pena.
Pero para ese momento, la crítica al programa había crecido al punto de alcanzar a otros jueces locales, la fiscalía distrital y los legisladores del estado de Tennessee.
Seis semanas después, el juez canceló la orden por completo. De acuerdo con funcionarios del condado, ninguna de las vasectomías se llegó a hacer.
Los niños
El juez insiste en que su intención no es controlar quién se reproduce en el Condado White, sino prevenir que los niños nazcan enfermos.
“Mi preocupación número uno son los niños”, indica. “Para mí, mucho de la controversia empezó cuando se comenzó a usar la palabra esterilización. Nunca se trató de eso, nunca fue algo forzado”.
En un punto de la entrevista, saca una pila de sobres de su escritorio. Son cartas que recibió a propósito del programa.
“Usted es mi héroe”, escribió una persona mientras que otra le dijo: “Tenga la seguridad de que la mayoría de los White Countians apreciamos su esfuerzo, pero muchos somos forzados a usar una mordaza. Irónico ¿no? Somos los oprimidos”.
Y otra le escribió: “Su muy considerada práctica de ofrecerles una sentencia reducida a los criminales es brillante y adelantada a su tiempo. Los criminales son las últimas personas sobre la Tierra que se deberían multiplicar”.

Una oportunidad

Kristi Seibers no tiene hijos ni una larga lista de cargos relacionados con drogas.
Cuando entró en la cárcel del Condado White en febrero por haber incumplido el beneficio de libertad condicional que se le había otorgado, se trataba de la primera vez que era encarcelada.
Usualmente recibía, como método de control de natalidad, una inyección gratuita de Depo-Provera en el departamento de Salud, cada seis meses, pero cuando supo que podía ir a casa un mes antes si permitía que se le insertara el implante, no dejó pasar esa oportunidad.
Los efectos secundarios, cuenta, comenzaron casi inmediatamente: un periodo que duró dos meses, una infección vaginal, aumento de peso y cólicos.
Y, asegura, nunca le dieron los 30 días.
“La única razón por la cual lo hice es porque me prometieron menos días. De esa manera podía ir a casa”, dice. “No creo que haya sido correcto”.
De las seis reclusas (que se inscribieron en el programa) con las que la BBC habló, solo una expresó un poco de interés en los beneficios potenciales para la salud y la planificación familiar de los servicios de control de natalidad gratuitos.
En ese caso en particular, la mujer sufre de endometriosis, una condición uterina dolorosa que puede causar infertilidad.
El resto dijo que su única preocupación era salir tan pronto como fuera posible.
“Engaño”
Esa prisión está al borde de perder su certificación a manos de las autoridades estatales por su hacinamiento crónico. Varias personas la han descrito como un lugar sucio y desagradable.
“El consentimiento voluntario no es consentimiento en absoluto si está contaminado con la coerción del gobierno”, indicó Mario William, un abogado que vela por los derechos civiles de los exreclusos. “En realidad están engañando a gente vulnerable”.
Tres mujeres le dijeron a la BBC que querían que les sacaran los implantes, pero que al expresar ese deseo les dijeron que tenían que esperar 60 días o que la remoción les costaría $250 dólares.
Hubo presos que no tenían historiales de abuso de drogas que se registraron en el programa, lo cual, asegura Williams, prueba que el condado estaba interesado en prevenir que los ex reclusos procrearan y no sólo en proteger a los bebés de problemas de salud.
Los abogados de Christel Ward, una ex presidiaria, escribieron que a ella no se le dieron los 30 días libres porque su caso se originó en una corte criminal y no en las sesiones generales del juez Benningfield.
Independientemente del hecho de que Ward y Seibers no eran elegibles para una salida anticipada, las demandas argumentan que las autoridades les ofrecieron participar en el programa.
“No vamos a parar hasta que un juez declare esto inconstitucional”, indicó Williams, quien dice que representa a 16 exreclusas y que el número total se podría duplicar.

Las fechas

En la demanda de Ward hay un detalle que parece ser clave: la mujer le mostró a la BBC una copia de una tarjeta del tamaño de una billetera. Ella asegura que una tarjeta como esa le fue entregada a las presas después de que les insertaran el implante de Nexplanon.
La fecha en que se hizo el implante, según muestra ese documento, fue el 5 de mayo, 10 días antes de que el juez Benningfield emitiera la orden fechada el 15 de mayo.
No está claro si los empleados del condado administraron una especie de versión ad hoc del programa antes de la orden del juez y si eso sucedió, por cuánto tiempo lo hicieron.
La demanda señala que el sheriff Oddie Shoupe, y no el juez Benningfield, es el verdadero creador del programa y que el juez creó la orden por pedido de Shoupe.
El sheriff no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista y el juez se rehusó a hacer comentarios después de que se introdujo la demanda.
El caso de Ward es sólo el primero de lo que Williams dice que será una serie de demandas contra el condado, incluyendo las demandas de quienes fueron “castigados” por no inscribirse en el programa de control de natalidad.
Hacer justicia en el condado White es la única manera, de acuerdo con el abogado, para que se evite que un programa de este tipo de expanda a otras cárceles.
“Diferente”
Seibers quiere su implante afuera de su cuerpo tan pronto como sea posible, aunque no tiene claro cómo pagará por ese procedimiento.
Desde que volvió a casa, la mujer de 30 años consiguió un empleo y ayuda a su novio a pagar la renta y las cuentas.
Pero se siente diferente. Dice que su deseo sexual se ha ido y que su novio sufre las consecuencias.
Siente que el condado la engañó.
“Estoy deprimida”, dice.
Pero espera que toda la atención mediática que lo sucedido en el Condado White traiga también cambios en la manera en que los reclusos son tratados.
“Tengo grandes esperanzas”, señala.

*Este artículo es una adaptación del reportaje de la periodista Jessica Lussenhop publicado en inglés: ‘We were guinea pigs’:

/eldiariony.com/2017/08/21/fuimos-conejillos-de-indias-los-metodos-anticonceptivos-utilizados-en-reclusos-que-generan-controversia-en-eeuu/

22 de agosto de 2017

El matrimonio entre violador y su víctima, un acto legal en Oriente Medio.


El matrimonio entre violador y su víctima, un acto que sigue siendo legal en Oriente Medio
El artículo del código penal que permite a los violadores eludir las condenas de cárcel si se casan con sus víctimas continúa vigente en varios países.
Para la directora de la organización Human Rights Watch (HRW) en Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, el "progreso" en los derechos de la mujer en el Líbano y en Jordania "presionará" más a los países que conservan esta "reliquia", pues "no hay ninguna razón por la que no sea abolida en Kuwait o Argelia, por ejemplo".
La responsable de la ONG aseguró a Efe que varios países de Oriente Medio conservan esta ley porque todavía consideran a las mujeres como una "propiedad" y, en el caso de ser violadas, pasan a ser una "propiedad dañada", por lo que los hombres pueden reparar ese daño contrayendo matrimonio con ellas.
"Es difícil cambiar estas leyes (en Oriente Medio) porque todavía dominan algunas antiguas creencias sociales sobre el honor, que incluye el pensamiento de que una mujer violada está dañada", añade.
Según Whitson, en las sociedades conservadoras "la mejor manera de ayudar a la mujer, para preservarla a ella y el honor de su familia es casarla, incluso si es con su violador".
HRW ha documentado casos, añadió, en los que las mujeres se han visto forzadas por sus parientes a casarse con sus violadores.
La ONG ha hecho campaña a favor de la abolición de la ley en Líbano y en Jordania, últimos países que han derogado esta norma, mientras que Túnez lo hizo en julio.
Aún así sigue vigente en Libia, Argelia, Palestina, Irak, Siria, Baréin y Kuwait, según HRW.
El Parlamento jordano abolió a principios de mes el polémico artículo 308 del Código Penal de 1960, que permitía a los violadores eludir las condenas de cárcel si se casaban con sus víctimas, lo cual fue calificado por feministas como un "logro histórico" y un "punto de partida" para cambiar la mentalidad de la sociedad.
El Líbano ha seguido a Jordania en Oriente Medio en la abolición de este artículo, "una gran victoria" afirmó a Efe Ghida Anani, la directora ejecutiva de la ONG libanesa que lucha por los derechos de la mujer, Abaad.
Además, no descarta que los otros países árabes, que aun no han abolido dichas leyes -que datan del periodo otomano, dice- lo hagan.
"Hay algunos países que ya la anularon, como Túnez y Jordania, y esperamos que los otros los sigan. Muchos ya están examinándolo con vistas a su derogación", apuntó.
Pero incluso cuando la ley cambia, el gran reto de las mujeres es cambiar la mentalidad y las costumbres de la sociedad, que no considera que la violencia sexual sea un crimen tan grave y que merezca ser perseguido y castigado como otros.
La abogada de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Hoda Nasralá, explica a Efe que en Egipto la ley que permite el matrimonio del violador con su víctima fue abolida en 1999, pero muchas veces los asaltantes no son castigados y reciben penas menores.
El castigo por violación es la cadena perpetua (25 años de cárcel en Egipto), pero "la ley no está a favor de la mujer porque sólo considera violación si hay penetración vaginal, pero otros tipos de interacciones sexuales no se consideran violación", por lo que la pena es menor.
Esos crímenes "menores" se denominan "violación del honor" y los jueces en Egipto suelen usar los huecos legales para reducir el castigo contra el violador y este suele alegar que las relaciones fueran consentidas, añade.
Por ello, en 2011 se introdujo una cláusula en la ley por la que el castigo es más duro si hay secuestro o violencia contra la víctima, además de la violencia sexual propiamente dicha.
"Es necesario cambiar la mentalidad (de la sociedad) porque el robo se considera algo más grave que los crímenes sexuales", asegura la abogada de la ONG.


Fuente: EFE
http://www.montevideo.com.uy/contenido/El-matrimonio-entre-violador-y-su-victima-un-acto-que-sigue-siendo-legal-en-Oriente-Medio-352251

9 de agosto de 2017

De una niñez de explotación laboral a una vida de promoción de los derechos de las mujeres.


En Bolivia, luego de pasar por la Escuela de Dirigentas, apoyada por ONU Mujeres, una mujer aymara logró superar una niñez y adolescencia de explotación laboral para convertirse en promotora de los derechos de las mujeres.
A los 8 años, Lucrecia Huayhua Choque fue llevada desde su comunidad aymara en el municipio de Cocapacabana, a la ciudad de La Paz (a 155 km) para cuidar a una niña de 8 meses. “La señora me hacía dormir bajo las gradas. Me tapaba con una alfombra y dormía con su perrito. Ahí he trabajado como cuatro años. Me he salido, sin ningún sueldo”, comenta.
Aunque le gustaba mucho estudiar, sólo pudo llegar hasta el cuarto grado y luego tuvo que trabajar para ayudar a mantener a su numerosa familia de 12 hermanas y hermanos. “Mi familia carecía de alimentación, de ropa, de todo”, recuerda.
En su siguiente trabajo, en el que estuvo hasta los 22 años, realizó múltiples tareas atendiendo a más de 12 personas en jornadas de más de 20 horas diarias; y tampoco recibió retribución, vacación ni otros beneficios sociales. “Me daban víveres para ayudar a mis hermanos…Las palabras que abundaban de parte de mi empleadora eran que yo no servía, que era inútil. Esas cosas se te quedan….Yo no tenía autovaloración”, señala.
Según un estudio conjunto de la ONU y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se estima que en Bolivia el 28 por ciento de las y los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años (unos 848 mil) se encuentran en situación de trabajo infantil—al menos 60 por ciento de cuales serían niñas.[1]
La Sra. Huayhua Choque volvió a su comunidad a los 22 años y al mes de llegar fue “raptada” por quien es todavía su marido. Luego de estar encerrada por tres días y siguiendo la costumbre local, los progenitores de ambos convinieron su unión forzada. “Una no puede decir que no quiere casarse porque ya es deshonra y una tiene que acatar”, comenta Lucrecia, quien a la fecha tiene cinco hijas e hijos.
Su vida en pareja fue difícil. “Desconociendo mis derechos, siempre viviendo en subordinación, en maltrato, acatando siempre órdenes porque así he aprendido desde mi niñez”, recuerda.
Pero su perspectiva cambió luego de participar en talleres impartidos por la Organización de Mujeres Aymaras del Kullasuyo (OMAK) sobre derechos de las mujeres como pilares para fortalecer el empoderamiento económico. Llegó a ser una de las seleccionadas para participar en la Escuela de Dirigentas, iniciativa llevada adelante gracias al apoyo del Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres, a través de la Red de ONGs Coordinadora de la Mujer.
Incentivada por su madre, empezó a asistir, a pesar de que su esposo se opuso.
“Si no sales de tu casa, vas a morir golpeada, torturada, maltratada y sin saber qué pasa a tu alrededor. Ves dentro de tu entorno y en otros hogares que se ve violencia y te conformas y dices así será mi vida, así será mi suerte, así voy a morir”, recuerda la Sra. Huayhua Choque.
La formación en la Escuela de Dirigentas estuvo dividida en cuatro módulos impartidos a dirigentes postuladas por diversas organizaciones durante todo el año con periodos presenciales de una semana en tres regiones del país. En estos espacios se abordaron las temáticas de despatriarcalización y descolonización, estructuras del Estado Plurinacional y derechos de las mujeres,  incidencia política e historia desde las mujeres.
La Sra. Huayhua Choque recuerda que cuando empezó no sabía lo que significaba la palabra género y mucho menos la palabra sororidad y comenta que ella fue mejorando su autoestima a medida que fue aprendiendo sobre la Constitución Política del Estado, y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Afirma que para ella fue “un impacto, una novedad, conocer mi cuerpo, de amarme yo misma, de valorarme yo misma porque nunca fui valorada, excepto por mis papás”.
A la vez enseñaba a otras mujeres, leyendo las cartillas que le daban en los talleres de OMAK y de la Escuela de Líderes y haciendo dibujos para tratar de traducir esta realidad.

“Este proyecto ha ayudado a las mujeres participantes a conocer sus derechos y mejorar su autoestima, a tiempo de impartir y replicar estos cambios profundos con otras mujeres”, dice la Representante a.i. de ONU Mujeres en Bolivia, Carolina Taborga, señala la importancia que han tenido los espacios que se han apoyado en el país para avanzar en transformaciones sustantivas en la vida de las mujeres. “Entre los ejes prioritarios de nuestro trabajo en Bolivia está el aumentar el liderazgo y participación de las mujeres, además de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas”, resalta.

Actualmente, Lucrecia tiene 47 años y trabaja en OMAK, compartiendo sus aprendizajes sobre los derechos de las mujeres y sobre la lucha contra la violencia con otras mujeres de diversas comunidades urbanas y rurales.

“El equipo técnico de OMAK está comprometido para que las mujeres líderes, conociendo sus derechos y fortalecidas desde el empoderamiento económico, puedan desarrollarse y ejercer la igualdad de género en sus vidas”, señala la Presidenta de OMAK, Andrea Flores.

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/from-child-labourer-to-womens-rights-defender

26 de julio de 2017

Agricultoras que desbrozan el machismo.


Una campesina con el puño izquierdo en alto, pañuelo en la cabeza y otro sobre los hombros, una mueca de grito. Esta imagen en tonos morados recuerda que La Vía Campesina es cada vez más feminista. “Construimos movimiento para cambiar el mundo, con feminismo y soberanía alimentaria”, reza la pancarta que arropa a la V Asamblea de Mujeres que este movimiento social acaba de celebrar en la localidad vizcaína de Derio.
 La violencia, en todas sus formas, usos y estrategias de opresión, es el hilo conductor de las reivindicaciones territoriales que han surgido en este encuentro de unas 150 mujeres de todo el mundo y que ha sido uno de los actos previos de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, que este año se celebra en tierras vascas. La violencia, recuerdan, es no tener acceso de igual manera que los hombres a las herramientas y recursos para realizar sus labores como agricultoras, ganaderas o pescadoras; violencia es no poder acceder a las subvenciones o al crédito, no tener derechos laborales, que las tierras no estén a nombre de quien las trabaja; violencia es no tener acceso a las semillas o al agua.
 Violencia son, insisten, los abusos sexuales, las guerras, las fronteras, los matrimonios forzosos, los problemas de visado, el cambio climático… “Violencia es que no haya mujeres en cargos políticos o que en las organizaciones campesinas no participen en los órganos de toma de decisión”. Estas reivindicaciones, unas más globales y otras de carácter más territorial, salieron en la puesta en común del encuentro. Las palestinas, por ejemplo, se quejaban de sus problemas de movimiento, de los controles israelís o de cómo muchas se quedaban viudas muy jóvenes. Mientras, desde algunos países africanos se hablaba de la poligamia o del acaparamiento de tierras.
 “Hay un incremento de la violencia estructural, del feminicidio, de los asesinatos de lideresas, de la impunidad, de los abusos sexuales incluso a niñas”, apuntaba, con fuerza, una representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). “Tenemos que producir la enseñanza de nuevos valores. En las organizaciones mixtas hay violencias contra las campesinas que toman un rol protagonista. Hay que construir nuevos valores, nuevas masculinidades, igual que nos estamos formando y avanzando con el feminismo. Tenemos leyes, pero no caminan”, añadió tras recordar la poca gracia de determinados chistes sexistas que se escuchan en el interior de las organizaciones campesinas.

EL FEMINISMO, HERRAMIENTA DE TRABAJO

En toda esta dura enumeración de problemas y opresiones, el feminismo apareció como elemento articulador para entender los contextos, aplaudir las resistencias y buscar alternativas. “Nuestra articulación de mujeres surgió por la desigualdad, pero en el proceso hemos encontrado que el feminismo es una herramienta de análisis liberadora. El feminismo campesino y popular es un desafío”, apuntó una de las participantes. Este feminismo popular y campesino es uno de los retos de la Vía Campesina.
 “La lucha por la emancipación de las mujeres tiene que estar articulada con la de los movimientos sociales campesinos, y la lucha por la igualdad de género tiene que caminar junto con la lucha por el fin de la propiedad privada, por el derecho a la tierra y al territorio, por la reforma agraria. Será el momento de afirmar que el socialismo y el feminismo campesino y popular son insumisos y cuestionar las concepciones patriarcales y burguesas, funcionales a las políticas de explotación capitalista”, explica la brasileña Marina dos Santos, una de las dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).
 A la espera de concretar el plan de acción para los próximos cuatro años (la anterior asamblea se celebró en Yakarta, Indonesia, en 2013) varias ideas marcarán las acciones de la Vía Campesina, movimiento social que aglutina a más de 450 organizaciones de unos 70 países. Fortalecer las articulaciones regionales y fomentar la participación, promover la auto-organización de las mujeres en sus colectivos, fomentar la paridad en los órganos de decisión y participar en espacios de gobernanza son algunos de los asuntos que pretenden pulir desde el punto de vista organizativo. También expresan la necesidad de fortalecer y ampliar la campaña de ‘no más violencia’ contra las mujeres, de apostar por las acciones de visibilización en fechas clave, de seguir luchando por la paz y contra la militarización, así como de fomentar las escuelas de formación feminista.
 Y, por supuesto, poner luz en la situación de las mujeres en todas las luchas estructurales de la Vía Campesina, como son la reforma agraria popular, la oposición a los agronegocios y al modelo energético actual, la defensa del agua, la batalla contra la privatización de los bienes naturales; y, por supuesto, la crítica al sistema capitalista, patriarcal, racista y xenófobo. “Hay que abordar el trabajo político y productivo desde el feminismo y la soberanía alimentaria”, “ratificamos nuestro compromiso con las resistencias”, “el capitalismo y el patriarcado violenta nuestros cuerpos y nuestros territorios” o “hay que compartir los trabajos productivos y de cuidados” fueron otras de las ideas lanzadas en la declaración final que se leyó.
 “Somos las personas que trabajan la tierra y que alimentan al mundo, pero nuestros territorios están bajo un ataque constante. Nos enfrentamos a una criminalización creciente. Esta conferencia es un paso adelante en la internacionalización de nuestras luchas, creando una estrategia para frenar los poderes del capitalismo global y construir un movimiento para el cambio”, afirmó Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue y coordinadora general de La Vía Campesina.

http://www.cimacnoticias.com.mx/?q=noticia/agricultoras-que-desbrozan-el-machismo

19 de julio de 2017

Trabajo forzoso vinculado al Banco Mundial


El Banco Mundial financia US$500 millones en proyectos agrícolas relacionados con el trabajo forzoso y el trabajo infantil en Uzbekistán, señalaron Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán de Derechos Humanos en un informe publicado hoy. Bajo los acuerdos de préstamo, el gobierno uzbeko debe cumplir con las leyes que prohíben el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y el Banco Mundial puede suspender los créditos si hay evidencia creíble de violaciones.
El documento, de 115 páginas y titulado “‘No podemos negarnos a cosechar algodón’: trabajo forzoso e infantil vinculado a las inversiones del Grupo del Banco Mundial en Uzbekistán”, detalla cómo el gobierno uzbeco forzó a estudiantes, profesores, personal médico y, a veces, a niños a cosechar algodón en 2015 y 2016, así como a eliminar la maleza de campos y plantar algodón en la primavera de 2016. El gobierno ha amenazado con despedir a personas, cesar los pagos de ayudas sociales y suspender o expulsar a estudiantes si se niegan a trabajar en los campos de algodón.
“El Banco Mundial está encubriendo un sistema de trabajo abusivo en la industria del algodón de Uzbekistán”, dijo Umida Niyazova, directora del Foro Uzbeko-Alemán de Derechos Humanos. “El Banco Mundial debe dejar claro al gobierno de Uzbekistán y a los potenciales inversionistas que no desea formar parte de un sistema que dependa del trabajo infantil y forzoso suspendiendo la financiación hasta que estos problemas se resuelvan”.
El apoyo del Banco Mundial a estos proyectos ha creado la impresión de que Uzbekistán está tomando medidas de buena fe para poner fin al trabajo forzoso, cuando en realidad no es así, confundiendo a empresas responsables y gobiernos, dijeron Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán.
En las últimas semanas, el Foro Uzbeko-Alemán encontró que el gobierno está forzando de nuevo a sus ciudadanos, niños incluidos, a quitar maleza de los campos y a plantar algodón, además de calabazas, tomates y otros productos agrícolas.
El nuevo presidente del país, Shavkat Mirziyoyev, ha prometido reformas después de más de dos décadas de gobierno represivo bajo Islam Karimov, cuya muerte fue anunciada el 2 de septiembre de 2016. Este cambio de liderazgo brinda una buena oportunidad a los gobiernos interesados y las instituciones financieras internacionales para presionar a favor de reformas integrales. Los representantes de los países del G20, cuya reunión se ha fijado para los días 7 y 8 de julio de 2017 en Hamburgo, deberían asegurarse de que sus esfuerzos para apoyar cadenas de suministro sostenibles y el trabajo decente vayan más allá de las fábricas y alcancen a las granjas, y presionar al Banco Mundial para que deje de financiar proyectos que refuercen sistemas laborales abusivos.
El informe está basado en 257 entrevistas detalladas y cerca de 700 conversaciones breves con víctimas de trabajo forzoso e infantil, agricultores y actores clave en el sistema de trabajo forzoso, documentos gubernamentales filtrados y declaraciones de funcionarios gubernamentales. Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán documentaron un caso de trabajo forzoso e infantil en un área de proyecto del Banco Mundial y trabajo forzoso sistemático en todo el sector del algodón. Descubrieron que es muy probable que los proyectos de agricultura y riego del Banco Mundial, así como sus inversiones en educación, estén vinculados con una situación continua de trabajo forzoso y que también exista un riesgo significativo de trabajo infantil.
Uzbekistán es el quinto productor de algodón más grande del mundo. Exporta alrededor del 60 por ciento de su algodón en bruto a China, Bangladesh, Turquía e Irán. La industria algodonera de Uzbekistán genera más de US$1.000 millones en ingresos anuales, o alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) del país, de un millón de toneladas de fibra de algodón. Los ingresos del algodón van a parar a una opaca cuenta extrapresupuestaria del Ministerio de Hacienda que no está abierta al escrutinio público y está controlada por altos funcionarios gubernamentales.
Un total de 274 empresas se han comprometido a no abastecerse de algodón procedente de Uzbekistán a sabiendas debido al trabajo forzoso e infantil en el sector.
En 2015 y 2016, las inversiones del Banco Mundial en el sector agrícola de Uzbekistán ascendieron a US$518,75 millones. El gobierno de Uzbekistán prometió al Banco que no recurriría al trabajo forzoso o infantil en los proyectos o dentro de las áreas de proyecto. El Banco prometió monitorear de manera independiente cualquier posible abuso y crear una vía para que las víctimas puedan pedir reparación. Pero el gobierno uzbeko ha seguido forzando a un gran número de personas, a veces a niños de tan sólo 10 u 11 años, a trabajar largas jornadas en los campos de algodón en condiciones difíciles, incluso dentro del área del proyecto de riego del Banco Mundial. El Banco se ha conformado con un monitoreo superficial e ineficaz, lo que ha brindado una oportunidad al gobierno uzbeko para enmascarar sus abusos.
“El gobierno dio la orden [de recoger algodón] y nadie desobedece esas órdenes”, dijo un maestro de escuela en el distrito de Turtkul, Karakalpakstán, donde el gobierno está implementando el proyecto de riego financiado por el Banco. “Si me niego, me despedirán (...) Perderíamos el pan que comemos”.
Grupos independientes, incluido el Foro Uzbeko-Alemán, presentaron evidencias de trabajo forzoso e infantil al Banco Mundial durante y después de la cosecha de otoño de 2015, así como de ataques contra defensores de derechos humanos que trataron de denunciar estos abusos. En lugar de suspender su préstamo al gobierno, en consonancia con su acuerdo de 2014, el Banco Mundial aumentó sus inversiones en la industria agrícola de Uzbekistán a través de su brazo de crédito del sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC). En diciembre de 2015, la IFC invirtió US$40 millones en un productor líder de hilados de algodón en Uzbekistán para expandir su planta textil.
El Banco Mundial contrató a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo tripartito de las Naciones Unidas compuesto por gobiernos, organizaciones de empleadores y representantes de los trabajadores, para monitorear el trabajo forzoso y el trabajo infantil en 2015 y 2016. A la OIT le corresponde un importante papel en la promoción de los derechos laborales fundamentales en Uzbekistán. Sin embargo, con el involucramiento del gobierno y los sindicatos no independientes en la vigilancia, en la práctica el sistema se está monitoreando a sí mismo. El gobierno también ha hecho grandes esfuerzos para instruir a los recolectores para que digan a los monitores que están cosechando algodón voluntariamente. En 2016, la OIT decidió que ya no era necesario seguir vigilando el trabajo forzoso, citando el reconocimiento implícito del gobierno de este problema.
El gobierno utilizó la intimidación, la violencia y la detención arbitraria para impedir que los monitores independientes y los periodistas informaran sobre el trabajo forzoso. En 2015 y 2015 los monitores del Foro Uzbeko-Alemán, así como otras personas que llevaban a cabo estudios de monitoreo de derechos humanos y derechos laborales, enfrentaron constantes riesgos de acoso y persecución.
En 2015, un monitor, Dmitry Tikhonov, tuvo que huir del país y otro, Uktam Pardaev, fue encarcelado durante dos meses y liberado por la suspensión de su sentencia. En 2016, sólo una monitora del Foro Uzbeko-Alemán, Elena Urlaeva, siguió trabajando abiertamente, y fue sometida a vigilancia, hostigamiento, detención arbitraria, agresión y estancias involuntarias en un hospital psiquiátrico.
El Banco Mundial y la IFC deberían suspender la financiación para la agricultura y el riego en Uzbekistán hasta que aborde el problema del trabajo forzoso e infantil, dijeron Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán. El Banco y la IFC también deberían tomar todas las medidas pertinentes para prevenir las represalias contra los defensores de derechos humanos cuyo trabajo se centra en sus inversiones, responder con rapidez en caso de abuso y trabajar con los beneficiarios de sus préstamos para remediar los abusos.
“La misión del Banco Mundial es combatir la pobreza, pero las personas que viven en la pobreza son las más vulnerables al trabajo forzoso e infantil en Uzbekistán”, dijo Jessica Evans, investigadora sénior sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch y coautora del informe. “El Banco Mundial debería dejar de financiar proyectos que promuevan el sistema de trabajo forzoso del país, y en su lugar fomentar iniciativas que aborden las necesidades sociales y económicas de las personas que viven en la pobreza”.

https://www.hrw.org/es/news/2017/06/27/uzbekistan-trabajo-forzoso-vinculado-al-banco-mundial